1-La regulación de la deuda pública de los estados. En estos días de efervescencia noticiosa, atizada por las rebatingas al interior de los partidos políticos por las candidaturas rumbo a los comicios de junio, por los escándalos de corrupción de ex gobernadores, y hasta por el desarrollo del caso de la tragedia de la explosión de gas en Cuajimalpa, hay un actor relevante cuyos pasos no gozan del todo de la atención de los principales reflectores mediáticos. El Congreso tiene en puerta el diseño y aprobación de tres piezas legislativas clave para la consolidación de cualquier régimen democrático, pero que, hasta la fecha, en México continúan siendo letra muerta o, simplemente, sustento de un cínico entramado de simulaciones. Dichas legislaciones versan respecto a la creación de un sistema anticorrupción (al cual, a sugerencia de los priistas, podrían bautizar como un “sistema de integridad pública”), a la reglamentación de la reforma constitucional en transparencia, y a los nuevos controles encaminados a prevenir, combatir y castigar (en teoría) conductas irresponsables por parte de las entidades federativas acerca del manejo de sus finanzas públicas, particularmente en la cuestión del endeudamiento. De los tres proyectos, el más acabado es el de disciplina financiera de estados y municipios, ya que está programada su segunda lectura y eventual votación en el Pleno senatorial para este martes 17 de febrero. Como es sabido, la deuda de los estados es una bomba de tiempo con un inquietante potencial disruptivo de la estabilidad económica (como si no sobraran en el entorno actual). De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda (SHCP), ocho entidades reportaron deudas por montos superiores a la totalidad de sus participaciones, destacando los ejemplos del Distrito Federal, Nuevo León, y Veracruz –dada su relevancia—, aunque fueron Quintana Roo y Coahuila los que tuvieron las proporciones más altas de endeudamiento versus transferencias federales. Si bien se aclara que las tasas de crecimiento de los pasivos subnacionales son los menores en dos décadas de mediciones por parte de la SHCP, y que la centralización característica del presente gobierno federal pudiera propiciar mayores controles frente a gobiernos locales abusivos de sus libertades durante las administraciones panistas, hay riesgos latentes. Las reformas constitucionales en materia de disciplina fiscal a votarse en las próximas horas, podrían sólo ser un traslado de responsabilidades (y, de forma eventual, de impunidades) de las autoridades locales a las federales, llámese el Congreso, o sea la SHCP. ¿Qué virtudes se identifican en la casi consumada regulación de la deuda de estados y municipios? ¿Serán las reformas una herramienta de control al despilfarro irresponsable o sólo constituirán un nuevo mecanismo de presión de la Federación hacia los estados y municipios?
2-La transparencia: lo incómodo de lo políticamente correcto. Instalados (como es costumbre) en falta a los plazos establecidos por ellos mismos, los legisladores federales parecen tener mucha prisa por emitir la nueva Ley General de Transparencia (LGT). La LGT, reglamentaria de la reforma al artículo 6 constitucional, promulgada el 7 de febrero de 2014, será el marco base para la normatividad en materia de transparencia, rendición de cuentas, y protección a datos personales, cuya aplicación deberá homologarse –en cuanto se encuentre lista—con las 32 leyes estatales sobre el particular. El establecimiento de criterios generales en dichas cuestiones resulta crucial a fin de evitar –en la medida de lo que la voluntad política de las autoridades permita—la operación asimétrica de los regímenes de acceso a la información, es decir, que cada estado siga decidiendo qué datos transparenta, cuáles reserva, y cuánto opta por mantener en las penumbras. Sin embargo, en las últimas semanas, dado algunos trascendidos no oficiales, varias organizaciones de la sociedad civil interesadas en darle seguimiento a estos asuntos, comenzaron a manifestar sus preocupaciones ante presuntas regresiones respecto a los supuestos avances conseguidos en la referida reforma de hace un año. Y se habla de supuestos porque, aun cuando, por ejemplo, se incluyó como sujetos obligados a abrir sus archivos a los partidos políticos, sindicatos y fideicomisos públicos, todos estos entes permanecen en la opacidad so pretexto de la inexistencia de las leyes secundarias para fijar los métodos por los cuales ingresarán al régimen de transparencia. Del mismo modo, ya de forma oficial, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) expuso un decálogo de inquietudes a los senadores integrantes de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana (discutido en una reunión privada llevada a cabo la tarde de este lunes 16 de febrero), con el propósito de que el dictamen a emitirse en próximos días no violente principios como el de “máxima publicidad” y se coloquen demasiados candados a determinados datos sensibles (o, mejor dicho, potencialmente comprometedores). Así las cosas, ¿qué factores tienen estancada la LGT?; ¿qué señales daría la aprobación de eventuales retrocesos a lo cual, al menos en la letra legal, fueron pasos adelante a favor de la transparencia, pero que, en la práctica, poco se ha visto su efectividad?; ¿será éste, aunado al de combate a la corrupción, el tema incómodo de la presente administración federal (y de los legisladores, por qué no decirlo)?
