La perspectiva que uno toma sobre los asuntos públicos determina la forma de actuar. Joseph de Maistre, un estratega y crítico de la Revolución Francesa al final del siglo XVIII, escribió que “la opinión es tan poderosa que puede alterar la naturaleza de un mismo evento e incluso darle dos nombres distintos, sin mayor razón o justificación que un capricho. Un general comanda a sus tropas entre dos ejércitos enemigos y le escribe a su rey: ‘Dividí al enemigo, él ha perdido’. Su contrincante le escribe a su rey: ‘Se puso entre dos fuegos, está perdido’. ¿Cuál de los dos está en lo cierto? El que sea atrapado por la fría diosa del miedo: Es la imaginación, no la realidad, la que pierde batallas”.
En México vivimos una guerra de perspectivas, visiones y opiniones. Todo se combina para complicar la toma de decisiones y confundir a la sociedad, como si fuera un objetivo expreso. En la medida en que nos acercamos a la justa electoral, el nivel de confusión no podrá sino elevarse. Y hay buenas razones para ello.
Cuando las instituciones son fuertes y limitan el ámbito de acción -es decir, restringen el poder efectivo- de quien ocupa la presidencia, la persona del presidente se torna importante pero no crucial. De esta forma, independientemente de las diferencias naturales entre partidos y candidatos, ningún inglés o canadiense percibe que su país va a morir o vivir como resultado de una elección.
Lo contrario es cierto en naciones con instituciones débiles, donde la persona que ocupa la presidencia tiene un impacto descomunal sobre el devenir de su país. Basta contrastar el resultado de la gestión de Hugo Chávez en Venezuela con la de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil para hacer evidente el resultado. La persona importa.
El país enfrenta desafíos fundamentales que tendrán que ser atendidos en los próximos años. Los problemas de seguridad, crecimiento y estabilidad política requerirán respuestas que ya no admiten mayor evasión. Quien ocupe la presidencia tendrá que actuar innovando. La pregunta evidente es quién logrará la transformación necesaria sin afectar, más bien consolidando, los derechos de la ciudadanía. Todo esto sin provocar una crisis financiera en el camino. La fortaleza intrínseca y claridad de rumbo de quien resulte presidente será trascendental.
En 2010, en el momento en que Inglaterra se acercaba a su elección de primer ministro, la revista The Economist planteaba una interrogante sobre los contendientes: ¿quién tendrá las habilidades para resolver y eliminar los obstáculos que impiden el desarrollo de la economía? Su conclusión: algunos candidatos entendían el reto pero no tenían las habilidades o tenían un planteamiento inadecuado de solución, y viceversa: algunos contaban con la visión o las habilidades pero no tenían el diagnóstico correcto.
Tomando esa perspectiva, en los últimos años se ha afianzado la noción de que México está sobre diagnosticado, que se conocen todos los problemas y que bastaría que el congreso se pusiera de acuerdo para salir del hoyo sin más. Yo discrepo. Si bien es evidente que los problemas que enfrenta el país son bastante claros, no me parece obvio que exista un consenso sobre las causas de los mismos y, por lo tanto, es imposible que las propuestas de solución sean todas idóneas. Además, somos muy dados a mezclar causas con síntomas.
En términos nominales, los problemas que enfrenta el país son bastante evidentes y se refieren, en buena medida, a impedimentos al crecimiento de la economía y a la disfuncionalidad del sistema político. La combinación ha creado el espacio en el cual hemos experimentado un pobre desempeño económico, una abultada economía informal, la crisis de seguridad y el permanente golpeteo político.
Las propuestas de solución para estos males son muchas y muy diversas, pero no todas responden a las causas y no todas son igualmente susceptibles de resolver el problema de fondo. Sólo para ilustrar, entre las propuesta para enfrentar el problema del crecimiento que están en la mesa sobresalen dos que ilustran formas contrastantes de concebir el problema. Unos proponen mayor rectoría del Estado y una participación activa de éste por vía del gasto público como fuente de estímulo para el crecimiento. Otros proponen atacar las causas del problema en el plano microeconómico, es decir, procurando elevar el contenido nacional de las exportaciones para hacer crecer el mercado interno o resolviendo problemas de regulación para formalizar a la economía que hoy vive fuera del marco legal. Se trata de dos perspectivas radicalmente distintas tanto del diagnóstico como del papel del gobierno en la economía.
Un diagnóstico errado puede conducir a estrategias contraproducentes, como vimos tantas veces con las crisis financieras del las décadas pasadas. Por su parte, un diagnóstico acertado puede llevar a la resolución del problema sin aspavientos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia se remite a la solidez de quien toma las decisiones, a su disposición para comprender la complejidad inherente a los problemas que enfrentamos y a su seriedad para separar preferencias e ideologías del análisis relevante.
Es en el entorno político donde quizá se concentra el problema mayor y la principal fuente de contradicciones que, tarde o temprano, se manifiestan en decisiones y acciones que impactan a la economía y otros ámbitos del actuar gubernamental. Para que un sistema político funcione se requiere que todos los actores se sientan partícipes y vean beneficios de participar. El sistema priista resolvió ese problema del poder en los treinta del siglo pasado con una combinación de zanahoria y chicotito: la promesa de acceso al poder y/o a la riqueza para quien se mantuviera leal al sistema y al presidente. Ese sistema se colapsó, dando pie a la era de desencuentros y conflictos que hoy vivimos.
Hoy se requiere construir un arreglo político compatible con una ciudadanía activa, competencia política y democracia. El sistema forjado hace ochenta años dio de sí y tiene que ser reemplazado por un nuevo acuerdo de poder que permita la toma de decisiones y disminuya el incentivo para el conflicto. La paradoja es que, para lograr eso, se requiere gran claridad de visión y capacidad de operación que conduzca a la institucionalización del poder. Es decir, los acuerdos del poder no se dan por ósmosis, sino que son resultado de un liderazgo efectivo que se traduce en capacidad de operación política. Esto no ocurre al revés: la institucionalización es producto de la articulación de acuerdos.
La persona que gane la presidencia importa y más por lo delicado del momento que vivimos.
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