Si bien la recaptura de Joaquín “El Chapo” Guzmán por parte de las autoridades mexicanas es un acierto que no se puede escatimar, el gobierno desbordó en un excesivo triunfalismo al anunciar la captura de Guzmán Loera como una “misión cumplida”. Esta estrategia de comunicación ha puesto en evidencia la percepción de la administración del presidente Peña Nieto de que la recaptura del capo es la solución inmediata a su fuga. Si bien es un primer paso, el regreso del líder del cártel de Sinaloa a prisión no resuelve el conjunto de incógnitas que surgieron tras su fuga de uno de los penales de máxima seguridad del país. A más de un año, la explicación puntual del gobierno federal para esclarecer el alcance y el funcionamiento de las redes de complicidad y corrupción, dentro y fuera del penal, así como los altos funcionarios involucrados, continúa pendiente. Sin saber qué, cómo y quién es inviable evaluar adecuadamente la serie de acciones hasta ahora implementadas para evitar una posible tercera fuga. En este sentido, es pertinente analizar cuáles son los principales aspectos de la reaprehensión de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.
No es infraestructura, es corrupción
A partir de la fuga de Guzmán Loera en julio de 2015, el Ejecutivo Federal decidió ofrecer una explicación del escape en torno al ingenio, experiencia y talento del capo y sus aliados, en lugar de reconocer los errores al interior de la instituciones e indagar los problemas estructurales detrás de este suceso. En su momento, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, construyó una narrativa que resaltaba la “solidez” del sistema penitenciario, los protocolos de confianza y seguridad del Altiplano, el uso de tecnología de vanguardia para vigilar a los reos, y la reacción oportuna de los custodios una vez que se percataron de la ausencia de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Asimismo, el Secretario atribuyó indirectamente la viabilidad de la fuga a los protocolos en materia de derechos humanos que impiden tener cámaras en la regadera. Esto nos indica que la infraestructura del penal no explica la fuga, sino el alcance de las redes de corrupción en el sistema.
En 2014, cuando ingresó por segunda vez “El Chapo”, en esta ocasión al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 del Altiplano, este penal era considerado uno de los más seguros de nuestro país pues su operación está bajo el cumplimento de protocolos de seguridad y estándares internacionales. El penal está certificado por la Asociación de Correccionales de América (ACA) agencia que certifica centros penitenciarios en Estados Unidos y Canadá, y cuenta con bardas perimetrales, aduanas peatonales, torres de vigilancia, 26 filtros entre puertas y controles desde las zonas aduanales hasta la zona de tratamientos especiales y un sistema de monitoreo de 750 cámaras.
A partir de una revisión somera de las características de la prisión ubicada en el Altiplano, queda claro que la fuga más reciente del narcotraficante tuvo poco que ver con deficiencias en la infraestructura o los protocolos comunes de los centros penitenciarios de máxima seguridad en el país. Dado que otros reos en el penal del Altiplano no se han fugado, es evidente que la planeación y ejecución de la fuga de “El Chapo” solo fue posible mediante actos de corrupción y la confabulación con custodios, supervisores, directores y otros reos. En este sentido, la fuga de El Chapo no tiene que ver con la altura de las bardas, la fuerza de las rejas, o la profundidad del concreto del Altiplano, y sí con la facilidad de corromper a las autoridades y que dicha complicidad permanezca impune.
Como se ha mencionado en este espacio, en su momento, la fuga de “El Chapo” envió un mensaje contundente en torno a la viabilidad del Estado de derecho en México: con dinero y poder suficiente todo es posible. A pesar de los intentos del gobierno de reiterar la fortaleza de las instituciones y la existencia del Estado de derecho, no ha logrado recuperar la confianza de la población. Como lo señala una encuesta telefónica del periódico El Universal, para el 43% de los encuestados la fuga se debió a la corrupción y el 80% no creyó la versión que ofreció el gobierno.[1]
La captura no resuelve la fuga
Ante la recaptura de “El Chapo”, el gobierno de Peña Nieto anunció una serie de medidas dentro del penal del Altiplano que, de acuerdo al Ejecutivo, garantizarán la seguridad del narcotraficante en el penal. Entre las medidas destacan: la implementación de binomios caninos; un aumento significativo de cámaras de seguridad para eliminar puntos ciegos; traslados aleatorios del capo entre las treinta celdas especiales de seguridad; y la conformación de un grupo independiente al penal dedicado a su vigilancia. No obstante, es imposible dimensionar si estas medidas son precisas para evitar una tercera fuga, ya que no queda claro que efectivamente fue la infraestructura o los controles de seguridad los que facilitaron la fuga anterior.
