De nueva cuenta, los calendarios propuestos para la discusión y votación de los dictámenes de las leyes secundarias en materia de energía no podrán cumplirse. Es altamente improbable que el Senado concluya su parte del proceso antes de fin de mes. En sí, las probabilidades más factibles indican que podría no haber siquiera un tercer periodo extraordinario de sesiones con ese propósito, lo cual implicaría llevar este periplo hasta septiembre, es decir, cuando arranquen las sesiones legislativas ordinarias. La reglamentación de la reforma en telecomunicaciones está en la misma situación de estancamiento, prácticas dilatorias y, por momentos, suministro del tan socorrido “atole con el dedo” a los actores de la sociedad civil interesados en el asunto. Como señaló Ciro Gómez Leyva en su columna de este lunes en Milenio, el Campeonato Mundial de Futbol no fue el gran demonio que encubriría “la venta del petróleo”. Eso es cierto y también en este espacio se dijo con oportunidad que con o sin dicho evento las cosas tomarían su cauce, para bien o para mal. Ahora bien, lo que sí está de alguna forma “encubriendo” el estruendoso canto de las sirenas del soccer es la atención a otros aspectos más finos sucedidos, en particular, dentro de la dinámica legislativa. Es correcto que de todos modos el Congreso suele no ser punto recurrente de los reflectores de la mayoría de la población, pero incluso para los interesados ha resultado muy complicado darle seguimiento estos últimos días. Sin embargo, en un esfuerzo “uliseo” de atarse al mástil de la información y no ser víctima de la pobre cobertura mediática, la cual casi se circunscribe al atropellado seguimiento del Canal del Congreso, hay varias cuestiones que es posible develar: malas prácticas legislativas, comparecencias polémicas, debates entre lo inocuo y lo relevante, acuerdos en la opacidad, y otros bichos impresentables. Esperemos que haya oídos y ojos para estos hechos, incluso no importa si es después del gran evento en Río de Janeiro del próximo 13 de julio. Nunca será tarde para la rendición de cuentas; siempre y cuando ésta llegue…
1-Los tiempos extras de la reglamentación energética: ¿un retraso con jiribilla? Más allá de los supuestos desacuerdos entre PRI y PAN que han retrasado de forma constante y hasta chocante la concreción de las leyes secundarias en materia de energía, hay un factor paralelo a estos debates que tal vez estaría haciendo más ruido del esperado y que poco ha llegado a los análisis. Con todo y sus restricciones (y obstáculos) legales (y políticos), el espectro de la consulta popular como última barrera de resistencia a favor de los opositores a la apertura energética todavía sigue preocupando a más de uno. Sin embargo, esta aflicción podría desaparecer a partir del 15 de septiembre próximo, fecha límite para la presentación de cualquier solicitud de consulta popular que pretenda aspirar a celebrarse durante los comicios federales de 2015. Como se ha señalado en ediciones anteriores de esta Agenda, el fraseo de la pregunta a postularse como candidata a convertirse en una consulta popular será trascendental en sus posibilidades de pasar los diversos filtros legales y procedimentales a los cuales se enfrentará. La reforma constitucional per se no parece tener materia suficiente para formular una interrogación que cumpliera con los criterios establecidos por ley. En cambio, la especificidad de los textos de las leyes secundarias se estima sí podrían ofrecer algunos puntos –no demasiados—que abrieran una marginal “esperanza” a los impulsores de la consulta popular. Por el momento, una consulta sobre leyes aún inexistentes es, por supuesto, inviable. Si esas leyes existieren después del 15 de septiembre, someterlas a consulta popular deberá esperar para mejor ocasión, o sea, para 2018. ¿Puede darse el lujo la reforma energética de quedar sin reglamentación hasta después del Grito de Independencia? ¿Valdrá la pena el retraso?
