El conflicto de intereses y objetivos que genera en las autoridades su doble función de supervisión y rescate del sistema bancario ha vuelto a la palestra: la Secretaría de Hacienda parece haber encontrado una nueva manera de subsidiar a los bancos. Se trata de un mecanismo enmarañado y complejo, cuyo vehículo se denomina “SOCORE”. Estas Sociedades de Coinversión para Reestructuras fueron originalmente diseñadas para reducir el enorme costo que representa para el erario público el fideicomiso a través del cual adquirió una buena parte de la cartera mala de los bancos, así como los activos de los bancos intervenidos (el FOBAPROA). Sin embargo, tal parece que se pretende convertir a las SOCORES en un nuevo mecanismo de subsidio a los bancos. De ser así, mientras que los políticos se enfrentan entre sí discutiendo los costos de toda índole que podría traer consigo la reducción del IVA, la burocracia, sin la intervención del Congreso, se está preparando para hacer más transferencias billonarias a los bancos.
En su esencia, los bancos son un mecanismo para la intermediación de los recursos de los ahorradores hacia los usuarios de crédito. El banco recibe fondos de las personas y empresas, a cambio de lo cual paga intereses. Por su parte, el banco presta ese dinero a otras personas y empresas y les cobra por ello una cantidad mayor por concepto de intereses de lo que le paga al ahorrador. Ese es su negocio. Si el banco tiene buen juicio y no hace demasiados préstamos malos, su negocio acaba siendo muy rentable. Tanto el banco como sus clientes -ahorradores y acreditados- apuestan a que las condiciones generales de la economía van a mantenerse más o menos estables, lo que les permite a todos lograr su objetivo sin mayores contratiempos. Normalmente así funciona la cosa. Pero en ocasiones las circunstancias cambian tanto, que todos esos cálculos acaban mal. Eso fue lo que pasó en 1995.
Uno de los sectores más gravemente afectados por la crisis de 1995 fue el de la banca y los deudores bancarios. De un plumazo, los bancos se encontraron con que la mayoría de sus clientes no podía pagar sus créditos, lo que amenazaba con crear una crisis financiera, pues si los banqueros no podían cobrar, tampoco podían pagar a los ahorradores. Si bien muchos banqueros se comportaron de manera injuriosa con sus acreditados y, en muchos casos, llevaron a cabo acciones de desahucio injustas, sobre todo cuando se trataba de casas por demás modestas y el único techo de una familia, la intervención del gobierno para apoyar a los bancos era necesaria e inevitable. De no haberse dado, la crisis financiera habría cobrado dimensiones aterradoras, toda vez que se habrían expoliado los ahorros de la mayoría de la población.
La intervención gubernamental en el rescate bancario era necesaria. Sin embargo, muchas de las formas que adquirió esa intervención fueron injustas, además de ineficaces, pues ni promovieron la recuperación de la planta productiva, ni han asegurado la supervivencia de los bancos. En lugar de salvar a los bancos -que hubiera sido del interés público- en muchos casos se comenzó por salvar a los propietarios de los mismos. Eventualmente se corrigió esa estrategia, para caer en otra todavía peor: se comenzó a subsidiar a banqueros extranjeros para que, sin poner su capital en riesgo, se quedaran con los bancos quebrados. De una o de otra forma, el costo siempre lo acabarán pagando nuestros impuestos. A pesar de las carretonadas de dinero que se han invertido, la mayoría de los bancos hoy, a casi tres años de la crisis, todavía no ha podido salir adelante. Este es el resultado del conflicto de interés inherente al hecho de que la institución que debe velar por la salud del sistema financiero es también responsable de su salvación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En el curso del tiempo, el gobierno, que por ley garantiza los depósitos en los bancos, comenzó a comprar parte de la cartera de los mismos a través de un fideicomiso, el ahora famoso FOBAPROA. La idea no era mala, pues el mecanismo permitía que los bancos redujeran parte de su cartera vencida, con lo cual podían comenzar a recapitalizarse. FOBAPROA luego creó una nueva entidad, conocida como VVA (Valuación y Venta de activos), encargada de vender la cartera que FOBAPROA había venido acumulando. Hace unas cuantas semanas, VVA realizó la primera subasta de activos y logró que se pagara un promedio de 49 centavos por cada peso de cartera. Como se trataba de la mejor cartera en poder del VVA, esos 49 centavos se convirtieron en un precio tope para las próximas subastas. Esta cifra es importante, pues toda la cartera que fue subastada en esa ocasión estaba vigente o había sido totalmente renegociada y las empresas endeudadas estaban al corriente de sus pagos. Es decir, los créditos de las empresas endeudadas que están al corriente en sus pagos valen menos de la mitad de su valor nominal.
