1-El último año de la LXII Legislatura: entre pendientes y distractores. La tarde del 1 de septiembre, en una serie de actos que apenas habrán durado poco menos de tres horas, el Palacio Legislativo de San Lázaro protagonizó el arranque del penúltimo periodo ordinario de sesiones de la presente Legislatura. En el marco de la ceremonia de Congreso General, el Poder Ejecutivo, por vía del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, entregó a los flamantes presidentes de las mesas directivas del Senado, Miguel Barbosa, y de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles (ambos tribunos de extracción perredista), tanto el documento con el Segundo Informe de Gobierno del presidente Peña, como una iniciativa de Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual se solicitó tuviera carácter de trámite preferente. Asimismo, en el trascurso de los siguientes días, los diputados estarán recibiendo el Paquete Económico 2015 con la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, y los Principios Generales de Política Económica. En este sentido, no se esperan demasiadas sorpresas en cuanto a aumento o reducción de los impuestos vigentes, aunque sí revestirá especial interés la forma en la que el gobierno pretenderá gastar los recursos públicos en pleno ciclo de comicios federales intermedios. A pesar de lo que pudiera pensarse tras la aprobación de las reformas de principal interés para la presente administración, el Congreso encarará una agenda nada relajada. Los asuntos, aunados a los ya mencionados, van desde la recepción de documentación para, de ser el caso, organizar consultas populares; crear las leyes reglamentarias al artículo 102 constitucional acerca de la fundación de la Fiscalía General de la República –órgano sucesor de la PGR—y nombrar a su primer titular; concluir la reglamentación de la reforma de transparencia; ratificar los nuevos nombramientos de magistrados de la Suprema Corte de Justicia; desahogar pendientes como la reforma política del Distrito Federal y las reformas al sistema agropecuario, entre otras. ¿Podrán los legisladores cumplir con este plan de trabajo?; ¿cómo incidirá el entorno electoral en el desempeño legislativo?; ¿qué puntos deberán ser prioritarios?
2-Los primeros veintiún meses de la administración Peña: ¿su mayoría de edad? En su columna de este sábado 30 de agosto en Reforma, René Delgado describe una categorización de los distintos momentos políticos de Enrique Peña a lo largo de la última década. Delgado señala, en términos generales, tres grandes etapas del actual presidente, las cuales estuvieron marcadas por su conducta y relaciones con las fuerzas políticas, dependiendo de los objetivos que se encontrara persiguiendo. Primero, fue Peña, el gobernador del Estado de México, quien dedicó su tiempo a promover su imagen y posicionarse rumbo a la obtención de la candidatura del PRI a la Presidencia de la República. Después, fue Peña, el candidato, quien hizo lo posible por sumar respaldos entre los priistas de los enclaves más poderosos del partido, incluidos los de sus adversarios. Hoy, se está ante la culminación de un tercer instante de enorme complejidad y que estaba precedido por los fracasos de, cuando menos, los últimos dos titulares del Ejecutivo federal en cuanto a la gestión política necesaria para atenderlos: el bono del “beneficio de la duda” de los primeros dos años de administración. Con menos legitimidad que Vicente Fox en su tiempo, y con un control sobre el ajedrez político más sofisticado del que nunca pudo ejercer Felipe Calderón, Peña tomó ventaja del debilitamiento y pugnas internas de la oposición a fin de edificar las alianzas requeridas en su propósito de pasar las reformas de su interés. A partir del comienzo de su vigésimo segundo mes en Los Pinos, y a unas cuantas semanas de emprender su tercer año de gobierno, Enrique Peña Nieto deberá poner a prueba una vez más sus talentos de adaptación al entorno político. Esto será toral, no sólo ante la inminencia de las elecciones federales y estatales de 2015, sino por el reto de hacer funcionar las reformas, mejorar la situación económica del país, y sostener la endeble resistencia a su proyecto centralizador del poder. En su intervención durante la instalación del nuevo periodo ordinario de sesiones, la senadora Dolores Padierna (PRD) advirtió sobre las tentaciones autoritarias que deja entrever el gobierno dado su ejercicio en estos casi dos años de haberse colocado en la silla presidencial. ¿En verdad cambiará el “estilo de gobernar” de Peña?; ¿se enturbiarán las relaciones con los partidos de oposición por motivos electorales?; ¿continuará el fortalecimiento del control hacia los gobiernos estatales desde la Federación?; ¿ante qué tentaciones autoritarias se deberá estar al pendiente?
