1-El rescate de PEMEX y CFE. Desde que fueron enviadas al Congreso las propuestas del Ejecutivo federal sobre las leyes reglamentarias de la reforma energética, era previsible que las de mayor polémica serían aquellas vinculadas con los ingresos y los recursos del sector. Por varias semanas, la opinión pública se centró en los cuatro paquetes discutidos en el Senado (hidrocarburos, industria eléctrica, empresas productivas del Estado, y órganos reguladores). Sin embargo, ahora que ha iniciado en San Lázaro el cuarto periodo extraordinario de sesiones del presente receso legislativo, están por votarse y enviarse a los senadores los tres paquetes restantes de las leyes secundarias: ingresos por hidrocarburos, el Fondo Mexicano del Petróleo, y la deuda pública. Varios puntos de las modificaciones a dicha terna de ordenamientos realizada por los diputados de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Energía, han causado polémica. Uno de los más onerosos fue la determinación de incluir en el dictamen de reformas y adiciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley General de Cuenta Pública, el mandato de absorber una importante proporción de los pasivos de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Ese monto ascendería, como máximo, a aproximadamente 1.6 millones de millones de pesos. Se ha pretendido aminorar el impacto de esta medida diciendo que estaría condicionada a una revisión de los contratos colectivos de trabajo de las todavía paraestatales energéticas. No obstante, los mismos transitorios del dictamen ya habrían emprendido esa “negociación” al incluir una velada reforma laboral para los trabajadores petroleros al mudarlos de un plumazo al sistema de cuentas individuales de retiro (lo que no necesariamente es pernicioso). Ahora bien, con o sin aprobar el dictamen referido, PEMEX y CFE deberán encarar la liquidación de sus pasivos. ¿Era esta la mejor manera de atacar semejante problema financiero? ¿Habría alguna otra alternativa? ¿Qué símiles tendría este problema con el de los pasivos del Instituto Mexicano del Seguro Social?
2-La Ley de Hidrocarburos: una reforma veloz a la tenencia de la tierra. Entre los temas más álgidos de la reglamentación energética se encuentra el capítulo IV de la nueva Ley de Hidrocarburos, el cual se refiere al uso y ocupación superficial de terrenos. En un principio, por iniciativa de Acción Nacional, se impulsó eliminar de la propuesta original el término “expropiación” para definir la forma en la que se pudiera transferir la propiedad de determinadas áreas a fin de convertirlas en campos de exploración y explotación de hidrocarburos. Esto habría sujetado dicho procedimiento a los requerimientos del artículo 27 constitucional, donde se decreta la necesidad de comprobar la causa de utilidad pública con el propósito de justificar la expropiación, además de señalar la obligación de que el gobierno pague una indemnización a los afectados. En cambio, la que se convirtió en la primera reglamentación energética aprobada en ambas cámaras legislativas tras el inicio del cuarto periodo extraordinario del Congreso, establece en su artículo 100 que “la contraprestación, los términos y las condiciones para el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos serán negociados y acordados entre los propietarios o titulares de dichos terrenos, bienes o derechos”. Asimismo, en su artículo 101, fracción V, se señalan algunas modalidades posibles para dicha negociación entre particulares como arrendamiento, servidumbre voluntaria, ocupación temporal, compraventa, permuta “y cualquier otra que no contravenga la ley”. Sin duda, era tanto complicado como inadecuado el concepto de “expropiación” cuando existía el potencial de caer en contradicción cuando la manifestación de interés de un particular –una empresa privada de hidrocarburos, por ejemplo—debía justificar la ostentación de un interés público. La cuestión ahora es conocer cuál será el marco bajo el cual se llevarían a cabo esa clase de negociaciones. Se supone que la Secretaría de Energía (SE) y la sucesora de la extinta Secretaría de la Reforma Agraria, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), estarían a cargo de estipular las condiciones y supervisar los procesos. No obstante, hay una gran incertidumbre para ambos lados de la ecuación: los inversionistas podrían no tener claro cuál será el entorno de las negociaciones y las garantías que tendrían de que se respetara el resultado de las mismas; los propietarios actuales tampoco saben si podrán o no acudir a las instancias judiciales correspondientes a fin de, si fuera el caso, defender su derecho legítimo a la tenencia de la tierra. Las respuestas a estas dudas se darán, ceteris paribus, fuera del ámbito legislativo, ya que serán las secretarías involucradas las encargadas de emitir las reglas de operación concernientes. ¿Qué conflictos pudieran surgir en la aplicación de este régimen de negociación entre particulares? ¿Quedarán abiertos resquicios legales para la promoción de controversias constitucionales? ¿Cómo incidiría la judicialización de estas negociaciones en el eventual flujo de inversiones en el sector energético?
