La propuesta de Enrique de la Madrid hace imperativo discutir el asunto: reconozcamos la realidad y hagamos más seguros nuestros destinos turísticos removiendo una de las causas de la inseguridad, la provocada por el mercado ilícito y sumamente violento de las drogas, especialmente la mariguana. La sola mención de una propuesta tan seria, pero controvertida en nuestro entorno político, ha llevado a conectar dos cosas que no tienen conexión, al menos no la que pretenden los críticos de la estrategia de seguridad iniciada hace una década.
Hay dos temas relevantes: por un lado, el de la liberalización del mercado de las drogas y sus efectos; por el otro, el de los potenciales vínculos entre seguridad y drogas. Se trata de dos asuntos distintos que, aunque obviamente vinculados, siguen dinámicas diferentes: los factores que norman el funcionamiento del mercado de las drogas, igual si es legal o ilegal, no son los que determinan el comportamiento de las mafias del narcotráfico y sus pares en el crimen organizado.
El punto de partida es obvio porque sólo hasta ahora una autoridad se ha atrevido a decirlo: el consumo de las drogas en México existe y es fácil de acceder. O sea, aunque las drogas estén prohibidas, existe un mercado en el que es fácil comprar algunas drogas, especialmente la mariguana.
Los países que han caminado la senda de la legalización ofrecen valiosas lecciones: al liberalizar, el consumo aumenta porque se transparenta el mercado previamente existente, pero soterrado. Esas experiencias muestran que los riesgos asociados con el consumo disminuyen porque el producto se estandariza (eliminando substancias tóxicas de que frecuentemente viene asociado el mercado negro) y que, al ser un mercado abierto, desaparece la violencia y el riesgo inherente al proceso de adquisición del producto. En otras palabras, las ventajas y virtudes de la liberalización en cuanto al consumo son obvias.
El problema de las referencias internacionales es que no son muy relevantes a la realidad mexicana en un aspecto crucial: todas las experiencias significativas, comenzando por Holanda, Uruguay y más recientemente Colorado y California, suponen la existencia de un gobierno capaz de regular el mercado ahora liberalizado. En todos esos casos, el gobierno ha asumido la función de supervisor que se asegura de la calidad del producto, de los límites al consumo y de los requisitos que debe satisfacer el consumidor, especialmente la edad.
Cuando uno parte de la existencia de un gobierno funcional, capaz de supervisar un mercado y mantener la seguridad de los ciudadanos, la discusión sobre las drogas adquiere una naturaleza esencialmente moral: debe el gobierno cuidar de la salud de los ciudadanos o es potestad de los propios ciudadanos decidir sobre su propia vida. Esa es una discusión esencialmente filosófica que con rapidez adquiere un cariz ideológico que generalmente se torna imposible de romper.
En México somos peculiares porque tenemos una doble moral respecto a las drogas o una gran confusión respecto a la relación entre éstas y la seguridad. La discusión respecto a la liberalización generalmente supone que en el instante mismo en que se eliminara la prohibición se restablecería el orden público. Y ahí yace la falacia del binomio drogas-seguridad.
Mi posición es que las drogas, al menos la mariguana, deben ser legalizadas, pero no bajo la expectativa de que con eso se resolvería el problema de la seguridad. Sin duda, la eliminación de las rentas (utilidades excesivas) de que gozan las mafias de las drogas reduciría su poder y, por lo tanto, ayudaría a equilibrar la balanza entre policías y criminales. Sin embargo, más allá del espacio inmediato (ciertamente es posible mejorar la seguridad en una colonia o ciudad), el mercado relevante para estos fines no es el local, sino el estadounidense, y el más importante no es el de la mariguana (de la que cada vez exportamos menos), sino el de las drogas más rentables para los carteles, como son la cocaína, heroína y metanfetaminas.
Es crucial reconocer que nuestro problema no es de drogas, corrupción o violencia per se, sino de ausencia de gobierno y esa ausencia se debe a dos factores: uno, que nuestro sistema político centralizado se creó hace un siglo y nada se ha hecho para ajustarlo a la era de la descentralización política; en una palabra, los gobernadores no han construido capacidad policiaca, judicial y administrativa para mejorar la vida de sus ciudadanos. La otra causa de nuestra problemática se debe al enorme poder que derivan las mafias de sus (enormes) negocios billonarios en otro país. Así, la liberalización de las drogas en México no cambiaría la dinámica de los carteles ni afectaría las industrias de secuestro, extorsión y robo.
Por lo tanto, la inseguridad se deriva de la ausencia de gobierno y del enorme poderío (corruptor y de violencia) de las mafias y eso no se afectaría más que marginalmente por la legalización de la mariguana en México. Debemos discutir estos dos temas -drogas y seguridad- como dos asuntos independientes y ser honestos respecto a la urgencia de atender cada uno de ellos en su justa dimensión. Liberalizar es necesario, pero no es la panacea.
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