El pasado lunes 11 de agosto, el gobierno anunció la desaparición de VVA y la absorción de sus funciones por el propio FOBAPROA. Para las subastas subsecuentes se ha planteado la posibilidad de vender créditos de empresas que no están al corriente en sus pagos y que ni siquiera han sido reestructurados. En la venta de estos créditos corporativos, que se pretende llevar a cabo en septiembre de este año, FOBAPROA anunció la posibilidad de introducir una nueva modalidad: la creación de empresas poseedoras de la cartera vencida, propiedad de FOBAPROA, y la venta de participaciones minoritarias de estas empresas, llamadas “Sociedad de Coinversión para Reestructuras” o “SOCORES”. Ya que se trata de créditos grandes, la idea detrás de la subasta es que muchos inversionistas puedan participar adquiriendo parte de las acciones de la SOCORE que sea tenedora del crédito individual que interese al inversionista potencial (de un total de 27 “paquetes”). El total del valor nominal de dichos créditos asciende a un monto cercano a los $7,500 millones de pesos. Esto favorece la diversificación y abre oportunidades para muchos más inversionistas en el mercado. FOBAPROA se reserva el derecho de quedarse con una porción de las acciones de la SOCORE, a fin de beneficiarse de cualquier mejoría que llegase a experimentar la empresa en cuestión. Por su parte, los adquirentes de la SOCORE tendrán que renegociar el crédito con la empresa deudora a fin de que pueda recuperar su salud financiera y dichos créditos aumenten de valor.
Hasta aquí el mecanismo es lógico y viable y, dadas las circunstancias, extraordinariamente creativo y valioso. El siguiente paso, sin embargo, entraña graves consecuencias. Para comenzar, las acciones de las SOCORES no pueden ser adquiridas por los empresarios deudores (los propietarios de las empresas), pero sí pueden ser adquiridas por los bancos que originalmente otorgaron el crédito y que posteriormente se lo vendieron a FOBAPROA. De esta manera, el banco que vendió a un descuento mínimo al FOBAPROA queda en una situación privilegiada respecto al empresario endeudado y moroso ya que podrá volver a adquirir dichos créditos a un descuento mucho mayor.
Supongamos que un banco otorgó un crédito con valor de cien pesos. Cuando las cosas comenzaron a ir mal en 1995 y 1996, se lo vendió a FOBAPROA en ochenta pesos. Ahora podría recomprar ese mismo crédito en diez o doce pesos, pues hay que recordar que los créditos de las mejores empresas -los vigentes y al corriente- se vendieron en menos de la mitad de su valor nominal. De esta forma, el banco acabaría con el mismo crédito a una octava parte del precio en que se lo vendió hace año y medio a FOBAPROA. El negocio es redondo. ¡Nuestros impuestos están trabajando!
Ahora viene el aspecto verdaderamente escandaloso. Según las regulaciones bancarias, los bancos sólo pueden utilizar dinero de los depósitos en su banco para adquirir acciones de empresas cotizadas en bolsa. Si un banco desea adquirir acciones de una empresa que no está cotizada en bolsa, sólo puede adquirir esas acciones con su propio capital (o sea, con el dinero de los accionistas y no con el de los ahorradores). En adición a lo anterior, tratándose de créditos vencidos, la regulación bancaria establece que el banco tiene que constituir reservas para cubrir ese quebranto potencial. Sin embargo, para hacer expedita la subasta, las autoridades están considerando dispensar a los bancos de ambos requerimientos. Es decir, los bancos podrían adquirir acciones de las SOCORES con el dinero de los depositantes y no tendrían que constituir reservas para cubrir los créditos vencidos subyacentes. De esta forma, los propietarios de las empresas endeudadas quedan al margen de la posibilidad de rescatar a sus propias empresas, pero los bancos no tienen limitación alguna. ¿Dónde comienza el rescate del sistema bancario y dónde terminan los subsidios (y privilegios) de los bancos?.
La ironía de todo esto es que los montos que maneja FOBAPROA son fabulosos, equivalentes a 43 mil millones de dólares. La pérdida implícita en la venta de activos propiedad de FOBAPROA es fenomenal. Junto a esa suma de dinero la diferencia en la recaudación entre un IVA al 10% y uno al 15% (equivalente a aproximadamente 2,800 millones de dólares) es una minucia. Es por ello que no puede dejarse el tema en la obscuridad. La necesidad de comprar esa cartera, dadas las circunstancias del momento en que se hizo, es explicable. También lo es hoy la venta de la misma. Pero la forma en que se planea llevarla a cabo apunta a que se trata de un mero subterfugio para subsidiar a los bancos sin que las empresas reciban de ello beneficio alguno. La pregunta es si la absorción de VVA por FOBAPROA va a llevar a un esquema menos oneroso para el causante y más conducente a la recuperación de la planta productiva en su conjunto.
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