¿Qué tan grave es el problema de inseguridad en el Distrito Federal?
Nada más pernicioso que la arrogancia y, peor, cuando ésta se combina con la ausencia de proyecto o visión. La seguridad en la ciudad de México quizá sea menos grave que en otros lugares del país, pero eso no la hace certera ni mucho menos garantiza que no se agravará.
En su Historia de la Guerra del Peloponeso, Tucídices cuenta como Temistócles alienó a los aliados de Atenas por extorsionarlos, exigiéndoles un tributo. Luego de anclar su flota cerca de una pequeña isla, el general y estadista ateniense anunció que traía dos poderosas deidades que les obligarían a pagar: Persuasión y Fuerza. Los isleños respondieron que ellos tenían dos deidades igualmente poderosas de su lado: Pobreza y Desazón. En la ciudad de México la extorsión avanza sin prisa pero sin pausa, poco a poco dominando el panorama económico. A las rentas que los gobernantes perredistas extraían ahora se suman las del crimen organizado. Eso no puede acabar bien.
Con todo lo criticable de la forma en que el gobierno federal anterior condujo su política de seguridad, hay un mérito que no se le puede negar: logró contener a los carteles fuera del DF, impidiendo que extendieran sus tentáculos hacia el corazón político del país. No deja de ser paradójico que el gobierno de Ebrard, que no hizo nada por la seguridad, se beneficiara de que no ascendiera la criminalidad, a pesar de la distancia infranqueable que mantuvo con Calderón. Ahora, con la inexistencia de estrategia de seguridad en el gobierno federal, el DF comienza a ser presa de la extorsión, principio inexorable del ascenso de las mafias del narco. Parafraseando a Tucídides, la Fuerza de antes podría acabar en Desazón ahora…
¿Está preparado el gobierno capitalino para atender este incremento en delitos?
Lo interesante no es el hecho de que crezca la criminalidad en el DF, ahora en la forma de cobro de “derecho de piso”, pues el fenómeno ha venido azotando al país por años, sino la inexistencia de respuesta del gobierno de la ciudad. Los asesinatos aumentan, la extorsión prolifera y los robos crecen en la medida en que los líderes delegacionales se preocupan por sus siguientes chambas en lugar de atender lo elemental. Peor, muchos de esos delegados y funcionarios propician la extorsión como medio para financiar sus campañas y bolsillos: la corrupción es el modus operandi. No es casualidad que la impunidad sea la norma. El gobierno del DF está tan confiado que se dedica a construir constituciones antes de que los cimientos de la ciudad la pudiesen resistir.
Esto nos arroja un cuadro peculiar: enorme y creciente inseguridad, pésimos servicios públicos y un discurso arrogante que no solo niega la existencia de un problema de seguridad, sino que se concentra en índices, ignorando lo que crece sin cesar. El discurso y la tónica gubernamental muestran a un gobierno local concentrado en lo importante (lo electoral) y desinteresando en lo que afecta a la ciudadanía, sobre todo en temas triviales como seguridad, tránsito, baches y desarrollo económico; si a eso se suman los circos semanales, las marchas y los impuestos formales e “informales”, es claro que no hay concepción alguna del enorme costo –y desincentivo- que constituye crear empleos en la ciudad. Además, el problema de la extorsión, como crimen territorial, es que viene de la mano de las policías, a las que corrompe, y trae la violencia consigo porque entraña una inexorable competencia por el espacio físico.
¿Cuál es la relevancia de las reformas políticas propuestas para el DF?
En lugar de atender la ola que se viene, el gobierno local se ha desvivido por cambiar el status jurídico de la ciudad, asunto que parecía medular antes de que el partido dominante fuera apaleado en las urnas, pero absolutamente irrelevante para el ciudadano promedio. La constitución del estado 32 suena bien en el discurso, pero es sumamente peligrosa para todo el país por el riesgo de que los humores del gobierno local (ej. 2000-2012) crearan una conflagración con el federal, asunto mucho más trascendente y delicado de lo que se reconoce. ¿Para qué quiere independencia un gobierno que no es buen gobierno? ¿Podría uno decir que su excepcional atención (y protección) a los taxistas y a otros grupos de interés y capacidad de movilización revela su verdadera proclividad? ¿Por qué no mejor proteger al ciudadano común y corriente de los abusos del gobierno de la ciudad, de los delegados, de las policías y del PRD, todos dedicados a la extorsión, cada uno en su estilo y medios?
¿Qué acciones podría tomar el gobierno para proteger a la ciudadanía?
En lugar de perderse en renuncias de gabinete, constituciones a modo y protección de intereses que atentan contra la ciudadanía, el gobierno de la ciudad podría analizar dos éxitos que le son innegables. Uber y el Torito son buenos ejemplos de lo que sí funciona en la ciudad de México: Uber le ha regalado a la ciudadanía un medio seguro de transporte que compensa, al menos en parte, las lacras del gobierno y su indiferencia en materia de seguridad. El Torito es un gran ejemplo de cómo se puede instituir un espacio de legalidad con incentivos y reglas claras. Uber empata el objetivo detrás del Torito de manera ejemplar: permite que la ciudad funcione, que sus restaurantes y bares generen empleo, sin poner en riesgo de accidentes a la ciudadanía. Ambos constituyen paradigmas nuevos: en lugar de “regularlos”, el gobierno de la ciudad debería impulsarlos y promoverlos, convertirlos en modelo de lo que sí hay que hacer. La pregunta es con quién está ese gobierno: con la ciudadanía o con los intereses corporativistas que la atosigan y amenazan.
Un poco de brújula no le sobraría al gobierno de la ciudad.
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