La ausencia de transparencia en el mundo de la política nacional sirve bien a los intereses más obscuros y encumbrados, que gozan de beneficios indescriptibles a costa de toda la población. Tal es el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, cuyos miembros y asociados se han envuelto en la bandera nacional sin el menor pudor o empacho. Apelando al patriotismo (cuando no al ramplón patrioterismo) de los mexicanos, el SME se ha adueñado de la agenda de discusión relativa a la iniciativa para reforma al sector eléctrico que envió el ejecutivo al Congreso hace algunas semanas. El problema es que detrás del embate del sindicato de la compañía Luz y Fuerza del Centro se esconden intereses nefastos y profundamente arraigados.
Quizá lo más significativo del antidebate que estamos presenciando en torno a la reforma (más que privatización) del sector eléctrico, es que los dos principales actores en el drama -el SUTERM, que es el sindicato de la Comisión Federal de Electricidad, y el SME, de Luz y Fuerza del Centro- tengan posturas tan extremas y distintas. El SUTERM no sólo apoya la iniciativa gubernamental, sino que fue el primero en proponerla. Por su parte, el SME no sólo se opone a ella, sino que ha recurrido a todo tipo de acciones (incluyendo la acusación de traición a la patria) para denunciarla. Si uno observa las cifras de desempeño de ambas empresas -la CFE y LFC, respectivamente- es fácil entender por qué.
La Comisión Federal de Electricidad es, con mucho, la empresa eléctrica más grande del país. Es una empresa que genera el 97% de la electricidad que se produce y consume en todo el país y tiene un total de setenta y tres mil empleados, con poco más de diecisiete millones de usuarios. Por su parte, la empresa Luz y Fuerza del Centro genera menos del 3% de la energía del país y la distribuye al Distrito Federal, a ochenta y un municipios del estado de México, cuarenta y ocho de Hidalgo, dos de Puebla y dos de Morelos. En total, LFC es responsable de aproximadamente el 20% de las ventas de energía del país con un total de casi treinta y cinco mil trabajadores. Es decir, mientras que la CFE requiere a un trabajador por cada 236 usuarios, cada uno de los empleados de LFC atiende tan sólo a 143 usuarios. De esta forma, aun si la CFE fuese muy ineficiente, las cifras de LFC son abismales.
Pero la CFE no es tan ineficiente como uno podría pensar. Según comparaciones internacionales, la CFE logra índices de eficiencia en la generación eléctrica equivalentes a aproximadamente el 75% de los índices logrados por las empresas norteamericanas de energía. Dado que el norteamericano es de los sectores más eficientes y competitivos del mundo, ese índice es realmente extraordinario. Desafortunadamente nada parecido arrojan las cifras de LFC. Las pérdidas de energía en el proceso de distribución son del 10% en la CFE, en tanto que éstas alcanzan el 18% en LFC. Mientras que los usuarios de la CFE padecieron interrupciones en el servicio eléctrico de 202 minutos en 1998, los de LFC las padecieron por 374 minutos en ese mismo periodo. Con esta eficiencia, no es casualidad que los trabajadores del SUTERM tarden un día en conectar a un nuevo usuario, mientras que los del SME tardan diez. Las prestaciones de que gozan los miembros del SME son escandalosas bajo cualquier comparación y sus beneficios y prestaciones son desmedidos. Para colmo, en su pliego petitorio de negociación laboral más reciente, el SME demandaba un aumento del 42% al salario, porcentaje que es excesivo y abusivo si se consideran sus niveles de productividad y se le compara con los aumentos concedidos a trabajadores y empleados en cualquier lugar del país.
A la luz de estas cifras, es fácil comprender la retórica que ha inflamado el discurso del SME en las últimas semanas. Los argumentos nacionalistas que ha empleado el SME hacen parecer que la soberanía nacional estuviera en riesgo y que el país corriera peligros inusitados a causa del proyecto de reforma que el gobierno ha propuesto para el sector eléctrico. No cabe más que preguntarse si la postura del SME tiene en su origen una preocupación por el futuro de la nación o del sector o es producto de su mera conveniencia, es decir, del interés creado que tiene ese sindicato en no perder prebendas y beneficios de los que ningún otro sindicato o persona goza en el país. En otras palabras: ¿su militancia es producto de su nacionalismo o de su conveniencia?.
