1-La legislación reglamentaria de las reformas de 2013: ¿a merced absoluta del PRI? Este 4 de febrero iniciarán los trabajos formales de uno de los periodos de sesiones legislativas más saturados (por lo menos en cuanto a la agenda propuesta) de la historia reciente. En tan sólo tres meses –y con varios asuetos de por medio—, el Congreso pretende desahogar más de medio centenar de leyes en distintos temas. A diferencia del anterior periodo ordinario, no se plantean más cambios prioritarios a la Constitución, es decir, los ordenamientos presentados contarán con luz verde si logran mayoría simple en ambas cámaras y no requerirán pasar por los congresos estatales. Esto significa que al gobierno federal, al PRI y a sus aliados les bastará relativamente poco a fin de llevar adelante sus iniciativas en sus propios términos (y no es que les haya costado mucho esfuerzo en las constitucionales). De esta manera, ¿cuáles son los principales riesgos de este escenario político? ¿Cuáles serán los verdaderos temas de interés para Los Pinos? ¿Tiene la oposición opciones a fin de evitar regresiones que descarrilen el supuesto espíritu original de las reformas diseñadas “para mover a México”?
2-El Código Nacional de Procedimientos Penales. Dado el trámite sin modificaciones que experimentó en comisiones de San Lázaro, la aprobación del Código Penal Único será el primer resultado del tercer periodo ordinario de sesiones de la LXII Legislatura. ¿Cuál es su importancia, sobre todo, a la luz del cumplimiento de los plazos rumbo a la transición del sistema inquisitorio al acusatorio, tal como se estipuló en la reforma de 2008 en la materia? En este sentido, el aún presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya, señaló que el nuevo código “va a mejorar la impartición de justicia que prevalece en estados como Michoacán y Guerrero”. A sabiendas de la actual crisis de gobernabilidad, no sólo en las entidades mencionadas por Anaya, sino en otras como Tamaulipas, así como en determinados puntos a lo largo del país, ¿cuáles serán los principales obstáculos a encarar en la materialización de dichos ordenamientos legales?
3-La nueva terna de ¿prioridades? del presidente Peña. En el marco de la promulgación del conjunto de modificaciones constitucionales que dan forma a la denominada “reforma política”, el titular del Ejecutivo anunció una extraña terna de “determinaciones políticas”: una, impulsar la reforma política del Distrito Federal (la cual se encuentra detenida en el Senado); dos, especificar como causa de nulidad de una elección a la existencia de “cualquier tipo de adquisición, de cobertura informativa o tiempos de radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la Ley”; tres, enviar al Congreso las iniciativas de reglamentación de las reformas en telecomunicaciones, competencia económica y energética, aunque sin utilizar el recurso de la iniciativa preferente. Cuando Enrique Peña era presidente electo, también anunció una terna de “reformas prioritarias”: transparencia, anticorrupción, y regulación de publicidad gubernamental. A año y medio de distancia, ninguna se ha promulgado (si bien la de transparencia sólo está en espera de recibir la firma presidencial). Así, ¿qué significa eso de las “determinaciones políticas” del presidente?: ¿prioridades?; ¿intenciones?; ¿promesas?; ¿demagogia?
4-Los cambios a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario: ¿pasos en la dirección correcta? La Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados ha turnado al pleno de dicho órgano legislativo un par de dictámenes enfocados en regular tarifas de concesionarios y permisionarios del servicio ferroviario, poniendo especial énfasis en el fomento a la construcción y mantenimiento de infraestructura, así como en un esquema eficaz en cuanto a modelos de interconexión. Asimismo, se le otorgar mayores atribuciones regulatorias tanto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como a la Comisión Federal de Competencia Económica. Se supone que una de las prioridades del gobierno federal es el impulso al crecimiento de la red ferroviaria e, incluso, recuperar la relevancia del transporte de pasajeros por dicho medio. La infraestructura ferroviaria en México data en su mayor porcentaje de la época del Porfiriato. ¿Cuál es la importancia de mejorar el marco de operación del servicio ferroviario? ¿De qué magnitud es el rezago en el sector? ¿Las reformas propuestas en verdad crearán los incentivos adecuados para la atracción de inversiones? ¿Cuáles han sido las desventajas económicas de haberse concentrado sólo en el desarrollo de una red carretera?
5-Los subsidios: el asistencialismo más costoso e inequitativo económicamente (pero redituable políticamente). En su columna de este lunes 3 de febrero en Reforma, el periodista Sergio Sarmiento advirtió el incremento en distintos tipos de subsidios que la misma Secretaría de Hacienda reconoció en su más reciente “Informe trimestral sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública”. De acuerdo con Sarmiento, el aumento en los subsidios fue de 48 por ciento en términos reales, sumando un total de más de 107 mil millones de pesos. Asimismo, aun cuando no está incluido en el rubro de gasto programable, el subsidio a las gasolinas ascendió a más de 105 millones de pesos. La justificación para este “apoyo” es que el precio de producción de PEMEX es muy elevado. En pocas palabras, los contribuyentes deben “subsidiar” la ineficiencia de la todavía paraestatal. Es cierto que el ejemplo de los energéticos es el más socorrido y, tal vez, el más ilustrativo. Sin embargo, una política fiscal diseñada para el sostenimiento de diversos subsidios, directos e indirectos, no parece ser una fórmula adecuada a fin de fomentar un desarrollo sostenible y sustentable. ¿Qué tan preocupante es el tema para la salud económica del país?
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