1-El INE: otra crisis de confianza. La sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) del pasado 18 de febrero terminó de manera abrupta. Los representantes de los siete partidos políticos de oposición se levantaron de la mesa ante la posposición del debate sobre la regulación de la difusión de programas sociales en temporada electoral. Sin embargo, delegados partidistas como Pablo Gómez (PRD), Javier Corral (PAN), y Horacio Duarte (MORENA), coinciden en señalar que el asunto del uso electorero de los recursos públicos fue la gota que derramó el vaso tras una serie de decisiones y omisiones del INE en beneficio del PRI y sus aliados. El consejero presidente del árbitro electoral, Lorenzo Córdova, pidió a los inconformes “cerrar filas en torno a la institucionalidad democrática” que el Instituto se supone consagra, además de sentenciar que no se subordina a los intereses de ningún partido. No obstante, la oposición acusa diferentes raceros al actuar, por ejemplo, contra el PRD y un anuncio televisivo que fue censurado dados los reclamos del conductor Joaquín López-Dóriga, primero, y de TELMEX y Televisa, después, por una utilización dolosa de sus respectivas imágenes, comparado con la lentitud con la que se han atendido las exigencias de sacar de circulación la propaganda del Partido Verde por considerarla violatoria del marco legal de las campañas. También lamentan la permanencia de Alfredo Cristalinas al frente de la Unidad de Fiscalización, el mismo personaje criticado meses atrás por el inadecuado armado del expediente del caso Monex. Otro descontento lo originaron las integraciones de los organismos públicos locales electorales (OPLEs), ya que la oposición argumenta inequidad en cuanto al número de afines al PRI. Las demandas son múltiples y se han acumulado no sólo durante el periodo de la administración Peña, sino que terminan siendo el colofón de un paulatino desgaste en la confianza del IFE/INE desde el conflictivo 2006. Así las cosas, la oposición ha amenazado con no asistir a la próxima sesión de Consejo General del 25 de febrero si no se atienden sus quejas. El ideal de la ciudadanización del árbitro electoral se ha ido diluyendo a paso seguro, algo no tan sorprendente si se considera que las cuotas partidistas nunca han dejado de ser protagonistas centrales en la integración del Instituto. ¿Cómo se puede hacer para que el INE en verdad funja como procurador de la ley y no como rehén de reyertas entre partidos? ¿Será el INE otra víctima de las reformas, tal como parece estarle pasando al IFAI o a los órganos reguladores?
2-La fuerza del Partido Verde. Paradójicamente, conforme más se han abierto las posibilidades para la pluralidad en el sistema de partidos en México, más se han cerrado las puertas al desarrollo de agendas sólidas y a las propuestas de gobierno novedosas. En el contexto actual, la izquierda y la derecha están más desdibujadas que nunca y más bien han tendido a construir programas de conservación del poder, y no tanto de la oferta de una ideología o de innovación en la forma de gobernar. En cambio, hoy el país cuenta con partidos unipersonales (MORENA), partidos que fungen como agencia de colocaciones (Movimiento Ciudadano), partidos de gremio (violatorios del artículo 41 constitucional, por cierto, como el PANAL), y, por supuesto, partidos familiares diseñados como modelos de negocio. Respecto a este último caso, se recuerda un caso de fracaso como el Partido de la Sociedad Nacionalista de la familia Riojas, el cual sólo conservó el registro en un ciclo electoral, no sin antes hacer negocios millonarios con sus papelerías. Por otra parte, se tiene el exitosísimo caso del Partido Verde (PV), franquicia de la familia González Torres. De abolengo priista (Emilio Martínez Manatou, padre de Jorge (dueño de Farmacias El Fénix y fundador del Partido Verde Ecologista de México en 1986) y Víctor González Torres (el ínclito “Doctor Simi”), fue gobernador de Tamaulipas y secretario de Estado en los sexenios de Díaz Ordaz y López Portillo), el PV ha sido perseverante, ha aprendido de sus errores, ha escogido bien sus alianzas, y se ha posicionado como una cuña relevante a fin de que el PRI conserve la voz cantante en el Congreso de la Unión, además de que le suma en comicios locales donde encara luchas cerradas con otros partidos. Tampoco se debe olvidar el éxito mercadológico de la marca, no tanto por la profundidad de su propuesta política, sino por haber encontrado un nicho de votantes que considera al PV como una opción. Asimismo, el PV ha conseguido integrar algunos intereses empresariales poderosos a su oferta, lo cual queda de manifiesto, por ejemplo, en la llamada “telebancada”. Si a todo lo anterior se le suma la impunidad con la que opera el partido, pasando por encima una y otra vez de las regulaciones electorales, ante la protección del PRI y la complicidad de la autoridad, no es casualidad que el PV incluso esté logrando lo impensable hace unos años: contender con el PRD y MORENA por erigirse como la tercera fuerza nacional. ¿Qué le aporta el Partido Verde a la tan lastimada democracia mexicana? ¿Qué condiciones propician que una organización con sus características pueda convertirse en un poder político relevante?
