1-El Congreso y su blindaje anti-transparencia. El proceso de reglamentación de la reforma constitucional en materia de transparencia, rendición de cuentas, y protección de datos personales, iniciado desde los albores de la hoy agonizante LXII Legislatura, ha transitado una etapa más en su atropellado y parsimonioso camino. El pasado 26 de marzo, el Senado aprobó el proyecto de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información (LGTAI), el cual ya se encuentra en la Cámara de Diputados en espera de ser dictaminado. Tanto legisladores como organizaciones de la sociedad civil calificaron la minuta como una pieza de vanguardia jurídica en el tema. Sin embargo, hay por lo menos un par de cuestiones que hacen dudar acerca de la veracidad de tan aplaudido logro, ambas incluidas en un nebuloso aparato transitorio, como ha sido costumbre en el ejercicio legislativo paralelo a la gestión del presidente Peña. Primero, la no retroactividad de ciertas nuevas obligaciones de transparencia, tal como lo indica el artículo octavo transitorio. Segundo, el sospechoso quinto transitorio que prescribe que “El Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendrán un plazo de hasta un año…para armonizar la (sic.) leyes relativas […] Transcurrido dicho plazo, el [IFAI] será competente para conocer los medios de impugnación que se presenten de conformidad con la…Ley”. La primera excepción parece ser un “borrón y cuenta nueva” que continuará impidiendo el acceso a determinada información que no estaba obligada a transparentarse bajo el régimen actual. La segunda salvedad es una forma de dar una especie de vacatio legis a los que probablemente sean los órganos de gobierno más opacos del país: los del Poder Legislativo. El vox populi se refiere de manera constante a los exorbitantes salarios y prerrogativas de los congresistas, aunque pocas veces repara en el hecho de que los recursos legislativos suelen estar involucrados en gestiones políticas, financiamiento de campañas, apoyos partidistas y demás gastos útiles en temporada electoral. Así, aun si se aprobara la LGTAI antes del fin del presente periodo ordinario de sesiones, los legislativos locales y federales podrán tener garantizada la opacidad del flujo de sus dineros antes, durante y después del proceso electoral 2015. ¿Otro ejemplo de simulación escudado, por cierto, en la legitimación de algunas organizaciones de la sociedad civil?
2-La falacia y la mentira del combate a la corrupción. Se ha mencionado que las dos grandes perlas legislativas del presente periodo ordinario del Congreso de la Unión serán la Ley General de Transparencia (LGTAI) y las reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción. Ambas ya transitaron su primera fase al ser aprobadas en sus respectivas cámaras de origen. No obstante, ahora se dice que las negociaciones entre el PRI y los partidos de oposición están empantanando la terminación del proceso legislativo. Es muy probable que, aunque la minuta anticorrupción cumplirá un mes atorada en la Comisión de Justicia del Senado el próximo 27 de marzo, y que la minuta de la LGTAI apenas iniciará sus debates en comisiones en San Lázaro, estas herramientas fundamentales (en teoría) para consolidar el régimen democrático en el país pudieran no ver la luz sino hasta después del periodo vacacional de Semana Santa. Ahora bien, esto no necesariamente es nocivo, en especial dados los posibles yerros en la LGTAI descritos en el apartado anterior (más lo no mencionados), y a los riesgos explícitos de aprobar las reformas anticorrupción tal cual se hallan en el documento bajo actual análisis de los senadores. De entrada, replican el “error” del resto de los modelos de autonomía en los órganos del Estado mexicano, es decir, supeditarla a la tiranía partidista de los poderes Ejecutivo y Legislativo. No sólo eso, también plantean un nuevo control legislativo a los organismos autónomos ya existentes. Esto se evidencia porque, primero, de acuerdo a la inclusión de una fracción XXIX-H al artículo 73 constitucional, se instituiría un Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TRIFEJA), el cual “tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares”. En pocas palabras, el TRIFEJA será la pieza clave en el procesamiento de las denuncias por corrupción contra funcionarios públicos, además de ser la instancia competente a fin de sancionar tanto a oficiales de gobierno, como a privados involucrados en actos ilícitos. La cuestión es que sus magistrados serían propuestos por el presidente de la República y ratificados por el Senado. Del mismo modo, los titulares de los nuevos órganos internos de control de los órganos autónomos (IFAI, INE, y demás) serían designados por la Cámara de Diputados. El tratamiento del tema anticorrupción no es cosa menor, pero parece que se le asume con la tradicional liviandad propia de querer solucionarlo todo promulgando leyes, sin significar eso un verdadero cambio de fondo, no se diga por cuestión de voluntad política a la hora de aplicarla, sino desde el blindaje que se hace con un diseño institucional inadecuado (en no pocas ocasiones realizado así con toda intencionalidad). ¿No sería tiempo de dejar de replicar el esquema de “jueces y partes” a la hora de construir un sistema anticorrupción eficaz y tan (supuestamente) deseado por las fuerzas políticas y la ciudadanía?
