Desde hace algunas semanas, el presidente Peña ha intensificado su estrategia de, como se suele decir de manera coloquial, “echar rostro”. Y hacer alusión a dicha expresión no se limita a llegar a las portadas de las revistas internacionales, incrementar su presencia en redes sociales, o hacer continuas giras al exterior presumiendo las reformas de 2013, tomando ventaja de la buena imagen que dan los lentes de la lejanía. El actual gobierno también ha mostrado su rostro en cuanto al estilo de ejercer el poder. En ocasiones respaldado en la legitimidad de las leyes y las instituciones –en otras oportunidades no tanto, y simplemente vuelve a tomar práctica en la implementación de poderes metaconstitucionales—, la administración de la segunda alternancia demuestra su autoridad cada vez que puede. No obstante, dichas acciones no siempre responden a una estrategia que vaya más allá del efectismo: capturas o abatimiento de capos, pero sin un aparente plan integral de combate a la inseguridad; respaldo a la autonomía de los reguladores, aunque sin dotarlas de las reglamentaciones indispensables para su plena operación; uso discrecional de la procuración de justicia, no sin cuidar el apego a la ley; y promesas de una bonanza económica que, hasta ahora, sólo dan visos del regreso a un asistencialismo poco sustentable. Por el bien de México, esperemos que ese “rostro” no acabe cayendo en una especie de “síndrome de Dorian Gray”.
1-La resurrección y muerte de “El Chayo”: un nuevo “antimilagro” de la política de seguridad de Felipe Calderón. Después de que, el 10 de diciembre de 2010, Alejandro Poiré, entonces secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, anunciaba el abatimiento del líder y fundador de Los Caballeros Templarios, Nazario Moreno, quedaba una inquietud fundamental. Contrario a la costumbre de la anterior administración federal, no hubo ninguna presentación espectacular del hecho y jamás se vio evidencia alguna del mismo. Respecto a “El Chayo”, el comisionado especial para Michoacán, Alfredo Castillo, señaló que el criminal utilizó su “primer fallecimiento” como coartada. No obstante, los rumores no sólo de su supervivencia, sino de su intensa actividad desde la leyenda de su muerte que inspiraba la lucha de los Templarios, continuaron inquietando a la autoridad. Hoy, tras su caída la madrugada del 9 de marzo en las inmediaciones de Tumbiscatío, el caso Nazario Moreno se suma al de la captura de “El Chapo” Guzmán como símbolos de los pendientes dejados desde el gobierno del presidente Calderón, los cuales se perdieron en falsos triunfalismos, soberbia ante la evidencia de sus fracasos y una serie de fallas de comunicación que cerraron el círculo de torpeza de la política de seguridad del sexenio pasado. Ahora bien, el ex mandatario ha dicho que los logros del presente gobierno se deben a la continuidad emanada de la construcción institucional llevada durante su gestión. ¿Qué tan certero es este argumento? ¿Ha cambiado algo? ¿Estará basando la administración Peña el impulso a su imagen de eficiencia en el combate a la inseguridad en resultados concretos o en el mero desprestigio de su antecesor?
2-Las resoluciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT): el fin de los monopolios, pero la preservación (por ahora) de los oligopolios. Desde el inicio de sus actividades en septiembre de 2013, y aún sin contar del todo con las herramientas legales y operativas que (se supone) le otorgarán las legislaciones secundarias a la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, el IFT ha realizado esfuerzos encomiables. Su primer “triunfo” lo consiguió, no tanto por sí mismo, sino por la “ayuda” de una controversia constitucional presentada por la Presidencia de la República, ante la intentona de Televisa por revertir una de sus resoluciones vinculadas con la controversia sobre el uso que Dish hace de sus señales abiertas. En fecha reciente, el 6 de marzo, el IFT levantó de nuevo la mano al emitir las declaratorias de preponderancia sobre las empresas Televisa y Telmex. De acuerdo con el nuevo texto del artículo 28 constitucional, el IFT “regulará de forma asimétrica a los participantes” de los mercados de telecomunicaciones a fin de “eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia”. Cuando un agente económico cuenta con una participación mayor a 50% en su sector se le puede considerar preponderante y sería susceptible a medidas regulatorias. A pesar de que algunos de los dictados del IFT afectaron a las empresas de Emilio Azcárraga y Carlos Slim, respectivamente (ambas sufrieron caídas bursátiles significativas), todavía hay escepticismo respecto a los efectos reales sobre el mejoramiento del entorno de competencia en telecomunicaciones. The Wall Street Journal señaló que, si bien el IFT ha generado avances, los actores preponderantes encararán poca o nula competencia fuera de ellos mismos, dados los enormes recursos que se requieren para ingresar en el rubro. ¿Serán suficientes estas primeras medidas con el propósito de acarrear mayores beneficios a los consumidores? ¿Cuáles son los riesgos de pasar de un entorno monopólico a otro oligopólico, pero con más trabas a la competencia?
