1-El PAN: de la pluralidad interna al faccionalismo. Este lunes se cumplió una semana desde que se desató la polémica generada al seno de Acción Nacional, tras haberse dado a conocer quienes encabezarán las listas de candidatos panistas a diputados federales por el principio de representación proporcional. Como se preveía, los mejores lugares los obtuvieron miembros cercanos al grupo del anterior presidente nacional del PAN, Gustavo Madero (incluido él mismo). A pesar de que se generó mucha expectativa respecto a una posible llegada de la ex primera dama, Margarita Zavala, a los primeros sitios de dichas listas y, de esa forma, garantizar su arribo a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, al final la esposa del ex presidente Calderón quedó relegada. De inmediato, Zavala inició una gira de medios y emitió diversos pronunciamientos, los cuales fueron desde acusar la prevalencia de faccionalismos en el partido, hasta asegurar que hay actores internos “con mucho miedo” al surgimiento de su figura como un contrapeso al grupo hoy en control de la dirigencia del instituto político. Incluso, la ex legisladora local del D.F. (1994-1997) y federal (2003-2006) dio el banderazo de salida a la sucesión en la presidencia panista, cuyas elecciones serán a finales de año, al destapar de manera precoz su candidatura. EL caso de Zavala, con toda la complejidad implícita en su persona, tanto por su innegable prestigio como militante panista, como por su vinculación obvia e inevitable con la controvertida imagen de su cónyuge –un prócer del impulso a los faccionalismos, por cierto—, ha vuelto a poner sobre la mesa varias interrogantes acerca del futuro del PAN, no nada más por el proceso electoral federal por venir en junio, sino por el posicionamiento del partido rumbo a la segunda mitad del sexenio del presidente Peña. Independientemente del origen del descarrilamiento de Acción Nacional como ejemplo de democracia partidista, ¿qué hace le hace falta a ese partido para emprender el camino de la reconciliación interna?; ¿existe algún riesgo de escisión en el mediano plazo?; ¿cómo incidirán estos últimos estertores de las desavenencias entre “maderistas” y “calderonistas” en el intento de recuperación electoral del PAN?
2-Los retos de la reforma judicial en el Distrito Federal. El primer minuto del 16 de enero de 2015, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno capitalino, dio el “martillazo” inicial a la primera etapa operativa de las disposiciones de la reforma constitucional en materia judicial, promulgada en 2008, la cual tiene como principal elemento al nuevo sistema de justicia penal (NSJP). Así, el D.F. se convirtió en la vigésimo novena entidad en emprender procesos de justicia penal, todavía de manera parcial, bajo los parámetros de las reformas que incluyen figuras como los juicios orales, la mediación y otros mecanismos alternativos de solución de controversias, el fortalecimiento de la presunción de inocencia y la reparación del daño como principios fundamentales de la acción de la justicia, entre otras. Con esto, sólo quedan pendientes Michoacán, Baja California Sur y Sonora, estados que lo harán entre 2015 y 2016, para poner en marcha en algún grado operativo el NSJP. En su primera etapa de implementación en la Ciudad de México, el NSJP cubrirá un catálogo de 239 delitos considerados no graves, entre los que se cuentan el robo sin violencia, los ataques a la paz pública, el abuso de confianza, el abandono de personas, los casos de violencia familiar, amenazas, discriminación, hostigamiento sexual, e incluso los arbitrajes en incidentes de tránsito, por nombrar algunos ejemplos. Según cifras de la Procuraduría de Justicia local, los delitos cubiertos, es decir aquellos perseguidos a petición de parte o causados por negligencia, equivalen a 58 por ciento de la incidencia en la entidad. De acuerdo con datos de las autoridades del D.F., la llegada relativamente tardía de la entidad a la implementación del NSJP, se debió a la magnitud de la estructura de procuración de justicia en la Ciudad de México, ya que fue necesario capacitar a agentes del Ministerio Público, jueces, investigadores, peritos y demás funcionarios, lo cual no sólo implicó la transferencia de conocimientos sino también, en palabras del mismo procurador local, Rodolfo Ríos, un cambio de actitud respecto a las “prácticas comunes” del antiguo sistema inquisitorio. ¿Será suficiente la instauración del sistema acusatorio para combatir la corrupción tan tradicional en las instancias de procuración de justicia en la capital del país? ¿Podrá el D.F. cumplir con el plazo perentorio del 18 de junio de 2016 a fin de tener en plena operación el NSJP? ¿Cuáles son los principales retos de cara a tal objetivo?
