Mientras el mundo continúa elogiando los resultados del primer año de gestión del presidente Peña –tal como lo hizo apenas este lunes 13 el primer ministro italiano, Enrico Letta, durante su visita de Estado a nuestro país—, las cosas no están todavía del todo claras cuando se observan a simple vista, y no ayudados con los catalejos de la distancia. El estatus pendiente de la reglamentación de las reformas económicas fundamentales –la energética y la de competencia y telecomunicaciones—, aunado a los plazos naturales de su implementación, se suman a la poca certeza respecto al rumbo hacia donde desea conducir a México la administración federal presente. Aunque las reformas no pueden considerarse con el pomposo término de “estructurales”, muchos de los problemas de la nación sí lo son. Por momentos, la coyuntura actual hace sentir una ligera (esperemos) semejanza con el ánimo de dos décadas atrás: México incorporándose a la vanguardia económica mundial…mientras sus entrañas continúan resquebrajándose.
1-¿Cómo evitar que Michoacán sea el Waterloo del “momento mexicano”? En 2013, muchos analistas consideraban que cada minuto de retraso en las reformas, en particular de la energética, representaba un golpe en contra de la imagen de oportunidad económica que el gobierno de Enrique Peña pretende proyectar hacia el exterior. Sin embargo, el gran riesgo de la presente administración, a pesar de poder alegarse una herencia de estrategias incorrectas y contraproducentes, es el de la expansión de la ingobernabilidad en ciertas zonas del país. El control mediático respecto al tema de la inseguridad ha sido relativamente exitoso, aunque su eficacia va en declive. El estado de guerras intercomunitarias –por llamarlas de algún modo—en Michoacán ha reflejado la ausencia de ideas y políticas públicas eficaces para su atención. La estrategia de encapsular el conflicto ha reventado y replicarla –como parece será la lógica del “nuevo” Acuerdo del Apoyo Federal para la Seguridad en Michoacán—sólo irá en detrimento de la capacidad real del Estado para solventarlo. ¿Qué complejidades podrían condenar dicho acuerdo al fracaso? ¿Qué hacer entonces?
2-El necesario análisis de fondo acerca de la reforma financiera. Tras casi dos meses de espera desde su aprobación en el Congreso (27 de noviembre de 2013), la serie de modificaciones legales que dan forma a la denominada “reforma financiera” por fin recibieron la firma del presidente Peña el pasado 9 de enero. De entre todas las grandes reformas legisladas durante el año pasado, tal vez ésta sea la más compleja de todas, tanto por sus contenidos, como por la relevancia de los rubros concernidos: más de 1,100 páginas de modificaciones que el gobierno federal pretende simplificar en una infografía de media cuartilla y cuatro puntos básicos: crecimiento del sector financiero vía la banca de desarrollo, fomento a la competencia, generación de incentivos a la banca para prestar más, y fortalecimiento del sistema bancario. No obstante, la esencia de la reforma busca suscitar un entorno de responsabilidad entre el sistema financiero, los usuarios y, por supuesto, la autoridad. ¿Cuáles son los principales mitos y realidades de la reforma? ¿Cuáles podrían ser los principales obstáculos para su implementación?
3-¿”Moche”, extorsión o gestión? El juego presupuestario de los diputados. En los últimos días, la pugna interna en Acción Nacional ha llevado a la luz pública un asunto que no es privativo de dicho partido político. El uso discrecional que se da a ciertas porciones del presupuesto federal por parte de quienes tienen la facultad exclusiva de aprobarlo –los legisladores en San Lázaro—es algo usualmente amparado por la misma ley. Esto tampoco es una excentricidad mexicana y se asemeja a lo que en Estados Unidos se conoce como “pork barrel spending”, una práctica identificada con el interés primordial de ganar votantes y, por tanto, comprar lealtades. Javier Aparicio, investigador del CIDE, publica este lunes 13 un artículo donde habla del Ramo 23, dedicado a provisiones salariales y económicas, el cual suele emplearse para los propósitos clientelares señalados. Ahora bien, independientemente de su carácter discrecional, la manera en la que los diputados hacen “operar” ese recurso es lo más cuestionable. ¿Es posible controlar esto? ¿De qué depende de que una práctica sea escandalosa y mediáticamente explotable y otra no?
4-“Vender” a México: otra parte de la estrategia de la administración Peña. La forma de “vender” al país a la que me refiero no está vinculada con la flamígera retórica acerca de la supuesta entrega de las riquezas naturales de la nación a las perversas manos del mercado, ni de la cesión de mano de obra barata al voraz sector maquilador, ni nada similar. Más bien pienso en la principal instrucción que dio el presidente Peña al cuerpo diplomático nacional durante la clausura de la XXV Reunión de Embajadores y Cónsules llevada a cabo la semana pasada. El mandatario indicó que las reformas alcanzadas en 2013 se tratan de “un gran avance que debe proyectarse y compartirse con la comunidad internacional”. Uno de los retos más complicados del actual gobierno es resarcir la imagen de México ante el exterior, sobre todo a la luz del deterioro sufrido a causa del énfasis y mal manejo en el tema de la seguridad que imprimió la administración Calderón. La mala fama se acrecentó con la incapacidad del anterior gobierno de consolidar reformas muy similares a las conseguidas por Peña y sus operadores. No obstante, si bien el gobierno de Peña sale airoso del proceso legislativo de reformas, no está teniendo éxito en el combate a la inseguridad. Asimismo, la carencia de un proyecto para encausar las reformas también resulta un peligro latente sobre la imagen optimista que desea proyectar la autoridad. ¿Podrá haber congruencia entre la “cara amable” de México en el exterior y una probable continuación de la “amargura” al interior?
5-Los “viajes” en la determinación de las agendas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). Aunque sus trabajos plenarios iniciarán hasta el próximo marzo, los asambleístas de la bancada mayoritaria en el proto-órgano legislativo de la capital del país han estado muy activos anunciando sus proyectos de agenda. Dos resaltan por su relevancia mediática: la regulación de las marchas y la discusión acerca de la legalización del consumo y distribución de la cannabis. Más allá de las implicaciones sociales de ambos debates, resalta la confusión que ambos representan respecto a las atribuciones de la ALDF y su relación con sus superiores jerárquicos legales: las instituciones federales. El tema de regular las manifestaciones en la Ciudad de México tiene un avance significativo en la Cámara de Diputados, tras haber encarado la apatía del legislativo local por lustros. Ahora, en un intento por no ser “madrugados” por los legisladores federales priistas y panistas, los asambleístas perredistas parece que reaccionarán, aunque tal vez muy tarde, ante un inminente mandato federal. En cuanto al asunto de la marihuana, la ALDF podría estar gastando energías y recursos en un examen bizantino de una legalización que contravendría el marco jurídico federal y, por tanto, la haría inviable. Así, dejando de lado a qué tema nos podamos referir, este tipo de incongruencias, controversias y despropósitos son un nuevo llamado a concretar la reforma política del Distrito Federal. ¿En verdad sirve de algo al ciudadano capitalino la (onerosa) existencia de la ALDF en sus actuales términos?
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