Paradójicamente, la primera política del gobierno del presidente Peña que está llamada a dar resultados, es aquella última en su lista original de prioridades: la de seguridad. Aunque el titular del Ejecutivo federal y los más destacados miembros de su gabinete están por emprender el vuelo al Foro Económico Mundial de Davos, con todo preparado para presentar (otra vez) a México como el gran “diamante en bruto”. Por otra parte, la agenda informativa nacional ha sido abrumada por el crítico asunto michoacano y sus eufemismos: “conflicto entre grupos antagónicos”, “estrategias de seguridad y desarrollo integral”, “existencia de los poderes constitucionales”; en sustitución de apelativos menos dulces, si bien más reales: “guerras comunitarias”, “desaparición parcial de poderes”, “ausencia de Estado”. Sin embargo, la lejanía de los Alpes suizos dará la oportunidad a las máximas autoridades de la nación para “vender” el halagüeño futuro de México. Mientras tanto, tal vez la realidad se vaya acomodando…eso sí, hasta que “el cuerpo (o la realidad) aguante”.
1-El (¿mal?) ejemplo de Michoacán. Por medio de un decreto presidencial del 15 de enero de 2014, el Ejecutivo federal creó la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán. De acuerdo con dicho documento, se instruyó a las “dependencias y entidades de la Administración Pública Federal…para implementar las estrategias y ejecutar las acciones necesarias…para la seguridad y el desarrollo integral…de Michoacán”. Aunque de jure no se plantea una desaparición de poderes, la cual está definida constitucionalmente por el artículo 76, fracción V, y su ley reglamentaria correspondiente, la realidad es que la acción tiene todos los visos de ser una intervención federal y, por tanto, al menos una “cesión de responsabilidades” de facto. Tierra Caliente se ha erigido como una especie de “zona de exclusión” donde el poder federal está apostando por primera vez en el sexenio su aún incógnito capital en materia de seguridad. ¿Qué implicaría declarar la “misión cumplida”? ¿Cómo lidiará el Estado con los grupos antagónicos y sus “legítimas” o “ilegítimas” causas? ¿Podría replicarse tanto el conflicto como la estrategia de su atención en otras entidades? ¿Cuáles son los principales riesgos?
2-Gustavo Madero y la política del appeasement dentro del PAN. Uno de los conceptos heredados de la teoría y práctica de las relaciones internacionales del siglo XX fue el del appeasement o “apaciguamiento”. En esencia, dicha política diplomática consiste en hacer concesiones a un potencial enemigo–en muchas ocasiones con un alto precio—, con tal de evitar un probable conflicto. Los estados que concedieron sintieron una debilidad relativa frente a sus adversarios que estimaron aliviada con tales acuerdos, pensando evitar un resquebrajamiento del orden internacional. En las últimas semanas, justo cuando el Partido Acción Nacional encara la peor crisis en su existencia, su presidente nacional ha ido constituyendo alianzas, hace poco tiempo impensables, a fin de apuntalar no sólo su poder, sino buscando legitimidad a su proyecto por la vía de la unidad. Madero se ha acercado a grupos muy influyentes y tradicionales dentro del partido, además de aprovechar las torpezas de sus principales adversarios, los llamados “calderonistas” encabezados por el senador Ernesto Cordero, y los titubeos de otras figuras relevantes del panismo como Josefina Vázquez Mota. ¿Podrá Madero afianzar su liderazgo con sus nuevas alianzas? ¿Qué costo tendrá la política de impunidad en los casos de corrupción denunciados dentro del PAN? ¿Sobrevivirá el partido a su propia “guerra sucia”?
3-La “entrada triunfal” del presidente Peña en Davos. El próximo jueves 23 de enero, en el marco de la cuadragésima cuarta edición del Foro Económico Mundial de Davos, el mandatario mexicano dictará una conferencia magistral donde se espera haga énfasis en las reformas legislativas aprobadas en los últimos meses, sobre todo la energética. El tema general del foro es: “La reconfiguración del mundo: consecuencias para la sociedad, la política y los negocios”. La participación del mexiquense estará inscrita en uno de los cuatro ejes fundamentales del evento: “Alcanzar las nuevas expectativas de la sociedad”. Dados los títulos, se esperaría que Peña llegue a Suiza para “convencer” acerca de cómo el llamado “Momento mexicano” no es una mera retórica basada en cambios constitucionales todavía lejos de dar resultados concretos, ni una oferta de ventas muy atractiva, pero con el enorme potencial de diluirse ante el principal problema crónico del país: la corrupción. ¿Qué podría hacer distinto el discurso de Peña respecto al de sus antecesores quienes, a la distancia, sólo vendieron vagas promesas? ¿Cómo debe asumirse México de cara al (aparente) declive de las economías emergentes del bloque de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica)?
4-La política nacional de evaluación: el pendiente inmediato de la reforma educativa. Esta semana, varias organizaciones sociales y empresariales han manifestado su descontento y preocupación ante la desaparición de la prueba ENLACE (Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares). Esta decisión de las autoridades educativas federales, aunque no estaba prescrita de forma explícita en ninguna de las modificaciones constitucionales a los artículos 3 y 73, ni en sus leyes reglamentarias correspondientes, sí está respaldada por ellas, en particular por la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (LINEE), publicada el 11 de septiembre de 2013. En su artículo 17, la LINEE habla de la implementación de proyectos y acciones encaminados a mejorar los servicios educativos de acuerdo a las características particulares de cada región del país. Esto se hará bajo los parámetros de una “política nacional de evaluación”, todavía sin presentarse. ¿Puede mejorarse el diseño de ENLACE? ¿Quiénes podrían participar junto con el INEE y la SEP para tal fin? ¿No es esta una oportunidad a fin de idear un proyecto que vincule con mayor afinidad al mundo escolar con el laboral?
5-Las ejecuciones de mexicanos en Estados Unidos: casos perdidos. Durante décadas, y con cierta periodicidad, ha surgido en la opinión pública mexicana el tema del papel que “debiera” desempeñar el gobierno en la defensa de aquellos connacionales quienes, por alguna u otra causa, han sido sentenciados al paredón por tribunales estadounidenses. A lo largo de la historia, pocos condenados han conseguido el indulto o la conmutación de su pena en la justicia de la Unión Americana (menos de 150 desde 1937). El próximo 22 de enero está programada la inyección letal contra Édgar Tamayo, un migrante morelense acusado de un homicidio que presuntamente cometió hace casi veinte años. La defensa del inculpado ya agotó el recurso recurrente de la violación de los derechos consulares de Tamayo al no haber sido notificadas las autoridades mexicanas de su detención, y sólo le resta el indulto. Ni los criterios de la Corte Internacional de Justicia (con la cual Estados Unidos ha tenido una relación turbulenta), ni los exhortos de las autoridades mexicanas, ni mucho menos el activismo social, suelen tener la influencia suficiente para cambiar el destino de los sentenciados. ¿Qué explica esto? ¿Cuál es la dinámica política y social dentro de Estados Unidos, en general, y en Texas, en particular, que facilita o no la posibilidad de un indulto?
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