1-La inviabilidad de la figura de la desaparición (de jure) de poderes. Justo como ocurría hasta hace pocos meses cuando la fracción parlamentaria del PAN en el Senado amagaba una y otra vez con presentar una solicitud de desaparición de poderes en Michoacán –lo cual, al final, nunca hizo—, ahora los senadores blanquiazules han cumplido la amenaza, sólo que dirigida al caso del estado de Guerrero. Los panistas anunciaron en diversas oportunidades la posibilidad de analizar activar esta figura prescrita en la fracción V del artículo 76 constitucional, con el propósito de solucionar la incertidumbre política que vivió Michoacán tanto por la expansión de los movimientos de autodefensa, la enfermedad y la licencia temporal del entonces gobernador, Fausto Vallejo, así como por la rampante actuación de los grupos de la delincuencia organizada. Con la intervención federal metaconstitucional encarnada en la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, se podría argumentar una desaparición de facto de los poderes en dicha entidad, aun cuando hoy todavía despache el gobernador Salvador Jara y los congresistas locales. En cambio, desde el 15 de octubre pasado, el grupo parlamentario del PAN en el Senado ya presentó de manera formal la solicitud de desaparición de poderes en Guerrero, adscribiéndose a la fracción III del artículo 2 de la ley reglamentaria en la materia, cuyo mandato indica la posible activación de esta figura cuando se impida la plena vigencia del orden jurídico del estado “con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados” por alguno de los poderes locales. En este sentido, el gobernador Ángel Aguirre se ha encontrado en la mira de las críticas. Sin embargo, conforme transcurren los días, los acontecimientos apuntan a que podría no suceder nada extraordinario de aquí al próximo 7 de junio de 2015, fecha de los siguientes comicios donde emanará el sucesor de Aguirre en Chilpancingo. De acuerdo con declaraciones de senadores que potencialmente analizarían un dictamen para tramitar el proceso de desaparición de poderes, es complicado, primero, que se emita algún documento para someterlo a votación en el pleno de la cámara y, en el hipotético caso contrario, sería más difícil contar con la mayoría de legisladores pronunciándose a favor. A pesar de que la bancada perredista en el Senado está dividida entre quienes se adscribirían a la resolución de su dirigencia nacional de no avanzar en el trámite propuesto y, de esta forma, proteger al gobernador, y aquellos que sí irían con el PAN en los sufragios, es casi seguro que en México seguirá el antecedente de Hidalgo en 1975, como el más reciente evento de desaparición de poderes. Si bien en Guerrero desparecieron los poderes en seis ocasiones entre 1918 y 1975, y que el recurso se utilizaba más como represalia política que como herramienta de gobernabilidad, la presente coyuntura no ofrece un escenario del todo viable para su reactivación. La maraña de complicidades políticas la hace poco creíble y la eventual carencia de alternativas para llenar los espacios dejados por los poderes desaparecidos –tanto de personas, como de instituciones—la hace hasta cierto punto riesgosa. ¿Qué perspectivas reales tiene este recurso? ¿Qué escenarios se perfilan para el gobernador?
2-Los estandartes torcidos del PAN. Este lunes 20 de octubre, los panistas dieron dos notas que llaman la atención. Primero, salió publicada en El Universal una entrevista a Margarita Zavala quien, además de ser una destacada personalidad de Acción Nacional, resulta ser la ex primera dama del país. En esta oportunidad, Zavala ratificó su intención de llegar a las listas de candidaturas de su partido a fin de integrar la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados y reactivar su carrera política. A pesar de la polémica figura del ex presidente Calderón, cuyos efectos han exacerbado la polarización del PAN desde su salida del gobierno federal, Zavala ha intentado –con mucho esfuerzo—abstraerse de esa discusión, sin enfrentarse con el líder nacional con licencia, Gustavo Madero, pero tampoco descuidando una postura crítica. Asimismo, la panista declara apreciar la intención del dirigente en turno, Ricardo Anaya, para tender vínculos de reunificación partidista. Con esto en mente, Zavala ha conservado cierta legitimidad dentro de las filas de su partido y podría posicionarse como una figura clave en el porvenir del blanquiazul. Por otra parte, el segundo hecho que involucró al PAN este día fue el anuncio de la presentación de una nueva propuesta