Estamos ante el umbral de la sucesión presidencial. Esto implica dos largos años de disputas, controversias y conflicto, en un entorno donde chocan la apariencia de institucionalidad con la fragilidad de muchas de nuestras principales instituciones. La complejidad de este proceso se exacerba por los componentes tan disímbolos y conflictivos que lo integran, comenzando por el hecho de que éste será el primer proceso de sucesión en el que la presidencia y el PRI no actuarán en concierto lo cual, dada nuestra historia, constituye un cambio dramático. Pero no menos importante, y novedoso por el ambiente de libertad en que se conduce el proceso, es el diseño de una estrategia particular por cada precandidato, primero, para lograr la nominación, y luego, la presidencia. Sin embargo, muchas de esas estrategias constituyen verdaderas afrontas a la estabilidad del país, pues parten del principio de que son factibles sólo en el contexto del caos. Si a esto se le suma la naturaleza corporativista de buena parte de la sociedad mexicana y la emergente amenaza del narcotráfico, es evidente que el potencial de conflicto en este periodo es enorme.
Las grandes fortalezas con que el país avanza hacia la próxima sucesión presidencial son también sus grandes debilidades. Entre las fortalezas más obvias destacan dos grandes grupos. Por un lado, las que se derivan de la derrota que el PRI experimentó en 2000 y, por el otro, las que se fundamentan en la existencia de instituciones capaces de darle continuidad al desarrollo económico, político y social al país.
Con el ?divorcio? entre el PRI y la presidencia, resultante de la victoria de Vicente Fox, las estructuras de control del PRI dejaron de estar al alcance del presidente, con lo que su capacidad de manipulación a través del partido desapareció. Al mismo tiempo, el PRI, alejado de la presidencia, dejó de contar con acceso privilegiado al poder y los beneficios que de ahí emanan. Este rompimiento hizo posible un segundo cambio en la estructura política del país: independientemente de la persona del presidente, la supresión de los mecanismos de control que el PRI le confería a la presidencia en el pasado, han redundado en una etapa de libertad que antes era desconocida.
Pero, irónicamente, los mayores beneficiaros de esa nueva libertad no son los ciudadanos, sino los propios políticos. Desde un principio, la democracia mexicana fue secuestrada por los tres principales partidos políticos, cuyos intereses han prevalecido sobre cualquier otra cosa. Sus tentáculos no sólo controlan los órganos y procesos de decisión en el poder legislativo, sino que juegan con los partidos de menor tamaño, manipulan la legislación electoral y, sobre todo, ignoran al ciudadano, razón de ser de la democracia. Peor, la combinación de una transición truncada con la partidocracia ha permitido la preservación de la arbitrariedad gubernamental, así como la permanencia del corporativismo, particularmente en el ámbito sindical, con poderes especiales, ?fácticos?, en las manos de líderes corruptos que acaban detentando el control de entidades y empresas críticas para el desarrollo del país. Además, todo esto ocurre en el contexto de una creciente violencia, producto esencialmente del narcotráfico.
Todo esto debió haber sido contenido a través de instituciones creadas ex profeso para soportar y darle funcionalidad a un nuevo sistema político, como las dos instituciones electorales (el IFE y el TRIFE), el Banco de México, la nueva Suprema Corte de Justicia y, más recientemente, el IFAI, encargado de hacer posible la transparencia de las decisiones públicas. Cada una de estas instituciones ha avanzado y se ha desarrollado en un clima a veces hostil, pero esencialmente en un entorno de libertad. Sin embargo, todas estas entidades e instituciones enfrentan debilidades estructurales que constituyen luces ámbar de cara a la próxima sucesión. Por ejemplo, gracias a una arquitectura institucional poco meditada, todos los magistrados del tribunal electoral tendrán que ser substituidos, de golpe, en septiembre de 2006. Contra toda lógica de pesos y contrapesos, elemental en cualquier democracia que se respete, es concebible que quien gane esas elecciones procurará saturar al tribunal con magistrados de su preferencia. Aunque distintas, cada una de estas entidades se caracteriza por zonas de fragilidad, producto de un deficiente diseño institucional. El punto es que cada una de estas instituciones cardinales enfrenta enormes vulnerabilidades que reducen drásticamente sus aparentes fortalezas, dejando desamparados, al menos parcialmente, a sus responsables.
La incipiente democracia mexicana arriba al 2006 sumamente frágil. Su éxito depende más del compromiso de personas que de la existencia de instituciones consolidadas o en camino de consolidación. Lo anterior crea una enorme vulnerabilidad que sólo podría ser contrarrestada por acciones preclaras de un poder legislativo que se ha distinguido exactamente por lo contrario, en combinación con una acción clara y decidida del poder ejecutivo en el ámbito de la seguridad. La alternativa sería confiar en que el próximo presidente tenga la visión, habilidades y agallas para encabezar un proceso de transformación institucional, situación que nos deja, una vez más, dependientes de la voluntad y capacidad de una sola persona.
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