1-El Distrito Federal: la batalla campal de las izquierdas. A partir del primer minuto del 20 de abril dieron inicio de manera formal las campañas electorales locales en la capital del país. Los habitantes del D.F. elegirán a los 64 miembros de la Asamblea Legislativa (40 por cada uno de los distritos uninominales locales y 24 de representación proporcional), así como a los 16 jefes delegacionales. En un vericueto legal absurdo, el proselitismo de los candidatos a diputaciones federales por los correspondientes 27 distritos de la entidad ya lleva un par de semanas en desarrollo. Desde 1997, primer año en el cual los capitalinos pudieron elegir a su Jefe de Gobierno, la dominancia del PRD en el D.F. fue construyéndose y nutriéndose de una gran diversidad de elementos: desde gestiones aprobatorias encabezadas por los liderazgos de Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, pasando por la herencia de las estructuras clientelares dejadas por décadas de control operativo del PRI (partido que siempre detentó el otrora denominado Departamento del Distrito Federal), hasta el aprovechamiento del desorden interno del priismo local y de un PAN capitalino autodestructivo y anacrónico, en términos de su oferta política y social para el perfil de los defeños. Sin embargo, el clímax electoral del perredismo que significaron los resultados de 2012, donde Miguel Ángel Mancera llegó al Palacio del Ayuntamiento con casi 2 de cada 3 de los votos emitidos, parece estar muy distante del escenario de división de las izquierdas partidistas presente en 2015. Dejando de lado un poco la defensa que harán los “partidos chicos” de la entidad de sus actuales pertrechos –el PRI en Cuajimalpa y el PAN en Benito Juárez—, y al factor Movimiento Ciudadano –quien ostenta a Ebrard en el primer lugar de la lista de diputados plurinominales de dicho partido para la cuarta circunscripción federal, a la que está adscrito el D.F.—, el PRD y su declarado archirrival, MORENA –léase AMLO— protagonizarán varios duelos de poder a poder, sobre todo en delegaciones como Cuauhtémoc e Iztapalapa (dos de las mayores generadoras de recursos, lícitos e ilícitos). Ahora bien, desde el punto de vista de los ciudadanos, ¿habrá algún beneficio derivado de las luchas intestinas de la izquierda? ¿Hay alguna oportunidad para que los otros contendientes (PRI, PAN y demás partidos pequeños) aprovechen la pugna entre las “tribus” venidas a partidos políticos? ¿Cómo incidirá el factor Mancera en el curso del proceso y de las preferencias electorales?
2-¿Tiene México un “déficit de ciudadanía”?. El Instituto Nacional Electoral (INE), a lo largo de las siguientes siete semanas, llevará a cabo sendos foros de análisis, a realizarse cada lunes de aquí hasta el 25 de mayo en distintas ciudades del país, sobre el tema general: “Las plataformas electorales en 2015”. El INE abrió estos eventos con una serie de charlas tituladas “Participación ciudadana y fortalecimiento de la democracia”, ofrecidas por los presidentes nacionales del PAN, PRI, Nueva Alianza, y Encuentro Social, representantes de alta jerarquía de otros cinco partidos, y la ausencia de MORENA. En este contexto, José Woldenberg, ex consejero presidente del extinto IFE, ofreció una conferencia donde, entre otras cuestiones, resaltó el “déficit de ciudadanía” característico de la democracia mexicana. De acuerdo con el hoy académico de la UNAM, si bien las organizaciones sociales han ido en crecimiento y se ocupan de temas importantes que, en ciertas ocasiones, llegan a tener influencia en la toma de decisiones, su participación suele enfocarse en una línea idílica donde el objetivo último sería una reducción del Estado a su mínima expresión, en contraposición a una visión autoritaria donde el Estado quisiera aplastar cualquier forma de manifestación en su contra. Ciertamente, en México se está lejos de lograr un equilibrio que mesure la satanización del gobierno versus la santificación de la sociedad civil. Esta perspectiva maniquea da lugar, como es natural en los radicalismos, a contradicciones prácticas ilustradas por liderazgos ciudadanos cuyo objetivo es legitimarse como “no políticos” para conseguir, al final, un cargo o influencia política. Por otra parte, también se presentan casos frecuentes de autoridades con reacciones torpes ante el activismo social y, por ende, con efectos negativos en su adecuado quehacer político. La esquizofrenia de la falsa disyuntiva encarnada en lo que Woldenberg señaló como sociedad civil versus sociedad política, ha llevado a despropósitos como partidos políticos negando su condición política, a legisladores que venden su independencia como un activo ideológico, pero que en realidad disfrazan llanas ambiciones políticas, o a funcionarios paralizados ante caprichos sociales alimentados por el clientelismo, la ignorancia, la frivolidad o una combinación de todas las anteriores. ¿Estaría entonces la participación ciudadana encausada de forma subóptima? ¿Será ese posible déficit de ciudadanía un elemento fundamental en la preservación de la clase política soberbia e impune que tiene el país?
