El dios Cronos palidece ante los legisladores mexicanos cuando de manipular el tiempo se trata. El Congreso ha transitado del control del llamado “reloj legislativo”, al prolongar las horas del final de los periodos ordinarios donde por ley debe concretarse un acuerdo sobre el presupuesto en diciembre, hasta el total desconocimiento de los plazos y calendarios de trabajo que los mismos tribunos se fijan. Por supuesto que, al no existir sanción por el incumplimiento de sus mandatos, diputados y senadores pueden decidir a discreción si enviar reglamentaciones “a la congeladora”, legislar “al vapor”, “cocinar a fuego lento” aquellas modificaciones legales con impacto mediático-social negativo, o de plano convocar a sesiones extraordinarias justo en un mes donde toda la atención estará en el campeonato mundial de soccer. En su tradicional impunidad y velo de opacidad, los congresistas han llegado al extremo de actuar según sus propios tiempos, ignorando por completo los del país. Las tan vanagloriadas reformas emanadas del Pacto por México están empantanadas, ya sea por la falta de leyes secundarias, o porque los estados de la República optan por aplicar la ley a su manera. Se está incurriendo en el error de pervertir la “sabia virtud de conocer el tiempo”, por medio de la mañosa costumbre de estirarlo. Algo “muy nuestro”, reflejado desde en la “connotada” impuntualidad del mexicano, hasta en el cinismo de la autoridad para pretender que nunca se le “vendrá el tiempo encima”.
1-El Programa Nacional de Infraestructura (PNI) 2014-2018: ¿una profecía auto (no) cumplida? Este lunes 28 de abril, el presidente Peña presentó su versión acerca de la organización de 743 proyectos prioritarios para los cuatro años que restan de su administración en materia de infraestructura. En esta ocasión, se ha dividido el tema en seis sectores, los cuales, ordenados de forma decreciente según el presupuesto a asignárseles, son: energía (3.9 billones de pesos), desarrollo urbano y vivienda (1.8 billones), comunicaciones y transportes (1.32 billones de pesos), infraestructura hidráulica (415 mil millones), turismo (180 mil millones), y salud (72.8 mil millones). En total, contando las asociaciones con privados, la cifra de inversión ascendería a 7.75 billones de pesos. No obstante ello, las estimaciones oficiales del impacto del PNI son, por decir lo menos, conservadoras. De acuerdo con el mensaje del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de concretarse el programa y complementarse con las reformas de 2013, se espera un impulso económico e entre 1.8 y 2 por ciento “por arriba de su nivel inercial”, además de la generación de 350 mil empleos adicionales por año. Más allá de ir a fondo en cada rubro y detallar la viabilidad de cada proyecto, y concediendo que la estrategia a seguir es la adecuada, el diseño del PNI se enmarca en un esquema institucional desfavorable. Si la planificación sexenal ha mostrado ser un fracaso en las últimas ocho décadas, ¿qué esperar de la cuatrienal? ¿Cuándo se podrá “legalizar” la posibilidad de programas transexenales? ¿Es posible planear mecanismos de flexibilidad presupuestaria más allá de la discrecionalidad (y la opacidad subyacente)? ¿Qué garantiza que en verdad se cumplirá con los indicadores de desempeño fijados por el mismo gobierno? ¿Qué hace falta para hacer real la sempiterna aspiración del desarrollo regional?
2-La Presidencia vs. los estados “incumplidos” en la reforma educativa: la paja en el ojo ajeno. Hace un par de semanas, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República anunció haber interpuesto diversas controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia contra cuatro entidades federativas, por lo que considera omisiones (en el caso de Oaxaca) y excesos (en Chiapas, Sonora y Michoacán) en la implementación de la reforma constitucional en materia educativa. Se acusa sobre todo a las legislaturas locales de no haber armonizado sus respectivos marcos jurídicos de acuerdo al espíritu de los cambios a los artículos 3 y 73 de la Constitución, así como a sus tres leyes reglamentarias (la General de Educación, la del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, y la del Servicio Profesional Docente). Sin embargo, aquellos estados “cumplidos”, no necesariamente lo han hecho bajo parámetros de eficiencia, ni mucho menos democráticos. Esto ha dejado dos modus operandi de las autoridades locales: uno, el clásico donde el Congreso local espera el “manotazo en la mesa” del gobernador –en no pocas ocasiones tras un “exhorto” proveniente de Los Pinos— para actuar; otro, el dubitativo donde el Ejecutivo y el Legislativo estatal quedan en estado catatónico ante las “fuerzas vivas” dentro de su jurisdicción. Asimismo, señala una conducta incongruente del Ejecutivo federal ya que, por un lado, acude al Poder Judicial con el propósito de hacer cumplir a los estados sus obligaciones constitucionales; por el otro, a pesar de no ser responsables en estricto sentido, coadyuvan en la parálisis del Legislativo federal al no enviar en los tiempos marcados por el Congreso los proyectos de reglamentación de las reformas constitucionales (si bien, como dice la ley, los de la obligación de actuar son los legisladores, no el presidente). ¿Cómo se inscribe esto en la dinámica centralizadora de la presente administración federal? ¿Estos casos son la muestra de la interrupción de la de por sí precaria gestación del sistema de pesos y contrapesos en México?
