1-El fetiche llamado AMLO. Tal como lo había anunciado, el líder de facto de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, encabezó una concentración masiva en el Zócalo de la Ciudad de México este domingo 26 de octubre. El ex candidato presidencial tocó tres puntos fundamentales en su apasionada agenda: el sumamente manoseado reclamo por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; la arenga para presionar a la Suprema Corte de Justicia (SCJN) a decidir a favor de la constitucionalidad de la consulta popular propuesta, en este caso por MORENA, respecto a la abrogación de la reforma energética; y la “solicitud” de renuncia a Peña Nieto antes del 1 de diciembre, con el propósito de que puedan celebrarse nuevos comicios presidenciales en 2015. Si bien el mitin referido tuvo una importante asistencia y se alimentó del descontento ante los recientes hechos de violencia en Guerrero y las crecientes críticas al gobierno federal por la situación política y económica del momento, el entorno es distinto al de otras oportunidades, sobre todo por la reacción de los actores políticos más relevantes del país. En primer término, su terna petitoria es más irreal que su célebre “voto por voto, casilla por casilla” del lejano 2006. De entrada, la salida de Peña de Los Pinos por propia voluntad es utópica. Después, como ya se ha indicado en este espacio, al tocar un asunto vinculado con “ingresos y gastos del Estado”, la consulta popular que promueve MORENA contra la apertura energética tiene nimias probabilidades de pasar el filtro de la SCJN y resulta tan demagógica como inverosímil. En lo concerniente al caso Ayotzinapa, aun con el sentido –y trunco por desmayo—discurso de Elena Poniatowska acerca de los estudiantes desaparecidos, se ve complicado que AMLO y sus simpatizantes puedan colgarse del asunto y generar masa crítica a su favor. Sobre este último punto, el PRI ha asumido la ofensiva al lanzarse contra el tabasqueño y pedir a la PGR se investiguen las posibles relaciones entre AMLO y el alcalde prófugo de Iguala, José Luis Abarca. Algunos personajes dentro del PAN como el senador Ernesto Cordero también se han unido a los reclamos contra López Obrador. Asimismo, el ex presidente del PRD, Jesús Zambrano, ha declarado que a AMLO “ya no le alcanza su ‘honestidad valiente’” para separarse de sus vínculos con los perredistas postulados en la última elección guerrerense, incluyendo a Abarca. Por su parte, el morenista se ha deslindado de cualquier respaldo pasado favorable tanto a Abarca, como al hoy gobernador de Guerrero con licencia, Ángel Aguirre. Si bien las peticiones para que AMLO se posicione frente a la crisis en Guerrero pudieran ser legítimas, lo cierto es que están en curso de convertirse en un nuevo escándalo polarizador y distractor de los verdaderos conflictos que encara el país. ¿En verdad será conveniente la estrategia de desviar los ataques hacia López Obrador, tal como ya lo han adelantado algunos medios nacionales impresos, incluso en asuntos como el paro de labores en el Politécnico Nacional?
2-El petróleo barato: ¿el gran enemigo del presupuesto? Desde que se ha estado discutiendo la Ley de Ingresos 2015 en ambas cámaras del Congreso de la Unión, uno de los parámetros más polémicos ha sido la estimación acerca del precio promedio de la Mezcla Mexicana de Exportación (MME). De acuerdo con la propuesta original enviada por el Ejecutivo federal, la MME se fijaba en 82 dólares por barril. No obstante, las presiones a la baja de los precios internacionales del petróleo han originado serias preocupaciones respecto a una riesgosa subestimación del indicador. La Cámara de Diputados apenas ajustó el precio a un dólar menos que el de la primera iniciativa pero, al llegar al Senado, las bancadas de oposición han expresado reclamos a fin de revisar una eventual disminución más pronunciada. Por ejemplo, el senador Mario Delgado (PRD) ha señalado los 77.50 dólares por barril como un nivel más realista, aun cuando ello implicase una reconfiguración presupuestaria. Como le suele suceder a una economía tan dependiente de una materia prima como lo es la mexicana respecto al petróleo (recordar que el erario público depende entre 30 y 40 por ciento de los ingresos petroleros), la volatilidad internacional termina por ser su “talón de Aquiles”. El 5 de septiembre pasado, cuando se presentó el proyecto de Paquete Económico 2015, la MME se hallaba en 91.29 dólares; el precio se desplomó a márgenes cercanos a los 75 dólares para mediados de octubre. En palabras de Carlos Serrano, economista en jefe de Grupo BBVA Bancomer, por cada 10 dólares de baja en la MME, los ingresos públicos pierden un equivalente a 0.2 por ciento del PIB. El indicador más reciente al cerrar este texto se encontraba unos centavos debajo de 80 dólares. Por otra parte, en el marco del foro “México, cumbre de negocios”, llevado a cabo en Querétaro, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, dijo que la caída de los precios del crudo no incidirá de manera significativa en las expectativas de captación de inversiones tras la aprobación de la reforma energética. Joaquín afirmó su previsión de captar 50 mil millones de dólares en inversión de aquí al final del sexenio. Entonces, ¿qué tan riesgoso será subestimar el parámetro de la MME? ¿Cómo reajustaría el gobierno el presupuesto en caso de un desplome más abrupto del petróleo, en especial si se toma en consideración la avidez por recursos en pleno año electoral? ¿Podrán las supuestas inversiones compensar eventuales pérdidas en los ingresos petrolíferos?
