El problema actual con el Fobaproa es de orden político. El tema hace mucho que dejó de tener un carácter financiero. Por ello, independientemente de la forma y contenido que adopte la iniciativa que finalmente se apruebe, es evidente que se va a requerir una cuota de sangre. Hemos llegado al punto en el que la aprobación de la iniciativa ya no puede postergarse más. Esa es la razón por la cual el PRD está orillado al PAN a iniciar un proceso político, el llamado juicio político, del que nadie puede salir bien librado. Es tiempo de reconocer la realidad política y actuar en consecuencia.
La demanda de iniciar un juicio político contra el director del Banco de México y otros funcionarios actuales o pasados por el manejo del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, mejor conocido como Fobaproa, puede tener mérito jurídico, pero el planteamiento que hizo el PRD y al que, en apariencia, se vio obligado a sumarse el PAN es enteramente político. El Fobaproa se ha convertido en un tema político cada vez más explosivo y complejo esencialmente porque el PRD aprovechó, con extraordinaria destreza, la oportunidad que le presentó el gobierno. En otras latitudes, el gobierno hace meses que habría negociado una salida al entuerto a cambio de la aprobación temprana de la iniciativa. Sin embargo, los meses que han pasado no han hecho sino endurecer las posiciones de todas las partes.
El descuido del gobierno en la manera en que envió la iniciativa y su desidia después para avanzarla crearon una oportunidad excepcional para que el PRD explotara irresponsablemente el tema. Peor, ese partido no ha tenido el menor empacho en abrir una ofensiva en contra de la iniciativa gubernamental y elevar los costos políticos una y otra vez, bajo el supuesto de que eso le producirá beneficios electorales. En el proceso, el PRD ha ventaneado al PAN, haciéndolo aparecer como una marioneta del gobierno y obligándolo a entrar en un camino no sólo incierto, sino por demás riesgoso, el del juicio político. Lo que había sido un trabajo serio y dedicado del PAN se está viniendo abajo, poniendo en severo riesgo al país.
Es decir, a lo largo de los últimos meses no hemos visto otra cosa que la combinación de terquedad gubernamental con irresponsabilidad perredista. Esta letal combinación nos ha puesto al borde de una demanda de juicio político iniciada por el PRD, avenida que ciertamente podría llevar a la solución política del problema del Fobaproa, pero a un elevadísimo costo. Los riesgos de aventurarnos en este camino son tan grandes que es imperativo hacerlos explícitos.
El juicio político no es un proceso penal. Se trata, como lo dice su nombre, de un instrumento político por medio del cual se puede procesar a un funcionario gubernamental sin tener que probar ilícito alguno. Es decir, el juicio político no pretende probar culpabilidad, sino poner en evidencia un comportamiento impropio por parte de una autoridad gubernamental. Ante todo, es un mecanismo para que unos políticos juzguen a otros, independientemente del mérito de su argumentación. Lo importante es poner en evidencia al inculpado, más no probar su culpabilidad. Eso queda a merced de los medios de comunicación que, en nuestro país, no se caracterizan precisamente por su limpieza o independencia. De esta manera, en el ambiente político de revancha y venganza que hoy existe en el país, el inicio de un juicio político no constituye otra cosa que la consumación de un proyecto político partidista.
Por supuesto que no hay nada de malo en que un partido inicie un procedimiento de esta naturaleza. A final de cuentas, esa es la razón por la cual la Constitución, en los artículos 109 y 110, lo establece, aunque no existe una ley reglamentaria al respecto. En este sentido, un juicio político es lo que los legisladores quieren que sea. En un país caracterizado por la ausencia de estado de derecho, éstas son palabras mayores, pues los funcionarios impugnados ni siquiera tendrían que haber cometido un ilícito para ser sujetos a un proceso de esa naturaleza. Este es el tema clave.
Los errores cometidos por las autoridades financieras gubernamentales a lo largo de las últimas décadas son interminables. Al margen de los detalles específicos de un programa gubernamental u otro, de una regulación aquí o una privatización allá, los desastrosos resultados económicos de 1970 a la fecha son evidencia fehaciente de la ineptitud, la incompetencia y la acumulación de errores por parte de sucesivos gobiernos. De esto no se salva ninguno en casi treinta años. Si un partido quiere encontrar errores y decisiones impropias, las puede hallar en abundancia en estas décadas de lamentable desempeño gubernamental.
Eso es exactamente lo que persigue el PRD en su demanda de juicio político. Lo que este partido busca es enjuiciar al gobierno y a la política económica de los últimos años porque cree que por ese camino tendrá una mejor oportunidad de ganar las elecciones presidenciales del año 2000. Muchos estrategas perredistas parten del supuesto de que mientras peor le vaya a la economía del país, mejor les va a ellos. Pero esta noción, que además de obtusa es peligrosa, nos podría llevar a una crisis de dimensiones insospechadas. Por ello, aunque la estrategia perredista es no sólo obvia, sino también absolutamente lógica, sus riesgos son enormes.
