1-El “chapulinismo” político: la aristocracia partidocrática. Con el inicio de 2015, también comenzaron los procesos internos en los partidos políticos a fin de definir a sus candidatos a las distintas posiciones que estarán en disputa en los comicios del próximo 7 de junio. Con esto, decenas de legisladores, alcaldes, delegados y demás funcionarios públicos se aprestan a solicitar licencia para registrarse como aspirantes a otros cargos de elección popular. Buena parte de dichos individuos conseguirán darle continuidad a sus carreras con esta posibilidad que les da el esquema político-electoral vigente. Varios de ellos ni siquiera requerirán de agenciarse las preferencias ciudadanas, al adscribirse a la figura de diputaciones plurinominales. Mientras tanto, decenas de suplentes recibirán el “premio” a su paciencia al asumir por unos meses las encomiendas “al servicio de la ciudadanía”. Si bien las ambiciones políticas de los burócratas son válidas en todo el mundo, en México se llega al colmo de haber diseñado un sistema donde un personaje puede perpetuarse en las nóminas del erario, no tanto por obtener el favor de los electores, sino tan sólo por consolidar sus redes de influencia partidista (o no partidista, ahora que ya existe la pervertida figura de las candidaturas independientes). ¿Cómo afecta el fenómeno del “chapulinismo” a la de por sí maltrecha democracia mexicana? ¿Cambiará esta tendencia cuando entre en vigor la reforma político-electoral en materia de reelección?
2-¿El fin de la “gallina de los huevos de oro” petrolera? Cuando la estimación del precio de la mezcla mexicana de petróleo de exportación (MME) para el ejercicio fiscal 2015 se ajustó de 81 a 79 dólares por barril, diversos legisladores y analistas consideraron insuficiente la reconvención a la baja de dicho indicador fundamental en el cálculo de los ingresos públicos. A un par de meses de la publicación de la Ley de Ingresos 2015 (realizada el 13 de noviembre de 2014), la MME se encuentra, al 12 de enero, en un nivel de 38.11 dólares, es decir, menos de la mitad de lo presupuestado. Si bien la Secretaría de Hacienda (SHCP) presume las coberturas contratadas para garantizar el precio calculado y, de esa forma, no afectar de manera sustancial los recursos disponibles para el gasto, parece avecinarse un inexorable problema rumbo a 2016 (concediendo que no fuera antes). Las entidades financieras que proporcionan los productos diseñados a garantizar un determinado piso de los precios del crudo, seguramente aumentarán los costos de los mismos para el siguiente año. Ello obligará a los próximos diputados que asuman sus cargos el 1 de septiembre a atenerse a por lo menos dos opciones: o ser más conservadores en la estimación del indicador de la MME, con el consecuente recorte sustantivo en el gasto; o emprender la conformación de una verdadera reforma hacendaria capaz de mantener recursos suficientes para cumplir con los compromisos del erario, pero sin terminar de ahorcar desigualmente al sector productivo. De hecho, el titular de la SHCP, Luis Videgaray, no tuvo empacho en anunciar que, si las cuentas no alcanzan, habría recortes al gasto tras los comicios federales de junio. Así, con todo y la promesa de la bonanza emanada de la reforma energética, el comportamiento del marcado de los hidrocarburos está vislumbrando un escenario mucho menos entusiasta para la economía mexicana. ¿Cuál debiera ser el ajuste de estrategia de la política económica para los siguientes años? ¿Finalmente habrá llegado el momento de “soltar la teta” de la riqueza petrolera?
3-La corrupción: estigma de todos, ventaja de nadie. El pasado fin de semana, en el marco del inicio de sus respectivos procesos de registro de precandidatos para los comicios, los presidentes nacionales del PAN, Ricardo Anaya, y del PRI, César Camacho, intercambiaron denostaciones respecto al tema de cuál de los dos institutos políticos era más corrupto. Al respaldarse también en los bajos índices de aprobación del presidente Peña, señalados en varias encuestas de opinión recientes, Anaya auguró una importante recuperación electoral de Acción Nacional, al tiempo que reiteró su intención de impulsar la legislación anticorrupción. De forma paralela, Camacho se refirió tácitamente a los panistas como hipócritas, testarudos e incongruentes, además de acuñar la frase “los moches de los mochos”, al recordar los escándalos protagonizados por legisladores del PAN donde se les acusaba de pedir sobornos a presidentes municipales a cambio de asignaciones del presupuesto federal. Por su parte, la izquierda tampoco se ha quedado atrás en cuanto a los desfiguros de la corrupción y la impunidad, desde el extremo de José Luis Abarca en Iguala, pasando por la reciente formal prisión dictada a José Ricardo Gallardo, ex munícipe de Soledad de Graciano Sánchez (San Luis Potosí), hasta las sospechas sobre el delegado de Iztapalapa (radicado en el Pedregal de San Ángel), Jesús Valencia. La ciudadanía parece decepcionada, harta e, incluso, enardecida contra una clase política que se ha servido de la expansión de la apertura de la democracia electoral a fin de repartir más el botín de los recursos públicos, y no circunscribir esa jauja a un solo partido. A las puertas del último periodo ordinario de sesiones de la LXII Legislatura federal, con el asunto del Sistema Nacional Anticorrupción en debate, y bajo la multiplicidad de disrupciones de la temporada electoral, ¿cómo podrá restaurarse la credibilidad de los tomadores de decisiones al crear (si se concreta) una nueva legislación de combate a la corrupción?; ¿se volverá a recurrir a la fórmula de la participación ciudadana para legitimarse?; ¿qué factores continuarían impidiendo un esfuerzo real en esta materia?
