El Presupuesto de Egresos no hace la felicidad, pero todo mundo quiere una pieza de ese pastel de más de 4 billones de pesos. El próximo viernes 15 de noviembre vence el plazo legal para la aprobación del esquema en el cual será gastado el dinero público durante el ejercicio 2014. Mientras los reclamos ante la falta de transparencia en el uso de los recursos van y vienen como cada año, y los partidos de oposición se “suben a la ola” de las recriminaciones contra la opacidad del gobierno, al final, todos buscan sacar la mejor parte de las negociaciones, a veces no de formas tan transparentes. La realidad es que la presente administración ha apostado a la repartición de recursos, eso sí, cuando quiera (recordar la ansiedad por los subejercicios), a quien quiera (de preferencia si es cooptable), y como le parezca más redituable (en lo político, no tanto en lo económico). ¿Habrá alguna estrategia para en verdad hacer sostenible y sustentable este frenesí de gasto?
1-¿Es en realidad el Pacto por México un gobierno de coalición? En una conferencia magistral impartida el 8 de noviembre ante los miembros de la Cámara de Comercio Española, el coordinador de los diputados federales del PRI, Manlio Fabio Beltrones, declaró que el Pacto por México era un “gobierno de coalición no legalizado, y podría ser, en buena parte, la base de la necesidad que tienen todas [las] fuerzas políticas de encontrar un espacio legítimo y legal para trabajar sobre las coincidencias…”. Beltrones ha impulsado la institución de la figura de gobierno de coalición desde su gestión como senador, incluso presentando una iniciativa de reforma constitucional en 2011. Al revisar dicha propuesta, en efecto, el Pacto se parece mucho a la idea –y recalco, a la idea—del legislador acerca de un gobierno de coalición. En ella destacaban, de manera primordial, el carácter opcional del mismo, la convención de políticas públicas entre sus miembros, y la ratificación de los funcionarios del gabinete presidencial. Hasta el momento, parece que, a falta del mismo, el gobierno ha encontrado la mejor forma de impulsar su agenda, corresponsabilizar a los partidos, pero sin los costos reales de una colación tradicional.
2-Los partidos políticos: ¿vivir fuera de ellos, es vivir en el error? En entrevista para La Jornada, el subsecretario de Afiliación y Registro Partidario del PRI, Marco Antonio Velázquez Valencia, anunció que el partido se ha fijado la meta de alcanzar 3 millones de nuevos afiliados, de aquí a marzo de 2014. De conseguirlo, los priistas constituirían poco menos del 10% del padrón electoral vigente. Dicho objetivo no parece descabellado, sobre todo considerando que el tricolor tiene una sólida base en todas las entidades del país, además de ostentar el gobierno federal. El PAN, por ejemplo, llegó a tener un máximo histórico de afiliados cercano a los 2 millones, aunque se desplomó brutalmente a alrededor de 400 mil tras la denominada “depuración del padrón” llevada a cabo hace algunos meses. En cambio, aún sin ser partido político, el MORENA de López Obrador ya dice estar cerca de los 450 mil afiliados. La cuestión es que, mientras mayor sea la fuerza movilizadora de un partido, sus posibilidades de triunfo electoral aumentan, lo cual incidirá en las fórmulas de distribución de los recursos públicos (de acuerdo con la solicitud de presupuesto del IFE, la bolsa para los partidos estaría en 4 mil millones de pesos en 2014). ¿Cuál será la estrategia de afiliación del PRI? ¿Cuáles son las implicaciones de continuar engrosando los números de nuestra partidocracia?
3-Las finanzas municipales: ¿el nuevo frente (de chantaje) de la reforma energética? En un estudio titulado “Las otras razones de la reforma energética y la despetrolización de la economía”, publicado por la Federación Nacional de Municipios de México –compuesta primordialmente de alcaldías priistas—, se estima que 20% de los ayuntamientos del país estarían en riesgo de quiebra durante el próximo lustro de no aprobarse la reforma energética. Los argumentos principales se encuentran en las presiones derivadas de un aumento en los precios de los combustibles y de los servicios de electricidad (a pesar de que son conocidas las millonarias deudas de muchos municipios en la materia, cuyo monto superaría los 2 mil millones de pesos). Se dice que, tras aprobar la reforma, los recursos adicionales derivados de la renta petrolera también ayudarán a sanear las finanzas municipales aunque, al mismo tiempo, se hace un exhorto a reducir la dependencia del erario público de dicho recurso. En esencia, los municipios parecen querer continuar bajo la comodidad del actual régimen consagrado en el 115 constitucional, es decir, el deslinde de responsabilidades en la recaudación y uso transparente de sus propios recursos, y la dependencia de las reasignaciones federales. ¿Cómo juegan en realidad los municipios en toda la ecuación económica de las reformas?
4-¿Cuidar al municipio o cuidar a los ediles? En el marco de su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública del Senado, realizada el pasado 8 de noviembre, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló la imposibilidad del gobierno de proteger uno por uno a todos los presidentes municipales del país. Esta declaración se hizo de cara a la preocupación de los legisladores por los casos de ediles asesinados, presuntamente por el crimen organizado, siendo el más reciente el del alcalde de Santa Ana Maya, un minúsculo municipio michoacano con alrededor de 13 mil habitantes. En cambio, Osorio reclamó a las autoridades municipales su falta de cooperación con la Federación, al no acercarse para proporcionar datos sobre la actividad delincuencial en sus demarcaciones y “preferir” sucumbir ante las presiones de la criminalidad. Esto resalta con los números expuestos por el presidente de la Asociación de Autoridades Locales de México –la organización que aglutina a los alcaldes de izquierda en la República—, los cuales indicaban que unos 250 ediles en 10 estados han recibido amenazas de la delincuencia organizada. ¿Cómo solucionar el dilema de la seguridad en los municipios, en particular en aquellas zonas marginadas, de trasiego de drogas, o con una ausencia de facto de autoridad?
5-Las aterradoras cifras (y operación) del Instituto Mexicano del Seguro Social. El pasado 7 de noviembre, durante su participación en la Convención Anual del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el director del IMSS, José Antonio González Anaya, adelantó que solicitará un presupuesto aproximado de 477 mil millones de pesos para la institución pilar de la seguridad social en el país. De acuerdo con sus números, el IMSS requiere en una semana, el equivalente al presupuesto anual de toda la Secretaría de Relaciones Exteriores. Asimismo, el Seguro Social encarará en los próximos años, según sus propios datos, sus máximos históricos en cuanto a sus obligaciones por beneficios definidos de los trabajadores activos y de los jubilados y pensionados, los cuales, para 2021, ascenderán a 1.7 billones de pesos. Por si fuera poco, el IMSS sería el encargado de administrar tanto el seguro de desempleo como la pensión universal, recientemente consagradas en la Constitución. ¿Cuál debiera ser el futuro del IMSS? ¿Qué cambios urgirían a su legislación para hacerlo, en el corto o mediano plazo, viable económicamente, al mismo tiempo de garantizar la calidad digna de sus servicios?
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