1-La figura presidencial: unidad partidista vs. unidad nacional. En México, se ha discutido mucho la proclividad del sistema político a preferir un referente unipersonal de concentración del poder, que un esquema de representatividad o de gobiernos colegiados o con una separación real de poderes. Llámese emperador, huey tlatoani, “Alteza Serenísima”, caudillo, cacique o presidente, los distintos momentos históricos del país se han caracterizado por la tendencia a pretender encontrar un personaje con características mesiánicas, casi metafísicas, a fin de cobijarse en él (nunca en ella, por supuesto, salvo que sea la virgen de Guadalupe) y esperar que solucione todas las vicisitudes de la nación. Lo que también termina por ser recurrente es la decepción de cambios que nunca se materializan, prodigios que nunca fueron, y promesas condenadas al fracaso. En los tiempos del régimen autoritario posrevolucionario, el presidente se erigió no nada más como el titular del Poder Ejecutivo federal, sino como el líder indiscutible del país bajo el halo protector del partido hegemónico. La artificialidad del espíritu de cohesión con el cual se investía al inquilino de Los Pinos, fue perdiendo fuerza y credibilidad conforme el autoritarismo se desgastaba ante el ascenso de los reclamos democráticos de la sociedad (y del agotamiento de los recursos para mantener las estructuras clientelares). Cuando Vicente Fox llega a la Presidencia, a pesar del malestar del priismo derrotado, pudo haber sido la última ocasión en que dicho cargo contó con la legitimidad para ostentarse como eje de la unidad nacional. Sin embargo, la oportunidad desperdiciada con la primera alternancia, aunada a la crisis política derivada de las dudas de los comicios de 2006, se conjugaron para darle un golpe a la legitimidad de la figura presidencial del cual a la fecha no se ha recuperado e, incluso, parece ir de mal en peor. Así, cuando el dirigente del PRI, César Camacho, hace constantes llamados para cerrar filas alrededor del presidente Peña en momentos donde ciertos sectores de la sociedad claman por su renuncia o, por lo menos, le exigen resultados casi inverosímiles para las condiciones políticas actuales, se plasma un panorama plagado de muchas preguntas, poca imaginación, harta incertidumbre y escasísima credibilidad. Si bien Peña pudo generar un híbrido de unidad partidista, incluyendo a la oposición, para sacar adelante sus iniciativas de reformas estructurales por medio del Pacto por México, esto jamás cuajó como un pilar de unidad nacional. Muestra de ello, fue la suficiencia de una chispa trágica como el caso Ayotzinapa para prender el incendio que amenaza con consumir la imagen de éxito celosamente cuidada por el gobierno federal. ¿Qué riesgos existen ante un debilitamiento mayor de la figura presidencial, tanto desde la perspectiva de su legitimidad, como la de su capacidad de gestión política? ¿Podrá ser esta coyuntura una oportunidad para intentar un modelo político distinto, más representativo y menos personalizado?
2-El acertijo (para el gobierno) de las manifestaciones. Ya son varias semanas de constantes manifestaciones y actos masivos de protesta, cuyo centro han sido los reclamos por la desaparición de 43 normalistas de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos” de Guerrero. También han ido en aumento los incidentes de violencia que han dado fin a marchas que, en la inmensa mayoría de las oportunidades, comenzaron como eventos pacíficos con la única intención de hacer patente el malestar social, tanto por la coyuntura de Ayotzinapa, como por un hartazgo crónico emanado del cada vez mayor distanciamiento entre la ciudadanía y la élite política. Mientras los medios masivos de comunicación, en especial los televisivos, suelen concentrarse para sus coberturas en los acontecimientos de violencia y le acaban restando relevancia a la magnitud y, cuantimás, a los contenidos de las manifestaciones, las redes sociales arden en acalorados debates acerca de la libertad de expresión, la intolerancia gubernamental, y hasta las denuncias por presuntos actos arbitrarios de las fuerzas del orden. Al caso Ayotzinapa se le han incorporado una serie de hechos desafortunados que han complicado las acciones y reacciones de la autoridad federal. En algunos casos por cuestiones exógenas, pero otras por la torpeza del manejo de determinadas situaciones (desde la polémica residencia de la Primera Dama en Las Lomas, hasta las mofas por el cansancio del procurador general de la República al final de una prolongada conferencia de prensa), el gobierno de