Por el contrario, aún estamos por conocer los resultados de la investigación respecto al posible involucramiento de autoridades relevantes en este episodio. Si bien, en cualquier procedimiento de inteligencia policial existen apartados de información reservada, será necesario que el Estado mexicano esclarezca públicamente los detalles de los mecanismos y la red de complicidad que permitieron la fuga. De lo contrario, la efectividad del “nuevo” sistema para vigilar a Joaquín Guzmán será irrelevante.
Hoy por hoy, continuamos esperando conocer a los cómplices del escape del Altiplano a pesar de que hay veinte personas sujetas a proceso penal, entre ellos, Valentín Cárdenas Lerma (exdirector del Penal) y Celina Oseguera (Coordinadora de los Centros Penitenciarios). Aunque es necesario esperar a la conclusión del proceso penal para conocer la información a detalle, esto no es garantía de que efectivamente se logre combatir las redes de corrupción al interior de los penales y tampoco garantiza que se castigue a los involucrados. Basta recordar que tras la primera fuga de “El Chapo” (en 2001 del penal de Puente Grande, en Jalisco), únicamente se procesaron a seis de los setenta detenidos inicialmente, y sólo dos continúan presos. A la fecha, tampoco se han esclarecido los detalles de cómo fue el escape. Las sentencias de la primera fuga – donde el castigo se limitó a los mandos medios del sistema penitenciario – probaron que si no se atienden los incentivos institucionales de corrupción e impunidad desde la raíz, el riesgo de una tercera fuga sigue más que latente.
El debate de la extradición
Una de las principales diferencias con la primera captura de Guzmán Loera por parte del gobierno de Peña Nieto en febrero de 2014 tiene que ver con el tema de su posible extradición a Estados Unidos. Inicialmente, el gobierno de Peña Nieto prefirió no extraditar para diferenciarse del gobierno de Calderón – que sí privilegió la extradición de miembros del crimen organizado a Estados Unidos, incluyendo grandes capos como Osiel Cárdenas o Benjamín Arellano Félix. En total, durante el sexenio pasado, de acuerdo a la Procuraduría General de la República, se extraditaron a 614 prisioneros. En contraste, en lo que va de este sexenio, se han extraditado únicamente a 153 individuos. Para el gobierno de Peña, la extradición de los principales narcotraficantes a Estados Unidos vulneraba la soberanía y significaba la admisión de que el sistema penitenciario y de justicia mexicano era incapaz de procesar y mantener tras las rejas a los criminales. El hecho de que la extradición sea un tema en la opinión pública y en la agenda política representa el reconocimiento de qué la extradición era necesaria desde la primera captura de “El Chapo”.
El gobierno de Peña Nieto permanece incapaz de ofrecer un diagnóstico de la problemática, y de evaluar y aceptar sus errores. Prefiere defender una inexistente solidez del sistema penitenciario y de procuración de justicia que fueron puestas en evidencia gracias a la segunda fuga de “El Chapo”. A pesar de las acciones que se han realizado para fortalecer el penal del Altiplano y para identificar a los responsables del escape de Guzmán, lo cierto es que no contamos con instituciones que resistan a los recursos, amenazas y sobornos de este tipo de criminales. Es decir, no se están atacando las verdaderas causas que posibilitan este tipo de episodios. Sin embargo, la discusión en torno al tema de la extradición se ha centrado en los tiempos, el proceso judicial o el número de amparos que podrían presentar los abogados de “El Chapo”.
Las misiones pendientes
Hoy, el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene dos retos que enfrentar: atender los problemas de corrupción e impunidad dentro de las estructuras penitenciarias y de justicia en el país, y dimensionar el fenómeno del narcotráfico como una problemática mundial que requiere de colaboración internacional incluyendo temas como extradición. Si el gobierno continúa sin combatir la corrupción y la impunidad, por un lado, y se empeña en mantener una postura miope apelando a la soberanía, difícilmente mejorarán las condiciones actuales en nuestro país.
Autores: Ximena López, Mireya Moreno, Carlos De la Rosa y Rafael Vega
Coordinadora: Mariana Meza
Editor: Lorena Becerra
[1] http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2015/07/28/ven-corrupcion-detras-de-la-fuga-del-chapo
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