1-Guerrero: un “foco rojo” permanente. La tierra guerrerense ha sido problemática por décadas, incluso siglos. Cuna de guerrillas, policías comunitarias y movimientos sociales de diversa índole, sólo hablan de lo más reciente surgido en territorios que cuentan historias de rebelión desde tiempos de la independencia. En las últimas semanas, no sólo han sido la avalancha de incidentes ocurridos en los días finales de septiembre (el ataque a un autobús con jóvenes futbolistas que se dirigían a Chilpancingo, la letal represión policiaca contra normalistas en Iguala, los más de medio centenar de alumnos desaparecidos de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa (uno de ellos ya encontrado desollado y sin ojos), y el asesinato de un funcionario del PAN-Guerrero en Acapulco), sino que la cadena pudiera extenderse a los límites inmediatos de la entidad, tanto en el caso del municipio mexiquense de Tlatlaya, como en los recientes incidentes violentos en Purépero, Michoacán. En suma, es una región de pronóstico reservado, sobre todo considerando los anhelos de control de la presente administración federal y su intención de resarcir la imagen de México como un país con zonas ingobernables. Las autoridades de los municipios afectados se “lavan las manos” y trasladan la responsabilidad al mando único policial del estado (uno de los riesgos previsibles de este esquema de seguridad pública) y, por su parte, el gobernador Ángel Aguirre ya parece resignado de cara a sus últimos meses en el cargo. El daño todavía perceptible por los desastres naturales de 2013 –los meteoros Ingrid y Manuel—, podría palidecer ante una nueva crisis de inseguridad. Asimismo, rumbo a los comicios estatales de 2015, connotadas personalidades aspiran a contender a la máxima magistratura de la entidad o, al menos, a ser ediles de algún municipio importante como Acapulco (desde priistas como la secretaria de Turismo, Ruiz Massieu Salinas, pasando por el vicecoordinador de los diputados priistas, Manuel Añorve, hasta perredistas como el senador Armando Ríos Píter). Lo cierto es que, dada la actual situación, llegar a un puesto gubernamental en Guerrero podría convertirse en una verdadera “rifa del tigre”. Por si todo lo anterior fuera poco, el presidente Peña suspendió una gira por Ometepec (conocido tanto por su pobreza como por ser epicentro de varios terremotos que repercuten en la Ciudad de México) que estaba programada para este lunes 29 de septiembre, argumentando malas condiciones climatológicas –hoy, el municipio sólo presentó algunas nubes y una temperatura cercana a los 30 grados. ¿Volverán a apagarse momentáneamente los fuegos en Guerrero como se hizo hace unos meses con las policías comunitarias y los bloqueos de la Autopista del Sol? ¿Puede salirse el estado de las manos del gobierno?
2-El conflicto del Instituto Politécnico Nacional (IPN). La expedición de nuevos reglamentos y la aprobación de nuevos planes de estudio son conceptos que frecuentemente se hallan en la polémica de los conflictos en las instituciones públicas de educación superior en México. Sin embargo, también era más usual referir esta clase de problemas a casas de estudio como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o la Autónoma Metropolitana (UAM). En esta ocasión, el IPN, encabezado desde 2009 por la ingeniera Yoloxóchitl Bustamante, ha sido la fuente de una crisis estudiantil cuya magnitud está por verse. El principal acontecimiento que detonó la inconformidad de varios grupos de alumnos y profesores fue la aprobación, en la madrugada del 24 de septiembre, del Reglamento Interno del IPN, 2014, así como una serie de modificaciones a los planes de estudios de vocacionales y planteles superiores de la institución las cuales, según la directora politécnica, eliminan “el enciclopedismo y la memorización”, mientras que los estudiantes inconformes consideran que minan la calidad de la preparación académica y tienen el potencial de, en vez de generar ingenieros, se privilegie una especie de educación técnica. El 25 de septiembre comenzaron los bloqueos viales y el cierre de escuelas por parte de quienes consideran los cambios un retroceso. En un video que ha sido difundido por distintos medios y redes sociales, muy al estilo de lo hecho por el movimiento #YoSoy132 durante la campaña presidencial de 2012, una veintena de alumnos politécnicos explican sus motivos para manifestarse. Ante las protestas, Bustamante ha anunciado la postergación de la publicación del mencionado reglamento e, incluso, ha dictado que se mantenga vigente el plan de estudios 2004 en los planteles más inconformes. En tanto, una delegación de estudiantes politécnicos acudió a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM con el propósito de encontrar respaldo y sumas a su causa. Así, habrá que estar pendiente si sucede algo extraordinario en la movilización programada en la Ciudad de México el próximo 2 de octubre, en conmemoración del 46 aniversario de la masacre preolímpica de 1968. Lo cierto es que vuelve la polarización derivada de esta clase de conflictos. Por un lado, quienes desestiman las críticas estudiantiles desde múltiples aristas; por el otro, aquellos que acuden a la conspiración culpando a los “judas” de ocasión (en el caso presente, a la reforma energética). Al final, la historia se repetirá: pocos cambios, estudiantes perjudicados por los paros, y la institución dañada en su prestigio. ¿Dónde está el justo medio en estas coyunturas?
