1-La fatiga crónica de México. Desde el viernes 7 de noviembre, después de que el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, rematara con el multicitado “ya me cansé” la conferencia de medios donde informó el estado de las investigaciones por el caso Ayotzinapa, la avalancha de críticas prácticamente no ha cesado. Con el ingenio propio del mexicano, el #YaMeCansé ha sido manipulado en infinidad de maneras, la mayoría de ellas refiriéndose al cansancio que algunos sectores de la sociedad dicen tener respecto a la ineficiencia gubernamental en la atención (práctica y mediática) de los hechos de Iguala, e incluso la han hecho extensiva al poco halagüeño estado de la crisis de inseguridad, al mal desempeño de la economía, y a todo reclamo que se ofrezca. La apatía, el desinterés y el desencanto que caracterizó al entorno social de los primeros veinte meses de la administración Peña, ha encontrado un catalizador para convertirlo en malestar, activismo (de ocasión o genuinamente comprometido, da igual), cuestionamientos y daño a la imagen de perfección que pretendió sostener el gobierno con alfileres. No obstante, este lunes 10, casi tres días después de su estertórea declaración, Murillo debió haberse vuelto a cansar de tantas entrevistas ofrecidas en una gira de medios dedicada a justificar su dicho y transmutarlo por un más feliz “estoy cansado de la violencia brutal”. Mientras tanto, el presidente Peña decidió que “la vida sigue” y no cejó en continuar su viaje internacional por China y Australia. A la luz de los acontecimientos, es claro que el gobierno federal dista mucho de estar fatigado. Por otra parte, cierta porción de la sociedad sale a las calles con entusiasmo y hasta con esperanza de que las cosas cambien, pero las propuestas factibles siguen brillando por su ausencia. Los que no faltan son los idilios a manera de berrinche de desaparecer la élite política de un plumazo, erradicar la corrupción sólo de arriba hacia abajo y no en ambos sentidos, o la sociedad civil regodeándose en su autoprofecía como la impoluta fuente de cambio, virgen de todo interés político. ¿No será más bien la sociedad la que presenta un verdadero cansancio crónico que aprovecha una autoridad con pocos incentivos (aún) para modificar su conducta?
2-La fórmula (¿infalible?) para la desmovilización social. Sin duda, cuando los principales medios electrónicos e impresos del país reportaron las incidencias de la movilización llevada a cabo en la Ciudad de México la tarde del sábado 8 de noviembre, el hecho más referido fue la quema parcial de uno de los portones de madera del Palacio Nacional. Unos días antes, cuando también se registró otra marcha en la capital, causó escándalo la incineración de una unidad del Metrobús y los severos daños causados a la estación Ciudad Universitaria de dicho medio de transporte. Este lunes 10, mientras algunas televisoras y radiodifusoras cubrían en vivo una caravana de protesta que culminó en el bloqueo temporal del Aeropuerto Internacional Juan N. Álvarez de Acapulco, ciertos locutores parecían ávidos por la ocurrencia de agresiones de los manifestantes o por el reporte de algún policía o “inocente” herido. En el mismo tenor editorial, no han faltado columnistas y líderes de opinión que han advertido acerca de la posibilidad de que haya “un muerto” entre las filas de los inconformes, estén vinculados con las víctimas de Iguala o no, y que se convierta en pretexto para más violencia y un eventual caos de proporciones bíblicas. Al volver a algunas crónicas presenciales que he escuchado respecto a la manifestación sabatina que corrió de las oficinas de la PGR en Reforma hasta la Plaza de la Constitución, el ambiente cambió por completo no sólo tras los diversos amagos de prenderle fuego al referido portón –al parecer ni fue al primer intento, ni encaró resistencia de autoridad alguna—, sino con la posterior acción policiaca que derivó en la detención de varios jóvenes que posteriormente terminaron por ser liberados ante la falta de cargos y pruebas. Aunque fueron circunstancias distintas, el gobierno de Peña arrancó justo con eventos de protesta que dejaron muy mal paradas a las fuerzas federales y locales, dado el vandalismo de presuntos anarcos –que no anarquistas como los de finales del siglo XIX y principios del XX. El llamado 1DMx fue apenas un antecedente de cómo grupos violentos, al estilo de los denominados “porros” (infiltrados en las movilizaciones a fin de reventarlas), intervendrían en otros momentos del presente sexenio. Ejemplo de ello fueron los enfrentamientos entre anarcos y miembros del magisterio en los días de discusión legislativa de la reforma educativa; la coyuntura actual comienza a tener tintes similares. El efecto del “porrismo” suele ser devastador, combinando el miedo de quienes no suelen manifestarse y por alguna razón ahora sí se animan a hacerlo, el desprecio de quienes abominan las marchas como medio de acción social, y la candidez (o ignorancia) de quienes piensan a la autoridad incapaz de utilizar esta herramienta. Si el desgaste del tiempo resultase insuficiente, el “porrismo” se erige como peligrosa tentación. ¿Es la violencia una variable controlable?