3-La compra-venta del voto. En tiempos de campañas electorales, el tema de la compra del voto por parte de los partidos políticos es recurrente. En tiempos del régimen autoritario, la oposición siempre acudía a tal denuncia a fin de evidenciar la perversidad del sistema y, de forma paralela, intentaba concientizar a los votantes sobre la importancia de no vender su sufragio a cambio de una despensa, una bolsa de cemento, o una nimia remuneración monetaria. Al abrirse el juego político a distintos actores, incluidos los otrora opositores, los clamores de legítima indignación se fueron convirtiendo en chillidos de hipocresía. Es bastante probable que el día cuando más recursos se erogan –y con menor transparencia— durante un proceso electoral por parte de los partidos políticos sea en la misma jornada comicial. A lo largo del llamado “Día ‘D’”, las acusaciones múltiples entre partidos y candidatos por estar comprando votos son innumerables. Sin duda, la procedencia de esos flujos de efectivo ha sido poco rastreada, ya sea por negligencia o complicidad de todos los involucrados, aunque las posibles pistas a propósito de su origen conducen a varias fuentes. Las sospechas van primordialmente hacia aquel dinero no fiscalizable, destacando el caso de la gigantesca bolsa discrecional del Poder Legislativo federal. En una nota publicada el 18 de abril en Proceso, entre marzo de 2014 y febrero de 2015, tan sólo los diputados federales recibieron 1,193 millones de pesos no susceptibles a revisión, sumando un total de 3,042 millones de pesos durante el periodo de la LXII Legislatura. Por si fuera poco, la nueva Ley General de Transparencia que está por ser promulgada en las próximas horas por el presidente Peña, no será aplicable para recurso alguno de la legislatura en curso. Además, aunque se supone que las futuras disposiciones en materia de transparencia ya obligarán a los siguientes congresistas, los espacios de opacidad para los recursos destinados a gestión política continuarán. Todo lo anterior, sin mencionar otras medidas de compra de voto como el uso faccioso de programas sociales gubernamentales. Finalmente, está la discusión acerca de cuál es la responsabilidad del ciudadano, es decir, para haber quien compre, debe haber alguien dispuesto a vender. El voto como mercancía es un fenómeno que encuentra terrenos fértiles en una sociedad donde el sufragio se percibe como algo de poco o nulo valor. ¿Qué hace falta para que la democracia mexicana deje de ser un “objeto prostituible”? ¿Puede un país sumido en la desigualdad y el endeble estado de derecho superar los incentivos para la venta del voto?
4-Tamaulipas: ¿vivir sin Estado? Aunque un nuevo escándalo en materia de seguridad ha surgido entre la opinión pública tras un reportaje de Proceso sobre los eventos violentos del 6 de enero pasado en Apatzingán, Michoacán, y el presunto abuso de autoridad de las fuerzas federales, hay un asunto preocupante que pareció diluirse ante esta coyuntura periodística. El viernes 17 de abril, Reynosa volvió a protagonizar hechos de violencia que la mantuvieron paralizada durante horas. Ese día, fuerzas federales habían capturado a uno de los líderes del Cartel del Golfo, José Hugo Rodríguez Sánchez, “El Gafe”, en una colonia al sur de esa ciudad fronteriza. En un presunto intento por rescatar al criminal se desataron balaceras, bloqueos viales, quema de vehículos y toda una efervescencia en redes sociales donde, incluso, se llegó a reportar el derribo de un helicóptero de la Marina, el cual jamás fue confirmado de forma oficial. La ingobernabilidad en Tamaulipas no es cosa nueva y no se ven avances en su reducción. En cambio, en una alerta de viaje emitida por el Departamento de Estado estadounidense el 13 de abril, apenas unos días antes de los incidentes descritos aquí, se estipulaba que las capacidades de procuración de justicia en la entidad van de limitadas a inexistentes. De acuerdo con ese documento, la actividad criminal ocurre a cualquier hora del día, los ciudadanos estadounidenses son blanco frecuente de la delincuencia, y prácticamente ninguna carretera es segura, ni siquiera las principales vías hacia la frontera o Monterrey. La situación en Tamaulipas es muestra de la derrota del Estado ante el poder de fuego de la delincuencia y la creación de un Estado alterno con el cual debe negociarse el derecho de piso, no nada más cuando se habla de la llegada de inversiones, sino también cuando se habla del poder político. ¿Tendrá alguna salida o simplemente se continuará tolerando esta normalidad trágica?
5-La reforma a la Ley de Armas: ¿carta blanca a extranjeros? La semana anterior, el Senado de la República aprobó modificaciones a los artículos 11, 27 y 28, así como la adición de un 28 Bis, a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. La minuta que se encuentra en estos momentos a revisión en la Cámara de Diputados plantea la posibilidad de que agentes extranjeros, en funciones de migración y aduanas, recibieran permisos especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para portar armas de fuego. La reforma también abre la opción de aprobar la portación de armas restringidas por ley “en casos excepcionales”, siempre y cuando se justifique la necesidad de su uso “a juicio de” la SEDENA. Durante los debates senatoriales, la veintena de legisladores que se pronunciaron en contra del dictamen consideraron que las nuevas disposiciones serían la plena legalización de la acción discrecional de funcionarios extranjeros, en particular de Estados Unidos, en territorio mexicano. También se llegó a decir que la ley autorizaría la llegada de agentes de seguridad extranjeros a fin de reforzar instalaciones de yacimientos naturales explotados por concesionarios o contratistas foráneos. Esto último sería impreciso en términos de la propuesta legislativa. Lo que sí se permitiría serían los programas de preinspección migratoria en aeropuertos y garitas en todo el país. De hecho, en la exposición de motivos se habla de los presuntos beneficios de este tipo de políticas en experiencias en Canadá e Irlanda con agentes migratorios estadounidenses. En este sentido, las críticas apuntan a un eventual refuerzo de la presencia de personal armado de Estados Unidos en la frontera sur. Así, la iniciativa enarbolada de origen por el Ejecutivo federal está en plena polémica. ¿Cuáles son sus verdaderos alcances? ¿Podría ser inconstitucional el establecimiento de excepciones para extranjeros a una legislación mexicana?
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