Los riesgos de un juicio político son elevadísimos tanto para el país como para el propio PRD. En esta época de extraordinaria turbulencia financiera, de la que, a pesar de todo, México no ha salido terriblemente mal librado, no sería irracional o exagerado suponer que, de seguirse un juicio político, los operadores en los mercados financieros del mundo comenzarían a dudar de la viabilidad política de México. Súbitamente, el país podría encontrarse con que no tiene acceso a nuevas líneas de crédito, con que las renovaciones de crédito comercial -vitales para las exportaciones- se detienen y, en general, con que todas las circunstancias confluyen para que México se convierta en el nuevo epicentro de turbulencia financiera, inflación, devaluación, etc. Este escenario ciertamente no le conviene a nadie.
Para muestra de lo anterior no hay que ir muy lejos: mucha gente asocia el problema financiero que sufrió Rusia recientemente con el fenómeno asiático del último año. Pero si uno analiza el problema ruso, resulta que éste tiene otro origen. En Rusia el problema bancario, que fue el denominador común de las crisis en el resto del mundo, no fue el detonador, sino la víctima de una crisis de confianza. Tampoco hubo una burbuja en los precios de los bienes raíces. En Rusia la crisis la desató la súbita pérdida de confianza de los operadores en el sistema financiero internacional en la capacidad del gobierno ruso de gobernar. El proceso comenzó con algunos incidentes de incumplimiento de contratos, que evidenciaron la inexistencia de un sistema legal moderno y funcional. Más adelante aparecieron problemas con el manejo de deuda externa de corto plazo. Finalmente, lo que llevó al colapso de la confianza fueron los conflictos políticos internos que acabaron con la renuncia de dos primeros ministros. Aunque nuestras circunstancias son distintas, no deberíamos estar tirando piedras cuando vivimos en una casa de cristal no terriblemente distinta de aquella.
Lo peor del caso es que los riesgos asociados a un juicio político no resuelven el problema del Fobaproa. La aprobación por parte del Congreso de cualquier iniciativa sobre el Fobaproa exige que los responsables paguen por lo que los mexicanos en general sienten como un agravio. Es decir, hemos llegado al punto en el que, en términos políticos, no es tolerable para la población ni para los políticos -incluidos muchos priístas- que quienes son señalados, justamente o no, como los responsables del desastre bancario mantengan sus posiciones con absoluta impunidad. Hay muchos caminos para la solución del impasse al que hemos llegado, incluido el del juicio político, pero éste es, sin duda alguna, el más peligroso. No hay la menor duda de que la vía del juicio político es la más dramática y espectacular a la que los partidos podrían recurrir, pero también es la más arriesgada.
La demanda de juicio político interpuesta por el PRD acusa a los funcionarios gubernamentales de comprometer el crédito del país sin recibir la debida autorización del Congreso y de “un sostenido desdén por la norma jurídica y una notable inclinación a usar la ley para burlar ésta” (sic). Si hay un ilícito que perseguir, los perredistas harían bien en iniciar un juicio penal y los funcionarios deberían estar dispuestos a someterse a un procedimiento de esa naturaleza, pues nadie debe tolerar la impunidad.
Pero el objetivo que persigue el PRD es clara y lógicamente político. Su interés no reside en entablar un proceso penal, sino en exhibir al gobierno ante la opinión pública. El punto fuerte del PRD ha sido su capacidad de denuncia: su campaña a la fecha ha tenido el extraordinario efecto de poner en entredicho al gobierno, al PRI e incluso al PAN. Pero su punto debil hoy en día, a menos de dos años de los próximos comicios presidenciales, es su absoluta incapacidad, ante los ojos de la opinión pública, de apoyar algo constructivo, como pudimos atestiguar con su rechazo a la iniciativa en materia electoral (entre otras más). Parece evidente que la ciudadanía jamás llevaría a la presidencia a un partido político incapaz de plantear una alternativa propositiva y constructiva a los problemas del país. El propio Cuauhtémoc Cárdenas logró un enorme apoyo electoral cuando abandonó su postura de ayatola vengador y se decidió a ofrecer una opción razonable a la ciudadanía del Distrito Federal.
No cabe la menor duda de que el mayor beneficiario de la estabilidad económica y de la continuidad económica, que se afianzaría con una ratificación de la autonomía del Banco de México, sería el PRD. Por ello, lo que ahora cabe es la negociación entre los partidos y con el gobierno para dar una salida ordenada al problema político en que se ha convertido el Fobaproa y no desatar un espectáculo del que nadie saldría bien librado.
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