4-“Je suis un journalist mexicain”: la indiferencia ante la violencia contra periodistas. Los terribles ataques terroristas contra la redacción del semanario satírico francés, Charlie Hebdo, colocaron la mirada de la opinión pública internacional en el asunto de la libertad de prensa y expresión, versus la intolerancia, la barbarie y las peores manifestaciones de la conducta humana. Incluso, el presidente Peña y el canciller Meade lanzaron sendas condenas a los hechos, mostrando su estupor y congoja frente a los mismos. No obstante, las autoridades mexicanas, tanto a nivel federal como local, suelen no conmocionarse del todo cuando se trata de atentados contra periodistas, críticos, activistas e intelectuales en territorio nacional. Los casos abundan, desde el asesinato de la activista tamaulipeca, María del Rosario Fuentes, que en redes sociales participaba en una página de denuncia contra actividades del crimen organizado, hasta el reciente caso del periodista veracruzano, Moisés Sánchez, secuestrado hace apenas un par de semanas. Si bien Veracruz ha sido señalado ya por varios años como la entidad más riesgosa para el ejercicio del periodismo, la violencia y amenazas contra medios, reporteros e investigadores están diseminadas por todo el país. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido por ejemplo la semana anterior en París, esta clase de eventos son perpetrados ya sea por miembros de la delincuencia organizada o, según algunas denuncias, por la misma autoridad. Independientemente de que algún funcionario sea autor intelectual o no de crímenes contra las libertades de prensa y expresión, lo que sí es claro son las omisiones de las instituciones de procuración de justicia para actuar de manera contundente contra esta clase de delitos. Aquí podría aplicar el dicho de “ver la paja en el ojo ajena, sin percatarse de la viga en el propio”. ¿Por qué el Estado mexicano no ha sido capaz de erradicar este fenómeno? ¿Qué requeriría hacer la sociedad para presionar a fin de poder garantizar estos derechos, cruciales en la construcción de una democracia real?
5-La migración en México: la crisis humanitaria olvidada. Este lunes 12 de enero, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Programa Temporal de Regularización Migratoria de la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración. La intención básica de esta regulación es normalizar la situación legal migratoria de aquellos extranjeros que hayan ingresado a territorio mexicano antes del 9 de noviembre de 2012, y que estén en el país de manera irregular. Al concluir el trámite, los interesados que consigan los beneficios del programa estarían obteniendo una residencia temporal por cuatro años, con la posibilidad de adquirir permisos formales para trabajar en México y desarrollar su estancia con normalidad. No queda clara la cantidad de potenciales beneficiarios de la medida, pero se pudiera intuir que es relativamente reducida, sobre todo en comparación de aquellos inmigrantes no interesados en permanecer en México; por ejemplo, los miles de centroamericanos que están de trasiego rumbo a Estados Unidos y deben antes pasar por el “infierno mexicano” (extorsión de las autoridades migratorias, maltrato de funcionarios públicos y privados, indefensión ante la actividad de la delincuencia organizada y el narcotráfico). Justo estos días circula en redes sociales una petición para nominar al Premio Princesa de Asturias a una organización de mujeres, Las Patronas, dedicada a ayudar a los migrantes que transitan en el trayecto del tren denominado “La Bestia”, el cual lleva en condiciones infrahumanas a cientos de personas al año en el viaje del sur de Chiapas al estado de Veracruz. Así como Las Patronas, hay una gama de organizaciones civiles y religiosas, inclusive, que por décadas han intentado aliviar el fenómeno de la migración en tierra mexicana, la cual es, en sí, una crisis humanitaria sumida en el limbo de la indiferencia. ¿En verdad el gobierno federal está cumpliendo con el objetivo de ordenar la migración en México, como supuestamente lo marca el Plan Nacional de Desarrollo vigente? ¿Cuáles son los principales pendientes de las autoridades?
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