2- El dilema de los salarios del aparato gubernamental en México. El pasado viernes 20 de junio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentaron un informe en el cual señalaron que la alta burocracia mexicana es una de las mejor pagadas de América Latina y con niveles superiores a los promediados entre los miembros de la misma OCDE. Ciertamente, el concentrado de los salarios de los mandos superiores en el gobierno representa un porcentaje muy pequeño dentro del presupuesto. De hecho, la bien conocida (y bastante atractiva popularmente) propuesta de Andrés Manuel López Obrador de reducir los sueldos de los funcionarios públicos de alto nivel como medida de austeridad, ha sido descalificada en particular por lo que se considera su bajo impacto en la salud macro de las finanzas públicas. A pesar de ello, sigue indignando en amplios sectores de la población no sólo las escandalosas remuneraciones de algunos presidentes municipales y gobernadores, las numerosas (y opacas) prestaciones de los legisladores, las falsas promesas de austeridad en el gasto corriente y, por qué no recordarlo, el aumento de la alta burocracia por medio de creación de más órganos desconcentrados y autónomos, así como la ampliación de los ya existentes. Por si fuera poco, se encuentra el congelamiento de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos Federales, la llamada de manera coloquial como Ley de Salarios Máximos, cuya aprobación en el Senado se dio en noviembre de 2011, pero se encuentra en el limbo del desinterés de San Lázaro. A lo más que llega la Secretaría de Hacienda es a la expedición de reglamentos a fin de, se supone, restringir los abusos salariales en las dependencias del gobierno federal. Dejando un tanto de lado el debate sobre la justicia o no de esos índices de percepción salarial, ¿están justificadas estas omisiones en la clarificación de los salarios gubernamentales? ¿Servirá de algo la reciente reforma en materia de transparencia para inhibir la comisión de tales conductas abusivas?
3-La paradoja acuífera del Distrito Federal. Si por algo se ha caracterizado la administración de Miguel Ángel Mancera al frente de la capital de la República, ha sido por las constantes críticas a su ejercicio. Sin embargo, salvo por un incidente acaecido hace casi justo un mes en las inmediaciones del pueblo de San Bartolo Ameyalco, hay un tema peligrosamente ausente de la agenda de cuestionamientos a las políticas públicas, no nada más del presente gobierno capitalino, sino de varios de sus antecesores: el manejo de los recursos hídricos de la entidad. Cuando el 21 de mayo pasado llegó a la atención mediática el escándalo por un enfrentamiento entre policías locales y habitantes de la comunidad mencionada de la delegación Álvaro Obregón, el asunto parecía concernir sólo a la autoridad federal, ya que se trataba de contener a los pobladores del lugar en su intención de parar la instalación de una conexión de sus manantiales al Sistema Lerma-Cutzamala. Los cuerpos de seguridad del D.F. fueron atizados ante su incapacidad de contener a una turba iracunda, pero el gobierno local no tuvo censura alguna por cuestiones vinculadas directamente con el severo problema que implica, de entrada, abastecer las necesidades de agua de la Ciudad de México. Aunque el anterior mandatario capitalino, Marcelo Ebrard, mencionaba en esporádicas oportunidades la exploración de opciones para poder aprovechar el enorme potencial de captación de aguas pluviales, no se vislumbra el diseño e implementación de una política integral en materia de aguas. En la temporada de lluvias, los capitalinos sufren de inundaciones de magnitudes cada vez más bestiales, por lo que acaban maldiciendo esa potencial bendición de Tláloc. Y no sólo se trata del desperdicio de millones de metros cúbicos de agua de lluvia, sino de las casi infinitas fallas en la red de distribución (fugas, tapones, rupturas), y de la irresponsabilidad en los cambios de uso de suelo que inciden en el aumento de la presión en la demanda acuífera en zonas con escasez o con riesgo de desabasto en el corto plazo, el crecimiento urbano sin control, y la corrupción subyacente. Otro problema podría ser el desorden y desproporcionalidad inmanentes al cobro del suministro. Con estos y otros datos en mente, ¿qué elementos son indispensables a fin de concretar una política integral de aguas? ¿Está el Sistema de Aguas de la Ciudad de México rebasado?
