Las diferencias que existen entre el bloque opositor en la Cámara de Diputados y el gobierno en el tema del presupuesto son mucho más de orden político que de carácter propiamente presupuestal. El gobierno insiste en su estrategia económica, aunque con frecuencia comete el error de defender un porcentaje (como ocurre con el IVA) más que una estrategia general de desarrollo. En el Congreso, las diferencias entre los dos principales partidos de oposición son quizá mayores que sus coincidencias; sin embargo, ambos perciben que, en este momento, votar con el gobierno sería suicida en términos electorales. Por lo anterior, aunque seguramente podrían existir arreglos satisfactorios en términos tanto políticos como presupuestales para ambas partes, todo parece indicar que la lógica que dominará será, al menos de entrada, la de la confrontación. Todos parecen querer tentar la furia de los mercados financieros.
El programa económico del gobierno es hijo de las sucesivas crisis que ha experimentado la economía mexicana de los setenta para acá. El objetivo general de la política económica gubernamental, y en particular el del presupuesto anual, ha sido el de corregir los problemas estructurales que, a juicio de la administración, han causado las crisis cambiarias de los últimas dos décadas. En este sentido, el presupuesto que el gobierno presentará al Congreso en estos días persigue dos objetivos muy específicos: un déficit fiscal relativamente bajo y una continuación de políticas orientadas a incrementar el ahorro interno. Por medio de estos instrumentos, el gobierno confía poder evitar una nueva crisis al final del actual sexenio. En cierta forma, la exitosa manera en que la economía mexicana ha resistido, al menos hasta ahora, el embate de los mercados financieros, sugiere que el gobierno va por el camino adecuado. La pregunta es si lo hecho a la fecha será suficiente para enfrentar con igual éxito los embates que vengan en los tres años que restan de este sexenio.
Por el lado del bloque opositor en la Cámara de Diputados, las cosas son más complicadas. El PRD propugna por dos objetivos inconciliables: uno es el de atender a los intereses de sus votantes (a los que prometieron una baja en el IVA); y el otro es el de aumentar el gasto público, para satisfacer su orientación ideológica. En el fondo, el gran problema del PRD es que su visión de partido no necesariamente empata la realidad de sus votantes. Su deseo de elevar el gasto social es muy respetable, pero responde mucho más al objetivo histórico de la izquierda y del propio PRI (del que proviene gran parte del liderazgo del PRD) de resolver los problemas ancestrales de pobreza vía gasto público y, a la vez, construir una clientela electoral, que a las expectativas de sus electores. Su principal base electoral es de naturaleza urbana, de clase media, para la cual el gasto social no tiene mayor impacto. Para esos votantes, una reducción en la tasa del IVA puede hacer una enorme diferencia.
Si el PRD enfrenta intereses y públicos con objetivos, inherentemente contradictorios, el PAN tiene un problema mucho más complejo. El PAN quiere lograr tres cosas de manera simultanea que no necesariamente son compatibles entre sí: busca no minar la recuperación económica, satisfacer a sus electores y mantener su identidad. Los líderes del PAN saben que la economía avanza hacia una recuperación más o menos general y creen que eso le puede ayudar a su partido en el 2000. En ese sentido, lo último que querrían sería participar en cualquier cosa que pudiese minar esa recuperación. Sin embargo, lo anterior no los lleva a votar con el gobierno, pues no quieren asociarse una vez más con él. Además, sus votantes son mucho más militantes en el tema del IVA de lo que son los del PRD. Por una razón u otra, el PAN tampoco encuentra una manera fácil de salvar la cara en esta coyuntura política.