anticorrupción. Como es sabido, el proyecto de reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción se encuentra congelado en la Cámara de Diputados desde el 4 de febrero de 2014. Esto, entre otras cuestiones, mantiene a la Secretaría de la Función Pública (SFP) en un estado de “muerto viviente”, ya que fue extinguida en diciembre de 2012, pero su órgano sucesorio no ha sido creado por virtud de las reformas pendientes. Ahora los panistas convocan a la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción que, al parecer, reviviría a la SFP y le otorgaría mayores atribuciones de auditoría e investigación. A reserva de entrar a detalle en otra ocasión en la propuesta, Acción Nacional vuelve a sorprender con una noticia anticlimática, tal como sucedió con su intentona de consulta popular sobre el aumento al salario mínimo. Es cierto que el combate a la corrupción es un asunto fundamental en la agenda estructural del país. No obstante, no queda claro cómo utilizará el PAN el tema dentro de una presunta estrategia de recuperación de cara a los comicios federales de 2015. Al vincular los dos eventos descritos aquí, es posible ver cómo comienza a surgir una figura con pretensiones reales de liderazgo, la cual contrasta con dispersos ensayos de sentar bases renovadas para una agenda contra el gobierno federal y la hegemonía priista en el Legislativo. La negativa del grupo identificado con Felipe Calderón a deslindarse del todo del partido comienza a adquirir sentido, mientras el desgaste de Madero, menos producto de su atropellada gestión que de su reciente movimiento enfocado a agenciarse un puesto político de aquí a 2018, podría plantear un escenario menos catastrófico en el aparentemente agónico PAN. ¿Cuáles son las oportunidades endógenas y exógenas de Acción Nacional de reestablecerse en el corto plazo? ¿Habrá ya tocado fondo?
3-Jean Tirole: ¿hay algo que México pueda aprender del Premio Nobel? El 13 de octubre fue anunciado que el economista, Jean Tirole, será el galardonado de este año con el Premio Nobel de Economía. Nacido en Troyes, Francia, Tirole fue reconocido por sus aportaciones al estudio del poder de los mercados y la regulación, haciendo énfasis en los temas de teoría de la organización industrial. Según el comunicado emitido por la Real Academia Sueca de Ciencias, la obra del francés –mucha de la cual, por cierto, fue en colaboración con su coterráneo ya fallecido, Jean-Jacques Laffont—ha roto paradigmas en cuanto a las formas de regulación de sectores económicos determinados. En general, Tirole plantea toda una diversidad de escenarios sustentado en el análisis de preceptos vinculados con la conducta de los oligopolios, la privatización de empresas, la optimización de las relaciones entre el gobierno y los agentes económicos, las inversiones estratégicas, la estructura vertical de contratos, el equilibrio entre maximización de rentas y hacer más eficientes los procesos productivos, la competencia, entre otros. El Nobel 2014 ha tratado diversos rubros de la economía entre los cuales se halla el de telecomunicaciones, poniendo especial atención en los casos de Estados Unidos y el Reino Unido, destacando su obra –en coautoría con Laffont— “La competencia en telecomunicaciones” (2000). En sus trabajos ha subrayado no sólo el carácter dinámico propio de la regulación, sino la necesidad de cotejar cada caso en particular a fin de encontrar la mejor fórmula para un país determinado. Por ejemplo, establece que una política de precios máximos puede generar incentivos a las empresas dominantes para ser más eficientes, pero eso no necesariamente significaría ventajas para los consumidores, ni el establecimiento de un terreno propicio para la competencia. También expone los riesgos de presentarse capturas regulatorias (complicidad entre regulador y regulado dominante), y de disuasivos a la competencia. En los últimos tiempos, México ha asumido un frenesí regulatorio sin precedentes. La consolidación –en la ley, por lo menos—de instituciones como la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sin mencionar la potencialmente caótica reestructuración de los órganos reguladores en materia de energía, son asuntos cruciales en el futuro de la economía nacional. Más allá del complejo ámbito de su diseño institucional y la capacidad operativa de los reguladores, es pertinente preguntarse si legisladores, funcionarios públicos y sociedad civil interesada pudieran enriquecerse con las lecciones prescritas por Tirole y sus colegas. ¿Habrá un modelo de regulación óptima para México?
