Las violaciones a derechos humanos han sido una de las principales consecuencias de la actual crisis de inseguridad. El mensaje central de los reportes de organismos internacionales en esta materia es claro: el Estado mexicano ha sido incapaz de garantizar la protección de derechos humanos e incluso, en algunos casos la violación ha provenido de las mismas autoridades federales, estatales y municipales.
La ausencia de un planteamiento integral que incluya un fuerte componente de derechos en la agenda de seguridad pública y el enfoque reactivo del gobierno mexicano, refuerzan la posibilidad de que la ciudadanía apruebe soluciones de “mano dura”.
Cumplir con el marco normativo en materia de derechos humanos, la cooperación con los distintos organismos internacionales, y la ejecución de acciones preventivas integrales, deben establecerse como la vía única para atender la crisis de derechos humanos actual.
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