México está a semanas de aprobar su primera reforma petrolera en décadas. Se trata de una reforma notablemente modesta –mediocre desde alguna perspectiva – que pretende facilitar la suscripción de una nueva generación de contratos de servicios para explorar y explotar hidrocarburos, y atenuar el acelerado declive en las reservas. La reforma petrolera mexicana –planteada por los dos mayores partidos políticos con diferencias menores– tiene otros contenidos de importancia simbólica (p. ej., participación privada en refi nación y ductos, bonos ciudadanos), pero la sustancia está en la nueva generación de contratos a la que le apuesta Petróleos Mexicanos (Pemex) para conseguir ayuda en la exploración y explotación de hidrocarburos.
La solución planteada por los reformadores –los “contratos incentivados”– es una invención mexicana, muy lejana de los contratos de producción compartida (production sharing) o de servicio-riesgo (risk-service) que constituyen el pan de cada día en la práctica petrolera internacional.
Como toda invención de laboratorio burocrático, es probable que estos “contratos incentivados” no sean enormemente útiles en el mundo real, pero fueron lo máximo que se atrevieron a proponer –en este momento – nuestros modestos burócratas energéticos y nuestros tímidos legisladores.
Los “contratos incentivados” propuestos en la reforma petrolera mexicana no se alejan mucho de los “contratos de servicios múltiples” con los que Pemex se atrevió a pactar la exploración y explotación de las reservas de gas en la Cuenca de Burgos, tampoco son muy diferentes de los que ya ha firmado para incursionar en aguas someras del Golfo de México con algunas de las grandes empresas mundiales de servicios petroleros (p. ej., con Schlumberger o Halliburton). De alguna manera, la reforma propuesta legitimaría la práctica de contratación de Pemex en años recientes, misma que le ayudó a frenar el declive en la producción de gas nacional y le está comenzando a ayudar con la producción petrolera en aguas someras.
La “solución” le ha dado a Pemex mejores resultados que los obtenidos antes de estos contratos de servicios, pero resultados que siguen estando muy lejos de ser espectaculares. Lejos también de frenar el declive acelerado de las reservas petroleras mexicanas que han caído 22% desde el año 2000, mientras que la vida útil de las mismas se ha reducido de 24 a menos de 10 años.
Las comparaciones son odiosas, pero nos permiten poner las cosas en perspectiva.
Es difícil no sentir envidia si comparamos la reforma petrolera planteada actualmente en México (“una camisa a la medida de la imaginación de nuestra clase política”) con la exitosa reforma petrolera realizada por Brasil a fines de los años noventa. La decisión brasileña de colocar en Bolsa el 60% de las acciones de Petrobras está a años luz de distancia de los “bonos ciudadanos” y el “gobierno corporativo a la mexicana” planteados e inventados por nuestros reformadores.
La apertura a la participación privada en la industria petrolera brasileña, que permitió a compañías extranjeras participar como competidores y aliados de Petrobras –y que llevó a los descubrimientos de los megayacimientos de Tupi y Jupiter–, contrasta con los “contratos incentivados”, y la “maquila” o “leasing” de petroquímica planteados en la reforma petrolera mexicana.
Dicho lo anterior, es difícil culpar a nuestros burócratas y políticos por no haberse atrevido a plantear una reforma mayor: los tabúes del sector energético mexicano son colosales, y la visión generacional de la clase política mexicana (incluida su sección “modernizadora”) está profundamente anclada en el pasado. Y tampoco hay que restarle mérito ni a la reforma propuesta, ni a quienes la propusieron, ni a quienes la están orquestando.
La reforma se atreve a tocar el tabú petrolero, uno de las más profundamente arraigados en México. Y, para esta clase política (y no tenemos otra), ya fue un salto colosal atreverse a concebir la posibilidad de una reforma petrolera. En materia de reformas estructurales –y en México no hay nada más estructural que el petróleo– dar el primer paso para romper un tabu es lo más difícil. La reforma petrolera brasileña comenzó en 1995 cuando se enmendó la Constitución brasileña para dar fin al monopolio petrolero de Petrobrás, siguió en 1997 cuando se desreguló el sector bajo la tutela del nuevo órgano regulador, continuó en 1999 con la transformación organizacional de Petrobras y hasta enero de 2002 se abrió totalmente el mercado de combustibles. El camino de las reformas es largo, y en el sector petrolero mexicano apenas comenzamos.
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