El agua es un tema de disputa política sin igual. Como líquido vital, nadie puede vivir sin él; como fuente de presión sobre los políticos, ninguno puede esquivar el tema; como llamado de guerra, el agua es excepcional: todo mundo sabe de qué se trata y nadie lo puede ignorar. Así, el conflicto sobre el agua en la región fronteriza entre México y Estados Unidos está llegando a niveles explosivos no sólo por la problemática real que aqueja a ambos lados de la frontera, sino también porque ahí se confrontan dos estilos de política que difícilmente podrían ser más contrastantes. Pero la verdad es que México padece un problema con el agua que con mucho trasciende a la región fronteriza, a los tratados internacionales o a la conflictiva demografía de la zona. El problema reside en que no hemos realizado las inversiones necesarias para desarrollar nuevas fuentes de suministro de agua, para recuperarla y para darle un nuevo uso. El conflicto fronterizo es sólo uno de muchos, el más evidente en este momento, pero no el único ni necesariamente el más grave. Es uno de esos casos en que el pasado ya nos alcanzó.
El conflicto en la región fronteriza se ha exacerbado por una razón específica: en este momento hay dos aspirantes a la gubernatura del estado de Texas que tienen todo el incentivo para generar ruido. Aunque las formas políticas son distintas, la dimensión política del agua es la misma: los rancheros texanos demandan agua y sus políticos ya encontraron un tema para atraer a ese votante. Además, desde la perspectiva de un candidato, lo más sencillo y políticamente rentable es acusar a otro país del problema. Esta táctica es tan vieja como la política misma. Por eso no resulta difícil explicar qué hay detrás del lado texano.
La perspectiva mexicana tiene que analizarse desde dos ángulos: la del tratado de 1944 y la de la escasez de agua que aqueja al país en general. El tratado establece un cambalache de agua en dos regiones distintas del país, que sufren –o, al menos sufrían cuando se firmó el tratado- el problema del agua de maneras contrastantes. Ahí donde México sufre una aguda escasez, en el norte de Sonora y Baja California, Estados Unidos entrega una mayor cantidad de agua de la que le correspondería a México por el Río Colorado. Como contraparte, México concede una mayor cantidad de agua a Estados Unidos en la región fronteriza de Tamaulipas, sobre todo en la parte cercana al Golfo de México. Es decir, se trata de un acuerdo perfectamente lógico y equitativo, al menos en términos conceptuales.
Pero el problema de fondo para nosotros es que no tenemos agua suficiente para nuestras propias necesidades, menos para cumplir con lo acordado. Como lo han expresado nuestros políticos, las realidades demográficas del país, y en particular de la región fronteriza, nada tienen que ver con las que existían en 1944. Además los afluentes pluviales no han sido favorables en los últimos tiempos, lo que explica la menor disponibilidad del preciado líquido en estos momentos. Desde esta perspectiva, no es difícil que se alcance un arreglo por la vía de la negociación bilateral. Pero esto no va a resolver el problema que nosotros enfrentamos.
El problema del agua en el país es fácil de explicar: simplemente no contamos con agua suficiente para atender las necesidades de una población tan grande y dispersa. Por lo anterior, es imperativo hacer dos cosas: una es racionalizar el consumo del líquido no por medio de prohibiciones, sino cobrando su verdadero costo. Una vez que el usuario del agua se percate del brutal costo del líquido, no tendrá más remedio que racionalizar su consumo y cambiar sus hábitos. La otra es invertir miles de millones de dólares en proyectos que desarrollen nuevas fuentes de agua para satisfacer el consumo actual y potencia. Obviamente, lo segundo no puede ocurrir sin lo primero. Pero dada nuestra propensión a evadir los problemas, lo más probable es que la retórica siga siendo más generosa que las soluciones de verdad.
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