3-El TAV México-Querétaro: ¿la virtud de rectificar o el vicio de volver a tropezar? Uno de los grandes símbolos del plan de infraestructura de Peña es la futura construcción del tren de alta velocidad (TAV) entre el Distrito Federal y Querétaro. La semana pasada, el proyecto tuvo un ligero aunque intenso descarrilamiento. Después de haber sido anunciada la adjudicación del TAV a un grupo de inversionistas encabezados por la empresa paraestatal China Railway Construction Corporation (CRCC) (3 de noviembre), la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado llamó a comparecer y abrumó al titular de la SCT, Gerardo Ruíz Esparza, con cuestionamientos acerca de la transparencia y carácter óptimo de la licitación del proyecto (6 de noviembre) y, por último, la misma dependencia anunció la reposición de la convocatoria para la edificación del tren (7 de noviembre). En un principio, las autoridades anunciaron que las bases de licitación serían publicadas el 15 de agosto de este año, tras haber sido emitida una pre-convocatoria vía el portal Compranet el 25 de julio. De inmediato, varios de los potenciales participantes en el concurso de inversión se quejaron por la premura con la cual se estimaban los tiempos del proceso. Todavía a principios de octubre, en el marco del Día Mundial del Correo, Ruíz Esparza salió al paso de las críticas sobre los apretados plazos de la licitación internacional y se negó a considerar una prórroga de la decisión. El secretario incluso llegó a argumentar que los tiempos eran de esa forma porque la intención era echar a andar el TAV antes de la conclusión del sexenio. Además, el funcionario destacó que todos los competidores habrían tenido acceso equitativo a información y actuarían en las mismas condiciones generales. Empresas como Alstom, ICA y Carso (por cierto, todas ellas ciscadas con el antecedente de lo sucedido en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México) destacaron la insuficiencia de los periodos para elaborar una propuesta sólida y competitiva. Por tal razón, el grupo liderado por CRCC estuvo solo en el concurso y acabó quedándose con el triunfo…hasta la reposición anunciada para dentro de seis meses. Más allá de que se habla de una eventual indemnización a CRCC, y de la posibilidad de que las mismas empresas vuelvan a pretender el proyecto, dar reversa al asunto tiene implicaciones políticas y económicas, tanto negativas como, tal vez, positivas. ¿Cuáles son los riesgos y oportunidades de haber tomado semejante determinación?
