1-El monopolio (¿legítimo?) del uso de la fuerza. Cuando se escuchan los reclamos al Estado mexicano por lo sucedido con los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, no es posible dejar de preguntarse a qué definición de “Estado” se refiere la arenga. Por momentos, parece la clásica confusión entre dicho concepto y el de “gobierno”, a saber que éste es parte del anterior. Una connotación menos sofisticada es la que se suele ofrecer a los alumnos de educación media cuando se aducen cuatro componentes de la entidad estatal: territorio, población, gobierno y soberanía. Por su parte, esta simplificación –tal vez no del todo imprecisa, aunque difusa—no es tan socorrida como la sempiterna construcción del sociólogo alemán, Max Weber, la cual incluye una disertación acerca de la compleja idea de la legitimidad referida a una herramienta históricamente constante desde el poder: la violencia. Con esto en mente, vale la pena recordar tres usos poco afortunados de la concepción de Estado en México. El primero, cuando el ex presidente Calderón, en un discurso ofrecido durante una gira en Quintana Roo en octubre de 2007, justificaba su entonces naciente “guerra contra el crimen organizado” con su supuesta facultad de tener el “monopolio del poder” (sic.), con el propósito de garantizar la seguridad, el orden y la prosperidad del país. La tergiversación de la definición weberiana, no sólo fue trágica sino congruente con el estilo de gobernar del ex mandatario. El segundo uso no del todo preciso del concepto en comento es el del actualísimo #FueElEstado en el contexto de los recientes acontecimientos donde fuerzas del gobierno, desde las fuerzas armadas en Tlatlaya, hasta las policías municipales en el caso Ayotzinapa, mancillaron los derechos fundamentales de decenas de personas. Sin duda, la responsabilidad de la autoridad es clara. Lo que no es tan nítido es si también se está pensando en las dificultades de disociar el entorno de la política y del ejercicio del poder, con el de la sociedad. De no ser así, el #FueElEstado podría estar desestimando la eventualidad de analizar el #HemosSidoTodos; esto en un ánimo de ponderar la crisis presente como algo estructural y no sólo coyuntural. Por último, la tercera evocación sensible a los poderes del Estado fue la realizada por el presidente Peña a su regreso de su viaje internacional a China y Australia. Peña advirtió que estaría “legítimamente facultado” para usar la fuerza “cuando se ha agotado cualquier otro mecanismo para restablecer el orden”. Lo inquietante de la declaración son las preguntas que de ella emanan: ¿cuándo se declarará el agotamiento de los mentados mecanismos?; ¿qué tan cerca de está de eso?; ¿cuáles son los riesgos de llegar a ese punto?
2-La economía en tiempos de descontrol. Ya hace rato que el presidente Peña y sus colaboradores han ido perdiendo brillo en los foros internacionales como las “estrellas fulgurantes” de una economía que prometía (o todavía promete, dirían algunos) convertirse en la más pujante de los países emergentes. El “Momento mexicano” no fue protagonista, ni en la XXII Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) –llevada a cabo en Beijing, China—, ni en la Cumbre del G-20 de Brisbane, Australia. El primer evento de la reciente gira internacional del mandatario mexicano, estuvo empañado por la atropellada determinación de cancelar y reponer el proceso de licitación del tren de alta velocidad entre México y Querétaro, adjudicado originalmente a un consorcio encabezado por la paraestatal china de construcción de ferrocarriles. La segunda escala fue aún menos afortunada, sobre todo porque la salida prematura de Peña fue opacada por otro retiro anticipado de la reunión, encarnada por el presidente ruso, Vladimir Putin, quien prácticamente huyó de los cuestionamientos de Occidente por el conflicto en Ucrania. Así, aunado a que la gira dio una pequeña muestra de la rapidez con la cual el mundo puede olvidarse de México y voltear hacia cualquier otro lado, el gobierno federal necesitaría percatarse de cómo la imagen es importante, siempre y cuando sea sostenible en la realidad. Lo más preocupante del caso es que la facha de próxima prosperidad y bonanza, apuntalada por la falsa impresión de mayor seguridad, se ha convertido de forma relampagueante en una percepción de descontrol, carencia de imaginación, y falta de opciones de cambio. La inestabilidad termina afectando a los números de la macroeconomía, aunque no en ritmos tan acelerados como lo hace contra los elementos fundamentales de la economía en general. Por ejemplo, se solía decir que los consumidores nacionales olvidaban todo, desde su precaria situación financiera, hasta las amenazas de desaguisados por algún conflicto, protesta o foco de inseguridad, cuando se trataba de aprovechar un periodo vacacional, o una temporada de promoción al consumo. El pasado fin de semana, esa premisa probó no ser tan acertada como en otros años. Ni el llamado “Buen Fin” fue tan exitoso en términos de personas abarrotando las tiendas y exprimiendo sus desproporcionadas líneas de crédito, ni los clásicos destinos de descanso que inundan los habitantes del centro del país, en especial del Distrito Federal, en Guerrero, habían tenido en décadas los bajos niveles de ocupación del pasado fin de semana “de puente”. Estos comportamientos no esperados de parte de actores económicos como los consumidores, podrían ser un reflejo de cómo el grado de percepción de inseguridad y, sobre todo, de descontrol e inestabilidad, están al borde de demostrar el potencial error de presumir gastos inerciales o inversiones predestinadas. ¿Le habrá llegado “el agua al cuello” a las premisas económicas exitosas de la presente administración? ¿Qué hace distinta la presente coyuntura respecto a otras en materia de riesgos a la economía?
