Estas últimas semanas han sido difíciles para la gestión del presidente Peña. Los números sobre la economía no están bien, la política de desarrollo social convence a muy pocos acerca de su eficacia más allá del ámbito de la cooptación electoral, y su aparente pericia de coordinación con el Congreso que derivó en las reformas constitucionales de 2013, se ha ido empantanando con los procesos de reglamentación. Mucho se ha especulado respecto a la conveniente oportunidad del Mundial de futbol soccer a fin de desviar las miradas del grueso de la población hacia la “trivialidad” del deporte, en vez de poner atención en los “asuntos relevantes” para la nación. Lo cierto es que la sociedad en general no es proclive a colocar su ojo vigilante encima de esa clase de “asuntos relevantes”, con o sin distracciones lúdicas. No nos engañemos. La opinión del “respetable” importa poco a nuestras autoridades a estas alturas del partido. La verdadera preocupación del gobierno está en no dejar degenerar las crecientes dudas de los inversionistas y actores económicos nacionales y extranjeros, en una decepción real del “momento mexicano”. Eso no lo podría subsanar ni un lejanísimo campeonato del equipo de soccer mexicano en Brasil 2014. En ese hipotético escenario, seguro varios mexicanos terminarán por derrumbar la Columna de la Independencia en un estado de éxtasis masivo pero, si la economía no levanta y las reformas no prosperan como se espera, la victoria alada de Reforma no será lo único que concluya irremediablemente estrellada en el suelo.
1-La política social de la administración Peña: ¿combatiendo o alimentando la pobreza? Junio ha sido declarado por el gobierno federal como el mes del Programa Sin Hambre. Si bien el presidente no abrió el mes con algún acto alusivo a ello (se “interpuso” el Día de la Marina y la ceremonia oficial llevada a cabo en Tampico el 1 de junio), el 2 de junio sí se dio inicio formal a estas “conmemoraciones” en Guachochi, una comunidad localizada en plena Sierra Tarahumara chihuahuense. De acuerdo con datos de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Rosario Robles, la llamada “Cruzada Nacional contra el Hambre” comenzó con una cobertura de 400 municipios –los cuales, en su momento, se decía eran los más pobres de México (algo no necesariamente cierto)—y ahora ha alcanzado 1,062 demarcaciones, es decir, casi la mitad de las que se compone el país. En un corte realizado al 30 de abril de 2014, a poco más de un año de su puesta en marcha, SEDESOL reportó la existencia de 1.75 millones de beneficiarios de la Tarjeta Sin Hambre, quienes pueden adquirir una canasta de 14 productos básicos a precios preferenciales por medio de las tiendas Diconsa. También se destacan los proyectos de autoconsumo, la incorporación de familias al padrón de Oportunidades y al del Programa Alimentario. Ahora bien, a pesar de que el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), José Graziano da Silva, ha dado en mayo pasado un reconocimiento a la labor del programa Sin Hambre, organizaciones como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), junto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), han reprobado a Oportunidades en sus éxitos de segunda etapa, es decir, ir más allá del mero asistencialismo y generar impacto en la expansión del mercado laboral. Más allá de la lógica electorera inmanente a esta clase de apoyos, ¿qué tan sustentable es mantener esa estrategia en el contexto económico actual? ¿Cuáles son las alternativas (claro está, excluyendo los “convenientes” cambios en los indicadores y metodologías de medición de la pobreza)?
2-Las “Seis acciones a favor de la productividad” del gobierno federal: ¿compromiso o “atole con el dedo” al empresariado? En el marco de la 32 Asamblea General Ordinaria del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el presidente Peña anunció un sexteto de medidas a emprenderse en breve (así lo dijo) con el propósito de fomentar un elemento que buena parte de los analistas económicos han señalado como prioritario: la productividad. En resumen, dichas acciones tienen que ver con la reducción “del impacto adverso de las restricciones al uso de dólares en efectivo en la frontera”, la simplificación de trámites de exportación, la inyección de 3.3 mil millones de pesos al Sistema Nacional de Garantías, la “modernización de las reglas de operación de los programas sociales”, la reducción de tiempos entre la adjudicación de obras y el inicio de su construcción, así como –y esto es muy interesante—la garantía de tener “contenido nacional relevante” en materia de hidrocarburos, gas y electricidad. Esto último adquiere relevancia ante la proximidad de la reglamentación de la reforma energética y la continuación de las deliberaciones de la denominada Ronda Cero. Ciertamente, el CCE ha sido vanguardia cuando se ha tratado de denunciar a la actual administración federal acerca de su política fiscal draconiana. En este tenor, el CCE ha reiterado que la contracción de la capacidad de generación de empleos de sus miembros deviene de las nuevas cargas impositivas aprobadas en 2013. No obstante, ahora el gobierno parece “tender la mano” al empresariado y pretende “subirlo al carro” del discurso de “Mover a México”. A la luz de las nuevas promesas del titular del Ejecutivo, ¿realmente tendrán efectos positivos en la productividad? ¿Cómo va eso de la “democratización de la productividad?
