1-El Pacto por México medido por sus propias metas. Sin duda, uno de los puntos medulares del Pacto depende de la negociación entre el gobierno del presidente Peña y los partidos políticos representados en el Congreso. De cara al final de los trabajos del segundo periodo ordinario de la LXII Legislatura, la mayor parte de los analistas harán una evaluación de los objetivos cumplidos del acuerdo desde la perspectiva legislativa. Además, darán todas las vueltas posibles al asunto de la permanencia del PAN y del PRD, contaminado por el entorno electoral ya en curso rumbo al 7 de julio. No obstante, la otra cara del Pacto son los compromisos que asumió el Poder Ejecutivo cuya implementación no requiere acción del Legislativo. Aunque técnicamente le quedan un par de meses al primer semestre de 2013, ¿qué le falta por concretar a la Presidencia de la República dentro de su propio Pacto?
2-Michoacán: el coctel más explosivo del país. Visto en retrospectiva, tal vez tenga bastante sentido el que el ex presidente Calderón haya decidido emprender el “acto fundacional” de su gestión con el Operativo Conjunto Michoacán, en un sexenio donde la seguridad fue prioridad. Sin embargo, a pesar del posible carácter virtuoso de dicha determinación, aparece la crítica recurrente sobre el diseño de la estrategia, en especial a la luz del manejo desafortunado que se hizo de distintos eventos: el “Michoacanazo”, la crisis de la Nueva Jerusalén, las demandas de los normalistas ante cambios en los planes de estudio, la beligerancia de la sección 18 del SNTE, los lamentables granadazos de septiembre de 2007 en Morelia, etc. En los últimos días, la creciente combinación entre pugnas entre grupos del narco, movilizaciones magisteriales, actuación de policías comunitarias, y hasta vacíos en el gobierno local, hacen indispensable poner los ojos en Michoacán.
3-La visita de Barack Obama a México. En próximos días, el presidente de Estados Unidos hará una gira por México y Costa Rica. En un principio, Los Pinos había anunciado que el tema prioritario del encuentro entre Obama y el presidente Peña sería la reforma migratoria. De inmediato, la Casa Blanca salió a desmentir esto y señaló a los temas de índole económica como los ejes de las conversaciones a celebrarse durante la segunda mitad de esta semana. Esto no es casualidad, ya que el asunto de la inmigración continúa siendo delicado a los ojos de varios congresistas estadounidenses, en particular de las secciones más radicales del Partido Republicano. En este sentido, cabe recordar que Obama tiene en puerta una negociación interna donde dichos legisladores serán clave: la aprobación del presupuesto. Asimismo, la seguridad parece haber pasado a segundo término en la agenda. ¿Qué ha cambiado en la relación bilateral?
4-La reforma al sistema de pensiones en PEMEX. A finales de la semana pasada, el director de la paraestatal, Emilio Lozoya, reveló que se encuentran estudiando la posibilidad de modificar el régimen de pensiones de sus trabajadores, y cambiarlo por un esquema de cuentas individuales de ahorro para el retiro. Aunque a los ciudadanos en general les fue impuesto dicho sistema con cierta facilidad durante la década de 1990, trasplantarlo al IMSS y al ISSSTE significó un dolor de cabeza para las dos administraciones panistas. Entonces, a primera vista, el eventual cambio podría estarse dando en un momento “inoportuno”, previo a la compleja negociación que significará el futuro intento de reforma energética. Si bien PEMEX argumenta que sus pasivos laborales ya ascienden a 1.3 billones de pesos, el personal sindicalizado podría darle poca importancia a este dato. ¿Pensarán lo mismo sus dirigentes? ¿Qué tan necesaria y/o virtuosa sería esta modificación?
5-¡La Patria no se vende! (probablemente se alquila, se presta o hasta se regala). Dos reformas que tienen que ver con el uso del territorio nacional llegarán al Senado en próximas horas para su discusión: las modificaciones a la Ley Minera y la de Coordinación Fiscal, y la reforma al 27 constitucional en materia de propiedad extranjera en playas y zonas fronterizas. La primera impondría un impuesto a las compañías mineras de 5% sobre sus ganancias, cuyos recursos serían canalizados en beneficio de los estados y municipios donde se encuentran asentadas. La segunda quitaría el candado a no nacionales para adquirir terrenos para uso residencial (salvo se pudiera justificar otro uso), en lugares (al parecer otrora) considerados estratégicos para la protección de la soberanía nacional. En apariencia, las ventajas económicas para estados y municipios son evidentes. Sin embargo, ¿cuáles serían los riesgos potenciales de estas políticas de “atracción de inversiones”?
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