3-COPARMEX y su “lista negra” de candidatos. A fines de la semana pasada, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en el Distrito Federal, José Luis Beato, anunció un proyecto que inmediatamente causó el resquemor de varios políticos capitalinos. Ante la inminente petición de licencia de la mayoría de los jefes delegacionales de la entidad, todos de extracción perredista (el panista de Benito Juárez y el priista de Cuajimalpa no lo hicieron porque sus respectivos partidos, por sus calendarios internos, aún no lo exigen para contender por una precandidatura a otro cargo público), el dirigente empresarial dijo que su organización está armando una especie de expediente con el historial de posibles candidatos a puestos de elección popular. En dicho documento, se señalarían tanto la trayectoria profesional de los personajes referidos, como los escándalos y acusaciones de corrupción de las cuales han sido objeto –de ser el caso, claro. El malestar cundió entre no pocos. Destacó la declaración del hoy delegado con licencia de Coyoacán, Mauricio Toledo, quien subrayó que el voto del presidente local de la COPARMEX es únicamente eso, un voto, además de indicar que la COPARMEX no vota, sino son los ciudadanos. La influencia y poder de difusión que pudiera tener una iniciativa como la del empresariado capitalino es innegable. La clase política lo sabe bien. Esto explica en buena medida la reacción del dirigente del PRD local, el también ex delegado coyoacanense, Raúl Flores, quien dijo que solicitará al Instituto Electoral del D.F. (IEDF) hacer un llamado a la confederación patronal para no entrometerse en el proceso de las elecciones. Flores fue más allá y aseveró que de bajo ninguna circunstancia permitirán que “el dinero de las empresas privadas quiera imponer la agenda”. Como el partido hegemónico que ha sido en la Ciudad de México por casi dos décadas, el PRD ha convivido con la clase empresarial local, más con gusto y disposición, que con asco y reservas. Incluso, cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno y todavía militaba en las filas perredistas, sus relaciones de trabajo con importantes empresarios son del dominio público. Ahora bien, el escenario de eventual confrontación entre el empresariado y un gobierno local no es exclusivo del Distrito Federal. Un fenómeno similar se gesta en Nuevo León con el probable apoyo que estarían brindando algunos industriales a candidatos independientes a la gubernatura del estado. Frente a la temporada electoral en pleno trajín, ¿cuál pudiera ser el papel de los empresarios en el proceso?; ¿tienen alguna responsabilidad dado su poder económico?; ¿cómo funciona el “estira y afloja” entre clase política y clase empresarial (eso, cuando no son la misma cosa)?
