1-La “consultitis” aguda. Sólo faltaba el PRI, de entre los tres mayores partidos políticos del país, para adherirse al supuesto espíritu de convocar a la participación ciudadana el próximo año vía la consulta popular. El tricolor pretende llevar a las urnas, para junio de 2015, la pregunta a los votantes sobre la posibilidad de reducir a la mitad el número de diputados federales plurinominales, así como eliminar la figura de la Lista Nacional en el Senado. Con esto, sumado al eventual esfuerzo de MORENA por impulsar una consulta, distinta a la del PRD, con el propósito de anular la reforma energética, plantea un escenario con cuatro potenciales solicitudes: el PAN y el salario mínimo, la izquierda con dos opciones contra la reforma energética, y el PRI y su intentona de abatir la representación proporcional legislativa. Independientemente de estudiar las implicaciones de la materia de las consultas esgrimidas, es pertinente analizar cómo se puede enredar la arena política de aquí a que la Suprema Corte de Justicia pudiera entrar en escena como instancia definitoria de dichos procesos. Las probabilidades de que las cuatro solicitudes de consulta obtengan la cifra necesaria de firmas prescrita en la ley (dos por ciento del padrón de los comicios federales de 2012) son altas. Sin embargo, surgen varias incógnitas: ¿han informado los partidos convocantes a los ciudadanos que signar dos o más solicitudes de consulta distintas podría anular una o varias de ellas?; ¿serán las preguntas propuestas las respectivas bases de las plataformas partidistas rumbo a 2015?; al ser la decisión de procedencia de la Corte inatacable, ¿qué conflictos podrían derivarse si se desestima alguna o algunas de las peticiones?; ¿se está desperdiciando el instrumento de la consulta popular pudiendo someter otros asuntos de mayor relevancia?
2-La representación proporcional legislativa: ¿anacronismo, mal necesario, o ninguna de las anteriores? Así como Acción Nacional trajo a la pasarela de la opinión pública un tema de resolución casi tautológica como es el respaldo o no a subir de manera exponencial los salarios por decreto, el Revolucionario Institucional ahora se aventura a un asunto controvertido entre interesados, opinadores y especialistas, pero con posibles índices altos de apoyo dado el desprestigio de la clase política en general, y de los congresistas en particular: la reducción de los legisladores plurinominales. Como es sabido, esta figura fue producto de la célebre reforma política de 1977, en tiempos donde la hegemonía del PRI-gobierno era incuestionable tanto en los hechos, como en la estructura electoral de aquella época. La asignación de curules y escaños a partidos inhábiles para ganar distritos uninominales, en el caso de la Cámara de Diputados, o entidades, cuando se habla del Senado, no sólo abrió la oportunidad a las fuerzas políticas de ir construyendo contrapesos al régimen priista desde el Congreso, sino también facilitó a las élites partidistas –incluida la tricolor— el acceso constante a puestos legislativos (y a su presupuesto). Los criterios de proporcionalidad representativa del Congreso en México han ido modificándose con el paso de los años. Entre 1917 y 1977, el número de diputados se definió por medio de fórmulas relativas, es decir, por cada determinada cifra de habitantes, debía corresponder un distrito. Después de 1977, el Legislativo mexicano optó por fijar una cantidad de asientos a cada cámara, dejando el estándar en 128 senadores y 500 diputados. Suele inferirse que vox populi demanda el adelgazamiento de la nómina de congresistas, aduciendo que es onerosa para el erario o que, llanamente, los tribunos no representan a los ciudadanos de su respectiva demarcación, lo cual lesionaría la esencia del parlamento. No obstante, también hay opiniones defensoras a ultranza de la representación proporcional. En algunos de los argumentos a favor de mantener esas figuras se deja entrever el temor a que el PRI pudiera regresar a su etapa hegemónica, pero ahora con la legitimidad dada por el aval de los partidos de oposición. ¿Valdrá la pena replantear la estructura del Congreso? ¿Siguen vigentes las inquietudes que le dieron origen a la figura político-electoral de los plurinominales? ¿Qué arreglo institucional pudiera ser el óptimo a fin de equilibrar representación ciudadana y partidista?
3-¿Por qué Peña, sí, y los panistas, no, pudieron concretar sus reformas? En una entrevista publicada en El Universal en su edición de este lunes 25 de agosto, el ex presidente Felipe Calderón trató varios temas vinculados tanto con su sexenio, como con la actual administración. Uno de los más significativos es el de la gestión política, ejemplificado por la cuestión de las llamadas reformas estructurales. El panista lamenta que los legisladores de su época le elevaron demasiado el precio de votarle sus propuestas de reforma. Yéndose un poco más atrás, se recuerda el constante pregonar del entonces presidente Fox diciendo que el Ejecutivo propone, mientras el Legislativo dispone. Fox no fue del todo prolijo en sus iniciativas de ley y desaprovechó la enorme legitimidad que su triunfo en las urnas en 2000 le había dado como una especie de prócer de la alternancia. Del mismo modo, a pesar de que en el balance final a Calderón pudiera no acusársele de apatía legislativa, sí podría señalarse destiempo en sus iniciativas y cuestionamientos en cuanto a su agenda de prioridades. Basta recordar que el primer gran tema legislativo del sexenio anterior fue la reforma del Estado, una bandera de los congresistas del PRI encabezados por el entonces senador Manlio Fabio Beltrones. Asimismo, Calderón pudo haber estado maniatado o, al menos, limitado, en sus capacidades de negociación dada la crisis de legitimidad que encaró tras los comicios presidenciales de 2006. Lo cierto es que, de forma paradójica, los únicos dos mandatarios del último cuarto de siglo con alguna experiencia legislativa previa, fueron los menos afortunados a la hora de relacionarse con sus contrapartes en el Congreso. Por su parte, Peña y sus operadores dejaron de manifiesto su destreza al leer el entorno político en el cual iban a llegar a Los Pinos, y sacaron el mayor partido de ello. Hoy, el mexiquense se contonea presumiendo una decena de reformas, mientras la oposición lo contempla casi impávida. ¿Cuál es el saldo político de estos dos años de procesos reformadores? ¿Qué tan diferentes fueron los ambientes de Fox, Calderón y Peña, no tanto desde el punto de vista de la fuerza electoral de sus partidos, sino del de la lectura de escenarios y puesta en marcha de mecanismos de gestión política?