3-El búnker turístico de Acapulco. Este lunes 23 de marzo, el presidente Enrique Peña inauguró el XL Tianguis Turístico que organizan la secretaría federal del ramo y el Consejo de Promoción Turística. Tras la edición de 2011, el evento, que tuvo su primera experiencia bajo el presente formato en 1976 –su antecedente directo fue la Feria Internacional de Hoteles y Agencias Turísticas de Acapulco de 1975—, ha regresado al estado de Guerrero. Como se recordará, por decisión del entonces presidente Felipe Calderón, el Tianguis dejó de realizarse en el mencionado puerto debido a las condiciones de inseguridad tanto en el municipio como en la entidad. En su momento, la determinación de quitarle la sede a Acapulco y convertirlo en itinerante (entre 2012 y 2014 se llevó a cabo, respectivamente, en Puerto Vallarta, Puebla, y Cancún), se percibió como una represalia contra Ángel Aguirre y Manuel Añorve, gobernador de Guerrero y alcalde de Acapulco en aquellos ayeres, por su negligencia en la responsabilidad que, según Calderón, debían ejercer en la lucha contra el crimen organizado. El golpe político y económico fue tan fuerte, que Peña Nieto no vaciló en prometer desde su campaña electoral el regreso del Tianguis a Acapulco. Así, a partir de 2015, el esquema será de alternancia de dos años entre el puerto guerrerense y otra ciudad del país. Ahora bien, si la lógica de volver a esa localidad es una disminución en los índices delictivos, habría que pensarlo dos veces. Justo en enero de este año, un reporte del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal ubicó a Acapulco como la tercera urbe más violenta del mundo, al menos en términos de homicidios per cápita, sólo debajo de San Pedro Sula (Honduras) y Caracas (Venezuela). Esto no ha parecido importarle a las autoridades, por el contrario, se han dado a la tarea de promover a Acapulco como un lugar seguro donde ya ha sido posible en las semanas recientes realizar el Torneo Abierto Mexicano de Tenis y la reunión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sin mencionar los preparativos del centro turístico para el periodo vacacional de Semana Santa. Es cierto que todos esos acontecimientos se han circunscrito a zonas muy específicas –y blindadas—del puerto. Incluso los vacacionistas podrían tener la seguridad de pasar buenos momentos si deciden visitar la localidad, siempre y cuando no vayan a las colonias marginales del municipio o salgan de la zona hotelera. Entonces, a diferencia de la retórica calderonista que incitaba al incendio avivado por la inseguridad, la presente administración federal apuesta, como es su estilo, a la preservación de la imagen. La estrategia de encapsulamiento podría funcionar para dar cierta certidumbre a corto plazo. Sin embargo, en una nación que se precie de tener gobernabilidad, democrática o no, la idea de seguridad para el turismo es que la excepción sea dónde no ir, en vez de, como es en México, dónde sí ir. ¿Tiene futuro el reposicionamiento del país como opción turística en el mundo si siguen sin resolverse sus problemas estructurales? ¿Qué oportunidades se pierden al encapsular, en lugar de abrir opciones al amplísimo e inexplorado potencial del turismo en México?