3-“Napito” y “La Maestra”: ¿casos emblemáticos en el momento preciso? Este domingo 27 de abril se ha dado a conocer que el Primer Tribunal Unitario Penal del Primer Circuito en el Distrito Federal ha negado el amparo solicitado por la defensa del exiliado líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia. Esta decisión, al parecer tomada desde el martes 22 del presente mes, confirmaría la orden de aprehensión en contra del llamado “Napito”, acusado de desviar alrededor de 55 millones de dólares de un fideicomiso. Aunque la administración de Felipe Calderón se había negado a tomarle nota a Gómez Urrutia como líder sindical, una resolución de la Suprema Corte obligó a la autoridad competente a validar la gestión del líder hasta su conclusión este 2014. Como ha sucedido en otros casos, desde Florence Cassez hasta Rafael Caro Quintero (en esos referentes desembocando en la liberación de los mencionados), una autoridad judicial desdice a una anterior y da un giro de 180 grados al caso. En un tenor similar, el próximo viernes 9 de mayo se espera que el Juez Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales resuelva si se repone el juicio contra la ex lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, quien está en diversos procesos por los delitos de delincuencia organizada, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. A pesar de existir dudas en el armado de las denuncias contra “La Maestra” y que bien podrían dejar abierta la posibilidad de su liberación, pareciera más probable escuchar pronto acerca de la captura del escurridizo Gómez Urrutia, que de la libertad de Gordillo. De concretarse ese escenario, la “justicia” habrá enviado un sonoro mensaje a personajes con historiales similares a esos dos “próceres del sindicalismo mexicano”. A la luz de la muy próxima (se supone) presentación de las propuestas de leyes reglamentarias en materia energética y de la subsecuente reforma a la estructura de PEMEX, dar golpes de autoridad de esa magnitud y simbolismo parecen no ser casualidad.
4-El Día del Trabajo; in memoriam. Ya son muchos años, incluso desde antes de la llegada de Acción Nacional a Los Pinos, que el 1 de mayo dejó de ser testigo del magno evento de “comunión” entre el presidente de la República y el sindicalismo posrrevolucionario. Si bien los días de la poderosa figura de Fidel Velásquez al frente de la CTM (con todo y la avanzada edad de sus postrimerías) han quedado lejísimos y en el olvido de las actuales generaciones, y que el sindicalismo oficial está encarando una reestructuración que se ha prolongado tal vez por las últimas dos décadas, es importante reflexionar acerca de cómo se ha modificado la relación entre los trabajadores y los empleadores (sea el gobierno o el sector privado). El Día Internacional del Trabajo conmemora la represión contra obreros de Chicago que exigían el respeto a la jornada laboral de ocho horas. En la actualidad, con una Ley Federal del Trabajo que es de las más “parchadas” en el marco jurídico de México –siendo su más reciente “zurcido” el legado final de la gestión de Felipe Calderón—, sus efectos tanto en el impulso a la creación de empleos, como a la formalización del mercado laboral son entre pobres y nulos. Cuando la tasa de informalidad laboral del cuarto trimestre de 2013 se colocó en 58.8 por ciento, y con apenas 49.3 por ciento de los trabajadores inscritos en el IMSS, la estructura del trabajo en el país no corresponde al de una economía con verdaderas aspiraciones de crecimiento. ¿Cuáles son las perspectivas del mercado laboral? Ante la ineficacia, ausencia de imaginación y, por qué no, de voluntad por parte de las autoridades por encontrar una fórmula eficaz de incentivos para la formalidad, ¿qué se puede proponer?
5-Tamaulipas: entre el olvido y el ocultamiento. Al iniciar esta semana, dos legisladores federales panistas por el estado de Tamaulipas, el senador Francisco Cabeza de Vaca y el diputado Germán Pacheco, dieron a conocer haber presenciado hechos que pusieron en riesgo su integridad física, en dos eventos por separado acaecidos en su entidad. El senador aseguró haber evadido una emboscada de un comando que pretendía secuestrarlo en Reynosa; el diputado dijo haber estado cerca de un tiroteo, mientras paseaba con su familia. Estos acontecimientos se suman a las decenas de reportes de violencia en dicha entidad del noreste del país durante el último mes. Cabe recordar que al recrudecerse la violencia en tierras tamaulipecas, en particular tras los incidentes de Tampico de la noche entre el 5 y 6 de abril, se explicó su origen por la detención de importantes líderes del Cártel del Golfo por parte de las fuerzas federales. Las vacaciones de Semana Santa parecieron dar tregua, no tanto a los ciudadanos, sino al gobierno local, ya que los reportes de prensa disminuyeron, creando una sensación de mejora hacia el exterior, pero omitiendo la zozobra experimentada por quienes no tuvieron oportunidad de salir de la entidad en el periodo de descanso. También se aprovechó el asueto para continuar la suspensión de clases dictada en varias comunidades tamaulipecas después del terrible primer fin de semana de abril. Cabeza de Vaca y Pacheco tienen razones de sobra para preocuparse. Si el crimen organizado ya ultimó a un candidato priista al gobierno estatal, ¿qué garantías podrían esperar ellos más allá de sus escoltas? Así, mientras suelen verse en algunos canales de televisión los promocionales turísticos de Tamaulipas, la Federación y el estado parecen querer seguir “tapando el sol con un dedo”.
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