En su debut como bloguero en Animal Político, Jaime López-Aranda recuerda la recomendación maquiavélica sobre que “si no se [tiene] idea de lo que se [está] haciendo…la única alternativa aceptable [es] fingirlo”. Por supuesto que el meollo del asunto radica en las capacidades histriónicas de quien pretende estar ejecutando un plan o estrategia. En el caso del gobierno del presidente Peña, la tranquilidad que intenta proyectar al exterior llega a los niveles de lo desconcertante. Mientras el país vive estados de excepción en varias regiones –y en Michoacán de manera formal—, las reformas no prioritarias para la administración viven el purgatorio de la ausencia de reglamentación, y la reforma energética sigue un curso sigiloso, cuasi metódico, aunque opaco e incierto, el titular del Ejecutivo se da tiempo para proseguir su placeo internacional, ahora en el marco de la VIII Cumbre de la Alianza del Pacífico celebrada en Colombia. “Todo saldrá en tiempo y forma” es la frase predilecta de funcionarios y legisladores, incluso desde la “oposición”. ¿Por cuánto tiempo la feliz máscara de la comedia podrá continuar sobreponiéndose a la terca faz de la tragedia?
1-El dilema de las amnistías en Michoacán. La reunión realizada a puerta cerrada el pasado 5 de febrero en Tepalcatepec entre el Comisionado para la Paz y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, y varios líderes de las autodefensas recién reconocidas por el gobierno federal y su representación extraordinaria (por llamarla de algún modo), ha desatado una nueva polémica. El diario Reforma, tras revisar el video transmitido en el programa de Televisa, Punto de partida, que conduce la periodista Denise Maerker, destacó la aparición en dicho encuentro de Juan José Farías, “El Abuelo”, a quien en 2009 la administración federal anterior identificó como miembro del grupo delictivo de “Los Valencia”. Si bien Farías cumplió un arraigo y luego una sentencia de tres años de prisión por portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y por posesión de hachís, no por delincuencia organizada, su presencia en la reunión de Tepalcatepec (municipio del que su hermano Uriel fue presidente y uno de los detenidos en el llamado “Michoacanazo”) corroboró la vigencia de muchas preguntas sobre la estrategia federal en pos de la pacificación de la entidad. ¿Quién es el “enemigo” en Michoacán? ¿Qué delitos, en el supuesto nombre de la legitimidad de algunas causas, se omiten en su persecución y cuáles no? ¿A costa de qué está el gobierno dispuesto a buscar “la paz” en el estado?
2-El pasmo de la reforma en telecomunicaciones. Aun cuando, desde su primera sesión del 20 de septiembre de 2013, ya ha quedado integrado de manera formal el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y, en virtud ello, varias de las disposiciones de las modificaciones constitucionales publicadas el 11 de junio del año pasado deberían haber ya entrado en vigor, la incertidumbre de la interpretación jurídica mantiene en vilo la reforma. Aunque son diversas las consecuencias de no tener claridad en el nuevo marco legal, en buena medida a causa de la ausencia de la reglamentación de la reforma, sin duda ha destacado la pugna entre las dos televisoras más grandes del país y su más acérrimo competidor (no sólo en medios electrónicos, sino en telefonía), Carlos Slim, vía su participación en la alianza Dish-MVS Comunicaciones. Televisa y TV Azteca han abierto dos principales frentes legales contra Slim: uno, señalando que Dish incurre en falta al transmitir las señales abiertas de las televisoras; otro, acusando de indebida a la alianza Dish-Telmex por considerarla una concentración fuera de la ley. Por lo pronto, este lunes 10 de febrero, un tribunal federal dijo que no era del todo claro el adecuado o inadecuado proceder de Dish. Por su parte, el IFT poco ha intervenido en el asunto. Por si fuera poco, el Congreso ya está en falta por no haber legislado la reglamentación en materia de telecomunicaciones dentro del plazo de 180 días que ellos mismos se fijaron tras la publicación de la reforma. ¿En qué acabará la pugna entre el “tripolio” de medios? ¿Cuáles son los asuntos más urgentes que debieran resolver las leyes secundarias? ¿Qué implica la impunidad legislativa en la que se ha incurrido en el tema de las telecomunicaciones?
