1-Tlataya: los derechos humanos, la milicia y la administración Peña, a prueba. Es innegable que el primer tercio del sexenio del presidente Peña se ha caracterizado por disminuir el impacto mediático de los temas de seguridad. Los “ejecutómetros” prácticamente han desaparecido de las líneas editoriales de la prensa, las noticias de enfrentamientos entre grupos armados ya no contagian de manera desenfrenada la radio, la televisión y los periódicos, y los otrora constantes actos y anuncios presidenciales con motivo de la lucha contra la delincuencia organizada, en particular durante la gestión de Felipe Calderón en Los Pinos –acompañados de las respectivas loas a las fuerzas armadas—, hoy son muy escasos, casi imperceptibles. De hecho, a diferencia de su antecesor, Peña ya no es protagonista de la vocería de seguridad gubernamental. Sin embargo, un no tan reciente acontecimiento que involucró a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en la pequeña comunidad mexiquense de San Pedro Limón, municipio de Tlataya, se ha ido poco a poco desbordando del control de la información. La semana anterior, en una revista (Esquire) abocada sobre todo a contenidos para caballeros –desde reportajes, consejos de belleza, ejercicio, moda y demás—, se publicaron las revelaciones de una supuesta testigo de un presunto fusilamiento, ocurrido el 30 de junio pasado en Tlataya, perpetrado por militares en contra de 22 personas acusadas de participar en secuestros. En su momento, las fuentes oficiales divulgaron que se había tratado de un enfrentamiento donde, además, habrían sido liberadas tres mujeres. Hoy, dos de ellas están presas bajo la imputación de acopio de armas. El escándalo no pudo haber surgido en peor momento, tomando en cuenta que el presidente Peña se encuentra de visita en Nueva York para participar en distintos foros, y ya ha sido cuestionado respecto al caso. Hace apenas unos días, en el marco de su mensaje alusivo al II Informe de Gobierno, Peña destacaba cómo la SEDENA no había recibido ninguna recomendación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en lo que llevaba de 2014. Ahora, la PGR ha anunciado su intención de investigar a detalle el asunto. ¿Cuáles podrían ser los escenarios derivados de un manejo inadecuado del caso Tlataya? ¿Qué tan delicado sería que éste no fuera un evento aislado, en especial en regiones como donde sucedió el incidente? ¿Cuál es el papel de la CNDH en la atención de esta clase de contingencias?
2-La nueva Ley de Movilidad en la Ciudad de México: entre la Suprema Corte, las buenas intenciones y la realidad. Si bien fue promulgada desde el 14 de julio pasado, la Ley de Movilidad del Distrito Federal (LMDF), la cual abrogó la Ley de Transporte y Vialidad que estaba vigente desde 2002, se encuentra en su proceso más álgido rumbo a su concreción definitiva. No sólo se está a la espera de la emisión de un nuevo reglamento de tránsito por parte de la nueva Secretaría de Movilidad (antes de Transportes y Vialidad), sino que seis artículos de la LMDF fueron impugnados por los órganos de derechos humanos nacional y local y, por ende, se hallan en revisión por la Suprema Corte de Justicia (SCJN). Respecto a este último punto, las controversias versan acerca de dos puntos primordiales: uno, el debate sobre los límites entre la libertad de expresión y manifestación, y la libertad de tránsito (la LMDF prohíbe bloquear vías primarias y faculta a la policía para hacerlo cumplir); dos, conceptos vinculados con personas que padecen algún tipo de discapacidad (por ejemplo, la restricción de emitirles licencias de conducir en caso de presentar algún impedimento físico o mental que les imposibilite manejar un vehículo automotor). Asimismo, hay medidas polémicas como la restauración de las evaluaciones para otorgar licencias y permisos de manejo, el recrudecimiento de las causales para la cancelación definitiva de dicho documento (por ejemplo, ser sancionado dos o más veces en un año por conducir ebrio, o por cometer alguna infracción bajo la influencia de estupefacientes). También estableció una especie de jerarquía en cuanto a las preferencias de uso de vialidades, colocando al peatón en la cúspide y a los vehículos automotores particulares en el fondo. En fin, al echar un vistazo a la norma, las buenas intenciones abundan y, sobre todo, la promesa de un Programa Integral de Movilidad (PIM) con lineamientos acordes al mundo contemporáneo, pero no tan afines a una ciudad tan desordenada como la capital del país. La LMDF plantea desafíos tanto para el Gobierno del Distrito Federal en términos desde planeación urbana hasta, muy importante, inversión en infraestructura. ¿Cuáles son los principales obstáculos y ventanas de oportunidad para la nueva regulación? ¿Por qué es relevante que esta ley funcione?
