Semana de aniversarios en México. El 18 de marzo marcará la conmemoración de uno de los hitos (hoy mitos) del nacionalismo revolucionario: la expropiación petrolera. Indudablemente, uno de los pendientes de la reforma educativa, la cual (todavía) no plantea ni por asomo cambios en los planes de estudio de las primarias, será replantear la forma en la que se narre (explicarlo ya es una aspiración superior, casi utópica) aquel episodio donde cientos de mexicanos acudieron a ofrecer sus pertenencias –joyas, dinero y hasta gallinas—a “Tata Lázaro” para que “le alcanzara” a cubrir el monto de las indemnizaciones que, por ley, debieron pagársele a los consorcios petroleros extranjeros por la nacionalización. A siete décadas y media de distancia, los sucesores de aquellas corporaciones están listos para la reconquista; un premio a la paciencia. Por cierto, paciencia es la que seguiremos cultivando respecto a otro de los aniversarios de estos ajetreados “idus de marzo”: el vigésimo desde el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Símbolo de los últimos estertores antes del letargo de doce años del régimen autoritario (hoy con todo el empeño de volver por sus fueros), el crimen contra el entonces candidato presidencial del PRI, no sólo refleja la impunidad en las esferas más oscuras de la clase política nacional, sino también las falsas añoranzas de un futuro prometido que, tal vez, nunca fue factible. Así, habrá que ver si la reforma energética no cumple con ese mismo patrón de porvenires inverosímiles, y si la historia de Colosio continúa como una mera fábula en los libros de texto escolares.
1-El sui generis LXXVI Aniversario de la Expropiación Petrolera. Este 18 de marzo, el municipio de Cosoleacaque, Veracruz –situado en la llamada Región Olmeca en el suroriente de la entidad—“se vestirá de manteles largos” a fin de recibir la visita de trabajo del presidente Enrique Peña, con motivo de la conmemoración del septuagésimo sexto aniversario de la nacionalización de la industria petrolera. Es bastante probable que el mandatario vuelva a aludir a su remoto antecesor, Lázaro Cárdenas, en su discurso aludiendo a una efeméride un tanto cuanto desfasada de la realidad. Peña ha sostenido y “argumentado”–con algunos indicios de sofismas—cómo la reforma energética decretada el 20 de diciembre de 2013 mantiene el espíritu de la expropiación cardenista de 1938. Si bien es correcto que la participación privada en labores vinculadas con el petróleo no fue prohibida del todo hasta 1960, la intención del primer inquilino de Los Pinos seguramente dista mucho de la que inspiró al actual ocupante de la casa presidencial. En este contexto, un par de días después vencerá el plazo marcado en el artículo sexto transitorio de la reforma constitucional para que PEMEX entregue a Secretaría de Energía la lista de áreas en exploración y campos de producción donde la todavía paraestatal ha evaluado puede continuar operando por sí misma (el primer paso del proceso conocido como Ronda Cero). ¿Para qué sirve al gobierno la preservación de este (ahora) mito del nacionalismo revolucionario? ¿Habrá transparencia en esta primera etapa de la Ronda Cero? ¿Finalmente llegará el anuncio de las propuestas de leyes reglamentarias en materia de energía?
2-El “renversé” de las alianzas de seguridad en Michoacán. La noche del 11 de marzo, el comisionado especial para Michoacán, Alfredo Castillo, dio a conocer la detención de Hipólito Mora, líder y fundador de las llamadas autodefensas en la entidad. Mora, quien encabezaba al grupo en una de las localidades más emblemáticas del conflicto en Tierra Caliente, La Ruana (municipio de Buenavista), es acusado de haber participado en el asesinato de otros dos líderes comunitarios, Rafael Sánchez Moreno, “El Pollo”, y José Luis Torres Castañeda, “El Tico” –uno de cuyos hijos es colaborador de la senadora, ya de nuevo en funciones, Iris Vianey Mendoza—, quienes habrían sido hallados calcinados en una camioneta unos días atrás. Si se continúa indagando en notas periodísticas acerca de las autodefensas, es muy probable perderse en un laberinto de nombres, complicidades y ahora de presuntos delitos cometidos por integrantes de éstas a las que Jesús Silva Hérzog Márquez ha dado en denominar “milicias privadas”, tanto en México como en Estados Unidos (tráfico de drogas, homicidios, extorsión, secuestro). Lo cierto es que la detención de Mora ha puesto bajo la lupa los historiales de personajes emblemáticos de la crisis michoacana como José Manuel Mireles (aquel “rescatado” de un accidente de avioneta y retenido por las autoridades federales para sacarle una confesión editada para la televisión nacional), Juan José Farías, “El Abuelo” (la persona “non grata” en una reunión del comisionado Castillo con las autodefensas hace unas semanas), entre otros. Mientras tanto, el gobierno federal parece querer cubrir tanto el flanco Templario, como el de las “autodefensas malas”. ¿Le alcanzarán las manos?; ¿serán estos recientes cuestionamientos a los liderazgos de las autodefensas una rectificación del actuar –no confundir con estrategia—de la autoridad?
