México enfrenta una de las peores olas de violencia de su historia reciente. Y mientras todo esto pasa tenemos un sistema de justicia incapaz de resolver el problema. Aunque sea un escenario hipotético, ayuda preguntarnos ¿qué pasaría si la justicia se administrara como si fuera una empresa?.
Un escenario así, obligaría a todos a reconocer que el cliente es el ciudadano, que los recursos provienen de ellos y que cuando se gasta en seguridad se deja de gastar en muchas otras cosas, como podría ser educación. Hoy los ciudadanos operamos como si los recursos no vinieran de nosotros y muchos funcionarios públicos operan como si tuvieran un presupuesto ilimitado.
Entender que tenemos recursos escasos nos llevaría por fuerza a priorizar. No existe país en el mundo en el que se resuelvan todos los delitos. Pero si existen países donde los recursos del Estado se destinan a resolver los delitos que más afectan a la población y que más probabilidades tienen de ser resueltos. Al respecto, resulta útil el estudio presentado la semana pasada por el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) titulado 8 Delitos Primero.
Dicho reporte muestra un modelo capaz de determinar aquellos delitos que más impactan la percepción de inseguridad. Los hallazgos muestran que, de los 33 delitos del fuero común, solamente 8 impactan de forma significativa la percepción de (in)seguridad de los individuos. En orden de gravedad estos delitos son: secuestro, homicidios ocurridos por presunta rivalidad delincuencial, lesiones dolosas con arma blanca, extorsión, robo con y sin violencia a peatón y robo con y sin violencia de vehículo. Administrar la justicia implicaría, en este caso, darle más importancia a un secuestro que a un robo de celular.
Como lo mencionó Emilio Álvarez Icaza en la presentación de dicho estudio, hoy en día tenemos mejores sistemas para recuperar coches robados que para atender desapariciones. Quizás esto responda a que los intereses de las empresas y las autoridades están alineados y las víctimas casi siempre denuncian para cobrar el seguro.
Por último, como lo remarcaron en la presentación la académica Ana Laura Magaloni y el abogado y filántropo Ernesto Canales, es urgente encontrar resoluciones para los delitos menores que no impliquen necesariamente ir a la cárcel como castigo. Este segundo mencionó como, grandes empresas de autoservicio, se ven obligadas a denunciar robos en sus tiendas que con frecuencia terminan en meter a la cárcel a alguien que robo una medicina o unos pañales. Un estado que administra la justicia, encontraría la forma de no ser víctima de sus propias reglas, ya no se diga víctima también de la discrecionalidad y corrupción de sus empleados.
El gobierno nunca va a actuar como una empresa, ni debería, pero la comparación ayuda a vislumbrar nuestros peores vicios. El problema delictivo en el país es grave, pero más grave aún es que, como sociedad, no podamos coordinarnos para definir el problema, visualizar dónde queremos estar, desarrollar las capacidades necesarias, hacer los cambios que se requieren y ponernos a trabajar.
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