3-La Alianza por el Parlamento Abierto o de cómo “abrir el ostión” de la opacidad legislativa. A mediodía de este 22 de septiembre, en el recinto de la vieja casona de Xicoténcatl, el Congreso de la Unión signó, acompañado de organizaciones civiles interesadas, la Alianza para el Parlamento Abierto en México (APA). Esto se da en el contexto de la presidencia rotativa que actualmente ostenta el país de la llamada Alianza por el Gobierno Abierto (AGA), un esfuerzo internacional que tiene como propósito fomentar la transparencia y la rendición de cuentas entre los órganos de gobierno en todo el mundo. Durante la firma del compromiso, el presidente del Senado de la República, Miguel Barbosa, destacó el valor del acuerdo, en particular por lo que concierne, según sus palabras, a los pendientes en la materia existentes en los congresos estatales, a los cuales calificó de “enclaves de oscuridad, autoritarismo, de vocación por el ejercicio absoluto del poder”. En el mismo tenor, se anunció la intención de colaborar tanto con la sociedad civil interesada, como con instituciones como la Auditoría Superior de la Federación o el IFAI, con el propósito de convertir en práctica normal la transparencia y la efectiva rendición de cuentas. Se supone que la reciente reforma al artículo 6 constitucional –cuya reglamentación estaría en proceso en las cámaras legislativas—ya establece un esquema normativo útil en el apuntalamiento de estos objetivos. Sin embargo, tanto los congresos locales, como indicó Barbosa, como el federal, se han caracterizado por ser la “caja chica” de los partidos políticos y hasta de grupos o personalidades específicas (se decía que los congresistas afines a, por ejemplo, López Obrador, aportaban recursos de sus remuneraciones con la consigna de financiar al ya extinto “gobierno legítimo”. Ahora, a pesar de la puesta en marcha de APA, habrá que darle seguimiento a viáticos exorbitantes, gastos discrecionales, bonos surgidos de la nada, y demás resquicios con el potencial de convertir a la transparencia en cinismo, y a la rendición de cuentas en hipocresía. ¿Podrá la APA ser un buen complemento de la última reforma de transparencia? ¿Qué énfasis se pondrá a combatir la impunidad sobre malas prácticas?
4-Los derechos indígenas: ¿preocupación real o folklorismo en acción? Como parte de la visita que lleva a cabo por Nueva York, el presidente Peña se dirigió a la LXIX Asamblea General de Naciones Unidas dentro de la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas. El mandatario subrayó que alrededor de 10 por ciento de la población mexicana es indígena, lo cual implica un reto fundamental para gobierno y sociedad en pos de honrar los postulados del artículo 2 constitucional. Como se recuerda, la Constitución define a la nación como única, indivisible, aunque pluricultural, subrayando la relevancia de los distintos pueblos indígenas, cuyos ascendientes fueron los pobladores originales. En este sentido, el apartado A de dicho articulado, se sientan las bases legales para la existencia de fenómenos polémicos como el “usocostumbrismo”, la diversidad lingüística, y los factores culturales como obstáculos al desarrollo económico (o viceversa, el desarrollo económico como riesgo cultural). La realidad es que los pueblos indígenas continúan perteneciendo de manera mayoritaria a los deciles más bajos de ingresos y prosiguen en la mira del asistencialismo de Estado. A lo largo del tiempo, la cuestión indígena ha generado manifestaciones tanto de discriminación social, como de retórica inocua respecto a los derechos humanos y las garantías individuales de quienes, incluso en los discursos oficiales más “compasivos”, los indígenas son tratados como mexicanos de segunda o menores. Una breve ilustración de ello fueron las desafortunadas declaraciones de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, cuando señaló que las mujeres indígenas ya no serían beneficiarias de los programas de su dependencia si no planificaban adecuadamente su familia. Con esto en mente, y considerando que el tema de los indígenas dista de ser prioritario para esta administración (y para las anteriores igual), ¿cuáles son los principales pendientes sobre el respeto a las garantías constitucionales enfocadas en los pueblos originarios?
5-El derrame del prestigio del Grupo México. El reciente incidente de la fuga de sustancias tóxicas de la antigua mina de Cananea en Sonora, cada vez encuentra más aristas para el análisis. Lo que parecía en un principio se circunscribiría a una discusión acerca de la responsabilidad que debían tener los consorcios mineros y, de cara a la implementación de la reforma energética, los petroleros y de gas, en cuanto a eventuales accidentes o prácticas negligentes que pusieran en riesgo la sustentabilidad de las regiones donde operaran, o causaran daños al medio ambiente. En las últimas horas, la polémica ha encontrado un par de puntos álgidos: uno, la posibilidad de que los venenos navegantes en las cuencas rivereñas de Sonora lleguen hasta territorio estadounidense. Esto ha generado una alerta binacional con el potencial de ocasionar un conflicto entre dos gobiernos que, para bien o para mal, han ido enfriando poco a poco su relación; dos, la controversia de la salida del Consejo de Administración de Grupo Televisa del magnate minero, Germán Larrea. En este último rubro, se rumora que las relaciones entre el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, y Larrea, están rotas. En este entorno, Televisa adujo conflicto de intereses dado que el director de Grupo México estaría interesado en competir por una de las cadenas de televisión abierta programadas a licitarse en los próximos meses. Aunado a ello, aunque el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) tiene la potestad decidir qué empresarios se encargarán de las nuevas concesiones televisivas, la avalancha de mala prensa –no injustificada del todo, por cierto—contra el consorcio minero podría influir de forma determinante en la determinación del órgano regulador. En sí, este pleito entre potentados puede acarrear repercusiones económicas, en especial en lo relativo a los mercados de valores y el comportamiento de las acciones de ambos grupos. No obstante, también pone temas controversiales en la mesa como las presuntas preferencias o prerrogativas que el gobierno federal pudiera prodigar a uno u otro competidor. Todo lo anterior, por supuesto, no deberá distraer la atención acerca de la imperiosidad de manifestar las intenciones verdaderas por hacer valer el estado de derecho y el principio de la reparación equivalente del daño, cuando se trata de desastres similares al del río Bacanuchi. En suma, la situación tiene varias aristas interconectadas; ¿será que este presunto pleito entre particulares servirá para desviar la atención del desastre ecológico en Sonora?; ¿cuál pudiera ser la magnitud de un conflicto binacional si los tóxicos cruzan la frontera hacia Arizona?
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