4- La reapertura de la reforma político-electoral: una “migajota” del PRI para la izquierda (y, de paso, para el Partido Verde). Sin siquiera haber concluido su proceso de armonización con los marcos legales de los estados del país, la reforma político-electoral volvió a experimentar un cambio. Como parte del relampagueante periodo extraordinario de sesiones que llevó a cabo la Cámara de Diputados el pasado 19 de junio, todas las fracciones parlamentarias, a excepción de la de Acción Nacional, aprobaron modificaciones a distintos numerales del artículo 87 de la recién creada Ley de Partidos Políticos. Dicho ordenamiento, apenas publicado el 23 de mayo de este año, establecía reglas que hacían más complicado a los partidos políticos pequeños obtener ventajas porcentuales de eventuales acuerdos de coalición con institutos más poderosos electoralmente hablando. Esto disminuía la rentabilidad de asociarse y limitaba la opción de negociar porcentajes de distribución de sufragios en las mesas intrapartidistas. Asimismo, se eliminaba la ambigüedad de los dobles o múltiples marcajes en las boletas, los cuales sólo se contabilizarían a favor del candidato correspondiente, pero ya no serían válidos en términos de la repartición partidista. Con los vuelcos votados a favor en San Lázaro la semana anterior, se retornaría al statu quo ante, donde los coaligados podían beneficiarse de los marcajes múltiples, aun cuando el elector ni siquiera hubiera seleccionado su respectivo emblema partidista. De esta manera, partidos como Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, el Partido de Trabajo y el mismo Partido Verde se verían beneficiados de esta contrarreforma. Ahora bien, es importante aclarar que esto no es del todo una realidad porque los cambios no han sido procesados en el Senado, cámara que decidió clausurar de forma intempestiva su periodo extraordinario sin votar los ordenamientos aprobados por su colegisladora. El 21 de junio, los partidos contrarios al PAN tramitaron una controversia constitucional a fin de obligar a los senadores a resolver las modificaciones a la Ley de Partidos en tiempo y forma para poder ser aplicables en 2015. ¿Qué visión prevalecerá? ¿La del PAN que califica a los llamados “minipartidos” como parásitos, o la postulada por el coordinador de los diputados del PRD, Silvano Aureoles, respecto a que maniatar las coaliciones contradice “el derecho a la igualdad y a la libertad de asociación”, así como a la “representación proporcional efectiva”? Y como colofón, y no menos relevante, llama la atención la facilidad con la que se puede dar marcha atrás a una reforma. ¿Qué certidumbre da esto a otros procesos legislativos, tal vez de mayor peso específico que el político-electoral?
5-El reclamo por revisar la reforma fiscal. Este lunes 23 de junio, durante su comparecencia ante la Tercera Comisión de la Permanente del Congreso de la Unión, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Fernando Aportela, continuó con la difícil defensa de la presente administración federal respecto a su desempeño económico. El funcionario repitió el discurso de la relevancia de la conclusión de lo que se suelen mal llamar reformas estructurales, con el propósito de eliminar los “cuellos de botella” que mantienen en el estancamiento a la economía. No obstante, como ha ocurrido desde la aprobación de la también imprecisamente denominada “reforma social y hacendaria”, los legisladores del PAN exigieron a las autoridades de la SHCP revisar el régimen fiscal draconiano pasado en las cámaras en 2013. En su intervención, la senadora Laura Rojas cuestionó a Aportela acerca de la viabilidad de cuando menos “revisar” la reforma fiscal, ante lo cual sólo recibió evasivas. Con la intención de reforzar su punto sobre lo pernicioso de dicha reforma, Rojas citó los datos de un análisis presentado por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), que responsabilizaba a la política fiscal de la caída en el número de registros patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el periodo comprendido entre diciembre de 2013 y febrero de 2014. El gobierno federal argumenta que esta clase de bajas son estacionales y responden a los ajustes que suelen hacer las empresas tras la aprobación de nuevas reglas en el régimen de aportaciones de seguridad social. Sin embargo, de acuerdo con el CEESP, los efectos de los cambios fiscales de 2013 son aún más drásticos que en ocasiones anteriores y, por ende, pueden perpetuar un escenario de fomento y no de combate a la informalidad. En el mismo sentido, el CEESP concluyó que las alzas tributarias y la complicación en los trámites hacendarios redundan en reducción de ingresos, prestaciones y, por ende, en el debilitamiento de la capacidad de ahorro y consumo interno. Los efectos nocivos del actual sistema impositivo seguirán siendo un asunto recurrente mientras no se noten las supuestas consecuencias económicas positivas de este enfoque tributario. ¿Qué revulsivos podría emprender el gobierno federal a fin de solventar estos problemas? ¿O será que la política fiscal en curso pretende “morirse con la suya”?
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