3-El (no) regreso del Presidente de la República al Congreso. Si bien el titular del Poder Ejecutivo no ha vuelto a comparecer ante ninguna de las cámaras legislativas bajo un formato de interlocución –como ocurría hasta los últimos años del sexenio de Vicente Fox con motivo del Informe de Gobierno—, las señales de un cambio en este sentido no han sido pocas durante la administración del presidente Peña, en especial en 2014. En alguna declaración el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no descartó la eventualidad de un retorno del mandatario a “dialogar” con los legisladores. Un señalamiento similar se pudo escuchar del coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa. Si bien en su momento Felipe Calderón no mostró demasiado entusiasmo por volver a participar de una sesión de Congreso General a lo largo de su gestión (máxime recordando el maltrato recibido en el marco de su accidentada toma de posesión en diciembre de 2006), el panista si llegó a pisar el Senado en el marco de la entrega de la Medalla Belisario Domínguez, aunque lo hizo como testigo y no como vocero. La tórrida relación entre el michoacano y la entonces oposición, sobre todo con la izquierda, le cerró las puertas parlamentarias, no sólo en los ceremoniales de antaño, sino en el avance de su agenda de gobierno. En la actualidad las cosas han cambiado casi de manera radical. Mientras la izquierda desairaba a Calderón en casi cualquier evento, incluyendo aquellos alusivos a sus informes de gobierno realizados en Palacio Nacional, ahora el PRD ha abrazado la retórica de “institucionalidad” hasta grados insospechados. La Mesa Directiva del Senado, encabezada por el perredista Miguel Barbosa, invitó la semana pasada al Presidente de la República como orador principalísimo en un foro que se llevará a cabo este martes 30 de septiembre titulado “Seminario Encuentro por la Federación y la Unidad Nacional”. Después, en una acalorada discusión en el Pleno del recinto de Reforma, el PAN, en la voz del senador Javier Corral, acusó al PRD y al PRI de configurar un programa en forma de homenaje al presidente Peña, no sólo impidiendo cualquier interlocución de los grupos parlamentarios con el mandatario, sino censurando la participación de personajes como el mismo Corral, a quien su partido propuso como orador en el evento. Como producto de la controversia, Peña canceló su presencia en el seminario y enviará en su sustitución al secretario Osorio Chong. Parece que el Ejecutivo se ha expuesto a un escándalo innecesario, en particular porque las fricciones directas con el Legislativo han sido, hasta la presente, nulas. Sin duda, el inquilino de Los Pinos debe estar ávido de hacer una entrada triunfal ante un Congreso que le aprobó prácticamente todo lo que deseaba y al cual sometió a su agenda. La previa a un ciclo electoral federal intermedio no se antojaba como la mejor opción, pero se intentó y, de seguro, se dejará pendiente para otro momento. Aun cuando los daños a la tan cuidada imagen presidencial no serán demasiados dada la protección mediática de la que es sujeta, este tipo de errores de cálculo pudieran ser de mayor costo en otras circunstancias. El dislate se agrava si se consideran las críticas al gobierno federal por hechos recientes como la ola de violencia en Guerrero, las sospechas contra miembros del Ejército en el caso Tlatlaya, el uso del Zócalo como el estacionamiento más grande del país, y hasta el sui generis anuncio de la participación mexicana tanto en operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, como en la alianza multinacional contra el Estado Islámico en Siria (ISIS). ¿Estará el “nuevo PRI” instalado en la casa presidencial comenzando a perder el pudor?
