Los acalorados debates en el Senado sobre los diversos dictámenes vinculados con la miscelánea fiscal propuesta por el presidente Peña, contrastan con los resultados de los mismos. Las minutas enviadas por la Cámara de Diputados poco se verán modificadas por su colegisladora, pero han sido “aprovechadas” por los panistas para posicionarse como opositores a ciertos gravámenes que enfadan a parte de sus clientelas, y por los perredistas a fin de vanagloriarse de la inclusión de varios puntos de su agenda económica y social en el Paquete Económico 2014 (incremento en el llamado gasto social, abandono de la política de déficit cero, mayores impuestos a la empresa). Esto es sólo un preámbulo de lo que podría ocurrir en las ya muy cercanas discusiones sobre la reforma energética, sólo que PAN y PRD intercambiarán papeles como adherentes de las iniciativas del gobierno federal. Así las cosas, o el PRI es un centro tan amplio que abarca incluso a sus opositores en distintos temas, o sus capacidades negociadores son impecables, o la oposición busca honrar el lema “de lo perdido, lo encontrado”, o todas las anteriores.
1-Los ataques a la infraestructura estratégica en Michoacán: más allá de la primera impresión. El último fin de semana de octubre se caracterizó por actos tan inusuales como preocupantes. Tras un incidente digno de una guerra civil en el centro de Apatzingán (donde, por cierto, el 22 de octubre pasado se cumplió el bicentenario de la firma de la primera constitución mexicana), protagonizado por fuerzas federales, autodefensas y supuestos Caballeros Templarios, la madrugada del domingo 27 fueron atacadas 18 instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad. Estos incidentes dejaron sin energía eléctrica a una población de 420 mil personas y, en ciudades como Morelia, servicios como la distribución de agua también se vieron afectados. Algunos medios calificaron los hechos como terrorismo, aunque parece ser que nadie los ha reivindicado. ¿Quién se supone debe resguardar este tipo de instalaciones? ¿Cómo afecta la negligencia de la autoridad en estas tareas de seguridad estratégica a, por ejemplo, la atracción de posibles inversiones? ¿Qué ha pasado con eventos similares en el pasado (por ejemplo, explosiones provocadas en ductos de PEMEX)?
2-La redistritación electoral federal: ¿la verdadera reforma de impacto? En su sesión de Consejo General de este lunes 28 de octubre, una de las últimas antes de quedarse sólo con cuatro de sus nueve miembros –y a lo mejor previo a su desaparición como se le conoce hasta hoy—, el Instituto Federal Electoral optó por posponer la discusión del dictamen sobre la conformación de los distritos electorales que funcionarán para los procesos federales de 2015, 2018 y 2021. Previo a ello, los partidos políticos de oposición hicieron diversos exhortos en pro de dicha resolución. Entre los argumentos esgrimidos estaban que esa cuestión debiera discutirse después de conocer el futuro del IFE y la eventual creación del Instituto Nacional de Elecciones (INE), el cual pudiera traer incluso modificaciones en la legislación respectiva y cambiar los criterios para la distribución distrital. En la actual propuesta, alrededor de 20% de los distritos se hubieran visto afectados. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Podría incidir esto significativamente en el mapa político legislativo de 2015? ¿Viene una nueva negociación política?
3-El impuesto a la actividad minera: ¿medida recaudatoria o (un nuevo) golpe político? Desde su develación como parte de la miscelánea fiscal del Paquete Económico 2014, ha causado polémica en el sector minero una serie de regalías que, en caso de aprobarse, deberán pagar sus empresas. La minería genera ingresos anuales de cerca de 21 mil millones de dólares, pero sus contribuciones apenas representan el 1% del total de sus ganancias. Con las nuevas disposiciones, las mineras pagarían una tasa de 7.5% sobre utilidades. Asimismo, se eliminarían algunos conceptos deducibles, lo cual elevaría el impacto fiscal hasta el equivalente al 12% de sus ganancias. Grupo México, el gigante nacional en el rubro, ya ha anunciado su intención de llevarse alrededor de 5.3 mil millones de dólares en nuevas inversiones si se aprueba dicho estatus fiscal. La Secretaría de Economía ha respondido al comunicado con el argumento de que el mercado es lo suficientemente atractivo para conseguir inversionistas interesados (algo similar a lo sucedido con el caso del petróleo). ¿Qué lógica política está detrás de esta decisión gubernamental? ¿Estará compensado el efecto positivo en la recaudación con un eventual daño a la inversión?
4-La geotermia: la migaja del gobierno a la competencia en el sector eléctrico. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, dio a conocer su intención de enviar una iniciativa al Congreso donde se abriría a la participación de privados la inversión en generación de energía en plantas geotérmicas. En la actualidad, esa clase de fuerza equivale a 850 megawatts, lo cual cubre el servicio de alrededor de 6 millones de personas (5% de la población del país). Se habló también de la aprobación de un fondo de 50 millones de pesos (mdp) para investigación de potencial geotérmico en seis entidades, además de dos fondos vía Nacional Financiera (uno de 150 mdp y otro de 34 millones de dólares) a fin de establecer coberturas de riesgo y otros mecanismos de certidumbre para la inversión. Sin embargo, esto se inscribe en una decepcionante propuesta de apertura y reforma a la estructura operativa del sector eléctrico. ¿Qué tanto potencial de impacto tiene la geotermia en la economía? ¿Qué tan buena noticia sería esta política de “incentivos”?
5-La figura del indulto presidencial: ¿causa loable o futura carta de impunidad? En las últimas semanas, las cámaras legislativas han discutido un proyecto de adiciones al Código Penal Federal a fin de dotar al Ejecutivo federal con la facultad de otorgar la libertad inmediata a personas encarceladas de forma arbitraria y cuyos procesos presenten violaciones flagrantes a sus derechos fundamentales. El Senado ya ha pasado una minuta a la colegisladora y, en los próximos días, podría terminar su legislación. La inspiración de esta iniciativa emanó del caso de Alberto Patishtán, un profesor chiapaneco aprehendido hace 13 años, acusado del asesinato de varios policías en las inmediaciones de Simojovel, lo cual ha sido desmentido por testigos, activistas y la recopilación de evidencias. Independientemente de las bondades de la justificación de la propuesta, es importante ver más adelante, es decir, ¿cómo podría utilizarse esta figura con carices políticos?; ¿qué confianza se puede tener cuando una decisió de indulto podría sustentarse en la mala integración de una investigación?
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