México no puede confundirse con una democracia en la actualidad. A pesar de que se han venido adoptando algunas de las formas de la democracia, sobre todo en el plano electoral, subsiste un sinnúmero de prácticas políticas que se acercan más a esquemas autoritarios y oligárquicos que a los democráticos. Lo anterior no pretende negar los enormes avances que el país ha logrado a lo largo de los últimos años, pero sí ponerlos en perspectiva. Los avances son enormes, pero los retos hacia adelante son tan grandes, tanto más complejos que los ya superados, que es imposible pretender que se ha arribado al puerto anhelado. En nuestras circunstancias, tan importante es arribar a un nuevo estadio de desarrollo político, como avanzar en esa dirección. La experiencia de los últimos años, sobre todo a partir de 1997 en que, por primera vez, el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y el gobierno ha tenido que coexistir con un congreso cada vez más fragmentado, es poco promisoria. Los consensos han sido pocos y los avances todavía menores. Lo peor es que se sigue pretendiendo un consenso sobre objetivos, cuando lo único posible, y deseable, es un acuerdo sobre los medios, los procedimientos, para avanzar hacia adelante.
La complejidad de los procesos de cambio político es enorme, y también inevitable. Una vez que una nación decide transformarse para avanzar hacia la democracia, todas sus estructuras comienzan a experimentar diversos grados de convulsión. El paso de un sistema en el que existen mecanismos verticales de control hacia uno en el que el ciudadano es el principio y fin de los procesos de decisión, entraña no sólo la conformación de un sistema electoral transparente y creíble, sino también de toda una gama de instituciones que lo hagan viable: desde una prensa moderna, analítica y crítica hasta un sistema judicial consolidado que permita dirimir conflictos dentro de un marco institucional en el que la violencia no tenga lugar. En contraste con un sistema político semiautoritario, para funcionar, la democracia exige una gran riqueza institucional, algo que pocas veces se aprecia al momento de dar el primer paso en lo que sin duda es un largo camino de desarrollo político. México dio el primer paso, el de la democracia electoral, con gran éxito. El problema ahora es cómo mantener el paso y seguir adelante.
Al inicio de los noventa, Ralph Dahrendorff, el afamado profesor germano-británico, escribió una larga carta en forma de libro en la que trataba la complejidad política que enfrentaban los países de Europa oriental. Liberadas del yugo soviético, las “nuevas” naciones confrontaban la necesidad de construir instituciones que les permitiera gobernarse, adoptar estrategias de desarrollo económico y demás. Todas ellas optaron, al menos nominalmente, por sistemas democráticos de gobierno y pronto comenzaron a encontrar las dificultades inherentes al desarrollo de mecanismos de pesos y contrapesos, el enorme reto que implica crear y desarrollar medios de comunicación honestos, analíticos y críticos que sirvieran a la ciudadanía más que a sí mismos y, sobre todo, la necesidad de construir un orden legal que definiera derechos y obligaciones, procedimientos y medios para el desarrollo político, económico y social. Luego de observar lo intrincado de los procesos de cambio que caracterizaban a esos países, la conclusión de Dahrendorff resultó premonitoria: “se requieren seis meses para instrumentar la democracia electoral, seis años para construir los pininos de una economía de mercado y sesenta años para construir una sociedad civil sobre la que se ancle y consolide la democracia”.
Es imposible saltarse etapas en temas tan fundamentales como es el de la maduración política de una sociedad. Pero ciertamente es posible dar pasos certeros que, poco a poco, vayan sedimentando la consolidación de instituciones que son la esencia de la democracia. En la actualidad, el principal reto que enfrenta la democracia mexicana reside en la inexistencia de acuerdos de fondo, de esencia, sobre los mecanismos que hacen funcionar a un sistema político competitivo. Si bien las fuentes del cambio político que ha experimentado la sociedad mexicana a lo largo de las últimas décadas han sido múltiples –desde el cambio demográfico hasta las crisis económicas, pasando por la erosión de la legitimidad del PRI, el crecimiento de otras fuerzas políticas, etcétera- el paso más importante hacia la democracia no se dio en abstracto, sino por la disposición de los gobiernos de entonces a negociar el contenido de una reforma electoral con los partidos de oposición. Es decir, aunque nadie puede disminuir la importancia de las presiones que experimentaba el viejo sistema para liberalizar la política mexicana, el consenso electoral no surgió en el aire, sino de una negociación política con un gobierno dispuesto a avanzar en la materia, con frecuencia a regañadientes y contraviniendo las preferencias de los miembros de su propio partido.
