La interrogante central de la economía mexicana en la actualidad se refiere a la capacidad de los bancos de cumplir su función orgánica dentro de la actividad económica. Desde 1995, los bancos han estado permanentemente al borde del precipicio, mucho más preocupados por su supervivencia que por nuevamente otorgar crédito. En 1995 los bancos estuvieron a punto de quebrar. A esta situación contribuyeron directamente la devaluación del peso y la súbita y desproporcionada alza en el costo de los intereses, pero no se puede desdeñar el hecho de que, desde antes de la devaluación, la banca ya se encontraba en una posición de extrema fragilidad y vulnerabilidad. El Fobaproa evitó entonces la quiebra del sistema, pero creó una enorme deuda que ahora es el corazón de una enconada controversia política. No aprobar la transferencia de la deuda del Fobaproa a deuda pública ahora nos regresaría a la incertidumbre de 1995, pero con el agravante de que la realidad ha cambiado en forma fundamental.
Para nadie es secreto que el desempeño de la banca en las últimas tres décadas ha sido desastroso. Los bancos han ido de crisis en crisis, en gran medida, porque la burocracia los ha manejado a su antojo, ya sea en calidad de reguladores y supervisores, o en calidad de administradores luego de la expropiación de los mismos. En todos esos años, la banca pasó por las circunstancias más traumáticas que uno pudiera imaginar. Desde su sumisión a la burocracia política en los setenta hasta el llamado salvamento en la actualidad, lo que ha dominado es la burocratización de todo el sector financiero, burocratización que ha hecho posible todo tipo de comportamientos fraudulentos gracias a la existencia de regulaciones obsoletas, supervisión laxa y, sobre todo, incentivos que con frecuencia han favorecido actitudes delincuenciales.
Lo anterior explica el que los bancos prácticamente dejaran de otorgar crédito al sector privado para convertirse en la caja chica del gobierno. También el que se emitiera todo tipo de regulaciones absurdas que orillaron a prácticamente todas las instituciones financieras a la quiebra. La expropiación, la burocrática administración de los mismos en la década siguiente, el retraso tecnológico y los criterios faraónicos de la privatización de los bancos no hicieron más que sentar las bases para la crisis siguiente.
En vista de todas estas circunstancias, el riesgo de quiebra de los bancos en 1995 era real. Se dice fácil, pero la posibilidad de una quiebra bancaria es un tema por demás grave. A final de cuentas, todo en una economía gira alrededor de los bancos. El sistema de pagos opera a través de los bancos. Los flujos de capital -tanto internos como externos- mueven a la economía a través de los bancos. Los bancos son un conjunto de vasos comunicantes que hacen posible que las empresas compren y vendan, cobren y paguen. Sin bancos ninguna economía, así sea semi desarrollada, puede funcionar. En 1995 el gobierno tenía que evitar la quiebra del sistema bancario, para lo cual había tres opciones: su estatización, su salvamento o el subsidio de los deudores. Dado el desastroso resultado de una década de bancos bajo el control gubernamental, su salvamento, por la vía de compra de cartera, acabó siendo una decisión sensata y responsable aunque, a la luz de sus consecuencias, obviamente no la más feliz. El mecanismo adoptado permitió la inmovilización de activos productivos, fomentó la cultura del no pago y pudo hacer posible que se colaran créditos fraudulentos y vicios de nuestro sistema político, como donativos al PRI.
Los diputados de todos los partidos se enfrentan ahora ante la disyuntiva de aprobar o rechazar la transferencia de los pagarés del Fobaproa a deuda pública. Muchos diputados argumentan que, jurídicamente, esa transferencia es imposible y que, por lo tanto, debe ser rechazada la iniciativa gubernamental. Otros señalan que el gobierno no tiene facultades jurídicas para asumir pasivos contingentes y que, por lo tanto, la deuda del Fobaproa no es, de hecho, como argumenta el gobierno, deuda pública. Ambos planteamientos bien pueden ser correctos y acertados desde el punto de vista jurídico, pero los dos ignoran la realidad. El problema desatado por el Fobaproa es de naturaleza económica, con evidentes connotaciones políticas. El hecho de que algunos diputados encuentren argumentos jurídicos para rechazar la transferencia de deuda propuesta por el gobierno no cambia el hecho de que el problema económico ya existe.
Pero el dilema que enfrentan los partidos y los diputados no es pequeño. Ante ellos se encuentran dilemas tan graves como el de sancionar algo potencialmente ilegal, cuando su obligación es, precisamente, cumplir con la ley. Además, al menos hasta el día de hoy, se les está pidiendo que firmen un cheque en blanco, toda vez que no tienen ni la menor idea del contenido de la cartera en las arcas del Fobaproa, ni de la posibilidad de que ahí se encuentren créditos u otros activos fraudulentos. Además, para poder considerar una decisión, tienen que contar con una definición precisa sobre el modo en que habría de financiarse la nueva deuda: ¿mayores impuestos? ¿menor gasto? ¿qué gasto?
