1-La insolvencia ante la crítica: el gran problema de la administración Peña. Probablemente sea producto de su formación política refugiado en uno de los grupos de poder más cerrados de México, el enigmático Grupo Atlacomulco, o de su poca experiencia en un contexto de competencia democrática como lo ha sido el Estado de México a lo largo de casi nueve décadas. Lo cierto es que, más que sus antecesores inmediatos, el presidente Enrique Peña ha padecido demasiado por el escándalo, la denuncia social y, muy especialmente, por las ventiscas virales de las redes sociales. El actual mandatario comenzó a probar los sinsabores de la imperfección (a la cual estaba poco o nada habituado en términos de la imagen que construyó como gobernador mexiquense), con su desafortunada intervención en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a finales de 2011, incluso desde antes de iniciar de manera formal la campaña que lo llevaría a Los Pinos un año después. A pesar de ello, y de alguna otra cadena de dislates y pifias a lo largo del proceso electoral de 2012, Peña sobrevivió –entre otras cosas al denominado “Monexgate”—y pudo imponerse en las urnas. Más tarde, la firma del Pacto por México y la concreción de las distintas reformas de 2013 (hiperbólicamente llamadas estructurales), pudieron darle cierto respiro al titular del Ejecutivo federal, pero esta tranquilidad fue harto fugaz. La salida a la luz de los crímenes de Tlatlaya (con varios meses de tardanza) y el detonador de la tragedia de Iguala en septiembre pasado, han desencadenado una auténtica pesadilla para el gobierno federal y su de por sí pobre capacidad a fin de lograr empatía con el grueso de la ciudadanía. En las semanas recientes, declaraciones formales e informales de personajes relevantes en términos tanto políticos como mediáticos, en especial desde el exterior, han significado un dolor de cabeza para los encargados de cuidar la imagen de la presente administración: el multiganador del Óscar, González Iñárritu, y su lamento por no tener el gobierno que dice merecer; el pontífice católico, Francisco, y el trascendido acerca de su preocupación por la eventual “mexicanización” del crimen en Argentina; los informes de organismos internacionales criticando la acción de la justicia mexicana a partir de diversos ámbitos; y las otrora poco comunes investigaciones de diarios estadounidenses, en particular del The New York Times, referidas a temas de México, sobresaliendo el caso de los escándalos inmobiliarios de familiares y colaboradores de Peña; los excesos de la visita a Londres la semana pasada. Todos estos incidentes han provocado reacciones desde torpes hasta inocuas por parte de la autoridad, contando desde decálogos congelados, pataletas diplomáticas y la extracción del limbo de la Secretaría de la Función Pública. Lo inquietante del asunto es que todavía restan más de tres años de gestión y el panorama económico, social y político no tiene visos de mejorar. ¿Cómo podrá el gobierno solventar todo lo que está por venir si conserva esa ineptitud ante la crítica? ¿En verdad está en peligro la dominancia del PRI si esta torpeza se sale de control?