Peña se ve cada vez más confundido e, incluso, extraviado y rebasado por el descontento y la realidad. Un día el mandatario sale a hacer llamados a la calma, otro se dice comprensivo por el enojo social, y al siguiente lanza un inquietante recordatorio sobre la potestad gubernamental a utilizar legítimamente la fuerza. A casi dos años de la toma de posesión presidencial, la cual estuvo enmarcada por los actos vandálicos del denominado 1DMx, y se caracterizó por una actuación cuestionable de los cuerpos policiacos federales y locales de la capital del país, la autoridad todavía no resuelve el galimatías de hacer valer la ley sin incurrir en abusos. La más reciente muestra del desaseo en el manejo de los conflictos presentados dentro de las protestas, fue la detención de por lo menos once manifestantes y las acusaciones fincadas en su contra por cargos tan graves como el de terrorismo. El escándalo y los cuestionamientos aumentaron cuando los agraviados fueron trasladados a penales de alta seguridad. El hecho ha originado tanto el etiquetado de los detenidos como presos políticos, hasta el aplauso de algunos porque no le ha “temblado la mano” a la autoridad para ejercer la ley. La cuestión de fondo es que la procuración de justicia sigue siendo materia de especulaciones, impresiones, subjetividades, discrecionalidad y muchas dudas. En el corto plazo, las marchas no pararán y, hasta ahora, no han sido disuadidas del todo ni por la violencia, ni por las arengas a la calma. ¿Qué pasaría si escala la crisis y se sale de control? ¿Cómo tendría que desempeñarse la autoridad ante las manifestaciones? ¿Por qué no es suficiente la ley para el mantenimiento del orden?
3-El Sistema Nacional Anticorrupción: ¿gran proyecto o enorme mentira? Han transcurrido algunas semanas desde que, el 20 de octubre pasado, la dirigencia nacional del PAN anunció su intención de presentar un proyecto a fin de crear un entramado institucional enfocado en combatir la corrupción. Por otra parte, en la edición de este lunes 24 de noviembre de su comentario semanal, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, volvió a poner el énfasis en el interés de los empresarios en que los legisladores avancen en la consolidación de una política nacional eficaz contra la corrupción. Ahora bien, aunque la corrupción se erige como el gran demonio causante de todos los males de la patria y que se supone existe un consenso respecto a la imperiosidad de salir a erradicarlo, ninguna cruzada en su contra ha trascendido la retórica. Como se podrá recordar, el entonces presidente electo Peña puso sobre la mesa tres reformas que dijo serían prioritarias en su gobierno: transparencia, anticorrupción, y control del gasto gubernamental en comunicación social. Ninguna de las tres ha conseguido consolidarse en su totalidad, aunque la primera ya se tradujo en una reforma constitucional que, a pesar de haber originado modificaciones (polémicas) al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), todavía está pendiente de reglamentarse. La tercera ha quedado por completo en el olvido y, dada la coyuntura electoral ya en marcha rumbo a los comicios de 2015, permanecerá en ese estado de inopia. Sobre la segunda, la reforma anticorrupción, ciertamente hay una minuta pendiente de discutirse en comisiones de la Cámara de Diputados. Mientras tanto, no hay un órgano formal de atención contra la corrupción, aunque su ineficiente antecesor, la Secretaría de la Función Pública, se encuentra en el limbo de la extinción de jure simultáneo a su existencia de facto. Para el 3 de noviembre, la fracción panista en San Lázaro presentó una iniciativa que “reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a los artículos 22, 73, 74, 76, 79, 109, 113, 114, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Su objetivo primordial será fundar un Sistema Nacional Anticorrupción, un Sistema Nacional de Fiscalización, un Sistema Nacional de Planeación, así como la ampliación de la figura de la extinción de dominio como sanción ante la comisión del delito de enriquecimiento ilícito. La corrupción es un círculo vicioso entre incentivos para la violación y/u omisión de la ley, y disuasivos para hacerla cumplir. Con esto en mente, por muy acabado que resulte el diseño propuesto por Acción Nacional o cualquier otro actor, sin un compromiso real por terminar con los mencionados incentivos y disuasivos, el combate a la corrupción seguirá siendo una fantasía retórica. ¿Cuál es el gran reto para abatir este fenómeno? ¿Cuál sería el papel de la ciudadanía en la erradicación de este flagelo?