4-Michoacán: ¿con o sin Comisionado? El pasado 13 de enero, el comisionado por la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, compareció ante la Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso, con la finalidad de explicar las medidas en curso para aliviar la situación de inseguridad en dicha entidad. Durante su intervención, como es costumbre en este tipo de actos, los legisladores del partido del funcionario (y sus aliados) arroparon al compareciente, mientras que la oposición se desvivió en cuestionamientos. Sin embargo, “el virrey”, como llamaron algunos congresistas a Castillo, tampoco cejó en arremeter contra sus detractores. En este sentido, destacó el altercado que tuvo con la senadora del PAN, Luisa María Calderón, “Cocoa”, quien estaba presente en el recinto, aunque no como miembro de la Comisión en turno. El comisionado, al fustigar con una batería de críticas a las anteriores autoridades locales perredistas y federales panistas, acusó a Calderón de haber sido omisa por presuntamente tener conocimiento de que el líder de los Caballeros Templarios, Nazario Moreno, no habría sido muerto por fuerzas federales durante la gestión presidencial de su hermano. La referencia molestó a la legisladora y solicitó una réplica que no le fue concedida por la diputada del PRD, Aleida Alavez, presidenta de la sesión, quien recibió el respaldo de los priistas que reclamaban “apegarse al formato” de la comparecencia. Más allá de la anécdota, “Cocoa”, quien ha sido nombrada como precandidata única de su partido a la gubernatura de Michoacán, ha colocado al centro de su discurso de campaña la premisa de que Castillo deberá dejar la entidad y, por supuesto, la figura del comisionado especial tendrá que desaparecer, cuando llegue el nuevo Ejecutivo local. Asimismo, el eventual aspirante del PRD al gobierno michoacano, Silvano Aureoles e, incluso, el del PRI, el senador con licencia José Ascensión Orihuela, han ido en un tenor similar respecto a la continuidad de la figura metaconstitucional creada por el actual gobierno federal para ese estado de la República. ¿Es posible una transición a corto plazo a propósito de la restitución del Poder Ejecutivo local en Michoacán o será necesaria la convivencia entre el o la próxima gobernadora y el comisionado, siga o no Alfredo Castillo como tal? En caso de que la encomienda del comisionado terminase, ¿cómo podría cambiar la vinculación entre la Federación y la entidad?; ¿cómo será si gana un candidato de oposición?
5-El magisterio: otra crisis “bajo la alfombra”. Oaxaca, Guerrero y Michoacán son tres entidades que han estado en el centro de la atención mediática, en menor o mayor medida, debido a la crisis desatada por sus respectivas disidencias magisteriales. Desde la CETEG (Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero), hasta las secciones 22 oaxaqueña y 18 michoacana, los disturbios, bloqueos y protestas de sus integrantes han sido cosa más frecuente que de costumbre, a partir de las discusiones acerca de la reforma educativa impulsada por la administración Peña. La beligerancia de dichos profesores y normalistas ha provocado descontento entre amplios sectores de la sociedad, en particular de quienes han sido afectados en su vida cotidiana, en su economía y hasta en su integridad física. De hecho, previo a la tragedia de los 43 estudiantes de la normal rural “Raúl Isidro Burgos”, Ayotzinapa era recordada por el bloqueo a la Autopista del Sol de abril de 2013, la pretensión de uno de sus integrantes de incendiar una gasolinera –la cual ocasionó la muerte de un civil que intentó evitarlo—, y el desalojo que hizo la Policía Federal para reabrir la vialidad. En el momento presente, si bien no tiene los reflectores de un estado con comicios locales para este año, Oaxaca cada vez más experimenta visos de ingobernabilidad que propician severas críticas al gobernador Gabino Cué. Paralelo a ello, aunque la renovación del Ejecutivo local será hasta 2016, el juego político en esa entidad comienza a moverse y, sin duda, el magisterio en rebeldía será un actor a considerar. En cuanto a Michoacán, la atención se centra en el crimen organizado y las autodefensas, pero la sección 18 no dejará de ser un factor a atender por parte de la próxima autoridad en Morelia. Por último, ante este panorama, el secretario de Educación, Emilio Chuayffet, en el marco de la toma de protesta del nuevo dirigente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), declaró que, “aunque no lo parezca”, la SEP pondrá fin a los vicios del magisterio, respaldada en la implementación de la reforma educativa. ¿En verdad se puede hablar de avances en el sistema educativo y en su reforma cuando hay por lo menos tres estados donde ésta es prácticamente impracticable? ¿Qué tanto afectó la decapitación del liderazgo de Elba Esther Gordillo en la estabilidad del magisterio?
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