3-La consulta popular del PAN: posible, sí; útil, quién sabe. De manera sorpresiva, el 25 de julio pasado fue introducido ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el aviso de intención por parte de integrantes del Partido Acción Nacional de impulsar una consulta popular. El líder panista, Gustavo Madero, hizo el anuncio público de ello durante una conferencia de prensa a mediodía de este lunes 28 de julio (en un evento afectado, por cierto, por la falsa alarma sísmica que muchos capitalinos recibieron de una aplicación electrónica no oficial). En un acto totalmente anticlimático, dada la efervescencia de las últimas etapas de la reglamentación de la reforma energética, el PAN pretende llevar a las boletas electorales en junio de 2015 la siguiente pregunta: “¿Estás de acuerdo en que la Ley Federal del Trabajo establezca que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos [CONASAMI] fije un nuevo salario mínimo que cubra todas las necesidades de una familia para garantizar al menos la línea de bienestar determinada por el CONEVAL?”. Si bien dicha interrogante pudiera salvar las restricciones prescritas en el artículo 11 de la Ley Federal de Consulta Popular (LFCP), y que su redacción tiene posibilidades de generar consenso entre los eventuales consultados, no está del todo claro si es un tema que prosperaría en la práctica. Del mismo modo, es probable que ni siquiera se esté atendiendo la problemática propia del obsoleto modelo de los salarios mínimos y la instancia que los determina: la CONASAMI. Cabe recordar cómo, hace unos meses, salió a la luz una investigación donde se publicitó que las remuneraciones del titular de dicho órgano ascienden a poco más de 230 mil pesos mensuales, lo cual contrasta con los poco más de 2 mil pesos al mes del salario mínimo en la zona geográfica con el valor más alto. ¿Cuáles son las motivaciones del PAN para embarcarse en este extraño asunto? ¿Eso fue todo lo que le dio su inventiva al panismo a fin de aprovechar el instrumento de la consulta popular? ¿Tendría alguna utilidad redefinir el salario mínimo en los términos planteados por la pregunta de Acción Nacional?
4-El gobierno federal y el sector minero: una relación de “zanahorias y garrotes”. Con el regreso del PRI a la Presidencia de la República, ha vuelto también un estilo de gobernar que no fue tan característico de los años del PAN en el poder. En los tiempos del autoritarismo priista, la llamada “política de la zanahoria y el garrote”, es decir, ofrecer incentivos de cooptación antes de ejercer plenamente alguna determinación de interés para el gobierno en turno, era la práctica común. Ese tipo de procedimiento también funcionaba a la inversa: primero se apretaba el yugo para después otorgar alguna graciosa concesión. Algo similar a esto último está ocurriendo con el sector minero operante en México. Cuando se aprobó el paquete fiscal 2014, las contribuciones sobre dicha industria aumentaron de manera sustancial, gravando en 7.5 por ciento sus ganancias, y cobrando un porcentaje adicional respecto a sus volúmenes de producción. En su momento, los liderazgos de la Cámara Minera de México anunciaron que, de aprobarse los nuevos impuestos, las afectaciones a sus rendimientos incidirían en una reducción de 60 por ciento en presuntas y futuras inversiones (en vez de 30 mil millones de dólares de llegada de capitales en los siguientes seis años, sólo se recibirían unos 12 mil millones). En el mismo tenor, Grupo México, el gigante minero del país, amenazó con reubicar proyectos de inversión hacia el extranjero. Los nuevos gravámenes pasaron la aduana legislativa y ya están vigentes. Sin embargo, en el marco de la reforma energética, los empresarios mineros están a punto de recibir un atractivo bálsamo. Con la reglamentación encarnada en la Ley Minera, la Ley de Inversión Extranjera, y la Ley de Asociaciones Público Privadas, los inversionistas en tenencia de alguna concesión de explotación minera en determinado territorio, no deberán concursar por una nueva concesión en caso de emprender proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos. Reza el refrán: “Dios aprieta, pero no ahorca”. ¿Qué tan exitosa puede resultar esta manera de gobernar en el contexto actual de México? ¿Los actores involucrados prefieren maximizar beneficios a cambio de claudicar a la defensa en contra de las formas autoritarias de ejercer el poder?
5-La deuda de los estados: ¿el otro rescate de la reforma energética? En una nota publicada el pasado sábado 26 de julio, el diario español El País expuso que la deuda de las entidades federativas mexicanas se habría duplicado durante los últimos cuatro años. De acuerdo con datos de la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al primer trimestre de 2014, el monto de los adeudos estaría encima de los 481 mil millones de pesos. Se explica que una de las principales razones de esta dinámica de endeudamiento se debió a una decisión tomada en 2010 por las autoridades hacendarias del gobierno del entonces presidente Felipe Calderón, la cual reducía en alrededor de 30 por ciento las transferencias y participaciones de la recaudación federal a los estados. Según el texto mencionado, eso ilustra por qué Coahuila, el caso paradigmático aunque, hoy día no el más grave, aumentó sus créditos en 96 por ciento en tan sólo un año. El tema de la deuda de los estados tiene muchas aristas que van desde un ineficiente esquema de coordinación fiscal, la promesa incumplida de diseñar e implementar un modelo de federalismo fiscal que alivie la responsabilidad recaudatoria del gobierno federal y le pase mayor factura a las autoridades de los estados (a lo que no hay demasiados incentivos dado el mecanismo de control que ello representa para la Federación sobre los gobernadores), la transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos, así como la solvencia de pago de cada entidad (demarcaciones con endeudamientos altos pueden no representar del todo un problema mientras continúen con capacidades para desahogarlos). Sin embargo, en el marco de los debates de algunos dictámenes de las leyes secundarias de la reforma energética, sobre todo en lo referente al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, se llegó a insinuar que parte de sus recursos pudieran ser usados con el objetivo de aliviar las finanzas públicas de los estados más afectados por sus drogas financieras. Por otro lado, esto parece contrastar con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal respecto a un posible descenso en las participaciones a los estados derivadas de la renta petrolera. Este punto originó malestar entre algunos diputados, en particular del Partido Verde, quienes vieron en riesgo el flujo de recursos federales a la entidad que ostentan: Chiapas. De nueva cuenta, “la zanahoria y el garrote” se hacen patentes. ¿En verdad el gobierno federal creerá que la perspectiva rentista que le está imprimiendo a la reforma energética es una estrategia sustentable en el mediano plazo?
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