3-Guerrero y el uso político de la “lucha” anticorrupción. En plena temporada de definiciones sobre los aspirantes a suceder a Rogelio Ortega al frente del gobierno del estado de Guerrero, la Procuraduría General de la República (PGR) ha dado a conocer la detención de nueve colaboradores del mandatario local con licencia, Ángel Aguirre Rivero. Entre los asegurados se encuentran siete integrantes de la familia Hughes, un clan asociado con Aguirre en negocios y campañas políticas desde el interinato de éste a finales de la década de 1990 (cuando todavía militaba en el PRI). Los Hughes están dedicados al negocio de la construcción en Acapulco, constituyendo una de tantas ilustraciones de corrupción y colusión entre autoridades y particulares, en el redituable negocio de las obras públicas y los inmuebles. Asimismo, estaría pendiente la captura de dos hermanos y un sobrino de Aguirre, quienes estarían involucrados en la querella perseguida por la PGR. Las investigaciones en contra de los acusados van especialmente enfocadas en los delitos de lavado de dinero vinculados con un presunto desfalco de más de mil millones de pesos, el cual habría sido detectado por la Auditoría Superior de la Federación e indagado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Sin duda, uno de los referentes más escandalosos del caso sería el desvío de recursos por 160 millones de pesos, cuyo destino debían ser obras de reconstrucción tras el paso de los meteoros Ingrid y Manuel (2013). En su momento, Guerrero llegó a recibir alrededor de 35 mil millones de pesos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN). Independientemente de ahondar en detalles, y de señalar cómo estos hechos descarrilaron la intención del hijo de Aguirre por contender a la alcaldía de Acapulco, también resulta curioso que no se indiquen de manera oficial la existencia de conductas ilícitas por parte del gobernador licenciado. Mientras tanto, a pesar de que los hoy detenidos han promovido recursos para ser liberados de inmediato dadas supuestas fallas en el debido proceso en el transcurso de su captura y presentación, esto podría no ser relevante si hay un interés mayor en ir edificando este caso como una especie de paradigma en las intenciones del gobierno federal de emprender una “lucha sin cuartel” contra la corrupción y la impunidad. No deja de llamar la atención tampoco cómo Aguirre podría caer por una acusación por malversación de fondos y hasta tráfico de influencias, y no por el tema que propició su caída: el caso Iguala. Cabe recordar que la licencia de Aguirre no lo aparta de la protección del fuero constitucional, pero los efectos del escándalo causaron una onda expansiva que cimbró tanto a las aspiraciones políticas –y a la tranquilidad—de sus parientes, como a la el partido en el cual militaba hasta hace unas horas: el PRD. ¿Cómo enrarecen estos acontecimientos el de por sí turbio ambiente político en Guerrero? ¿Es éste un ejemplo de procuración de justicia efectiva o de mecanismos de presión en pos de un reacomodo político?
