Agenda de análisis. 16 de junio de 2014

SCJN

Como parte de sus simpáticas –y nada cándidas—reapariciones en redes sociales, Andrés Manuel López Obrador publicó un mensaje donde se leía: “No soy hipócrita, ustedes saben que me gusta más el béisbol y estoy en contra de la manipulación, pero deseo que México siempre gane”. En los albores de “la madre de todas las batallas futboleras”, es decir, del Brasil-México en el Mundial, AMLO vuelve a avivar el discurso conspiracionista del soccer como el opio del pueblo mexicano, en particular a la luz de la supuesta desatención ciudadana a los sucesos referentes a la reforma energética. A pesar de ello, es probable que un alto porcentaje de quienes han colocado buena parte de sus energías y concentración en los sucesos futbolísticos en tierra brasileira, de todos modos no habrían estado vigilantes e incisivos ni en las transmisiones del Canal del Congreso –y su deficiente transmisión por internet, la única forma de seguir el circo de dos o más pistas en el que se ha transformado ese canal en los últimos días—, ni en las generalmente paupérrimas crónicas de los principales medios electrónicos y escritos. Para quienes han combinado su atención entre las tribunas de los estadios y l@s tribun@s de las comisiones, o para aquellos que de plano dicen ignorar –en muchos casos de manera culposa—lo sucedido en Brasil, ha habido de todo a fin de enturbiar un adecuado seguimiento a la deplorable labor del Legislativo federal. Así las cosas, el panorama político está extraviado, pero no por un torneo deportivo, sino por las misma negligencia ciudadana y cinismo político de siempre.
1-La “paja legislativa”: el verdadero distractor de la reforma energética. “Al pueblo, pan y circo”. Este antiquísimo y muy trillado adagio ha estado presente en no pocos de los incontables y “sesudos” análisis acerca del entorno en el cual se está desarrollando la reglamentación de la apertura del sector energético. Podría asegurarse que en casi todas las oportunidades, el referente obligado es el campeonato mundial de soccer como el “principal enemigo” de que los mexicanos no estén siguiendo con la debida atención los pormenores del proceso legislativo. Sin embargo, el balón podría no ser el fetiche correcto para achacarle la desatención ciudadana respecto a la actividad del Congreso. Los señuelos han sido variados, desde la creación de una Comisión de Familia y Desarrollo Humano en el Senado (acusada por activistas liberales de intentar promover valores sociales a su entender retrógradas), pasando por una inocua prohibición de animales en circos por parte de la Asamblea Legislativa del D.F. (ahora encarando la negativa del jefe de gobierno capitalino para promulgarla), el polémico haber por retiro para magistrados electorales, hasta el más sofisticado pleito procedimental en el seno senatorial. Así, mientras el debate parece empantanado en la cámara de Reforma, en el recinto de San Lázaro la reforma energética navega a través de aguas en plena calma en los temas de mayor trascendencia: los presupuestarios. La fórmula de colocar “paja en el ojo ajeno” para ocultar “la viga incrustada en el propio” parece estar dando dividendos.
2-La construcción de ciudadanía en México: hipocresía de la autoridad y comodidad de la sociedad. Este lunes 16 de junio, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, estuvo a cargo de la presentación del “Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México”. Este trabajo se llevó a cabo desde 2011 a la fecha entre el órgano electoral y El Colegio de México, institución que coordinó a diversos investigadores especialistas en materias como democracia, estado de derecho, justicia, participación ciudadana, entre otras. De acuerdo con las conclusiones generales del documento, el país “se encuentra en un proceso de construcción de ciudadanía que se caracteriza, en términos muy generales, por una desconfianza en el prójimo y en la autoridad –especialmente en las instituciones encargadas de la procuración de justicia”. En su discurso, Córdova consideró indispensable el emprendimiento de una política de Estado para el fomento de la educación cívica. Por su parte, en el mismo evento, el todavía presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el panista José González Morfín, aseguró que figuras como las candidaturas independientes y la consulta popular coadyuvan en los esfuerzos de consolidación de ciudadanía. No obstante, la retórica continúa recurriendo a argumentos falaces y a idilios legislativos que suelen endulzar los oídos de ciertos sectores de la sociedad civil ávidos de morder anzuelos de ingenuidad política. ¿Por qué reformas como la político-electoral o la de transparencia podrían no tener impacto alguno en la intención de “construir ciudadanía”? ¿Cómo ayuda –o, mejor dicho, trunca—a este objetivo la conducta de los legisladores y funcionarios públicos en general?