3-El PAN: ¿es posible una segunda oportunidad? En una encuesta publicada este lunes 23 de febrero en El Universal, realizada por el despacho Buendía y Laredo, el PRI tuvo una estrepitosa caída en las preferencias electorales, pasando de 42 por ciento en noviembre de 2014, a 30 por ciento en el reciente ejercicio. Por su parte, Acción Nacional registró un avance pequeño aunque suficiente para colocarse a sólo 4 puntos porcentuales del partido en el gobierno. A nivel de las contiendas por las nueve gubernaturas a lo largo del país, el PAN, aun cuando en la mayoría de los levantamientos permanece en el segundo lugar, también en posible percibir una tendencia alcista, la cual pudiera fortalecerse (o tirarse por la borda) una vez que comiencen las campañas de manera formal. Hace unos días, el ex presidente Vicente Fox, vehemente simpatizante del actual mandatario federal, reconoció que acontecimientos como la tragedia de Iguala, el desplome de los precios del petróleo, y el surgimiento de los escándalos inmobiliarios, están al borde de “echarle a perder el sexenio” a Enrique Peña. Por increíble que parezca, el asunto de los normalistas de Ayotzinapa no tuvo un impacto tan dramático en las encuestas de opinión contra el PRI como sí lo ha tenido el asunto de la corrupción. De acuerdo con un estudio publicado el pasado 20 de febrero en Reforma, 36 por ciento de los mexicanos ponen a la corrupción como el principal problema del país, por encima de la inseguridad, el desempleo, y la violencia. Por si fuera poco, 60 por ciento de los encuestados aseguraron que la corrupción ha aumentado a lo largo de los dos primeros años de gestión del regreso del PRI a Los Pinos. Justo estos días, la Cámara de Diputados está tratando el diseño de un sistema nacional anticorrupción, una propuesta panista de origen, pero que el liderazgo priista en San Lázaro tiene la encomienda de controlar y apropiarse de la discusión de tal forma que pueda servir, por un lado, como control de daños al entorno presente y, por el otro, restarle el crédito a la oposición y evitar darle una bandera de campaña en algo sensible para los electores. Si bien el PAN quedó lesionado en su imagen tras su tránsito por el gobierno federal, y que los escándalos de corrupción prevalecieron incluso ya fuera de la Presidencia de la República (como el caso de los “moches” exigidos por legisladores a presidentes municipales), el blanquiazul podría estar muy cerca de aprovechar el debilitamiento del PRI y la caída libre del PRD, a fin de restaurar posiciones en el juego del poder. Aunque no necesariamente signifique que los votantes estén revalorando al PAN como una opción, la falta de opciones podría beneficiarlos con una ligera esperanza de consolidar una segunda oportunidad. ¿Qué requiere el panismo para intentar volver por sus fueros? ¿Cómo hacer para recobrar su legitimidad como oposición y, sobre todo, como opción cercana a los intereses de la ciudadanía?