3-¿El fin de “Los Chuchos”? Indudablemente, uno de los principales damnificados del caso Ayotzinapa y de los problemas de gobernabilidad en Guerrero, ha sido el PRD. De principio a fin en el caso del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, hoy preso y acusado de diversos delitos como delincuencia organizada, las distintas facciones perredistas se culpaban entre sí por la “paternidad” política del ex funcionario. Las acusaciones y los repartos de responsabilidades llegaron hasta allende las fronteras perredistas, al dar un ligero rasguño al líder de facto de MORENA, Andrés Manuel López Obrador. No obstante, el escurridizo tabasqueño logró más o menos librar el escarnio mediático, no tanto por la pulcritud de su defensa, sino porque el foco de atención ha impactado las entrañas de su anterior partido. La crisis política de Guerrero, entidad otrora gobernada por el perredista tránsfuga del PRI, Ángel Aguirre –y hoy uno más de los desaparecidos en el estado, aunque no por un abuso de autoridad, sino por una “prerrogativa” de la misma—, ha cimbrado al PRD a niveles tal vez nunca vistos. Es cierto que, en anteriores momentos, el perredismo ha encarado problemáticas de división interna, escándalos de corrupción, desbandadas, traiciones y demás disruptivos. Sin embargo, la magnitud del fenómeno derivado de la desaparición de los normalistas guerrerenses ha exacerbado la debilidad del PRD como actor político. Ya no son únicamente las críticas por su participación en el Pacto por México y un presunto colaboracionismo (cuya lógica debe entenderse en una justa dimensión y considerar costos y beneficios por igual), sino se le suman ahora cuestionamientos vinculados con la forma de gobernar, su desempeño en el complejo mundo de la “convivencia” con la delincuencia organizada, y su responsabilidad en la red de corrupción y complicidades que tiene, si no en jaque, en severas dificultades a la credibilidad institucional del país. En este contexto, el llamado líder moral del “sol azteca”, Cuauhtémoc Cárdenas, dirigió una carta al presidente nacional del partido, Carlos Navarrete, con el propósito de que, dada la precaria situación de la imagen del perredismo en estos instantes, considerara renunciar a su cargo y así convocar a un proceso de renovación. Cabe recordar que el político guanajuatense y coordinador parlamentario de dicho partido en el Senado durante las LX y LXI Legislaturas, es el tercer miembro del grupo Nueva Izquierda –coloquialmente conocido como “Los Chuchos”—que encabeza el PRD de forma consecutiva. Es bien sabido que la estabilidad del PRD es “de mecha corta” y bastaría una pequeña chispa para encender una gran hoguera. Como era previsible, la misiva de Cárdenas dio paso a una reacción en cadena de exhortaciones de dimisión a Navarrete (por ejemplo, las de los senadores Miguel Barbosa, distanciado en las últimas semanas de “Los Chuchos”, y Dolores Padierna, la “mano derecha” del “bejaranismo”). ¿Qué escenarios enfrenta el PRD ante esta nueva crisis de su dirigencia? ¿Será ésta una oportunidad para su refundación, o un mero “cambio de guardia”?
