Semana de resurrecciones. Por supuesto que no me refiero a cuestiones religiosas ni mucho menos. De hecho, los asuntos “vueltos a nacer” son tan mundanos como atendibles. El Congreso, colmado de pendientes–si bien no abrumado por ellos—, regresa después de un asueto de una semana entera. No importó que los legisladores volvieran a incurrir en falta al no presentar en tiempo y forma las leyes reglamentarias en materia energética. Tampoco parecen estar suficientemente preocupados porque los órganos constitucionales autónomos continúen renaciendo sin reglas claras, desde el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pasando por el IFAI, y hasta el Instituto Nacional de Elecciones (INE), el cual habrá de organizar y vigilar el proceso electoral intermedio de 2015 (a iniciar de manera formal en octubre próximo), así como atraer aquellos procesos locales que así se determine pertinente hacerlo –Michoacán se perfila como un gran candidato en ese sentido. Asimismo, ha resucitado el “Michoacanazo”, aunque con características y, muy probablemente, desenlaces distintos al acaecido durante la administración Calderón. Sin embargo, parece que la principal resurrección que no es exclusiva de esta semana, pero que se “ha venido postulando” en los últimos meses, es el de un gobierno con prácticas autoritarias, disfrazadas de políticas reformistas.
1-Las distinciones entre el “Michoacanazo” calderonista y el peñanietista. El sábado 19 de abril, la juez primero de lo penal en Michoacán decretó auto de formal prisión contra el alcalde priista de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza, quien había sido detenido unos días antes acusado de extorsión y vínculos con el crimen organizado. El proceso comenzó tras la denuncia de tres regidores del cabildo, quienes dijeron haber sido “comprometidos” por el edil, en una reunión llevada a cabo en enero de 2012, a entregar una cuota mensual a grupos delictivos, a cambio de garantizar la seguridad del municipio y la suya propia. Al mismo tiempo, también fue detenido por elementos de la procuraduría michoacana, el munícipe de Tacámbaro, Noé Octavio Aburto Inclán, éste con una acusación de peculado contra su ayuntamiento de por medio. Hay varias diferencias destacables con respecto a lo sucedido hace cinco años, el 26 de mayo de 2009, cuando se comenzó a cumplir una orden de localización y presentación contra casi una treintena de funcionarios en la entidad (doce de ellos alcaldes de localidades como Uruapan, Buenavista Tomatlán, Tepalcatepec y Apatzingán (en ese momento bajo la tutela del perredista Genaro Guízar)). En el primer “Michoacanazo”, la acción la emprendió la Federación vía la Procuraduría General de la República, aduciendo presuntos vínculos con la delincuencia organizada. En el actual procedimiento, han sido autoridades locales las responsables de las detenciones (claro, sin olvidar el sui generis estatus de Michoacán, intervenido de facto por el gobierno federal). Asimismo, hoy sí hay autos de formal prisión dictados; hace un lustro, sólo hubo arraigos que culminaron en la liberación de todos los investigados. A reserva de señalar otras divergencias, ¿qué implican en cuanto al modus operandi de la presente administración federal, con respecto a su antecesor? ¿Estas acciones en verdad ayudarán a mejorar la situación en Michoacán?
2-Las draconianas regulaciones propuestas al internet: ¿cortina de humo? Tal como ocurrió hace unos meses durante la discusión de las reformas constitucionales en materia de transparencia y acceso a la información, un sector de la sociedad civil organizada y la tradicional caja de resonancia que representan las redes sociales, han vuelto a generar polémica acerca de una iniciativa de ley propuesta desde el Ejecutivo. En esta oportunidad, el tema es una serie de disposiciones incluidas en el proyecto de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, reglamentaria de las modificaciones a la Constitución aprobadas en junio de 2013, donde se estarían limitando varias cuestiones relacionadas con el uso de internet. Entre las medidas a tomar –supuestamente—estarían restringir contenidos a juicio de los proveedores, dejar ambiguos los criterios de censura por derechos de autor, anular las señales de red cuando la autoridad así lo determine por cuestiones de seguridad, y hacer uso indiscriminado de datos personales publicados en redes sociales. Ciertamente, todo esto resultaría no sólo preocupante, sino peligroso para el desarrollo democrático de México. Sin embargo, podría estarse fraguando una estrategia que ya le ha funcionado en el pasado inmediato a la administración Peña para pasar sus reformas, tal como ocurrió en materia de transparencia. La “sociedad civil organizada” se queja y multiplica su presencia en redes sociales, informando sobre el “inminente atropello” a las libertades. De último segundo, el gobierno recula, dice haber escuchado las justas demandas de la ciudadanía, elimina toda la serie de despropósitos incluidas en el dictamen (no se sabe si en la cámara de origen o en la revisora, pero lo harían eventualmente), y la “sociedad civil organizada” se vanagloriará de haber logrado “una conquista más” -sin dejar de mencionar el “gran poder liberador y democrático de las redes sociales”. Mientras, el gobierno ya desvió la atención de lo que sí le interesa aprobar, es decir, la dilución de las atribuciones del IFT, la centralización de decisiones en la SCT y, por supuesto, los beneficios que se otorgarán a Televisa en materia de salvaguardar su dominancia en un sector clave como lo es la televisión por cable. ¿Se repetirá la historia de la legislación en transparencia en el caso de telecomunicaciones, es decir, el truco del señuelo para desviar la atención de lo que la autoridad en verdad quiere?