4-El peñismo: ¿un fugaz salinismo? Como sello de su gestión, el presidente Peña ha intentado impulsar dos temas primordiales: la aprobación de las reformas estructurales y un ambicioso plan de infraestructura. A pesar de las similitudes de forma con la administración de Carlos Salinas, también es necesario considerar las enfáticas diferencias de fondo, en particular aquellas vinculadas con el contexto político y económico de cada época. Salinas como Peña consiguieron aplacar a la oposición partidista, si bien de formas distintas, facilitando la concreción de algunos de sus proyectos prioritarios. Sin embargo, una de las distinciones cruciales entre ambas presidencias, es que al capitalino se le comenzó a complicar el gobierno hasta el sexto año de su periodo, mientras que el mexiquense ya está padeciendo antes de cumplir su segundo. Peña no sólo encara una crisis coyuntural como la del caso Ayotzinapa y una estructural heredada –e ignorada en sus primeros meses de gobierno—como la de inseguridad y violencia, sino que también debe navegar por las turbulentas aguas de una economía estancada y ante la amenaza creíble de un contexto internacional incierto. Por si fuera poco, justo en el clímax del descontento por los abusos de Iguala, el gobierno federal continúa recibiendo golpes mediáticos y operativos –cuya magnitud tal vez no se conozca del todo sino hasta dentro de un tiempo—que van desde las revelaciones de la propiedad de la esposa del presidente de una residencia de casi 90 millones de pesos en Las Lomas de Chapultepec, los dislates de importantes funcionarios como el procurador Murillo o el secretario de Comunicaciones y Transportes, Ruiz Esparza, en su comparecencia ante senadores sobre la licitación del tren México-Querétaro, hasta la misma marcha atrás en el proceso de asignación de dicha obra magna de infraestructura. Asimismo, el parteaguas que significó para México la negociación y firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte –proceso que tardó casi todo el sexenio salinista en concretarse—, debería tener su símil en las llamadas reformas estructurales de la presente administración. Ambos elementos no nada más generarían en teoría un enorme ímpetu económico, sino que simbolizaban el presunto ingreso de México a las “grandes ligas” del desarrollo mundial. A Salinas le cayó la realidad en 1994, pero a Peña lo está alcanzando ya en 2014. ¿Podrá la ilusión del “Momento Mexicano” llegar a perdurar por lo menos lo mismo que duró la fugaz promesa del “ingreso al Primer Mundo” de hace dos décadas?
5-El presupuesto participativo: una evaluación de las “conquistas” de la sociedad civil. En la semana entre el 3 y el 10 de noviembre, el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) organizó una nueva edición de la consulta sobre presupuesto participativo, cuyos resultados serán aplicados en el ejercicio fiscal 2015. La figura del presupuesto participativo en el Distrito Federal (PPDF) se materializó de manera formal en 2011, después de haber sido reglamentado el mandato estipulado en el artículo 83 de la Ley de Participación Ciudadana local (LPCDF). Es cierto que los ensayos encaminados a poner en práctica esta herramienta de participación ciudadana en la capital del país tienen antecedentes más remotos (la jefatura delegacional en Cuauhtémoc organizó una consulta en ese sentido en 2001, algo que fue replicado en Tlalpan (2002) y en Iztapalapa (2010)). Sin embargo, la oficialización del PPDF arrancó hasta el año fiscal 2012. A partir de ese año, se supone que el presupuesto participativo corresponderá a 3 por ciento del total de los recursos anuales de cada delegación. De acuerdo con la ley, la aplicación de ese dinero se destinaría a proyectos de “obras y servicios, equipamiento, infraestructura urbana y prevención del delito”. Como ocurrió en 2014, los proyectos a consultar son definidos por los denominados Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, los cuales, a su vez, son constituidos por la vía del voto directo de los habitantes del D.F. Para esta ocasión, los miembros de dichos organismos fueron elegidos el 1 de septiembre de 2013, y durarán en sus cargos hasta el 30 de septiembre de 2016. Ahora bien, tanto los comicios para los comités y los consejos, como la misma consulta ciudadana de la semana pasada, tuvieron índices de participación muy bajos. De los alrededor de 10 millones de electores inscritos en la lista nominal del Distrito Federal, apenas habríamos emitido opinión 161,440 personas (1.6 por ciento). El IEDF ha considerado exitosa la consulta de 2014 dado el incremento de 10 por ciento respecto a la participación del ejercicio anterior realizado en 2012. Ahora bien, a pesar de haberse abierto mayores opciones para que los ciudadanos emitieran su voto (se permitió el sufragio vía internet entre el 3 y el 6 de noviembre, mientras la jornada presencial fue el domingo 9 en las casi 2 mil mesas receptoras en toda la ciudad), la consulta es un ejercicio desangelado, por decir lo menos. La inadecuada difusión (no cuestión de magnitud, ni presupuesto, sino de eficiencia), la apatía y la desconfianza creciente de los ciudadanos en las instituciones, sobre todo en cualquier cuestión vinculada con votar algo, podrían ser elementos que expliquen no nada más la inocuidad del PPDF, sino el probable fracaso de otras herramientas de participación ciudadana. En este sentido, el papel de las organizaciones de la sociedad civil es clave, en especial si se considera que fue la presión de ciertos sectores ciudadanos la que abonó en la materialización de esta clase de ejercicios. ¿Qué hace falta?
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