3-La “Línea Dorada”: de opacidades, prisas y revanchas políticas. El pasado 12 de marzo, los trenes de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México dejaron de circular por 11 de las 20 estaciones de la ruta –o por 10 de los 25 kilómetros de la misma, según se vea. La razón fue el “hallazgo” de fallas estructurales en la mayor parte del tramo elevado de la obra comprendido entre Tláhuac y Atlalilco al suroriente de la capital. El proyecto insignia de infraestructura durante la anterior administración en el Distrito Federal había sido inaugurado el 30 de octubre de 2012, restando poco más de un mes a la gestión de Marcelo Ebrard. La línea 12, cuyo costo original se estimó en 17.5 mil millones de pesos y concluyó facturando alrededor de 26.2 mil millones de pesos, arrancó operaciones con varios pendientes en la obra civil, algunos desperfectos menores en los recorridos y diversos detalles propios de algo que se puso en marcha antes de tiempo por motivos de lucimiento político. Esto ha sucedido desde tiempos remotos en México, aunque en épocas recientes se recuerdan otras construcciones con problemas de tal tipo como la nueva sede del Senado de la República, el Puente Baluarte en la autopista Mazatlán-Durango (el puente estaba listo, pero la carretera no), o la presa El Realito, en la frontera entre Guanajuato y San Luis Potosí (el vaso existe, pero sin acueducto) entre otras. Las aristas del tema abundan: ¿por qué ocurrió esto si las obras fueron auditadas, como asegura Ebrard?; ¿quién tendría en un momento dado responsabilidad por el hecho y cómo resarcirá el daño?; ¿por qué los contribuyentes deberemos pagar más de 700 millones de pesos adicionales (y lo que se acumule) para volver a hacer operativa la línea?; ¿hasta cuándo habrá sanción para quienes presupuestan, cobran e inauguran obras sin concluir?; ¿en verdad se “pretende” descarrilar la carrera política de Ebrard (si es que no estaba ya un poco en ese periplo)?
4-La salida de Manuel Mondragón de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS): (contados) éxitos, (algunos) yerros y (muchísimos) pendientes. Con la salida de Acción Nacional de la Presidencia de la República, también llegó a su fin uno de los proyectos institucionales más emblemáticos de la “docena panista”: la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF). La polémica de la SSPF corrió desde su fundación con Vicente Fox, hasta el clímax de sus operaciones durante la gestión de Felipe Calderón y la titularidad de Genaro García Luna. La administración Peña pretendió dar una imagen de “golpe de timón” a la política de seguridad pública y comenzó por desaparecer la SSPF, reincorporar varias de sus funciones a Secretaría de Gobernación, proponer una aún incógnita Gendarmería Nacional, y darle un papel preponderante a un personaje cuyo historial, sobre todo al frente de la policía de la Ciudad de México en tiempos de Marcelo Ebrard, había generado resultados interesantes: Manuel Mondragón y Kalb. Del trabajo de Mondragón como jefe policiaco capitalino destacó su proyecto de sectorización del esquema de mando único, el cual opera en la urbe desde que era administrada por el Departamento del Distrito Federal. Ya como parte del equipo de Peña, Mondragón ha encarado situaciones muy complejas con desenlaces mixtos. Por ejemplo, se recuerda la relativa pulcritud del desalojo de los profesores disidentes del bloque que mantuvieron en la Autopista del Sol a principios de 2013, aunque también sobresale el desorden en la coordinación para contener las manifestaciones del llamado 1DMx, en el marco de la toma de posesión de Enrique Peña. Este 18 de marzo se hará el anuncio oficial de la renuncia de Mondragón al frente del CNS. ¿Qué significa esta dimisión? ¿Vendrá un reordenamiento de la política de seguridad pública? ¿Fue el enfoque de la “estrategia” en Michoacán una de las causas de su salida? ¿Podría volver a la policía capitalina o a la de alguna otra entidad problematizada –el Estado de México, por ejemplo?
5-El INE y el IFAI: un juego de barajas con dieciocho cartas. La semana pasada, el Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados –integrado por tres integrantes de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, dos ciudadanos propuestos por el IFAI, y dos postulados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos—entregó una lista con 71 finalistas que aspiran a ocupar alguno de los once lugares como consejeros del próximo Instituto Nacional de Elecciones (INE). Asimismo, este 20 de marzo vencerá el plazo para el registro de candidatos a instalarse en alguno de los siete asientos del pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Como es sabido, los actuales cuatro consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) fueron “conminados” por los legisladores a participar en el proceso de selección del Consejo General del INE, tal vez inspirados por las críticas recibidas contra el Senado tras el descabezamiento total de los comisionados del IFAI hace un par de semanas. Ahora bien, a diferencia de los todavía integrantes del órgano autónomo de transparencia, quienes fueron todos propuestos por el anterior presidente, Felipe Calderón, los actuales consejeros del IFE llegaron a sus cargos vía el socorrido esquema de cuotas partidistas. De hecho, dos de los cuatro, María Marván y Lorenzo Córdova, son producto del accidentado proceso que dejó al IFE sin tres de sus integrantes por alrededor de un año y que, además de a ellos, sentó en el Instituto al polémico Sergio García Ramírez, recordado por su voto decisivo en la exoneración del PRI por presuntos rebases en sus gastos durante la campaña presidencial de 2012. Hoy, aunque diputados –a cargo de integrar el INE—y senadores –con la responsabilidad sobre el IFAI—han dicho que no habrá cuotismo en los respectivos procesos, y por mucho rebuscamiento impreso en los métodos de selección, parece inverosímil que no haya una carga político-partidista en los mismos. ¿Qué mecanismos serían los idóneos a fin de evitar la repartición de barajas entre los partidos? ¿Por qué no se avanza en el fortalecimiento de un servicio civil del cual también puedan surgir los integrantes de los distintos organismos autónomos, y así “cortarles el cordón umbilical” del Congreso?
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