4-Mientras tanto, en Michoacán… La atención mediática de las últimas semanas se ha centrado en los trágicos acontecimientos de Guerrero, desde la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, pasando por los decesos en las acciones policiacas de Iguala, las protestas multitudinarias en las principales localidades de la entidad y, ahora, en los efectos de nuevos desastres naturales provocados por la tormenta tropical Trudy. Sin embargo, otro de los focos rojos del país continúa activado y no queda desvinculado de la presente crisis guerrerense. Hace unos días, el 17 de octubre, el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito ratificó el auto de formal prisión contra José Manuel Mireles, el polémico fundador de las autodefensas en el municipio michoacano de Tepalcatepec. Como se recordará, Mireles es acusado de portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, por lo cual su presunto delito no le daría el beneficio de salir bajo fianza. Si bien dicho personaje habría ignorado el acuerdo que se estableció con la autoridad federal en intervención de la entidad respecto al registro de arsenales y a la incorporación formal de los cuerpos de defensa ciudadana al mando de la Comisión encabezada por Alfredo Castillo, su figura continúa como símbolo de las ambigüedades de una determinación del presidente Peña que no ha dejado clara su eficiencia y pertinencia. Además, si hubo alguna protesta por el hundimiento de Mireles en prisión, quedó por completo desapercibida por los asuntos en Guerrero. La mala noticia es que la Tierra Caliente, región donde surgieron las principales organizaciones criminales de Michoacán, es una zona compleja que abarca los dos estados en comento y dista mucho de estar pacificada. Mientras algunos medios comienzan a reportar nuevos actos arbitrarios de autodefensas michoacanas so pretexto de la continuación impune de las operaciones de “Los Caballeros Templarios”, sobre todo en la costa, el gobierno federal ha decidido enviar al Ejército y a la Marina a tomar el control de las policías municipales en las demarcaciones guerrerenses que van desde Taxco hasta la frontera con Michoacán (Pungarabato (Ciudad Altamirano) y Coyuca de Catalán). En el mismo tenor, hace unos días se toleró el secuestro de autobuses foráneos en territorio michoacano por parte de personas que tenían el propósito de sumarse a las protestas por el caso Ayotzinapa. La pinza parece estar a punto de cerrarse y la orden de que las fuerzas armadas intervinieran los cuerpos policiacos guerrerenses obedece en buena medida a evitar el eventual surgimiento de autodefensas o de grupos dominantes producto del reordenamiento de fuerzas en esa parte del estado (sin mencionar que la estrategia también tocó al municipio mexiquense de Ixtapan de la Sal). En resumen, Michoacán y Guerrero tienen realidades distintas, aunque íntimamente vinculadas. ¿Tendrá el gobierno federal un plan para atender este galimatías?
5-Dos siglos de constitucionalismo mexicano, ¿para qué? El 22 de octubre se conmemorarán 200 años de la promulgación del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, el documento primigenio del constitucionalismo mexicano, promulgado en el desde entonces conflictivo Apatzingán. En 1811, una serie de notables –caciques, terratenientes, empresarios mineros y demás miembros de las élites criollas y mestizas desplazadas por los españoles—se reunieron en Zitácuaro a fin de planificar la construcción de un cuerpo representativo que desconociera la autoridad virreinal dada, según ellos, la ilegitimidad de que gozaba al estar supeditada al poder napoleónico ocupante de España en ese instante. Producto de esa primera convocatoria encabezada por Ignacio López Rayón surgen los antecedentes históricos de tres instituciones fundamentales del país: el Poder Legislativo, en la figura del Congreso de Anáhuac (conformado en Chilpancingo); el Poder Judicial, con el Supremo Tribunal (instaurado en Ario de Rosales (Michoacán)); y la “Constitución” de 1814. Del mismo modo, al revisar la experiencia de los pioneros del Legislativo nacional, es posible identificar conductas familiares heredadas hasta nuestros días: traiciones, rapiña, luchas encarnizadas de egos e intereses, los cuales contrastan con los bellos fraseos de pliegos formales atiborrados de buenas intenciones e ideales que casi nadie estaba dispuesto a cumplir en la práctica. El experimento constitucional de Apatzingán quedó tan en ruinas como lo está ahora la vida institucional de la localidad que la vio nacer. Después de eso, México ha visto desfilar en su relato independiente varios intentos de leyes fundamentales que, hasta el momento, han culminado con la Constitución de 1917. Sin embargo, el fracaso de la transición a la democracia, la permanencia de regiones completas sin gobernabilidad o, en su defecto, de gobernabilidades ad hoc, la fantasía de estado de derecho existente, la pobreza de alternativas y propuestas innovadoras en la política partidista, y la desconfianza de la sociedad en la autoridad y en sí misma, podría estar generando el terreno perfecto para la construcción de un nuevo contrato social enmarcado en una reforma del Estado a fondo. Es probable que sea tiempo de preguntarse si el modelo actual de organización política y social de México requiere replantearse, en especial si se observa cómo intentos de solución van y vienen, y los resultados siguen sin ser los óptimos. ¿Cómo cambiar los patrones de la dinámica del país que se han repetido a lo largo de dos siglos? ¿Será que el espíritu caótico del Congreso de Chilpancingo (no el que acaban de incendiar, sino el que se disgregó tras la derrota de Morelos en 1815) prevalece hasta nuestros días?
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