La realidad es que el proyecto de reforma al sector eléctrico es por demás modesto. El gobierno no propone privatizar más que algunos segmentos del sector eléctrico, particularmente el de la distribución. Todo el resto quedaría, de una manera o de otra, en manos del gobierno. La privatización de la distribución eléctrica -es decir, las redes y cableados que cruzan las ciudades- tiene todo el sentido del mundo, ya que es ahí donde es imperativa y urgente una inversión masiva para reemplazar cables viejos, substituir transformadores que ya no funcionan y reducir las pérdidas de energía que se dan por ineficiencia, por mala calidad de los cables o por robo a través de los famosos diablitos. Fuera de eso, la propuesta gubernamental no incluye la privatización de nada: en contra de las afirmaciones que dominan al discurso público, la propuesta gubernamental específicamente establece que las presas, la planta nuclear de Laguna Verde y la infraestructura de transmisión eléctrica (las torres que corren en forma paralela a las carreteras del país) quedarían en manos del gobierno, junto con una entidad reguladora que supervisaría el funcionamiento del sector y una nueva entidad, también gubernamental, que se encargaría de intermediar las compras y ventas de energía en bloque entre productores y usuarios grandes del fluido. Además, la racionalidad principal del proyecto gubernamental no es de carácter económico: su propuesta es emplear los recursos que ahora consume el sector eléctrico para el gasto social u otras áreas prioritarias. Es decir, no es la ausencia de recursos lo que motiva al gobierno, sino el mejor uso que se le podría dar a los recursos que están disponibles.
La propuesta gubernamental no ha avanzado mucho y la agenda la ha dominado el SME, de la mano con diversos voceros del PRD, en buena medida porque el gobierno ha hecho una pésima labor de difusión sobre sus propósitos con la reforma al sector y sobre el contendido de su proyecto. El apoyo del PRD es muy explicable ya que el SME ha sido un componente de ese partido y, más importante, el PRD ha encontrado que su única manera de dominar el debate es oponiéndose a cualquier iniciativa gubernamental, independientemente de la naturaleza o trascendencia de la misma. El SME tiene intereses muy evidentes que defender porque sabe bien que cualquier intento de elevar la eficiencia y mejorar el servicio implicaría reducir sus prebendas y abusos ilimitados. Los números son evidencia abrumadora de que la corrupción del SME daña a todos los mexicanos, toda vez que la operación de Luz y Fuerza del Centro requiere subsidios interminables que nos cuestan a todos. El SUTERM, en cambio, apoya la iniciativa porque sus niveles de eficiencia actuales, independientemente de la posible existencia de fuentes de corrupción, son suficientemente elevados como para que cualquier mejoría en la productividad no tenga porqué representar una afectación a los intereses, esos si legítimos, de sus miembros, en tanto que cualquier crecimiento del sector implicaría más fuentes de trabajo legítimo y productivo para sus afiliados.
En el fondo, lo que ha hecho el SME es aprovechar una de nuestras grandes carencias. La política mexicana sigue siendo una de tinieblas, una en la que la información es secreta y siempre susceptible de manipulación por parte de algún interés creado. La transparencia simplemente no existe en la política mexicana ni en el debate al respecto. En el caso de la discusión sobre el sector eléctrico no existe una exposición de los hechos, de los factores indiscutibles, dado que eso perjudica a algún interés particular. Los intereses particulares, por su parte, explotan el vacío de información para jalar agua hacia su propio molino, lo que nos deja a todos los mexicanos ante la imposibilidad de determinar qué es un hecho, qué es una opinión y, sobre todo, qué linea de actuación representa la mera dispensa de un interés particular.
La transparencia es una condición necesaria para que pueda prosperar una democracia. Esta vez es el sector eléctrico, pero más adelante habrá otras iniciativas gubernamentales, de cualquier partido, que sufrirán la misma suerte mientras la información no sea transparente y accesible a toda la población. El caso del proyecto de reforma del sector eléctrico muestra cómo la falta de información pública y la manipulación de la información parcial por algún interés creado puede destruir hasta al más modesto de los proyectos gubernamentales. Recurrir a la bandera nacional siempre es un recurso fácil, particularmente cuando lo que se intenta encubrir es un sórdido interés. De vivir en un ambiente de transparencia, y con información oportuna, confiable y accesible, eso jamás habría sido posible.
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