2-Los conflictos de interés: el “petate del muerto”. En meses recientes, el concepto de “conflicto de intereses” ha estado presente en distintas discusiones concernientes a nombramientos de gabinete, organismos descentralizados y autónomos, y hasta a candidaturas a puestos de elección popular. Por supuesto que esta nueva temporada de acusaciones de corrupción se inauguró con la cuestión de la residencia de la Primera Dama en Las Lomas de Chapultepec, y el involucramiento de un grupo inmobiliario propiedad de un empresario cercano al presidente Peña desde sus tiempos al frente del gobierno del Estado de México. Sin embargo, el tema se ha encontrado presente en distintos momentos de ésta y otras administraciones federales y locales. Basta recordar cuando el entonces consejero del IFE, Sergio García Ramírez, se excusó de una votación acerca del caso Monex y las campañas priistas de 2012, por su amistad con los dueños de una empresa vinculada a la institución financiera en polémica; cuando hubo que romper el empate en la discusión, el pudor desapareció. También se rememoran las acusaciones contra el secretario de Energía, Pedro Joaquín, por sus presuntos negocios relacionados con el sector hidrocarburos, en instantes donde se debatía la reforma energética. Ahora bien, el común denominador del grueso de los casos ha sido una combinación entre impunidad y ausencia de un marco legal robusto a fin de, primero, definir con claridad y contundencia cuándo se incurre en conflicto de interés o, en su defecto, en tráfico de influencias. En un artículo publicado en Milenio en mayo de 2014, Diego Fernández de Cevallos indicó que confundir estas conductas “puede llegar a suponer que los diputados y senadores que militan en algún partido no deben intervenir en la formulación de leyes político-electorales para evitar conflicto de intereses y tráfico de influencias”. Aunado a ello, en efecto, la definición de la falta administrativa del conflicto de intereses, estipulada en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y la del delito de tráfico de influencias, en el Código Penal Federal, adolecen de una laxitud que termina incluyendo todo y castigando nada. Con esto en mente, el asunto del conflicto de intereses se ha convertido en una especie de sambenito para atacar y, de tener éxito, inhibir, la postulación de uno u otro candidato político, o enturbiar designaciones y nombramientos oficiales. ¿Cuáles deben ser los límites de una regulación de la figura del conflicto de intereses? ¿No será más conveniente cambiar el enfoque de prevención de una conducta ilícita por el del castigo en el evento de su comisión?
3-El proyecto de Ley General de Aguas: mitos y realidades. El pasado 4 de marzo, en la Cámara de Diputados, las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento, y de Recursos Hidráulicos, aprobaron un polémico dictamen que daría paso a la creación de una nueva Ley General de Aguas (LGA). Este ordenamiento se plantea como reglamentario del artículo 4 de la Constitución, cuya letra señala, desde una reforma del 8 de febrero de 2012, el derecho humano de acceso al agua “para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”. Sin embargo, dicha pieza constitucional también indica que “la ley deinirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos”. En este sentido, el proyecto de LGA pretende acotar el régimen de concesiones respecto al uso y aprovechamiento de los recursos acuíferos del país, los cuales permanecen bajo el estatus de interés público. Las críticas han tenido varias aristas, en particular porque la ley es bastante compleja (cuenta con 268 artículos) y toca muchos asuntos que requieren análisis a detalle. Entre los cuestionamientos vinculados con la garantía al derecho humano de acceso al agua se encuentra el concepto de “mínimo vital per cápita”, el cual, según la Organización Mundial de la Salud, es de 100 litros diarios, mientras que el dictamen de la LGA lo reduce a la mitad. Del mismo modo, tal como subraya el investigador de El Colegio de México, José Luis Lezama, la legislación no está tomando en cuenta ni lo limitado de la oferta de agua en el país, ni criterios claros de sustentabilidad, es decir, la difícil armonía entre consumo, aprovechamiento y disponibilidad de un bien determinado. Lezama igualmente sentencia que “la peor forma de cumplir el derecho humano al agua es destruyendo los ecosistemas que la hacen posible”. En suma, si se contempla la LGA desde una perspectiva más integral, tomando en consideración legislaciones paralelas en materia ambiental y energética, la defensa del derecho humano en comento sería más retórica que práctica a la luz de la ausencia de un plan hídrico creíble. Cierto, tal como dice el presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, Kamel Athie Flores (PRI), no se están tocando los artículos 27 (propiedad de las aguas a favor de la nación), ni el 115 (potestad de los municipios para abastecer de agua a sus habitantes) de la Constitución. No obstante, la cuestión fundamental es que en verdad se esté generando una política pública que no garantice el abasto por decreto –lo cual es imposible—, sino que lo fomente vía de un uso sustentable de los recursos disponibles. Por el momento, la votación del proyecto de LGA en el pleno de San Lázaro se ha postergado. Entonces, ¿qué elementos serán indispensables salvaguardar en una legislación enfocada a garantizar un derecho y no a forzar e, incluso, diferenciar la provisión de un recurso tan crucial como el agua?