4-El perredismo decantado… ¿de más? Ya no es noticia que las sesiones del Consejo Político Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) concluyan en polémica y, por supuesto, deriven en especulaciones respecto a la unidad de dicho instituto político. En su edición IX, celebrada a lo largo del fin de semana del “Día del amor y la amistad”, la corriente dominante del perredismo, Nueva Izquierda (“Los Chuchos”), apabulló los lugares de las listas de candidatos a diputados plurinominales para la LXIII Legislatura federal, destacando nombres como los ex dirigentes Jesús Zambrano y Guadalupe Acosta. No obstante, personajes tan emblemáticos como problemáticos por los escándalos en los cuales han estado envueltos, como Marcelo Ebrard y René Bejarano, quedaron excluidos de esta prerrogativa partidista de acceder –de forma directa y prácticamente sin importar del todo el voto ciudadano—a los recursos, los reflectores y, en una de esas, al servicio a la Patria que representa ingresar a San Lázaro. El ex jefe de gobierno capitalino, carente de atención mediática desde su salida del Ayuntamiento del Distrito Federal, ha vuelto a posicionarse en la conversación pública, aunque sólo por los dimes y diretes respecto a las investigaciones acerca de los problemas de la Línea 12 del Metro. En tanto, Bejarano, líder de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN), aun fuera de la representación proporcional como individuo, todavía fue capaz de colocar ciertos puestos para sus afines (sin mencionar la presencia de varios de los mismos –incluida su esposa, la senadora Dolores Padierna—en altas esferas de poder dentro del PRD). Visto lo anterior, las definiciones de su IX Consejo Político podrían significar un segundo proceso de decantación al seno del perredismo en los últimos meses. Primero, la desbandada a MORENA o, al menos, hacia fuera del PRD (motivada por la influencia de MORENA); ahora, queda en suspenso si Ebrard buscará futuro en su actual partido o, de plano, rescatará una antigua invitación a incorporarse a las filas de la opción política que ha logrado concretar apuestas de riesgo en tiempos recientes: el Movimiento Ciudadano (de Dante Delgado). ¿Finalmente se habrá realizado la decantación final del PRD? ¿Será que el debilitamiento del “sol azteca” y la presente desarticulación de la izquierda propiciarán al menos tres años de bipartidismo PRI-PAN?
5-Los (anti)protocolos policiacos en Estados Unidos: el caso Zambrano. Apenas han transcurrido unas cuantas semanas desde que el presidente estadounidense, Barack Obama, reabrió los fuegos fatuos de la nunca cumplida promesa de la reforma migratoria, con el objetivo de provocar las habitualmente torpes reacciones de sus contrincantes del Partido Republicano. Aunque era más o menos claro que la maniobra no tenía más que intenciones políticas y no humanitarias (y, para muestra, habrá que estar pendiente de si las cifras históricas de deportaciones características de la administración Obama prosiguen), las esperanzas de regularización de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos siguen en el estancamiento. Peor aún, las expectativas se tornan aún menos halagüeñas tras la ocurrencia de incidentes como el sucedido el pasado martes 10 de febrero en el condado de Pasco, cerca de Seattle, Washington. Antonio Zambrano Montes, un recién liberado preso acusado hace exactamente un año de haber agredido bajo los efectos de metanfetamínicos a un oficial de policía, volvió a tener un altercado con agentes, pero esta vez concluyó en su ejecución a sangre fría y en plena calle. Los informes policiacos no pudieron desmentir la evidencia plasmada en un video aficionado donde se ve cómo Zambrano se rinde desarmado antes de ser asesinado. No han sido pocos los activistas en derechos humanos que han denunciado la brutalidad del evento, y lo han llegado a comparar con el caso del afroamericano Michael Brown, abatido en un suceso similar en la localidad de Ferguson, Missouri (agosto 2014). Las presuntas connotaciones raciales de estos abusos de autoridad esbozan contextos distintos, sobre todo a la hora del análisis de las implicaciones políticas, en especial cuando se habla de un mexicano ajusticiado a la mala en territorio estadounidense. Es conocido que las autoridades de México poco o nada pueden hacer más allá de extrañamientos inocuos. En realidad, la preocupación para Estados Unidos no está en las reacciones de los políticos mexicanos, sino en el potencial descontento social en su propia tierra. ¿Son los casos de Pasco y Ferguson hechos aislados que no tendrán mayor repercusión que la coyuntura? ¿Cómo evitar que estas torpes actuaciones policiacas no generen problemas más grandes, en especial a la luz de que tanto afroamericanos como hispanos han dejado de percibirse como minorías irrelevantes?
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