4-La Comisión Nacional Anticorrupción: ¿hora de sacarla de la congeladora? Desde el 13 de diciembre de 2013, después de que se aprobara en el pleno senatorial el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, y de Estudios Legislativos, Primera, en virtud del cual se hacen reformas a varios artículos constitucionales con el propósito de dar forma al nuevo régimen institucional de combate a la corrupción, la minuta subsecuente permanece “durmiendo el sueño de los justos” en las comisiones dictaminadoras en San Lázaro. A pesar de haber sido una de las supuestas reformas prioritarias del entonces presidente electo Peña, el marco legal que dará origen a la Comisión Nacional Anticorrupción (CONAC) –establecida en el 113 constitucional—como cuerpo autónomo de atención al mayor flagelo de la realidad mexicana, ha cumplido dos años desde su propuesta original. El fin de semana pasado, el presidente de la Comisión Anticorrupción y de Participación Ciudadana del Senado, Pablo Escudero (PVEM), anunció la intención de comenzar a trabajar la convocatoria con el objetivo de encontrar a quien será el nuevo fiscal anticorrupción. PAN y PRD, por su parte, han anunciado como parte de las labores previas al arranque del periodo ordinario de sesiones del último año de la LXII Legislatura, que el asunto de la CONAC será de primera importancia en las semanas por venir. Los legisladores de oposición han subrayado que, en tanto no exista fortaleza en la atención contra la corrupción, ninguna de las reformas podrá tener el máximo de impacto positivo deseado. Es conocido cómo la Secretaría de la Función Pública, antecedente de la futura CONAC, cumplirá en diciembre dos años de operar extinta, legalmente hablando. Ahora bien, tampoco su elevación a rango constitucional (lo cual es crucial recordar que requerirá dos terceras partes de la votación en la Cámara de Diputados) ofrece garantía plena de la voluntad de la autoridad por autorregularse con una institución como la CONAC. Entonces, ¿es suficiente el contenido de la minuta congelada o los diputados deberían hacerle adecuaciones?; ¿qué tanto será o no de utilidad la eventual existencia de la CONAC en pos de un mejor funcionamiento de las labores de gobierno?
5-Los triunfos y derrotas en las encuestas para el presidente Peña. En las últimas semanas, dos diarios de circulación nacional han dado a conocer sus respectivos levantamientos de opinión respecto al desempeño de la presente administración federal. El 18 de agosto, Excélsior publicó una encuesta donde, entre otras cosas, manejó un indicador de que 6 de cada 10 mexicanos estaría a favor de la reforma energética. Esta cifra indicaría un vuelco de 180 grados en la percepción ciudadana acerca del asunto, si se toman en cuenta estudios de opinión de hace algunos meses, como el realizado en su momento por el CIDE. Por otra parte, El Universal dio a la luz su sondeo este 25 de agosto. En él, dicho periódico, junto con la casa encuestadora Buendía y Laredo, puso el énfasis en la supuesta preferencia de la ciudadanía en el tema del abatimiento del desempleo como la principal prioridad que debiera atender el gobierno federal. Asimismo, tal como prescribe el canon del discurso oficial, la inseguridad desciende de forma constante en la percepción de ser la mayor preocupación de los encuestados. No queda del todo claro si esa tendencia responde a un éxito en la reducción de la percepción de violencia en el país, o más bien deviene de la precaria situación económica de México y el castigo al sector productivo encarnado en la draconiana miscelánea fiscal para 2014. Curiosamente, Felipe Calderón terminó haciendo campaña rumbo a Los Pinos bajo el lema de “presidente del empleo”, y ya como mandatario acabó abrazando con locura el asunto del combate a la delincuencia organizada. Enrique Peña optó por luchar contra la inseguridad acallándola mediáticamente, mientras comenzó a poner el acento en la consecución de las reformas estructurales, ayudado por el Pacto por México. Incluso con el reciente banderazo a la Gendarmería Nacional, el gobierno federal parece no querer “distraerse” con los temas de seguridad. No obstante, si el rubro económico no empieza a dar resultados –o cuando menos signos de que los dará—, Peña estaría en el umbral de caer en una vorágine de desprestigio. Ahora bien, ¿qué síntomas develan las últimas encuestas sobre el entorno político actual?; ¿estará preocupado el presidente Peña por las inquietudes ciudadanas expresadas en los sondeos?; o, pensando mal, ¿volverán a ser los levantamientos de opinión una herramienta para generar tendencias, y no tanto para indicarlas?
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