3-El gobierno de Guerrero: ¿algo cambió? Finalmente se ha ido Ángel Aguirre del Palacio de Gobierno de Chilpancingo. Aunque igual que como ocurrió con Fausto Vallejo en Michoacán, la licencia del perredista tránsfuga ha sido autorizada en el Congreso de Guerrero por 30 días, lo más probable es que jamás vuelva a la primera magistratura de dicha entidad. Luego, en una casi improvisada ceremonia del legislativo local con verificativo en el mediodía del 26 de octubre, los diputados guerrerenses votaron para designar a Rogelio Ortega Martínez como mandatario interino. En otro curioso paralelismo con Michoacán, Ortega llega a su cargo tras haber ocupado un alto cargo en la principal institución de educación superior de su estado (secretario general de la Universidad Autónoma de Guerrero); Salvador Jara, actual interino michoacano, había sido rector de la Universidad de San Nicolás Obispo de Morelia (eso, sin mencionar el breve interinato del hoy encarcelado Jesús Reyna). Al día siguiente de su nombramiento, Ortega se reunió con el presidente Peña y juntos emitieron un mensaje a medios donde el titular del Ejecutivo federal manifestó su total apoyo al nuevo gobernador. En el mismo tenor, el interino dio al menos dos reveladoras declaraciones. Primero, aseguró que entregará resultados si el gobierno federal lo continúa respaldando. Dados los antecedentes recientes de estados en conflicto como Tamaulipas y Michoacán, y considerando la presencia de la plana mayor de la PGR en Iguala y sus inmediaciones, el significado de “apoyo federal” se asemeja más a una intervención y, por ende, a un deslinde de la autoridad local de sus responsabilidades básicas. Segundo, Ortega señaló como su prioridad esclarecer el caso Ayotzinapa. Aquí, según reza la ley, el tema de las desapariciones forzadas –como las sufridas por los normalistas a manos de efectivos municipales de Iguala y Cocula—constituye un delito federal. ¿Será entonces que el flamante encargado del despacho del Ejecutivo guerrerense se erigirá como ministerio público federal? Sin duda, la caída de Aguirre por sí sola no es un acto de justicia, ni de combate a la corrupción, ni mucho menos de erradicación de la impunidad. Tampoco la llegada de Ortega implica una eventual mejora de la situación de inseguridad, ingobernabilidad y degradación del complejo entramado político, económico y social de la entidad. Lo que sí es que la renovada presencia de las fuerzas federales en el estado invita a pensar en otro ensayo de modelo de atención de crisis, distinto al de Michoacán, al de Tamaulipas, y a la poco publicitada pero naciente estrategia de intervención a los cuerpos policiacos en entidades como San Luis Potosí, Nuevo León y Veracruz, por medio de una figura llamada Fuerza Civil. ¿Qué relevancia real tiene el cambio de cabeza en el gobierno de Guerrero? ¿Terminará la efervescencia pública en el evento de que se capture al munícipe prófugo de Iguala y a su pareja, y se encuentre el paradero de los estudiantes desaparecidos? ¿Qué clase de nuevo “reto” asumirá el gobierno federal en la entidad?