3-Lista la reforma de transparencia; ¿qué sigue? Después de su publicación en el Diario Oficial en una edición especial vespertina del 7 de febrero pasado, las modificaciones a una decena de artículos constitucionales referentes a la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos, han comenzado apenas su camino rumbo a la materialización. Se supone que, en un plazo máximo de dos años, deberá haber, entre otras cosas, una nueva Ley General en la materia (es decir, una que sea la base para la armonización de los marcos legales en todo el país), una Ley General de Archivos (indispensable para el correcto, ordenado y expedito manejo de la información), y las adecuaciones legales a los marcos jurídicos de las 32 entidades del país. La tarea no es del todo sencilla, en especial porque, desde la legislación de la Ley Federal de Transparencia en 2002, el tema ha transitado con cierta lentitud. Ciertamente, los avances han sido significativos y el papel de la sociedad civil ha sido relevante. Sin embargo, aun cuando el procesamiento de solicitudes de información a nivel federal tiene un porcentaje muy alto de efectividad –alrededor de 95%–, ello no necesariamente se replica en los ámbitos estatales y, más aún, no indica plenitud en cuanto al ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 6 de la Constitución. Así, como en todas las reformas de 2013, la reglamentación será clave. ¿En qué elementos se deberá poner atención? ¿Cómo evitar que instancias tradicionalmente proclives a la opacidad y la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos, como partidos políticos, fideicomisos y sindicatos, no terminen “legitimando” esas prácticas por medio de la ley?
4-“Despejando el terreno” para la reforma energética…desde la burocracia. A lo largo de la última semana, llamaron la atención dos relevos en puestos clave dentro del sector energético del país. Francisco Rojas dejó la titularidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Carlos Morales hizo lo propio en su cargo al frente de PEMEX Exploración y Producción (PEP). Rojas es identificado como una de las piezas más conservadoras dentro de la estructura del gabinete ampliado, en lo concerniente a la apertura en energía. De hecho, de acuerdo con el editorialista Alberto Aguirre (El Economista), la CFE de Rojas emitió criterios considerados poco óptimos para la adecuada implementación de la reforma, destacando el empoderamiento del sindicato (al contrario de lo ocurrido en PEMEX), restricciones técnicas en el tendido de infraestructura que favorecen a la hoy paraestatal, entre otras. Por otro lado, Morales, quien permaneció como titular de PEP por una década, dejó su encargo apenas unos días después de comenzar a surgir filtraciones, sobre todo en un diario local de Campeche, acerca de supuestas protecciones del funcionario a algunos colaboradores amonestados o sancionados por la Secretaría de la Función Pública. Dejando de lado especulaciones, lo cierto es que el relevo de Morales por el ingeniero Gustavo Hernández, más bien parece responder a reacomodos de poder al interior de la estructura de PEMEX. ¿Qué pistas ofrecen estos cambios, en particular a la luz de la manera de operar del gobierno federal?
5-El flagelo de la trata de personas: una lucha que requiere algo más que leyes. Tras haber sido aprobados un par de dictámenes referentes a reformas a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos (sí, ése es el nombre completo del ordenamiento), las comisiones unidas Contra la Trata de Personas, de Derechos Humanos, y de Justicia del Senado, este martes 11 de febrero se espera su discusión en el pleno de dicha cámara. Entre los asuntos más significativos está el endurecimiento de penas por la comisión de los delitos mencionados, el establecimiento de una serie de agravantes (por ejemplo, la minoría de esas de las víctimas, la existencia de materiales audiovisuales, imposición de servicios forzados, o casos de funcionarios delincuentes), y la apertura del catálogo de delitos. Sin duda, estos hechos materializan un trabajo de meses de consultas en el Senado, con la participación de activistas y organizaciones civiles. Ahora bien, a pesar del perfeccionamiento del marco jurídico, la complejidad del fenómeno de la trata, al igual que sucede con otras manifestaciones vinculadas con la delincuencia organizada –como el narcotráfico—hacen que las medidas tomadas por el legislador terminen en el limbo sin una adecuada procuración de justicia y combate a la impunidad. ¿Qué impide al gobierno emprender una estrategia contra la trata, así como sucede (en teoría) con delitos como el secuestro? ¿Por qué no atender con firmeza un delito que, muy probablemente, afecte y rompa la armonía de cientos o tal vez miles de personas y familias?
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