3-La imperiosidad de abolir los circos (legislativos): el caso de la Asamblea del Distrito Federal (ALDF). En su sesión del pasado 9 de junio, como banderazo de salida del periodo extraordinario de sesiones del órgano legislativo capitalino, los asambleístas aprobaron por 41 votos a favor y 11 abstenciones una serie de reformas a la Ley de Espectáculos Públicos de la entidad con el propósito de prohibir el uso de animales en cualquier tipo de espectáculo circense. Independientemente de todos los debates respecto a la conveniencia o no de llevar adelante esta medida –algo en ocasiones tan bizantino como la recurrentes discusiones sobre la tauromaquia, sin menospreciar por supuesto los derechos de los animales—, sorprende cuáles son los temas prioritarios de una ALDF que, según datos de la ex legisladora del PAN, Laura Ballesteros, habría costado 1,200 millones de pesos anuales durante la anterior V Legislatura. Esta cantidad de dinero se hace más cuestionable al revisar el limitado catálogo de facultades que tiene la Asamblea de acuerdo con el Estatuto de Gobierno del D.F. (EGODF). La ilustración más elocuente de la debilidad del legislativo defeño se da en el presente proceso de armonización de la reforma político-electoral, ya que éste no podrá darse hasta el momento en el cual la Cámara de Diputados federal realice las modificaciones correspondientes al EGODF (eso sí, solicitadas por un resolutivo de los asambleístas, avalado después por el jefe de gobierno). Mientras tanto, la tan llevada y traída reforma política del D.F. sigue estancada y muy posiblemente supeditada a que el PRI y el PAN puedan tener mejores dividendos frente a la izquierda tras los comicios locales de 2015. Ante esto, resulta curioso notar cómo la entidad que tal vez tendría los índices de participación ciudadana más altos, también sea la de menores libertades políticas de facto.
4-El reloj de las reformas: ¿detenerlo, apresurarlo o todo lo contrario? En tanto el coordinador de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones, declara que el trabajo legislativo ya no admite dilaciones ni pretextos, sobre todo en lo vinculado con la reglamentación pendiente de las reformas energética y de telecomunicaciones, el panista Diego Fernández de Cevallos, en un artículo publicado en Milenio, sugirió tomar el debido tiempo con el propósito de discutir de forma adecuada las leyes secundarias en comento. El “Jefe Diego” usó la metáfora de que “un reloj parado tiene la razón dos veces al día” a fin de indicar la inconveniencia de apresurar procesos legislativos delicados como los actuales. Si bien el PRI tiene los números suficientes para pasar las reglamentaciones en San Lázaro y que sólo le restarían algunos votos en el Senado –o, en su defecto, una cierta disminución en el quorum vía convenientes ausencias de legisladores de oposición—, el meollo del asunto ha demostrado no ser sólo cuestión de cifras. Los priistas han tratado de evitar la reconstrucción de su imagen “mayoritera” y, en cambio, han privilegiado compartir costos con Acción Nacional –como en el tema energético—y hasta con el PRD –en lo concerniente a la miscelánea fiscal. Ahora bien, como ya se mencionó en un punto previo de la agenda, estas negociaciones parecen más tersas en Cámara de Diputados y han pasado más desapercibidas en los medios. Esto puede tener diversas implicaciones. Por lo pronto, Beltrones se da el lujo de conservar su prestigio de operador político infalible (o casi), mientras sus colegas tricolores en el Senado son cuestionados un día sí y otro también. Al final, las reglamentaciones parece que saldrán, no en tiempo y forma tal vez, pero saldrán. Entonces, ¿hay margen aún en los tiempos legislativos? ¿Cuáles serán las consecuencias de este manejo del reloj legislativo en el ajedrez político, no sólo entre los distintos partidos, sino en el juego de poder que se avecina en la sucesión de los liderazgos priistas?
5-La nueva “reforma agraria” detrás de la reforma energética. Uno de los puntos más controversiales que ha salido a la luz en las recientes discusiones de las reglamentaciones energéticas, ha sido la eventualidad de incluir en los dictámenes diversas disposiciones que facilitarían la expropiación de terrenos con la intención de aprovecharlos en la exploración y extracción de hidrocarburos. Las críticas sobre el particular han venido desde ambos lados de la oposición. En palabras del senador perredista Luis Sánchez, un constante crítico de la reforma en general, unos 400 mil kilómetros cuadrados serían susceptibles a ser arrebatados de manos de ejidatarios y comuneros por medio de una política expropiatoria con el potencial de dejar a miles de familias en el desamparo patrimonial. Del otro lado, el mismísimo “Jefe Diego” ha advertido tener “cuidado con los hombre y mujeres del campo”, ya que, según él, bajo el actual diseño del dictamen, los “Atencos” podrían propagarse sin control. De hecho, un tanto vinculado con estos cuestionamientos, el 1 de junio pasado se aprobaron cambios en el régimen de uso de suelo en San Salvador Atenco, el polémico municipio donde se proyectaba construir una nueva terminal del aeropuerto capitalino, dejando de lado el carácter ejidal de los terrenos y transformándolos en propiedad privada susceptible de comprarse y venderse. Varios ejidatarios acusaron irregularidades y “cachirulismo” en la asamblea que tomó dicha determinación. Asimismo, tampoco debe olvidarse el interés del gobierno actual en el tema del desarrollo y reordenamiento territorial encarnado en la transformación de la Secretaría de la Reforma Agraria en la SEDATU. ¿Qué tan grave puede ser este problema? ¿Cuáles son los pros y contras de flexibilizar las reglas de tenencia de la tierra?

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