4-La inequidad tributaria: entre la opacidad y la impunidad. Entre los hallazgos del Informe sobre la Cuenta Pública de 2013, presentado la semana pasada, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que cinco grandes empresas habrían sido beneficiadas por un programa de condonación de multas y recargos, cuyo monto hizo dejar de ingresar al erario unos 1,123 millones de pesos. Las amnistías fiscales suelen ser cosa frecuente, en especial cuando se percibe como una herramienta a fin de hacer cumplir al menos una parte de las obligaciones fiscales, sobre todo de las personas morales. Sin embargo, también son un instrumento al cual tienen acceso quienes mayor capacidad de pago tienen, mientras que pequeños tributantes son castigados con todo el peso del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Ahora bien, en esta ocasión, la ASF dio los nombres de aquellos consorcios adscritos al programa “Ponte al corriente”, pero ya en el pasado ha habido ejemplos donde el perdón a créditos fiscales ha funcionado bajo la más absoluta de las opacidades. Cabe recordar cuando, en 2013, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), por medio de un proyecto de la entonces comisionada María Elena Pérez-Jaén, exigió al SAT revelar la lista de empresas favorecidas por las condonaciones durante la administración federal de Felipe Calderón. La controversia se acendró cuando el debate se centró entre el argumento de la autoridad tributaria de reservar la información por doce años acudiendo a la figura del secreto fiscal, y el del IFAI que consideró esos datos como de interés público al indicar una transferencia en sentido negativo de recursos a la hacienda pública. Por otra parte, especialistas en materia fiscal coinciden en subrayar cómo este tipo de programas desincentivan a los contribuyentes cumplidos, premian la morosidad, privilegian la elusión, y dan un sentido de impunidad y, por momentos, de contubernio. Justo hace un par de años, el escándalo de centró en la condonación de 3,000 millones de pesos en créditos fiscales a Televisa, en tiempos cuando seguían frescas las acusaciones contra la televisora de haber dado especial impulso a la candidatura presidencial de Enrique Peña. En cualquier caso, a pesar de conocer quiénes y por qué cantidades se sirven de estas amnistías, esta transparencia sólo ilustra el cinismo de aquellos que, apegándose a derecho, convierten al pago de impuestos en algo tan eludible como indeseable. ¿Ha vuelto a erigirse el aparato tributario en un poderoso mecanismo de control político bajo el esquema de premio y castigo?
5-La complejidad de la informalidad en México. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha presentado un informe titulado “Panorama temático laboral: transición a la formalidad en América Latina y el Caribe”. El documento hace un desglose interesante respecto a la situación del sector informal en México, yendo más allá de la mera cifra del 58 por ciento de la población económicamente activa (PEA) inserta en ese rubro. Comparado con el resto del subcontinente, el país se halla en el deplorable techo de los cinco primeros lugares en porcentaje de informales junto con El Salvador, Guatemala, Honduras, y Perú. Entre los datos inquietantes del estudio se cuenta que 77.8 por ciento de los trabajadores de la industria de la construcción, una de las más pujantes y socorridas por la inversión pública y privada, son informales; 65.5 por ciento de los empleados del sector hotelero y restaurantero también lo son, sin mencionar la enorme inestabilidad laboral que de por sí padecen; 54.8 por ciento del capital laboral de los transportes en el país no están incluidos en la formalidad. Aun cuando la Secretaría de Hacienda lanzó un programa de incorporación al régimen formal, y de que el gobierno federal presume haber bajado la tasa de informales de 59.6 a 57.9 por ciento –una cifra engañosa si se toma en cuenta la desaparición del Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS)—, la realidad es que el país conserva un preocupante rezago en la ampliación de la base de contribuyentes. Peor todavía, a dos años de haber sido promulgada, la reforma laboral no ha incidido de manera significativa en ofrecer mayor certidumbre a los trabajadores respecto a su situación laboral, y sigue ofreciendo a los empleadores subterfugios para operar bajo un sistema de formalidad simulada. Entre la falta de voluntad de la autoridad, el contubernio con ciertas clientelas políticas, y la ineptitud recaudatoria sustentada en “cobrarle a quien se deje”, el actual sistema tributario opera roto, exprimiendo a los cautivos hasta los límites de la tolerancia y, por supuesto, generando los incentivos para no formalizarse. ¿Qué se requeriría para que México alcance niveles de informalidad como los de Brasil (37.8 por ciento) o Uruguay (32.5 por ciento)? ¿Han fracasado las reformas laboral y hacendaria en este sentido? ¿Cuál es la conveniencia de no aplicar un programa realmente agresivo en materia de formalización?
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