El cúmulo de interrogantes que acosa a los legisladores serios y sensatos es enorme. Quizá por ello fuese crucial que su decisión se fundamente en un análisis de las consecuencias -económicas, prácticas y jurídicas- de cada curso de acción. Para aquellos que dudan de la legalidad de la deuda acumulada en el Fobaproa, por ejemplo, la decisión lógica sería la de devolver la deuda a los bancos. Sin embargo, este planteamiento tendría consecuencias inmediatas de lo más complejas: por una parte se presenta el problema práctico de que, en términos jurídicos, ya no existen más que seis de las dieciocho instituciones bancarias que existían en 1995. Las otras fueron tomadas por el gobierno para ser liquidadas, fusionadas o vendidas a accionistas nuevos. Regresar activos a instituciones que ya no existen o que cambiaron de dueño constituiría un atropello. Todavía peor sería la noción de desconocer las ventas de algunos bancos a nuevos accionistas, con lo que se violarían los mas elementales principios del estado de derecho. Por otra parte se encuentra el problema económico de que todos o la gran mayoría de los bancos quebraría en el instante en que tuviesen que devolver el pagaré del Fobaproa a cambio de la cartera mala que retornaría a su hoja de balance. El gobierno tendría entonces que estatizar los bancos una vez más. Quizá el punto más importante es que, aun en estas circunstancias, la deuda permanecería idéntica: el gobierno, como propietario de los bancos, sería el nuevo deudor. Habríamos vuelto al lugar del que partimos.
Nos guste o no, el hecho concreto es que la deuda asumida por el Fobaproa ya existe y no va a desaparecer porque una parte de la población la rechace o porque un partido realice plebiscitos sesgados. La deuda que nos recetó el gobierno a través del Fobaproa ya existe y ninguna argucia legal o política la va a desaparecer, aunque algunas medidas, como la venta inmediata de la cartera del Fobaproa, la pudieran reducir.
A pesar de lo anterior, la aparente ausencia de opciones respecto a la iniciativa gubernamental es autoimpuesta. El país tiene un número tan enorme de rezagos, que el affaire Fobaproa bien pudiera ser la palanca a través de la cual se destrabe el estancamiento que el país sufre en un sinnúmero de frentes. La característica esencial del paquete que representa el Fobaproa es la ausencia total de transparencia. El solo hecho de que los diputados pudiesen abrir esa caja negra y pudiesen dilucidar la existencia de cualquier práctica impropia o fraudulenta constituiría, por sí mismo, un avance político trascendental. Se habría establecido el precedente de que ninguna legislatura firmará cheques en blanco en el futuro. La relación ejecutivo-legislativo comenzaría a redefinirse y se iniciaría la construcción de mecanismos de pesos y contrapesos cuya ausencia es, a final de cuentas, una de las principales causas de la debacle bancaria no de estos tres años, sino de las últimas tres décadas.
Más allá de las dificultades políticas, personales o viscerales que los diputados enfrenten en la decisión que tomen respecto al Fobaproa se encuentra un problema mucho más grave: el hecho de que se llegara a aprobar la transferencia de deuda del Fobaproa no va a restaurar la salud financiera de los bancos. La crisis de 1995 descapitalizó a los bancos, lo que les ha impedido retornar a una situación en la que puedan ser capaces de cumplir su función económica de otorgar crédito y financiar el desarrollo de la economía. Quizá la evidencia más acusada de la situación que actualmente impera en la economía y en el sistema financiero se puede encontrar en el hecho de que la parte de la economía que funciona, crece, se desarrolla y prospera es aquélla que tiene acceso al crédito del exterior. Todas las empresas que dependen de los bancos nacionales para funcionar, crecer, crear riqueza y generar empleos están condenadas a operar dentro de las lamentables limitaciones de todo género que caracterizan a esos bancos. A la luz de este contraste, nadie debería estar sorprendido de que una buena parte de la economía -y con ello la mayoría de la población- simplemente no prospere.
La economía mexicana requiere de bancos fuertes, sólidamente capitalizados y debidamente supervisados dentro de un entorno regulatorio moderno, compatible con las necesidades de la economía mexicana y del mundo actual. Ninguna de esas circunstancias es adecuada en el presente. En términos generales, los bancos están severamente subcapitalizados, las regulaciones son malas, viejas e inadecuadas y la supervisión, aunque ha mejorado, sigue siendo totalmente inadecuada y tristemente dependiente. Sin capital fresco los bancos no van a salir adelante. Urge el capital, que es insuficiente en el país, y una nueva regulación que controle a la burocracia, pero que también establezca condiciones y límites idóneos al funcionamiento de los bancos en el futuro. Crear las condiciones para que la banca se re-estatice sólo contribuirá a retrasar todavía más la recuperación de la economía.
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