La realidad es que es muy poco lo que pueden hacer el PAN y el PRD en el Congreso para alterar la política económica. Cualquier cambio que intentaran les llevaría a cargar con la responsabilidad de toda consecuencia negativa que éste llegara a acarrear. Quizá más importante, los márgenes de maniobra reales en materia económica son mucho más estrechos de lo que parecería a primera vista. El embate que sufrió la bolsa hace unos días demuestra que la solidez de las cuentas gubernamentales es absolutamente crucial para mantener la estabilidad de la economía. En este sentido, lo idóneo en estas circunstancias sería un mucho mayor conservadurismo en materia presupuestal. Es decir, no sólo no soñar con déficits mayores al que está proponiendo el gobierno, sino incluso reducir sensiblemente el que propone la administración. Sólo así se podría asegurar la estabilidad de la economía en esta etapa tan volátil de los mercados financieros, además de asegurar que lo poco que ya se ha avanzado en re-estabilizar la economía no se pierda una vez más. Quizá fuese posible forjar un consenso en un tema tan básico y esencial como el de reducir el nivel de endeudamiento interno y externo del gobierno federal, a fin de favorecer una situación económica mucho mas holgada y benéfica tanto para los mexicanos en general como para los partidos en lo individual, sobre todo los dos que ahora sí, por primera vez, tienen la real posibilidad de ganar la presidencia en el 2000. Su interés radica en la estabilidad económica.
Pero tal parece que la realidad política y la falta de imaginación de los actores clave hace sumamente difícil lograr un consenso público entre la oposición y el gobierno. La lógica de cada uno de los jugadores hace casi imposible que todos se sumen en un gran esfuerzo común, algo que, aunque obviamente deseable, aparece en este momento como altamente improbable. La salida tiene que venir de otra parte: tal vez los dos principales partidos de la oposición pudiesen unirse en un esfuerzo por aprobar un presupuesto que permita la continuidad de la política económica.
La política económica gubernamental tiene muchos defectos, pero una gran virtud: su objetivo esencial es el de evitar crisis futuras. Toda su lógica gira en torno a este principio. Ningún partido del bloque opositor podría oponerse a este objetivo esencial. Lo que el PRD ha propuesto, al menos lo que ha publicado, constituye un vulgar retorno a las políticas de los setenta, que son las que llevaron a las crisis que se han venido recrudeciendo y de las que todavía no salimos. Al margen de los objetivos ideológicos implícitos en el programa económico del PRD, el aumento del déficit que entraña tanto bajar los impuestos como aumentar el gasto, implicaría una nueva crisis, que los especuladores internacionales estarían deseosos de explotar. Dada la oferta disponible, nuestra disyuntiva económica es, pues, la de perseverar en la fundamentación de una plataforma más o menos sólida de desarrollo para el futuro que, aunque poco imaginativa, al menos constituye un intento serio por evitar crisis futuras, o la de cambiar el rumbo, lo que prácticamente asegura una nueva crisis. La verdad es que no hay opción.
Pero para los partidos políticos las opciones disponibles son mucho más complejas. El PAN y el PRD tienen que salirse de la camisa de fuerza en que se metieron con sus plataformas electorales sin sufrir una pérdida de credibilidad ante los votantes. En términos objetivos, hay muchas cosas que pueden hacer y que, seguramente, el gobierno estaría dispuesto a negociar, como son la distribución del gasto, las partidas que van a los estados y municipios y demás. Muchos de estos temas podrían ser mucho más trascendentes para la población en general, que un cambio en el porcentaje de IVA, al que se opone el gobierno a capa y espada. Pero nada de eso le permite salvar cara al PAN y al PRD, ni les ofrece una salida positiva para el futuro.
El tema presupuestal tiene dos grandes caras: la que es visible para la población y que se observa en los impuestos y en el gasto público; y la que tiene que ver con los mercados financieros internacionales que, nos gusten o no, son una realidad tangible que ningún político en el mundo puede ignorar. En este sentido, quizá la manera en que todos ganan en este juego, que podría parecer de suma cero, sería que el bloque opositor vote por un presupuesto que fuese aceptable para el gobierno. Con ello, la oposición se gana el reconocimiento de los mercados, lo que le abriría una enorme puerta de posibilidades para la elección del 2000. Por su parte, la calidad de políticos que han demostrado los panistas y los perredistas al lograr convencer a una enorme porción de los electores de votar por ellos sugiere que también tendrían amplia capacidad para convencerlos de que una redistribución en el gasto público puede ser mucho más trascendente que cualquier ajuste en materia de impuestos. ¿Será posible convertir esta coyuntura en un avance político de altos vuelos?
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