Las empresas emplean diversos indicadores macroeconómicos o sectoriales para decidir sobre inversiones, líneas de producción y oportunidades de negocio. En los últimos años, el World Justice Program* se ha dedicado a elaborar indicadores para otro tipo de medida: el grado de estado de derecho que caracteriza a un país.
Su propósito es proveer al ciudadano, a las empresas y a los gobiernos una medición analítica que permita evaluar no sólo los escenarios de producción, sino las condiciones dentro de las cuales funciona la sociedad y la economía. Se trata de un esfuerzo titánico que arroja resultados por demás interesantes.
El índice comienza por definir al Estado de Derecho, cosa que hace por etapas. El Estado de Derecho aporta los cimientos para comunidades de oportunidad y equidad, comunidades que proveen desarrollo económico sustentable, gobierno que rinde cuentas y respeto a los derechos fundamentales.
Se trata de un planteamiento de objetivos más que una definición precisa, pero es sugerente de la complejidad del término, tanto así que la introducción comienza con la afirmación de que el Estado de Derecho es sumamente difícil de definir y medir.
En lugar de intentar una definición, propone una serie de condiciones que deben estar presentes para que se pueda afirmar que existe el Estado de Derecho: 1) el gobierno y sus agentes, al igual que los individuos y las entidades privadas, están sujetas a la ley; 2) las leyes son claras, están publicadas, son justas, se aplican de manera equitativa y protegen los derechos fundamentales; 3) el proceso de elaboración, administración y cumplimiento de las leyes es accesible, equitativo y eficiente; 4) la justicia se administra oportunamente por funcionarios competentes, éticos, neutrales e independientes que son suficientes en número y tienen recursos adecuados y reflejan la composición de la comunidad a la que sirven.
¿Cómo medir algo tan aparentemente fluido? La forma en que el World Justice Program resuelve el entuerto es con una serie de indicadores, que luego compara a nivel internacional.
Su objetivo analítico es determinar: a) ¿en qué medida la ley impone límites al ejercicio del poder por parte del gobierno y sus agentes? y b) ¿en qué medida se hace valer el interés público sobre todo en materia de seguridad, protección de la población respecto a la violencia y acceso a la resolución de disputas?
Como conceptos, ambos son implacables. Sin embargo, codificarlos de una manera en la que puedan ser cuantificados y, por lo tanto, comparados, constituye un reto significativo.
Con todos los problemas que se le pueden encontrar, muchos de ellos válidos, el índice compara a 99 países en ocho factores que agrupan a un centenar de indicadores. Esos factores son: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, transparencia en el gobierno, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento de las regulaciones, justicia civil y justicia penal.
No será sorprendente para nadie saber que los países nórdicos se disputan los primeros lugares, seguidos de naciones como Nueva Zelanda, Holanda, Canadá y la mayoría de Europa. México queda en el lugar 79 de 99, detrás de la mayoría de las naciones latinoamericanas e, incluso, en un lugar mucho peor a diversas naciones del Medio Oriente y Africa.
Este tipo de mediciones siempre se presta a controversia porque se trata de intentos por medir cosas que son difíciles de evaluar en términos objetivos. Sin embargo, más allá del número específico, es claro que México sufre severamente en cada uno de los factores evaluados.
En realidad, no es necesario hacer una evaluación tan detallada para concluir que hay problemas con el control de la actividad gubernamental, que es pobre la administración de justicia o que la inseguridad y la corrupción son flagrantes.
Es interesante hacer notar que el único factor en el que México obtiene una evaluación significativamente superior al resto de los países evaluados es en materia de transparencia gubernamental, tema al que le ha dedicado significativos esfuerzos y recursos en los últimos años.
Más allá de los detalles, lo que este indicador nos dice, más bien nos confirma, es que el país está intentando entrar en las grandes ligas (como ilustra la pretensión de atraer inversionistas del primer mundo al sector de la energía), pero no tiene la infraestructura legal e institucional que se requiere para poder hacerlo.
Esta realidad nos arroja una tesitura muy clara: ¿doblamos las manos porque no contamos con lo requerido o asumimos el reto y nos dedicamos, sociedad y gobierno, a sobrepasarlo y vencerlo?
La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org
