2013 tiene, en ésta, su última Agenda de análisis. Ha sido un año muy activo en lo político, destacando el ámbito legislativo, al cual CIDAC le ha dado puntual seguimiento en los temas cruciales para México. A pesar del ánimo festivo de esta temporada y de que pareciera haberse dejado todo listo para el despegue económico del país con las reformas aprobadas en los últimos meses, es importante no perder de vista no sólo los pendientes de cara a 2014, sino aquellos acontecimientos que marcaron los yerros de los actores políticos, desde el gobierno federal, los partidos políticos, los grupos de interés, el sector empresarial y, por supuesto, la sociedad civil organizada y no organizada. La promesa de la administración Peña de “mover a México” está por enfrentar sus instantes cruciales. Todo se reduce a una cuestión de preposiciones –con un ingrediente de proposiciones, también. La implementación de las reformas podría mover al país “contra” el gobierno, de no ser exitosas, o “con” el gobierno. De lograr esto último, el presidente Peña habrá dado un paso histórico en la dinámica política de México. De no hacerlo, habremos tenido más de lo mismo, otra vez.
1-La reforma al sector eléctrico: ¿el verdadero catalizador del desarrollo? En la mayor parte de las ocasiones que se habla acerca de la reforma energética, las cuestiones vinculadas con la industria petrolera acaparan la atención y la polémica. Sin embargo, la generación, conducción, transformación y abastecimiento de electricidad resulta crucial para el país, incluso por encima de la riqueza emanada de los combustibles fósiles –aunque, ciertamente, un porcentaje importante de la energía eléctrica se produce vía sistemas de ciclos combinados o de consumo pleno de hidrocarburos. La compleja historia de la industria eléctrica en México, la cual data de 1879, está ligada a las distintas etapas de su desarrollo político y económico. Con la reforma energética, se han levantado algunas restricciones constitucionales, impuestas desde la nacionalización promulgada en septiembre de 1960, respecto a la participación de capitales privados en el ramo eléctrico. ¿Qué beneficios traerá la apertura? ¿En verdad será factible reducir, vía la dinámica del mercado y no del control de tarifas que hace la Secretaría de Hacienda, los costos del servicio como ha prometido el gobierno federal? ¿Se puede hacer algo a fin de perfeccionar la reforma a través de las leyes secundarias en la materia?
2-La falsa promesa de la consulta popular. Poco antes de concluir el periodo ordinario de sesiones del Congreso, la Cámara de Diputados discutió y aprobó la reglamentación del artículo 35 constitucional, referente al procedimiento para la consulta popular. No obstante, el pasado 13 de diciembre, en la última sesión del Senado, cuando se había programado el debate de la minuta proveniente de San Lázaro, los legisladores de Acción Nacional decidieron romper el quórum del acto. Los panistas adujeron que no existían las condiciones ni el tiempo a fin de tratar a detalle una ley con implicaciones tan trascendentales –lo cual, por cierto, contrasta con la celeridad del proceso de aprobación de, por ejemplo, la misma reforma energética. Desde hace meses, diversos grupos de izquierda, destacando el liderazgo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, han proclamado que la consulta popular podría ser una forma de detener la reforma energética, aun después de su promulgación. La realidad es que son muchos factores que hacen esta opción distante de cumplir semejante objetivo. Así, ¿cuáles son los alcances reales de esa figura de participación ciudadana? ¿Cómo se vislumbra su futuro debate en el Senado (si es que se llega a dar pronto)? ¿Qué otros temas podrían avanzarse por esta vía, dejando de lado por un momento el energético?
3-El fin del primer año de la LXII Legislatura: ¿se acabó el Congreso? Independientemente de la entusiasta declaración del presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya, sobre lo “histórica y extraordinariamente productiva” labor de los legisladores durante el último año de trabajos –parte del cual todavía tocó a los meses finales de la administración Calderón—, es pertinente reflexionar no sólo de los resultados conseguidos hasta el momento (sobre todo las reformas constitucionales en materias fundamentales como la energía, la educación, lo laboral, la transparencia, las telecomunicaciones, entre otras), sino de los pendientes que requerirán tratarse a partir del próximo febrero (eso, sí no se convoca a un improbable periodo extraordinario en el inter). El éxito de las reformas dependerá en buena medida de su aterrizaje en la realidad pero, antes de ello, la reglamentación de las mismas será capital. Ahora bien, al ser leyes secundarias, no demandan mayorías calificadas para su aprobación, es decir, el PRI y sus aliados podrían prescindir casi por completo de la oposición. Sin embargo, ese “casi”, deja espacio aún para la negociación política. ¿Qué asuntos pendientes son de principal urgencia a propósito del adecuado arranque de las reformas? ¿Cómo “jugará sus cartas” la oposición en el proceso, o sea, qué temas pretenderá llevar a la mesa?
4-La Suprema Corte de Justicia (SCJN): el tercer gran poder tras las reformas. El pasado 10 de diciembre, el presidente de la SCJN, el magistrado Juan Silva Meza, recibió en Nueva York el Premio de Derechos Humanos de la ONU. Uno de los principales argumentos que esgrimió el organismo internacional para justificar la adjudicación del galardón fue el considerable progreso de la Corte en la “aplicación y respeto a los derechos humanos, por la interpretación que ha realizado de la Constitución Política”. Si bien la SCJN ha desempeñado un papel crítico en la puesta en marcha de la reforma constitucional de 2011, el próximo 2014 se avecina como uno que podría representar varias “pruebas de fuego” para la máxima institución del Poder Judicial en el rubro de la garantía y protección a los derechos humanos. Varios actores en distintos ámbitos han anunciado su intención de presentar recursos de inconstitucionalidad contra prácticamente todas las reformas pasadas durante 2013. Como actor cada vez más relevante en la vida política nacional, ¿cuáles serán los principales retos de la Corte en los meses por venir? ¿En verdad cumplirá con su cometido de contrapeso en el sistema de gobierno?
5-Subió el Metro de la Ciudad de México; #PosMeSalto; #PosTeAgarro; #PosTeQuemoElArbolito; #Pos¿DóndeEstáLaAutoridad? Paradójicamente, jamás se había pervertido tanto la democracia directa por actor alguno en México –en su brevísima y casi inexistente historia—que con las actuales autoridades del Distrito Federal. Tal como se discutió en este espacio hace un par de semanas, justificar una polémica decisión de gobierno por la vía de una encuesta, encararía riesgos de difícil manejo, incluso por encima de un escenario donde se asumiera como propia y se enfrentaran las consecuencias (como se supone debiera ser). El resultado de los sondeos de opinión que, según el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, dictaminaron el alza de dos pesos en el servicio del Metro, parecen estar siendo cuestionados por la vox populi (habría que levantar una encuesta para “intentar” saberlo a ciencia cierta), a la luz de la arenga: “¿Suben el Metro? #PosMeSalto”. Ante ello, el GDF volvió a sorprender con una decisión que muestra su mediocridad en el ejercicio de sus funciones: dejar a los manifestantes no pagar su boleto el día que habían convocado a su protesta. Lo peor no fue eso, sino que incluso los inconformes se erigieron como una especie de autoridad al agredir a quienes sí optaron por pagar su pasaje. ¿A qué está apostándole el GDF con su constante fomento al desgobierno?
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