4-La Ley General de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes (LGPNNA): ¿más letras muertas? El entramado jurídico mexicano tiene como una de sus características consagrar derechos fundamentales en la Constitución, reafirmarlos y reiterarlos en leyes reglamentarias, colocarlos incluso con detalle cercano a la exageración, pero, en la práctica, de todos modos violarlos o, al menos, no garantizarlos desde el Estado. Dados un sinnúmero de antecedentes en este tenor, las reservas no se hacen esperar respecto al futuro éxito del nuevo entramado normativo encaminado a defender los derechos de la infancia y la juventud del país, impulsada como iniciativa de trámite preferente por el presidente Peña. La LGPNNA es un dechado de buenos deseos y consensos, no sólo entre las fuerzas políticas representadas en el Legislativo, sino con la legitimidad que ofrece la incorporación de modificaciones al proyecto presidencial original vía una serie de audiencias públicas llevadas a cabo en los últimos días con miembros de la sociedad civil. Siete comisiones intervinieron (seis en la dictaminación y una en opinión) en la conclusión de una minuta aprobada y enviada a la Cámara de Diputados a fin de proseguir con su proceso rumbo a convertirse en ley. Entre los derechos establecidos y/o reiterados en la nueva legislación de encuentran el derecho a la vida, el de prioridad (primacía sobre los adultos en el ejercicio de derechos y prestación de servicios), a la identidad (facilidades para la expedición del acta de nacimiento y otros documentos concernidos), a vivir en familia, a la no discriminación, a vivir en condiciones de bienestar, a la protección contra venta, trata, explotación, abuso, abandono o crueldad, protección a la salud y a la seguridad social, a la inclusión, entre otros muchos. Con el objetivo de salvaguardar dichos derechos, se reformará el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), se crearán procuradurías de protección a la niñez y la juventud, y varias instituciones relaciones (es decir, más burocracia). Sin duda, nadie criticaría la esencia de los contenidos de la iniciativa y las adecuaciones realizadas hasta el momento en el Senado, más las que puedan venir de su paso por San Lázaro. Lo complicado será ver, primero, la materialización de todas sus loables intenciones; luego, la eficiencia de todos los cargos creados (cuyo impacto presupuestal se ha estimado nulo para el próximo ejercicio fiscal, aunque podría no ser igual en un año cuando ya sea todo el entramado burocrático una realidad); y, lo más importante, su eficacia operativa. Esto último es crucial en un país como México donde los infantes y jóvenes sufren cotidianamente de una mala calidad en casi todos los servicios públicos, desde la educación y la salud, hasta la seguridad y la garantía de sus derechos básicos.
5-La XI Semana Nacional de la Transparencia. Como ya se había anticipado en este espacio, la vieja casona de Xicoténcatl, sede del Senado hasta mediados de 2011, protagoniza entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre, el evento anual más significativo en materia de transparencia en México. La undécima edición del particular reviste relevancia especial por diversas razones: es la primera realizada tras el descabezamiento rotundo de sus comisionados que experimentó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI) con la reforma constitucional concretada en febrero pasado; también es la primera presidida por la comisionada Ximena Puente de la Mora; la primera en la cual el IFAI actúa como organismo con plena autonomía. No obstante, uno de los hechos de mayor monta fue la presentación de los proyectos de leyes secundarias encarnados en una nueva Ley Federal de Transparencia, una Ley General de Transparencia, es decir, aquella concerniente a todas las entidades del país, y la Ley General de Archivos. Esto no sonaría del todo mal, aunque habrá que tomar en cuenta que ya había comisiones, sobre todo en el Senado, con avances en un proyecto de dictamen, tal como aseveró la legisladora priista Arely Gómez. Ahora bien, asumiendo el beneficio de la duda acerca de la correcta actuación del Congreso en la terminación del proceso emanado de la reforma al artículo 6 constitucional, y la asunción de consensos entre Legislativo, IFAI, órganos locales de transparencia, y sociedad civil, el régimen de transparencia y rendición de cuentas enfrenta grandes retos y riesgos. La aseveración de la senadora Laura Rojas (PAN) respecto a la existencia de “nuevas formas de simulación y barreras que impiden un avance mayor” en el rubro son, de menos, inquietantes. Se habla de adelantos como la inclusión de partidos políticos, sindicatos y fideicomisos como sujetos de escrutinio de la ley, además del enriquecimiento del catálogo de conceptos que deben ser transparentados de oficio, sin mencionar la necesaria modernización de la Ley General de Archivos. Sin embargo, como suele suceder, la implementación será otra cosa. Así el escenario, la pregunta fundamental es, ¿se está ante la culminación de una década de éxitos o en la antesala de un periodo de opacidad legitimada?
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