Ahora que es imperativo avanzar en otros ámbitos de la reforma política –todos ellos vinculados a la construcción de nuevas reglas de interacción entre partidos, poderes públicos y medios de comunicación, así como a la creación de mecanismos efectivos de rendición de cuentas- el gran problema es cómo articular los consensos que permitan arribar a decisiones concretas. Una cosa era negociar con un gobierno todopoderoso, como ocurrió con la reforma electoral, y otra muy distinta es que fuerzas políticas disímbolas se pongan de acuerdo y permitan que el país avance.
Parte del problema actual reside en que los partidos políticos están enfrascados en el problema equivocado y no pueden salir de los círculos viciosos que ellos mismos han creado. La mayor parte de los políticos mexicanos tiende a ver a la política y a muchos de sus instrumentos, incluyendo a la Constitución, como fines en sí mismos. En lugar de apreciar que la política constituye un medio para tomar decisiones, los políticos con frecuencia pretenden alcanzar acuerdos fundacionales sobre objetivos. Nuestra Constitución es un ejemplo palpable de lo anterior: saturada de aspiraciones y objetivos precisos, que en ocasiones se contradicen entre sí, no establece los medios para dirimir diferencias o principios y derechos inalienables que constituyan guías de acción permanentes. En una etapa en la que lo obvio es la ausencia de acuerdos sobre objetivos, la pretensión de alcanzarlos por medio de la ley no puede más que fracasar. Lo que el país requiere son acuerdos sobre procedimientos: sobre los medios legítimos para tomar decisiones y no sobre las decisiones mismas.
La virtud de las reformas electorales de los últimos años reside en que no se acordaron objetivos: nunca se dijo que tal o cual partido tenía que ganar, ni se determinó el tipo de iniciativas o políticas que habría de emprender una vez que llegara al poder. La reforma electoral se limitó a crear los vehículos para la elección de nuestros gobernantes y punto. En tanto que un gobierno electo se apegue a la legalidad, tiene el pleno derecho de emprender las iniciativas que considere pertinentes. Lo que falta en la actualidad son acuerdos semejantes en otros ámbitos: desde la organización interna del congreso hasta los mecanismos de rendición de cuentas, el acceso a la información y las relaciones entre los poderes públicos. Los consensos no pueden ser sobre objetivos, sino sobre los medios para decidir. Ningún político puede, ni debe, anticipar las preferencias ciudadanas sobre tal o cual tema; su responsabilidad debe limitarse a crear los medios para que esa voluntad ciudadana se exprese y se refleje en las decisiones gubernamentales. Para ello es imperativo que el gobierno, entendido éste en un sentido que incluye al ejecutivo y legislativo, cuente con un sistema de toma de decisiones funcional y eficiente que garantice tanto los pesos y contrapesos debidos, como el avance en temas sustantivos. En la actualidad contamos con contrapesos pero no con decisiones eficaces y oportunas.
La democracia mexicana ha llegado a un punto de parálisis. La diversidad del país es enorme y creciente y los intereses que se expresan a lo largo y ancho del territorio son extraordinariamente contrastantes. Nada ejemplifica lo anterior de mejor manera que las campañas y disputas –algunas de ellas verdaderas batallas campales- que en la actualidad existen al interior de los propios partidos políticos. Todo esto ha hecho que la capacidad de arribar a acuerdos políticos disminuya. A su vez, la ausencia de instituciones funcionales ha creado un fenómeno sugerente: en ausencia de acuerdos sobre medios de decisión, la capacidad de chantaje de unos partidos (y grupos) sobre otros es literalmente infinita, como ilustra la inmensa capacidad que ha tenido el PRD de imponer su agenda en temas que van del Fobaproa a la reforma fiscal. Un poder legislativo mejor estructurado y más responsivo a la población jamás habría permitido que un partido con el 10% de las curules le impusiera sus preferencias a los partidos que, en conjunto, detentan más del 80% de la cámara, como ocurrió en la pasada legislatura. La democracia mexicana abandonó una ribera del Rubicón y se encuentra a la deriva a la mitad del río.
La característica central del viejo sistema político era la disciplina. Esta permitía la articulación de consensos, en ocasiones más voluntarios que en otras, sobre la agenda pública. Esos consensos han desaparecido y todo indica que no van a reaparecer en el futuro mediato. Por ello es imperativo articular consensos sobre los medios para tomar decisiones. En su nivel más básico esto no es otra cosa que el respeto a un Estado de derecho que establece las reglas de la convivencia pública. Pero para que lo anterior pueda tener asidero se requiere el consenso en por lo menos un punto: en que ésta es la mejor forma de convivencia política y que se está dispuesto a ceñirse a sus dictados. El primer paso hacia lo anterior debe consistir en la aceptación absoluta de la legitimidad de todos los actores políticos, siempre y cuando éstos de atengan a la ley y actúen dentro de los cánones que ésta dicte. No se trata de reconstruir lo que existió, sino de substituirlo con algo que le vuelva a dar viabilidad al país. Para no acabar naufragando en el Rubicón.
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