4-El “San Quintín” de San Quintín. Apenas unas horas después de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) diera a conocer el rescate de dos centenares de indígenas tarahumaras de campos de cultivo en Baja California Sur, como parte de los operativos del programa “México con Trabajo Digno”, un poco más al norte, en la próspera región agrícola del sur de Baja California, se desencadenó otro importante incidente vinculado con explotación laboral. La madrugada del 17 de marzo, un grupo de jornaleros de San Quintín, municipio de Ensenada, bloquearon la carretera transpeninsular en exigencia de mejores condiciones laborales. El valle de San Quintín es una de las zonas de mayor crecimiento en cuanto a la agricultura tecnificada y la producción de cultivos hidropónicos. De acuerdo con datos del gobierno bajacaliforniano, en la región trabajarían alrededor de 1,200 trabajadores temporales, provenientes en su mayoría de estados del sur de México. Día con día, la tensión ha ido en aumento, partiendo desde la convocatoria a un paro laboral por parte de los campesinos, hasta la presencia de disturbios y vandalismo. Independientemente de lo sucedido en esta coyuntura, los “San Quintines” (una voz coloquial derivada de un cruento enfrentamiento entre españoles y franceses en el siglo XVI) de San Quintín se unen a una serie de eventos que desnudan una situación preocupante, si bien no del todo novedosa, en el agro mexicano. Este lunes 23 de marzo, la STyPS anunció otro rescate de trabajadores agrícolas, esta vez de una cuarentena de indígenas mixtecos en Colima, una cuarta parte de ellos menores de edad, quienes eran explotados. Ya eran sabidos los abusos de los que han sido objeto campesinos centroamericanos en las plantaciones cafetaleras del sur del país, o de indígenas oaxaqueños y chiapanecos en los fértiles valles del noroeste de México. Se suele hablar de las malas condiciones en las que laboran los mexicanos inmigrantes ilegales en los campos de Estados Unidos, pero poco se atiende el tema de mexicanos, en especial de indígenas y grupos vulnerables, explotados en su propio suelo. ¿Qué tan extendido es el fenómeno San Quintín? ¿A qué autoridad corresponde resolverlo y cuáles son los pasos a seguir?
5-La Política Nacional de Vivienda: ¿saliendo del cansancio? Pospuesto de su fecha originalmente planteada, finalmente llegó, este lunes 23 de marzo, el día en el que Jesús Murillo Karam ofreciera su acto más visible desde su toma de protesta como secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). El titular de la dependencia estuvo a cargo de dar el informe de avances de la denominada Política Nacional de Vivienda. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el sector vivienda representa 5.9 por ciento del producto interno bruto, genera tres millones de empleos, y suma poco más de la mitad de las actividades de la industria de la construcción. Por otra parte, más allá de la importancia económica del tema de la vivienda, la arista política del particular es interesante desde varias perspectivas. Dejando de lado por un momento el polémico nombramiento del ex procurador general de la República a una de las secretarías con mayores incrementos presupuestarios, dados por supuesto los costos de la reorganización administrativa que significó su creación en la presente administración, la función de la SEDATU es fundamental en términos políticos. La sensibilidad del asunto de la vivienda ha sido atendida por décadas por mecanismos como el INFONAVIT y el FOVISSSTE, las instancias gubernamentales abocadas a facilitar créditos hipotecarios a los trabajadores. Sin embargo, la corrupción en el manejo de sus pródigos recursos, la cual ha tocado a gobiernos priistas y panistas, cuenta episodios como la desaparición de los fondos del INFONAVIT en la década de 1990, o la desmedida y muy mal planificada política de construcción de vivienda suburbana durante el gobierno de Felipe Calderón. Respecto a este último asunto, el secretario Murillo puso énfasis en la reorientación de la estrategia y normatividad de edificación de complejos habitacionales. Se dijo que la SEDATU privilegiará criterios como el respeto al medio ambiente y la recentralización de la vivienda, evitando así el abandono de casas que produjo construirlas lejos de los centros de trabajo y sin opciones de movilidad. En suma, la política de vivienda a lo largo de las décadas en México ha sido una combinación de demagogia, ineficiencia, pésimo desarrollo urbano y, claro está, enriquecimiento y corrupción de funcionarios. ¿Será que Murillo hará salir del agotamiento al modelo de política de vivienda en el país?
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