Este lunes 2 de diciembre, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación, Reforma del Estado, y Estudios Legislativos, Primera y Segunda, discutieron y aprobaron en el Senado, el dictamen de una serie de modificaciones constitucionales conocidas en general como la reforma político-electoral. Como ha sido una costumbre a lo largo de esta LXII Legislatura, los congresistas han funcionado bajo la lógica del madruguete y la confusión. Este modus operandi ha permitido la construcción de reformas en apariencia benéficas y hasta integradoras no únicamente de la opinión de los legisladores y sus equipos técnicos, sino de organizaciones de la sociedad civil interesadas en los temas específicos a debate. Sin embargo, la inusitada velocidad con la cual se han solido aprobar las reformas con los dictámenes cambiados de última hora, también ha generado espacios que facilitan el establecimiento de ventanas de oportunidad para manejar a modo la implementación de los nuevos ordenamientos legales. Ya sucedió con la reforma en telecomunicaciones, cuyas leyes secundarias no sólo no fueron creadas por el Congreso en los plazos que los mismos legisladores convinieron, sino que han sido “pateadas” para mejor ocasión. Otro ejemplo fue el limbo en el cual se dejó la declaratoria de “inexistencia de la información” en lo referente a las leyes de transparencia. Ahora, la reforma político-electoral se perfila a tener las mismas grietas en su diseño. Así las cosas, el caso de la reforma energética no tendría por qué ser diferente…
1-La reforma electoral: el Estado a punto de parir un monstruo. A reserva de conocer la versión final del dictamen de los lineamientos que eventualmente darán vida al sistema electoral encabezado por el Instituto Nacional de Elecciones, ya hay varias cuestiones dignas de preocupación, tanto por su carácter contradictorio, como por significar potenciales retrocesos en la incipiente democracia del país. No únicamente están las inquietudes que presentó un grupo de organizaciones de la sociedad civil en materia de las nuevas modalidades de reelección legislativa y de presidencias municipales (candados partidistas, plazos insuficientes, restricciones de facto a la participación ciudadana), sino cuestiones vinculadas con la relación entre el órgano electoral nacional y los locales, la prevalencia de controles sobre éstos últimos desde los gobiernos estatales, la adición del concepto de “determinancia” (sic.) para dictar una causa de nulidad electoral, además del traslado a leyes secundarias –es decir, dejándolos en total incertidumbre—de temas como los plazos para la reelección. Todo esto sin mencionar el eventual costo para los contribuyentes de ejercer las reformas. ¿Es esta una reforma para el fortalecimiento del régimen democrático o sólo es la consolidación del blindaje a la partidocracia?
2-La propuesta de autonomía de la Procuraduría General de la República: ¿un avance largamente anhelado o una peligrosa trampa? Como parte de la reforma política que está a punto de aprobarse en el Congreso, se ha propuesto la creación de una Fiscalía General de la República (FGR) en sustitución de la actual PGR. Por medio de modificaciones al artículo 102 constitucional, la PGR, que hoy no forma parte de la Administración Pública Federal, pero sí depende del Poder Ejecutivo, adquiriría un sui generis carácter autónomo. En el proyecto de dictamen respectivo, se establece que el titular de la eventual FGR sería nombrado por medio de una terna propuesta desde el Senado, de entre cuyos miembros el presidente elegiría al titular del órgano, quien duraría en su cargo nueve años. No obstante, en ejercicio de una curiosa noción de autonomía, el titular del Ejecutivo podría remover al fiscal de la República en cualquier momento, a menos de que lo objeten dos terceras partes de los senadores. Asimismo, se estipula que la Fiscalía deberá integrar dos órganos especializados en materia electoral y anticorrupción, respectivamente. Esto último podría significar la posposición –al menos hasta 2018 cuando, se supone, entraría en vigor esta reforma—de la formación de la institución sucesoria de la Secretaría de la Función Pública, extinta hace casi un año. ¿Están la procuración de justicia federal y el combate a la corrupción en riesgo de una regresión?
3-El verdadero “robo más grande de la historia”. Desde hace varias semanas, Andrés Manuel López Obrador ha acuñado (como suele hacerlo) un ingenioso lema para su arenga de “defensa del petróleo”: “No vamos a permitir el ‘robo más grande de la historia’”. Aunque el tabasqueño se refiere a la eventual apertura del sector energético a la inversión de capitales privados, tal vez resultaría más válido aplicar esta clase de reclamos a la forma en la cual PEMEX ha funcionado como una paraestatal ineficiente, atada a los candados de liderazgos sindicales corruptos, pasivos laborales ingentes, una merma fiscal sin freno ni piedad, la impunidad –y, en ocasiones, complicidad—en la que operan fenómenos como la llamada “ordeña” de ductos (estimada a superar los 7,600 millones de pesos en pérdidas para 2013), entre otras cuestiones. A la luz de las reformas impulsadas por el Ejecutivo y concretadas en el Legislativo, el combate a la corrupción parece estar en el último lugar de las prioridades. ¿Cómo podrían afectar estos “cabos sueltos” al éxito en la implementación de la reforma energética?
4-La reforma política para el Distrito Federal: ¿la “monedita” de cambio para el PRD? Justo cuando inicia la etapa crucial de la discusión y posible aprobación de las reformas político-electoral y energética, sumado a la reciente desincorporación (¿temporal?) del PRD del Pacto por México, Mario Delgado, presidente de la Comisión del Distrito Federal en el Senado, confirmó a la prensa la circulación de un proyecto de dictamen que, en teoría, saciaría la inquietud de la izquierda por haber excluido del debate general de la reforma política el tema del nuevo estatus jurídico de la capital del país. El senador Delgado ha asegurado que su partido no planea intercambiar el aval al asunto del D.F. por un eventual alineamiento al voto favorable a la reforma energética. Se dice que el particular más delicado en la negociación ha sido la manera en la cual se conformaría la Asamblea Constituyente abocada a diseñar y aprobar la Constitución del Distrito Federal, algo que el gobierno federal parece no estaría dispuesto a conceder a un legislativo local apabullantemente perredista. ¿Qué repercusiones tendrán estas pláticas en el ajedrez político de estas intensas semanas en el Congreso?
5-Las implicaciones del retraso en la reforma en telecomunicaciones. El próximo 9 de diciembre, vencerá el plazo que los mismos legisladores de la República fijaron a fin de concluir la reglamentación de las modificaciones constitucionales en materia de telecomunicaciones. Como ocurre con frecuencia en el Congreso, los plazos perentorios no son respetados –no existe sanción por incurrir en ello—y se acaba condenando muchos asuntos a la indefinición y a la llamada “congeladora”. En el caso de telecomunicaciones, la inexistencia de nuevas leyes secundarias hace que prevalezca el marco jurídico anterior a la reforma, es decir, hay un enorme potencial para caer en contradicciones y, por ende, en una operación ineficiente de la ley. Aunado a ello, decisiones como retrasar el denominado “apagón analógico” –más por criterios políticos que técnicos—, o lanzar una Estrategia Nacional Digital en un marco de incertidumbre para la inversión, hacen del futuro de la reforma algo poco halagüeño.
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