4-La U.N.A.M.: una pésima apuesta para el conflicto. De manera paulatina, la principal universidad pública del país ha ido adquiriendo protagonismo en distintos conflictos que van desde la crisis en el Instituto Politécnico Nacional (I.P.N.), pasando por las protestas por el caso Ayotzinapa, y terminando con algunos hechos violentos dentro y en las inmediaciones de Ciudad Universitaria. Sin embargo, en todas esas oportunidades, y a diferencia de lo sucedido en anteriores coyunturas, la Universidad no ha parecido sumarse motu proprio a los acontecimientos o, al menos, no con el entusiasmo y compromiso con causas de otros tiempos. Por ejemplo, cuando surgieron los primeros grupos inconformes en el Poli exigiendo la renuncia de la entonces directora, fueron unos cuantos politécnicos quienes emprendieron una gira por ciertas facultades de la U.N.A.M. a fin de sumar refuerzos. En un principio, como se recordará, no todas las asambleas estudiantiles y docentes respaldaron a sus contrapartes politécnicas en protesta y, las que lo hicieron, no gozaron siempre de unanimidad. Poco después, el flanco que se abrió del lado de la Universidad Autónoma Metropolitana (U.A.M.), propició que la U.N.A.M. terminara completando el cuadro de instituciones públicas de educación superior solidarias con una causa. En lo concerniente a la cuestión de los normalistas de la Raúl Isidro Burgos, los unamitas se incorporaron a las manifestaciones más dentro del espíritu de descontento social generalizado, que como un reclamo originario. Ahora bien, poco a poco los reflectores se han desviado de las marchas ciudadanas –de las cuales profesores y estudiantes de la Universidad han sido parte fundamental—, a diversos hechos vandálicos atípicos (como la quema de una unidad y una estación del Metrobus capitalino), una intervención extrañísima de elementos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en las cercanías de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), cuyo saldo fue de un estudiante herido de bala, hasta el intento de desalojo del Auditorio Justo Sierra (Ché Guevara) de la mencionada escuela. En este último caso, se ha llegado a afirmar en algunos medios que la justificación de usar la fuerza pública estaba en tratar de capturar a presuntos anarcos responsables de disturbios en la Ciudad de México y supuestamente refugiados en la principal instalación de la FFyL. En el transcurso del pasado fin de semana largo, la situación fue escalando en gravedad con bloqueos a los accesos de Rectoría, quema de vehículos, y la controversia respecto a si se violó o no la autonomía universitaria al entrar la fuerza pública a Ciudad Universitaria. Hasta hace algunas semanas, llamaba la atención cómo la U.N.A.M. se había mantenido en tranquilidad ante cuestiones como las protestas magisteriales por la reforma educativa, la reforma laboral, y otros elementos que solían ser las delicias de los caprichos sindicales o de los fervores de algunos estudiantes. Esto parece estar cambiando, eso sí, de forma forzada. ¿Por qué “prender” a la U.N.A.M.? ¿A qué rompecabezas corresponderá la riesgosa pieza de una Universidad “en llamas”?
5-Los retos de la nueva Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Después de un proceso que estuvo marcado por el desprestigio a la gestión de Raúl Plascencia Villanueva, dada su errática actuación en hechos como Tlatlaya e Iguala, la CNDH tiene nuevo titular en la figura de Luis Raúl González Pérez. El flamante ombudsman tiene una interesante trayectoria que cuenta desde su paso en cargos relevantes dentro de la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, hasta su desempeño en distintos encargos dentro de la misma CNDH. González Pérez ha atendido casos delicados tanto en lo político (el asesinato del candidato presidencial priista, Luis Donaldo Colosio), como en lo social (el asunto del secuestro y abuso de autoridad contra la periodista Lydia Cacho). De esta manera, durante los siguientes cinco años, la CNDH está llamada a encarar la crisis de credibilidad más severa en su relativamente breve historia. Si bien las autoridades mexicanas no han sido por tradición proclives a poner demasiada atención a los derechos humanos, en particular algunas instituciones que otrora gozaban de absoluta opacidad (e impunidad) en el tema, el entorno presente no sólo complica tender los velos del ocultismo sobre eventos vinculados con el ultraje de dichos derechos, sino que incrementa los costos de hacerlo. Sin duda, la discusión acerca de los derechos humanos y la exigencia de la sociedad porque el gobierno se comprometa en verdad con la defensa de los mismos, evitando dejar en letra muerta la reforma constitucional aprobada en la materia en 2011, es cada vez más intensa. El auge de las redes sociales, la creciente indignación social ante la cuestionable actuación de las autoridades en recientes casos de represión y abusos de poder, además del escrutinio de organismos, empresas y gobiernos extranjeros interesados en el particular, hacen, si no imposible, muy costoso ser omisos y torpes. ¿Qué oportunidades representa la llegada de González Pérez a la CNDH? ¿Cómo pudiera darse la reconfiguración de la relación entre los tres niveles y los tres poderes de gobierno con la Comisión?
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