4-Mondragón y Kalb: el regreso. El 15 de marzo de 2014, justo un día después de que el entonces titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Manuel Mondragón y Kalb, anunciara de forma extraoficial su renuncia, la revista The Economist calificó al proyecto de la Gendarmería Nacional como un fracaso político de la administración Peña Nieto. En su espacio especializado en América Latina (la columna Bello (en honor al diplomático venezolano, Andrés Bello)), el cual se titulaba “Dallying with a monster” (“Jugueteando con un monstruo”), la publicación señalaba las presiones de algunos gobernadores y miembros de los mandos del Ejército como las causantes del descarrilamiento del cuerpo de élite policiaca que pretendió sacar adelante Mondragón y Kalb. En aquel entonces, ya se anticipaba que la Gendarmería, en caso de concretarse como se hizo de manera formal el pasado 22 de agosto, sería una pequeña división dentro de la Policía Federal. En este contexto, las razones de la dimisión del otrora jefe de la policía del Distrito Federal nunca quedaron del todo claras y se especuló desde por su supuesta mala salud, hasta por presuntas diferencias con el mismo presidente Peña. Sin embargo, el 23 de octubre, Mondragón volvió a la escena al ser designado por Peña Nieto como encargado de la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC). Conocido por su estilo de “mano dura”, el funcionario rápidamente esbozó cuáles serán sus prioridades en su nueva encomienda al poner énfasis en la necesidad de generar números más confiables en materia de uso de drogas ilícitas en el país, la importancia de ejercer mayor control sobre centros de rehabilitación, y complementar un enfoque social en la lucha contra la delincuencia vinculada con el narcotráfico y el narcoconsumo. Ahora bien, ¿significa algo el retorno del ex comisionado nacional de seguridad en estos instantes que el gobierno federal atraviesa por su peor crisis de credibilidad en el tema de seguridad?
5-Estados bien portados y estados mal portados. A lo largo de la administración del presidente Peña, se ha reabierto la discusión acerca de la intención del actual gobierno de recuperar el control centralizado de las entidades federativas. A la usanza de los tiempos del autoritarismo posrrevolucionario, la autoridad federal ha recuperado con impresionante celeridad el entramado de subordinación de gobernadores, partidos políticos e instituciones varias, incluso convirtiendo el término “autonomía” en un enorme despropósito. Cuando se habla de los estados del país, la cooptación de la figura de los gobernadores es crucial, ya que estos funcionarios son la llave para el resto de los órganos políticos de sus respectivas demarcaciones, en especial los tribunales de justicia y, por supuesto, los legislativos locales. El pasado 24 de octubre, el titular de Los Pinos engalanó la ceremonia de clausura de la V Reunión Plenaria de la Conferencia Permanente de Congresos Locales (COPECOL (de siglas chuscas, por cierto)), cuya entidad anfitriona fue el Distrito Federal. Entre los puntos de su peroración, Peña recalcó la importancia de la corresponsabilidad de los funcionarios estatales en la atención de los principales problemas que tocan de manera transversal las jurisdicciones locales y la federal. También reconoció a los congresos estatales que han aprobado sin problemas las legislaciones de armonización de las reformas de 2013, destacando el caso de la educativa (la más conflictiva en dicho proceso) y la del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, entre las “curiosidades” del acto, el presidente de la República estuvo a cargo de entregar la Medalla al Mérito Legislativo José María Morelos y Pavón al ínclito diputado local de Veracruz, Eduardo Andrade (recordado, entre otras cosas, por haber ingresado en estado de ebriedad a un programa de televisión en la noche de la derrota del PRI en los comicios federales de 2000). Más allá del anecdotario de la COPECOL, la fallida transición democrática en México ha dejado como uno de sus principales damnificados al fortalecimiento del federalismo, sobre todo en términos políticos y fiscales. Esto ha significado igualmente la permanencia de la estructura de los poderes estatales. Con esto en mente, un legislativo local “bien portado”, se traduce en un gobernador que está “entregando resultados”. No es casual que Peña premie a Andrade justo unos días después de haber manifestado su beneplácito por la gestión del gobernador Javier Duarte en Veracruz. Tampoco lo es que hable de corresponsabilidad en una entidad como Guerrero, en particular después de que los hechos de Iguala han propiciado la crisis más grave de su gobierno, tanto al interior como en lo concerniente a la imagen internacional de México. Al final del día, por lo menos en el ámbito de la estructura institucional, el gobierno federal continúa dando muestras de tener la “voz cantante” entre los tres niveles de mando. ¿Serán los problemas de las autoridades estatales y municipales el pretexto perfecto para consolidar el regreso del “pseudofederalismo autoritario”?
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