4-Obama y la inmigración: ¿humanitarismo o “electorerismo”? El pasado 20 de noviembre, el mismo día que se desarrollaba la llamada “Jornada de Acción Global por Ayotzinapa”, sucedía algo en Estados Unidos que también afecta de alguna manera al estado de cosas en México. El jefe de la Casa Blanca, Barack Obama, quien sufrió hace apenas algunos días una severa derrota política con la debacle electoral del Partido Demócrata en los comicios legislativos de medio periodo, anunció su decisión de emplear su poder de orden ejecutiva con el propósito de dictar varias acciones que, en teoría, apoyarían la situación de por lo menos 5 millones de inmigrantes indocumentados en territorio estadounidense. El fenómeno de la expulsión de trabajadores hacia la Unión Americana ha sido una válvula de escape ante la situación económica mexicana desde hace décadas. El tema de la migración ha estado presente en la agenda bilateral mexico-estadounidense por lo menos desde finales del siglo XIX, pasando por momentos climáticos como la Revolución Mexicana, la Segunda Guerra Mundial, la extensión del Programa Bracero, la amnistía encarnada en la llamada Ley Simpson-Rodino de 1986, los fallidos intentos de lograr “la enchilada completa” durante la administración Fox, y hasta el recrudecimiento del régimen de deportaciones a lo largo de los primeros seis años de la presidencia de Obama. No es un secreto que la determinación del mandatario estadounidense es parte de una estrategia política con el objetivo de atender la debilidad relativa en la cual habría quedado el Partido Demócrata, frente al ascenso de posiciones legislativas de sus rivales republicanos. Los analistas se dividen entre la identificación de riesgos y oportunidades para ambos bandos partidistas en Estados Unidos. Por su parte, el gobierno de México, incluso en voz del mismo presidente Peña, no dudó en aplaudir el anuncio de Obama. A reserva de describir con detalle las implicaciones de la orden ejecutiva, es pertinente decir que, entre las medidas dictadas estuvo algo que se denomina “acción diferida” (deferred action), por medio de la cual se detendrían las deportaciones masivas que han sido tan características de la gestión de Obama, por un periodo de tres años. También se ampliarían programas ya existentes como el de Acción Diferida sobre Llegadas de Infantes (DACA, por sus siglas en inglés), el de beneficiarios de la Ley DREAM (dirigida en particular a estudiantes), y la expedición de permisos de trabajo. Por ley, las “acciones diferidas” tienen una serie de debilidades que no se explican y se opacan ante el desmedido y desinformado entusiasmo de los anuncios. Entonces, ¿qué tanto es “agradecible” el movimiento de Obama?
5-El empleo: la llave perdida para el desarrollo. Este lunes 24 de noviembre, en el Palacio de Minería, se inauguraron los trabajos del Foro Internacional sobre Empleo Informal y Precario organizado por el Gobierno de la Ciudad de México (Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo). El evento contó con la participación del director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en México, Thomas Wissing. Inscribiéndose en el contexto mexicano actual, Wissing sentenció que en ningún país “puede haber paz social y gobernabilidad democrática con parte de la población sin acceso a fuentes de empleo y trabajo digno”. Asimismo, tal como lo relata una nota de la Agencia Proceso, el funcionario internacional puso énfasis en la necesidad de tener crecimiento económico en términos reales sin en verdad se desea fomentar la formalización del empleo. En tenores similares, distintos expositores que contaron desde representantes de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), académicos y funcionarios locales y extranjeros, señalaron la imposibilidad de erradicar la precariedad del empleo en México dados factores como el estancamiento de la productividad, leyes laborales inadecuadas, y pocos incentivos para incorporarse al sector formal. Por su parte, las autoridades capitalinas aprovecharon el foro a fin de promover su bandera de aumento al salario mínimo como lo que el gobierno de Miguel Ángel Mancera considera una solución a la situación económica de millones de mexicanos. Independientemente de estar de acuerdo o no con el debate acerca del salario mínimo, la discusión sobre el empleo y los factores alrededor de ello parecen tener más materia para la reflexión. Las promesas de campaña enfocadas en el particular han ido y venido desde siempre, pero el lento paso que lleva la economía desde hace lustros ha impedido que este ideal se cumpla. Peor aún, hay quien sigue pensando que los empleos se generan por decreto y no por una dinámica económica sana. Así las cosas, ¿cuáles son los elementos de mayor pertinencia a la hora de analizar la problemática del empleo?
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