3-El engrudo minero: “Napito” exonerado y Grupo México cuestionado. Han transcurrido ocho años desde que el líder del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, Napoleón Gómez Urrutia –conocido con el sobrenombre de “Napito”—, decidió autoexiliarse en Vancouver, Canadá, con la intención de protegerse de la justicia mexicana que lo perseguía por varios presuntos delitos. Sin embargo, el pasado 28 de agosto, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal, canceló la última de once órdenes de aprehensión que habían sido giradas en contra de Gómez Urrutia, por supuesto desvío de recursos. El líder sindical de los mineros –quien, por cierto, se refugió en uno de los países con mayores índices de inversión en el sector en México—, pasó por amparos otorgados y revocados, expedición de las llamadas “fichas rojas” de la Interpol, conflictos con la toma de nota de la dirigencia de su sindicato, entre otras cosas, las cuales terminaron por mantenerlo alejado de la prisión. Todo inició tras la venta por parte del sindicato de alrededor de 5 por ciento de acciones filiales de la principal compañía minera de la nación: Grupo México. Por esa transacción el sindicato habría recibido cerca de 55 millones de dólares, cuyo destino final se presume fue, en su mayoría, los bolsillos de Gómez Urrutia. No obstante, el escándalo no emanó de esa operación llevada a cabo en octubre de 2004. Un par de años más tarde, después del trágico incidente de la mina de Pasta de Conchos en Coahuila. En el marco de una serie de reclamos contra su empresa operaria perteneciente a Grupo México, apareció el escándalo de presunta desviación de fondos por parte de “Napito”. No deja de ser curioso cómo, en la actualidad, justo cuando el prestigio de Grupo México está de nuevo en entredicho por los recientes derrames de materiales tóxicos al río Bacanuchi en Sonora, la figura de Gómez Urrutia vuelva por sus fueros. ¿Qué señal daría el regreso del líder minero a la escena de las inversiones en el sector?; ¿se pretenderá volver a otorgar cierta influencia al sindicalismo, tal como se hizo en el pasado en el mismo sector minero, con el objetivo de reasumir el control político del rubro?; ¿sigue siendo tan relevante económicamente la minería?
4-Las normas 30 y 31 en el Distrito Federal: los espectros de un urbanismo irresponsable. En las últimas semanas, algunas organizaciones de la sociedad civil, en esfuerzos en general dispersos y con relativamente poco eco en medios y la opinión pública, han manifestado su inconformidad ante la eventual aprobación en la Asamblea Legislativa (ALDF) de un proyecto de reformas al uso de suelo de poco menos de 700 colonias en la Ciudad de México. Las llamadas normas 30 y 31, cuya iniciativa no ha sido presentada de manera formal ante el Legislativo local, buscarían fomentar la construcción de desarrollos habitaciones tanto de nivel bajo como medio, en barrios donde la densidad demográfica no es alta. Bajo la perspectiva de quienes las diseñaron, el crecimiento vertical de la capital sería una solución a fin de hacer más eficiente el espacio urbano. Asimismo, las mentadas normas suplantarían a la norma 26, suspendida desde agosto de 2013, la cual fue ideada en 2010 durante la administración de Marcelo Ebrard, no sólo con la intención de encontrar mayores espacios de vivienda, sino de otorgar un impulso significativo a los sectores inmobiliario y de la construcción en la urbe. La experiencia indicó que el objetivo de erigir vivienda bajo el precepto de “interés social” y aumentar la oferta económica de un bien inmueble a precio accesible, terminó por pervertirse y añadir al mercado opciones a precio igual o superior al prospectado. Las normas 30 y 31 estarían ampliando el espectro regulatorio a habitaciones de interés social (la primera) y a alternativas de mejor nivel (la 31). No obstante, la lógica continúa sin tomar del todo en cuenta la sustentabilidad de decidir proseguir con la expansión de la ciudad, aunque sea “hacia el cielo”, pero sin contar con los recursos y servicios básicos para su adecuada operación. De hecho, la aplicación de la norma 26 previa a sus suspensión, generó caos en zonas como las colonias Del Valle y Narvarte, donde la carga demográfica es cada vez mayor y, por ende, la escasez de agua, la insuficiencia de las fuerzas de seguridad pública, los conflictos de movilidad, entre otros, siguen sin encontrar solución. Entonces, ¿qué opciones tendría la Ciudad de México?; ¿será tiempo de reconocer que la antigua cuenca del Gran Lago de México ha dado de sí?; ¿podría ser que el dilema de la metrópolis no sea hacia donde crecer, sino de qué forma dejar de hacerlo?
5-El salario mínimo: ¿alternativas? Ya son varias semanas desde que el salario mínimo irrumpió con su anticlimática fuerza en la opinión pública nacional. El pasado 29 de agosto, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, presentó su propuesta de reformas al sistema del salario mínimo titulada “Política de Recuperación del Salario Mínimo en México y el Distrito Federal”. Este programa contemplaría no únicamente el aumento a dicho referente (a 82 pesos diarios para 2015 y, tras incrementos graduales año con año, alcanzar 171 pesos), sino otras políticas de mayor factibilidad, tanto desde el punto de vista económico, como del de las facultades del gobierno capitalino. Entre las cuestiones de mayor relevancia en la iniciativa de las autoridades de la Ciudad de México se halla el deslinde del indicador para fijar multas, créditos y otros parámetros no necesariamente ligados a las dinámicas de sus respectivos mercados, la implementación de esquemas de exenciones fiscales o reducciones al monto de las contribuciones a micro y pequeñas empresas del sector formal, el condicionamiento de la contratación de bienes y servicios por parte de la autoridad a aquellos negocios que “hagan un esfuerzo” por levantar sus pisos salariales hasta el nivel propuesto por la iniciativa, además de plantear una reforma al caduco y oneroso organismo a cargo de determinar los salarios mínimos: la CONASAMI. Sin dejar de lado la premisa de que una estrategia sustentable de aumento en las remuneraciones de los trabajadores está vinculada de manera íntima con el fomento a la productividad, y olvidando por un momento la crisis de agenda programática en la oposición que dio origen a este debate, ¿qué aspectos de la propuesta del GDF pudieran ser interesantes?; ¿cuáles son los pros y contras respecto a otras propuestas, como la que pretende llevar el PAN a consulta popular en 2015?
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