3-La Semana Nacional de la Seguridad Social…¿en el peor momento para la misma? Desde que fue acordada en la II Reunión de Legisladores de América Latina (Buenos Aires, noviembre 2012), los congresos de la región celebran cada mes de abril la Semana de Seguridad Social. En México se dio inicio a la misma este lunes 21 de marzo en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Durante el acto inaugural, los diputados priistas defendieron lo que ellos consideran avances en el régimen de seguridad social vía la aprobación del seguro de desempleo (en detrimento de la subcuenta de vivienda de los trabajadores) y la pensión universal (cuyo monto dista mucho de ser un apoyo digno a los adultos mayores). Por el contrario, los tribunos de oposición destacaron que, ante el nimio crecimiento económico esperado en el futuro inmediato, las expectativas de fortalecer el régimen de seguridad social en el país son poco alentadoras. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social del INEGI, 23 por ciento de la población no tiene acceso a ningún tipo de seguridad social. Asimismo, el porcentaje de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pasó de 76 por ciento en 1996, a 44 por ciento en 2013. Aunque instrumentos como el Seguro Popular han ganado auge frente a la decadencia de instituciones como el IMSS y el ISSSTE, sus servicios no son ni universales, ni gratuitos. ¿Cuáles serán las consecuencias a mediano plazo del desmantelamiento de facto del esquema de seguridad social? ¿Hay alguna solución que lo pueda hacer sustentable? ¿Qué tanto influye la corrupción de las instituciones en el mal estado del sistema?
4-Las “marchas forzadas” de las leyes reglamentarias. Sin duda era previsible. Cuando inició el periodo ordinario de sesiones del Congreso en febrero pasado, la realidad indicaba que la enorme lista de pendientes legislativos no podría ser desahogada ni con oportunidad, ni con eficiencia antes de su conclusión el próximo 30 de abril. Ya se habla de la posibilidad de llevar a cabo un periodo extraordinario de sesiones en la primera semana de mayo. Además de no haber sido suficiente el calendario de sesiones, los legisladores han faltado a los plazos que ellos mismos se impusieron a fin de sacar las reglamentaciones a las reformas en telecomunicaciones y en materia energética (este último venció apenas el 19 de abril pasado). Por si fuera poco, hay demasiado ruido mediático en el tema de telecom, el cual, como ya se mencionó en un inciso anterior de esta Agenda de Análisis, puede sumir en la bruma de la confusión algunos asuntos de relevancia; por otro lado, hay mucha incertidumbre sobre el contenido de las complejas leyes secundarias que darán forma a la apertura energética. Se está ante el riesgo del falso debate, el “madruguete” legislativo, la imperfección negligente de la legislación y la falta de consolidación de un marco legal que en verdad cumpla con las expectativas de “mover a México”. Del mismo modo, ante la omisión del Legislativo en el cumplimiento de plazos constitucionales, la perspectiva de que suceda lo mismo con otros pendientes como la Ley General de Transparencia o la reglamentación de la reforma político-electoral es bastante alta. Entre prisas, estrategias dilatorias, acuerdos fuera de la luz pública, ausencia de discusión técnica en temas que lo ameriten, y la influencia de grupos de presión resistentes al espíritu original de las reformas, ¿qué clase de resultados se espera entregarán los congresistas? ¿Se “echará por la borda” el entusiasmo reformador del gobierno? ¿Se volverá a la fórmula de cambiarlo todo para mantenerlo igual?
5-El proyecto de ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM): ¿gobernabilidad vs. sustentabilidad? El tema del replanteamiento de la terminal aérea de la capital del país ha vuelto a debate. En una entrevista recuperada por el periódico Reforma, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, confirmó que ocho empresas estarían por entregar estudios con el propósito de evaluar la opción de ampliar el aeropuerto en terrenos inmediatos al menguante Lago de Texcoco. Ciertamente, como lo indicó el funcionario, al ser zona federal, no habría necesidad de expropiaciones o de problemas con propiedades ejidales. No obstante, el impacto ecológico del proyecto genera severas dudas (aunque la actual administración no suele prestarle demasiada atención al asunto; basta recordar el caso de la eliminación del estatus de parque nacional al Nevado de Toluca a finales del año pasado). También cabe recordar que el actual presidente Peña, en su entonces calidad de flamante gobernador del Estado de México, fue uno de los principales protagonistas del anterior intento de encontrar una solución a la saturación del AICM. Cuando Vicente Fox pretendió instalar un aeropuerto complementario en los predios de la comunidad de San Salvador Atenco, la violenta resistencia de los pobladores a perder sus tierras por la vía de la expropiación, originó una reacción por parte de autoridades federales y locales de triste memoria. ¿A qué nuevos retos se enfrentará el gobierno federal en este presunto proyecto de infraestructura (muy necesario, por cierto)?
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