3-Los avances en la reforma penal: ¿a pasos agigantados o a trotes desbocados? En los últimos días, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha estado sumamente activo en foros y eventos oficiales alusivos a la implementación del nuevo sistema de justicia aprobado desde 2008. Como es sabido, en junio de 2016 vence el plazo establecido por los congresistas de la LX Legislatura para que los estados del país pongan en funcionamiento pleno la reforma. Sin embargo, tal como le ha dado seguimiento puntual CIDAC en los últimos meses, los trabajos rumbo a ese objetivo van atrasados en la mayoría de las entidades. En la más reciente sesión de la Comisión para la Implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia, celebrada en Mérida, Osorio Chong felicitó a Yucatán por ser el cuarto estado en arrancar con los parámetros de la reforma, y reiteró su intención de que, para fines de este año, 28 entidades ya operen “de manera total o parcial” el sistema acusatorio. Carlos De la Rosa, investigador de CIDAC, se hace la pregunta legítima de cómo pensará el secretario de Gobernación lograr en siete meses lo que no se ha podido en seis años. Tradicionalmente, la cuestión del cumplimiento de plazos no se da con soltura en México. La cultura de la “falla en el cálculo de tiempos” y, por ende, de las prórrogas está acendrada. Ahora bien, se corre el riesgo (al igual que en otros ámbitos de la actualidad nacional) de, con tal de ajustarse a los plazos perentorios, se hagan las cosas con poco cuidado –o sea, mal—y acabe saliendo peor el remedio que la enfermedad. Es sabido que el proyecto de la reforma penal ha sido del interés de importantes actores políticos como el mismo procurador Jesús Murillo Karam. ¿Podrá conseguirse un equilibrio entre una adecuada implementación y un, digamos, “cumplimiento razonable” de los tiempos? ¿Qué conflictos podrían derivar de una puesta en marcha “al aventón” de la reforma?
4-La cuestión indígena: ¿paralizada en el tiempo? El pasado domingo 25 de mayo, el autodenominado “subcomandante Marcos” (Rafael Sebastián Guillén Vicente) reapareció de forma sorpresiva con un comunicado donde anunciaba su decisión de “dejar de existir”. Más allá de lo poco o mucho que represente esta determinación en lo referente a la vida y vigencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Marcos volvió a poner en las mesas de opinión el asunto de cómo (supuestamente) han avanzado los derechos indígenas en el país. En este sentido, parece haber consenso en calificar a la profusa prolongación del texto del artículo 2 constitucional en materia de reconocimiento a la libre determinación de los pueblos indígenas (o sea, de más o menos uno de cada diez mexicanos), concretada en agosto de 2001, como una de las máximas conquistas –o, al menos, consecuencias—del estallido zapatista de 1994. No obstante, a la fecha, las comunidades indígenas continúan viviendo en un régimen de exclusión –el cual no pocos llegan a definir como autoexcluyente—, marginación y pobreza. No en vano el acto de arranque del mes de la “Cruzada Nacional contra el Hambre” se llevó a cabo en una comunidad indígena, aunque con la presencia de la secretaria Rosario Robles, quien, aun cuando era natural su participación en el evento, no dejan de recordarse sus poco afortunadas “recomendaciones” a las familias indígenas sobre la vinculación entre planificación familiar y elegibilidad para recibir apoyos asistencialistas –refiriéndose en específico a Oportunidades. ¿Debe seguir tomándose el tema indígena como una excentricidad digna del más crudo asistencialismo? ¿Puede ser de otra manera?
5-La trata de personas en el Distrito Federal: la ley contra la realidad. El pasado viernes 30 de mayo, el presidente con licencia del PRI-DF, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, entregó a la Comisión Nacional de Justicia de su partido un documento de alegatos donde se defiende de las acusaciones en su contra en lo referente al presunto delito de trata de personas. Este proceso en particular sólo atañe al Revolucionario Institucional y no tiene del todo consecuencias judiciales. Por el contrario, las denuncias de hechos presentadas por perredistas y panistas ante la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) sí podrían conducir, en caso de que así lo determine la autoridad tras analizar los resultados de las investigaciones (por supuesto, concediendo que éstas se estuvieren llevando a cabo), a una pena corporal contra el líder priista. Se supone que el D.F. cuenta con una de las legislaciones más avanzadas del país en la materia, la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas, publicada el 13 de marzo de 2014. A pesar de ello, y con evidencias en apariencia claras respecto a la existencia de una red de trata en las inmediaciones de la influencia de Gutiérrez de la Torre, la PGJDF no da demasiadas señales de pronunciarse con contundencia acerca del particular. ¿Puede ser este caso una ilustración prístina de cómo ni el más adelantado marco jurídico es capaz de atender un problema de la vida real sin voluntad política de por medio? ¿Es posible hacer un símil respecto a otras legislaciones, en especial en el ámbito económico y social?
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