1-El presupuesto base cero: entre la teoría perfecta y la práctica dudosa. Desde principios de año, Luis Videgaray, secretario de Hacienda, anunció que el Paquete Económico 2016 incluiría un diseño de egresos basado en el modelo denominado Presupuesto Base Cero (PBC). En teoría, según una compilación realizado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados en julio de 2005, el PBC “consiste en revaluar cada uno de los programas y gastos, partiendo siempre de cero; es decir, se elabora como si fuera la primera operación de la empresa [o de un programa de gobierno], y se evalúa y justifica el monto y necesidad de cada renglón del mismo”. El pasado 31 de marzo, las autoridades hacendarias federales entregaron a los diputados los precriterios para la elaboración del Presupuesto de Egresos (PEF) 2016. En ellos, se ofrecen tanto las prospectivas de indicadores económicos fundamentales en el cálculo de los ingresos y el gasto público como el precio del petróleo estimado y el tipo de cambio, así como la estrategia de continuar con los recortes, pero ahora justificados con la lógica del PBC. Sin embargo, de entrada, parece que los ingresos petroleros seguirán sobreestimándose (55 dólares por barril); después, no queda del todo claro si se tocarán rubros cuestionados como el presupuesto a partidos políticos, órganos autónomos, poderes de gobierno, o sólo se irá contra programas sociales sin incidencia electoral o clientelar, o por cuestiones consideradas poco importantes como la investigación y el desarrollo tecnológico. En este sentido, es importante resaltar que el Banco Mundial colabora con asesorías a fin de construir el esquema. ¿Será en verdad un eventual PBC a la mexicana una respuesta adecuada a los problemas de financiamiento del Estado? ¿Cuáles son los puntos a los cuales se tendría que poner atención a la hora de los recortes? ¿Qué criterios se utilizarán en la evaluación de la eficiencia de los rubros del gasto? ¿Habrá transparencia y rendición de cuentas en el proceso?
2-La revocación de mandato: un berrinche inocuo. En conferencia de prensa llevada a cabo este lunes 13 de marzo, se anunció el lanzamiento de un movimiento denominado “Que se vaya”, cuya pretensión es “exigir” la renuncia del presidente Enrique Peña. La iniciativa es encabezada primordialmente por el senador Javier Corral y el ex diputado Gerardo Fernández Noroña. En ella, se invita a los ciudadanos a imprimir un formato con dicha solicitud que, en el momento de ir a votar el próximo 7 de junio, deberán introducir en las urnas junto con su boleta oficial. En palabras de los proponentes, los formatos deberían ser consignados como “incidencias” durante la jornada comicial por los funcionarios de casilla. Cabe mencionar que, al igual que como sucede a la fecha con los denominados “votos nulos”, la repercusión legal de una protesta como la enarbolada por Corral y Fernández Noroña es igual a cero. La revocación de mandato es un tema que ha estado en el tintero por mucho tiempo. De hecho, uno de los antecedentes más importantes fue su discusión en los trabajos de la pretendida Reforma del Estado iniciada en 2007 en un esfuerzo bicameral. Dicho proceso, aunque sí dio origen a cambios como la reforma de justicia penal, y tuvo ciertos avances legislativos en materia político-electoral, dejó la mayoría de los planteamientos sin vida, como el sempiterno anhelo del federalismo fiscal, una reforma integral al régimen de garantías sociales, así como cuestiones de mayor detalle como la mentada revocación de mandato. Constitucionalmente, una interpretación harto aventurada podría dar lugar a un procedimiento así, al considerar que la soberanía reside en el pueblo mexicano. No obstante, la figura no sólo es problemática desde el punto de vista de su ambiguo sustento jurídico. Su discusión tiene que ver con asuntos complejos como la madurez de las instituciones democráticas, el grado de legitimidad de la autoridad, los criterios en la definición de la metodología para poner en marcha una herramienta de tan trascendentales consecuencias, entre otras. “Que se vaya”, si bien es una mera provocación, abre la oportunidad a fin de discutir con mayor seriedad acerca de los mecanismos de control ciudadano que, de hecho, ya existen y no funcionan debido a muy diversos factores. ¿Es posible trascender el escándalo y la pataleta con el propósito de proponer una respuesta factible y eficaz a la impotencia ciudadana ante un inadecuado ejercicio de la función pública?