4-Los informes de las reformas: la urgencia de demostrar resultados. Esta semana arrancó una serie de presentaciones que harán los distintos secretarios de Estado, instruidos por el presidente Peña, con el propósito de exponer los avances de las reformas aprobadas a lo largo de la presente administración, así como otros supuestos logros de las dependencias. A partir de este lunes 9 de marzo, desfilarán de forma sucesiva Pedro Joaquín Coldwell (reforma energética), Gerardo Ruiz Esparza (reforma en telecomunicaciones), Luis Videgaray (miscelánea fiscal), Alfonso Navarrete Prida (reforma laboral), Emilio Chuayffet (reforma educativa), y hasta Jesús Murillo Karam, quien no hablará de nada vinculado con sus dos años de gestión en la Procuraduría General de la República, sino de los resultados en cuestión de vivienda encausados desde la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Por si fuera poco, se estima que esta clase de informes se programarán cada tres meses, en lo que aparenta ser una nueva ocurrencia de comunicación social para intentar maximizar los precarios éxitos de ciertas políticas públicas, forzar otros, e inventar unos cuantos. Algunos partidos políticos han manifestado su inconformidad ante el Instituto Nacional Electoral (INE), ya que consideran que este tipo de reportes, los cuales reciben cobertura mediática y pudieran interpretarse como propaganda personalizada –algo prohibido en la Constitución—, interferirán en la equidad del proceso electoral rumbo al 7 de junio próximo. No obstante, es muy probable que las estrategias de comunicación social desde Los Pinos han sido fracasadas en la mayor parte de los casos (salvo la excepción de la administración Salinas de Gortari, antes de la cadena de fatídicos eventos de 1994). Es complicado aquilatar cuál es la verdadera influencia de la promoción de acciones gubernamentales en el impulso al voto a favor del partido en el poder. Si bien las últimas encuestas reflejan una tendencia decreciente en los niveles de aprobación del presidente de la República, y un descenso del PRI –aún insuficiente para pasar al segundo sitio—, eso no necesariamente implicará una caída estrepitosa del priismo en los comicios futuros, pero el interés del gobierno por resarcir su imagen parece distraer sus esfuerzos. Con una economía titubeante, sumada a la incertidumbre de los problemas de violencia e ingobernabilidad en determinadas regiones del país, además del efecto de los escándalos de corrupción, ¿qué podría hacer que esta administración tenga mejor suerte que sus antecesores en materia de comunicación?
5-La tortura: otro pendiente del sistema de justicia. El relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan E. Méndez, acaba de presentar en Ginebra, Suiza, su informe respecto a la situación en México de esta práctica violatoria de los derechos humanos. Tras haber realizado una visita al país a mediados de 2014, Méndez afirmó en su reporte que “la práctica de la tortura y el maltrato, usado como castigo y como medio de investigación está generalizada”. El funcionario internacional continuó señalando que este fenómeno se presenta “[en] la ley por una ausencia de definición de tortura. Y en la práctica por la costumbre de detener para investigar en lugar de investigar para detener”. Si bien México es firmante de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (resolución 39/46 de la Asamblea General de Naciones Unidas, ratificada por el gobierno mexicano el 23 de enero de 1986), en la cual sí existe una definición clara de la práctica, tal parece que no se cuentan con elementos jurídicos suficientes a fin de identificar su comisión y, por ende, perseguirla y castigarla. En entrevista para La Jornada, el representante permanente de México ante los Organismos Internacionales, Jorge Lomónaco, reaccionó al informe de la ONU diciendo que de las 12,787 quejas documentadas entre 2006 y 2014, Méndez sólo sustentó 14. En contraste, Amnistía Internacional (AI) puso énfasis en la utilización de la tortura como algo frecuente, sobre todo en el contexto del combate contra el narcotráfico. Asimismo, en voz de su directora para las Américas, Erika Guevara-Rosas, AI detalló las dificultades que suele encarar un denunciante de tortura en México, desde los huecos en las investigaciones forenses, hasta el temor a recibir represalias por parte de la misma autoridad. ¿Qué obstáculos impiden una erradicación efectiva de esta violación flagrante a los derechos humanos? ¿Podrá la implementación del nuevo sistema de justicia penal ofrecer elementos eficaces para combatirla?
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