3-Los pendientes de la transparencia en el Congreso. Del 10 al 14 de marzo, tendrá verificativo la Semana de la Transparencia en el Senado de la República. El eje rector de los distintos paneles del evento será la discusión de las distintas recomendaciones que da la iniciativa denominada Alianza para el Parlamento Abierto (APA), la cual a su vez se inscribe en la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). México copreside la AGA en este momento –junto con Indonesia—y ha adquirido un compromiso hacia la consolidación de una relación estrecha entre ciudadanos y representantes populares en materia de transparencia y acceso a la información. En el caso del Poder Legislativo, cuyas obligaciones en ese sentido ya están especificadas en el artículo 6 constitucional, todavía hay diversos pendientes que van desde la ausencia de una reglamentación clara para las cámaras, hasta fallas en el cumplimiento del principio de máxima publicidad de las actividades legislativas. En el primer punto, aunque en el Senado opera desde legislaturas anteriores el Comité de Garantía de Transparencia y Acceso a la Información (COGATI) y la Comisión de Administración es la encargada de atender estos temas, aún prevalece la opacidad y la discrecionalidad en el manejo de recursos. Asimismo, la inclusión de los partidos políticos y los fideicomisos públicos como sujetos obligados en transparencia, traerá nuevos retos dentro del ejercicio de esta actividad en el Congreso. En lo concerniente a la honra del principio de máxima publicidad, un asunto fundamental será la apertura de la señal del Canal del Congreso, no sólo a la televisión abierta, sino a la radio y otros medios masivos (ya se transmite vía red, pero es insuficiente dada la cobertura limitada de la misma). ¿Cuál sería el escenario ideal para la transparencia y la rendición de cuentas en el Legislativo? ¿Cuáles son las principales resistencias?
4-La polémica por el festival Hell & Heaven: un asunto del “detector de metal”. Como bien señala Julio Hernández López en su columna “Astillero” (La Jornada) del pasado 7 de marzo, la celebración de eventos masivos suele ser una oportunidad de ganancias, contubernios, y hasta de abusos entre organizadores y autoridades. La cuestión de permisos, “igualas” y hasta contribuciones no dejan de ser atractivos para las entidades, municipios o delegaciones que albergan dicha clase de sucesos. La semana anterior, el gobierno del Estado de México anunció su intención de impedir la realización de un concierto en el contexto de la Feria de Texcoco, el cual pretendía aglutinar con la presencia de varias bandas de música a una audiencia entre 80 y 100 mil espectadores. En un principio, sus razones fueron motivos de seguridad, aunque luego se dijo que también habrían influido los resultados negativos de una inspección sanitaria (malas condiciones en los sitios de preparación de alimentos, servicios de higiene, entre otros). Sin embargo, ha trascendido que la verdadera intención tras la medida de la autoridad estatal es privar de los efectos económicos del concierto al municipio texcocano, el cual es gobernado por Delfina Gómez, militante de Movimiento Ciudadano (MC). Al indagar más a fondo, Texcoco tiene dos implicaciones políticas importantes. Una, un importante grupo de la izquierda mexiquense se encuentra “refugiado” en (el erario) de dicha demarcación (con personajes anteriormente militantes del PRD como Higinio Martínez y Horacio Duarte). Dos, de cara al nuevo requerimiento de 3% de la votación para mantener el registro, MC busca consolidar su influencia en una serie de municipios clave –por su magnitud demográfica—que gobierna en la actualidad, entre los cuales están Acapulco, Puerto Vallarta, Santa María Huatulco, Tlajomulco, Cholula y, por supuesto, Texcoco. Ya se ha anunciado que el festival se celebrará en el Parque Refinería Bicentenario en Azcapotzalco, una sede bajo el halo de protección de la izquierda capitalina. Así, no es la moral, ni la inseguridad, ni la eventualidad de una bacanal lo que ocupa la mente de la autoridad mexiquense. ¿Hasta dónde se pueden imponer límites a la acción política?
5-La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF): ¿tiempo de un cambio? El próximo 15 de marzo inicia el segundo periodo de sesiones del segundo año de la VI Legislatura de la ALDF. Dicho órgano, cuyas atribuciones son bastante limitadas comparadas con las de un congreso estatal, también se caracteriza por ser el que menos días trabaja (el periodo por venir terminará el 30 de abril, con la Semana Santa de por medio). Aun así, por ejemplo, tomando como referente la anterior Legislatura (2009-2012) y con datos de la ex asambleísta panista, Laura Ballesteros, la ALDF costó a los capitalinos alrededor de 1,200 millones de pesos anuales. Si bien existe una iniciativa para homologar los lapsos de trabajo de la Asamblea con los del Congreso de la Unión, ésta pasa por modificar el Estatuto de Gobierno del D.F., por lo cual acaba siendo potestad de los legisladores federales. Sin duda, la reforma política para la entidad que se supone está a discusión en el Senado, podría empoderar a la ALDF, hacerla más útil para los ciudadanos de la capital, y darle una mayor relevancia en todos sentidos. Sin embargo, una de las polémicas en el debate de la reforma es la eventual negativa del PRI por convertir a la ALDF en Constituyente y dejar, dada la actual conformación de la misma, en manos de la mayoría perredista la redacción de la Constitución local. ¿Podrán solventarse éste y otros obstáculos para otorgarle la “madurez política” al Distrito Federal?
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