3-El crimen organizado y la explotación de los recursos naturales: sobre tolerar lo intolerable. La noticia del robo de 700 onzas de concentrado de oro (metal aún pendiente de refinación) de la mina del Gallo 1, generó una polémica más allá del propio ilícito y de la espectacularidad con la cual se perpetró. La explotación del yacimiento, localizado en el municipio de Mocorito, justo en las faldas de la peligrosa serranía sinaloense, está a cargo de la empresa canadiense McEwen Mining. Uno de sus principales accionistas, Rob McEwen, en una entrevista para el canal canadiense Business News Network (BNN), declaró que la operación de ésta y otras minas pasaban por un consentimiento informal (aunque, sin duda, atendible) de los cárteles de la droga. Aunque en su intervención el directivo minero elogió el “servicio” que las autoridades policiacas mexicanas le han brindado tras el atraco, el gobierno de Sinaloa, en particular su titular, Mario López Valdez (Malova), se mostraron desconcertados dados los dichos de McEwan. Malova dijo no tener conocimiento de denuncia alguna sobre lo sería, en sí, es un “cobro de piso” de los grupos criminales. La controversia se agudiza al tener en consideración que, dada la apertura energética y sus consecuencias respecto a la exploración y explotación del recurso subterráneo más emblemático del país en la actualidad, el petróleo, se pone en la mesa el tema de regiones con altos índices de ingobernabilidad (por ejemplo, Tamaulipas y algunas regiones de Veracruz, Nuevo León y Coahuila). De ninguna manera era del todo un secreto el “cobro de piso” y otras vicisitudes que han experimentado inversionistas, nacionales y extranjeros, no nada más en el sector de la industria de los recursos del subsuelo, sino en la economía en general. No obstante, esto ha normalizado un régimen donde la autoridad hace como que no sabe, las empresas terminan calculando este tipo de contingentes en sus costos, y se reconoce una especie de zonas autónomas de facto a favor de las organizaciones criminales. A pesar de que esto puede haber estado operando por años, incluso décadas, ¿qué tan sustentable es semejante estado de cosas?
4-Jalisco: el menos visible de los focos rojos en México. El 6 de abril, justo a la mitad de la carretera libre que une a Guadalajara con Puerto Vallarta, cerca de la localidad de San Sebastián del Oeste, ocurrió una emboscada contra policías adscritos a la Fiscalía General de Jalisco; los sicarios asesinaron a 15 agentes. Detrás de la masacre se encuentra el grupo criminal denominado Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cual ha ido adquiriendo fuerza ante el debilitamiento relativo de otras organizaciones homólogas en la región como el cartel de Sinaloa, los Caballeros Templarios, los Zetas y la Familia Michoacana. Los incidentes de violencia tampoco es que sean nuevos. Basta recordar otra carnicería llevada a cabo el 19 de marzo en la misma plaza central del municipio de Ocotlán, también en Jalisco, u otros enfrentamientos suscitados en distintas comunidades a lo largo de la franja fronteriza entre Jalisco y Michoacán. Sin embargo, fue hasta los eventos de San Sebastián del Oeste que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Departamento del Tesoro de aquel país, colocaron al CJNG en su “lista negra”, lo cual implica que los ciudadanos estadounidenses estarían incurriendo en un delito grave al realizar cualquier transacción financiera o de negocios con personas involucradas con dicho grupo. Ahora bien, al revisar el proyecto de iniciativa de mando único policial que envió el presidente Peña al Congreso a fines del año pasado, y cuya discusión está empantanada en el Senado, Jalisco era una de las entidades prescritas a implementar el nuevo modelo policiaco en su primera etapa. La preocupación por una de las entidades más importantes del país no es en vano y se recrudece en tiempos electorales, ya que los jaliscienses estarán eligiendo presidentes municipales el 7 de junio entrante. Si a esto se le suman otros homicidios como el del secretario de Turismo de la entidad, José de Jesús Gallegos, en marzo de 2013, o presuntos escándalos de corrupción como el de un magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, pariente del gobernador Aristóteles Sandoval, acusado de operar a favor del PRI en el proceso comicial, pintan un turbio panorama en el estado. ¿Podría Jalisco entrar en una crisis similar a la vivida en Nuevo León durante 2010?
5-Cuba: ¿un peligro (económico) para México? El pasado 10 y 11 de abril, tuvo lugar la VII Cumbre de las Américas, en la ciudad de Panamá. Por primera ocasión en la historia, las 35 naciones de la región asistieron. Esto trajo consigo otras cuestiones políticas significativas como la continuación del reacercamiento entre Estados Unidos y Cuba, ilustrado por una inusual cordialidad entre los presidentes Barack Obama y Raúl Castro, respectivamente. Independientemente de la relevancia política de esto, Cuba se ha ido erigiendo como un país de oportunidades para inversiones en sectores como el turismo y la explotación de hidrocarburos. Hace unos meses, La Habana emprendió un programa de “zonas especiales de desarrollo”, las cuales fungirán como una especie de marco referencial para la transición a una mayor apertura económica de la isla. En términos de la relación bilateral con Washington, aún queda pendiente tanto el levantamiento del bloqueo impuesto desde hace medio siglo contra Cuba, así como un eventual replanteamiento de las disposiciones de la Ley Helms-Burton, la cual impide y castiga a los estadounidenses que estableciesen negocios con los cubanos bajo el régimen de los hermanos Castro. No obstante, la tendencia es que Cuba se convertirá, en el no muy largo plazo, en otra opción atractiva a la llegada de capitales estadounidenses, tal como ya lo es en alguna medida del dinero de entidades europeas como las petroleras y los consorcios hoteleros españoles. Además, dados su cercanía con la Unión Americana, las facilidades que en un momento dado podría otorgar un gobierno con las características del que encabeza el Partido Comunista de Cuba, y el relativo clima de estabilidad en la ínsula, la alternativa de voltear hacia allá en vez de a otros destinos menos propicios, como algunas regiones de México, no suena tan descabellado. Los mismos inversionistas mexicanos podrían empezar a considerar a Cuba en sus proyectos futuros de negocios. ¿Qué tanto afectará a México la reincorporación cubana al ámbito económico de la región del Golfo?
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